¿Pagar por trabajar? Del Estado de Derecho al Estado del Revés

Marta Ávila 

Publicada 18/03/2018 

Permítanme empezar contándoles un episodio anecdótico que me ha ocurrido recientemente. He escrito anecdótico, pero volveré a retomar el asunto antes de acabar este relato y, quizá, ustedes encuentren sus propios adjetivos.

En las últimas semanas he asistido a dos entrevistas de trabajo, una telefónica y otra presencial. 

La primera, me la hizo una academia para dar clases de ELE (Español Lengua Extranjera); la segunda, una agencia de contratación externa al aeropuerto, aunque al parecer concertada con él.

Mi trabajo hubiera sido el de una azafata de tierra en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. 

Las dos entrevistas terminaron de la misma forma: cuando me informaron sobre el curso que debía realizar previamente para acceder al puesto de trabajo, su duración de seis meses y el coste a abonar por mi parte, no  diré la cantidad por no escandalizar: 

“¿Perdón? ¿Un curso de Español Lengua Extranjera? 

Tengo un máster de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid con la nota de sobresaliente en la tesis, donde se acredita, además, mi labor como examinadora del DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) a estudiantes extranjeros, junto el certificado de mis prácticas en la misma universidad...”.

Ojalá hubiera llegado a decirlo todo, cuando iba por aquí, me interrumpió: “Ya, pues es que aquí formamos a nuestros profesores para asegurarnos de la calidad en la formación que van a recibir sus futuros alumnos”. 

Visto que no querían ofrecerme un trabajo, sino vendérmelo, decidí cambiar los roles, tratar a mis entrevistadoras como si fuera yo la encargada de seleccionarlas a ellas: “Hemos acabado la entrevista. Gracias por su tiempo. Estudiaré esta propuesta y la llamaré de estar interesada en este trabajo”.

Pagar por trabajar es el último descubrimiento que han hecho las élites extractivas para continuar poniendo a cero las cuentas corrientes de los ciudadanos. 

Sin duda, una muy original idea orientada al perfeccionamiento eugenésico de la población activa dentro del paradigma neoliberal.

Si visitan algunas de las bolsas privadas de empleo online  especializadas en el mercado español, habrán observado que son frecuentes las páginas en donde autónomos y pymes deben pujar para conseguir los trabajos ofertados por los clientes. 

Estas pujas a golpe de clic son cada vez cinco euros más baratas, dejando el precio más rentable para el cliente particular, que aumenta su beneficio a través de la usura. 

Los usuarios no compiten por su formación o la calidad con la que puedan realizar el trabajo, sino por el dinero al que están dispuestos a renunciar a la hora de cobrar por su trabajo.

El tiempo vital de los seres humanos ha pasado de ser un bien preciado a una mercancía a explotar. No es muy diferente para quienes tienen la suerte de conservar un trabajo, casi siempre precario, en la mayoría de los casos la salud de un trabajador importa poco, hay tantos parados que si un trabajador no resiste una jornada laboral de nueve o diez horas diarias, la empresa vuelve a ofertar este puesto de trabajo, tiene donde elegir.

Esta práctica empresarial está incorporada ya en la enseñanza concertada y privada de ciertos colegios e institutos de, al menos, la Comunidad de Madrid. Más flagrante, si cabe, resulta esta suerte de alienación en los casos donde, además, el trabajador debe llevarse trabajo a casa tras cumplir esas nueve o diez horas de jornada laboral y mantener el ritmo a base de ansiolíticos.

Otra baza neoliberal que juegan las empresas, con la connivencia del Estado, para poner bocabajo a los ciudadanos hasta que caiga el último céntimo de sus bolsillos son las ya abundantes casas de apuestas, hiela la sangre leer este trabajo del periodista Esteban Ordóñez para el semanario CTXT, Contexto y Acción,

Las pensiones de jubilación y dependencia, la vivienda, la sanidad y la educación públicas de calidad son derechos, no regalías que surgen de la generosidad del gobierno de turno y eso, con la Constitución en la mano, es un dato, por lo que no voy a defenderlo como si fuera un argumento. Centrémonos en esta ocasión en el derecho al trabajo:

El artículo 35.1 de nuestro texto constitucional dice así: 

“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Según esto, el derecho de todo español a acceder a un puesto de trabajo debería ser inviolable;sin embargo, este derecho (esta palabra es la clave) corre el riesgo de dejar de ser tal para convertirse en una inversión económica personal que el trabajador debe hacer previamente a poder ocupar un puesto laboral.

Habría que empezar por los conceptos: 

¿Qué es una constitución? 

Según el art. 16 de laDeclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, una constitución es un cuerpo legal que regula la separación de poderes y garantizaba los derechos del ciudadano: 

“Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución.”, dice esta declaración.

¿Regula de manera vinculante la separación de poderes nuestra Constitución de 1978? ¿Garantiza los derechos del ciudadano? 

Si respondemos ateniéndonos a criterios empíricos, la respuesta a las dos preguntas es no. ¿Por qué? La Constitución es una declaración de principios,necesita de un poder ejecutivo que vele de manera vinculante por su cumplimiento. 

Si al llegar al cargo de la presidencia nuestros gobernantes juran el texto que después van a ningunear, y no pagan por ello siquiera precio político, quizá la respuesta tenga algo que ver con que, para empezar, el anterior jefe del Estado español, Juan Carlos I de Borbón, no juró el texto constitucional al iniciarse la Transición hacia la democracia.

Este año se cumplen cuatro décadas desde que en España entró en vigor la Constitución. El 27 de diciembre de 1978 Juan Carlos I de Borbón la sanciona sin haberla jurado antes ante las Cortes democráticas españolas, es decir, sin garantizar el cumplimiento de sus artículos. 

El 22 de julio de 1969, con el título de príncipe de España que Franco le otorgó, Juan Carlos jura lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales fraquistas. 

El rey ni juró ni prometió la actual Constitución democrática, sólo la sancionó, porque su poder era previo a la democracia. 

Sin embargo, nuestro texto constitucional fija la monarquía parlamentaria sin haber consultado al pueblo en referéndum sobre la opción de monarquía o república, que en el inicio de nuestra Transición estuvo encima de la mesa: “Hacíamos encuestas y las perdíamos”, admitió Adolfo Suárez a la periodista Victoria Prego.

En lugar de una consulta al pueblo español en referéndum, se optó por nombrar al rey como jefe del Estado español en 1978 tras escribir la palabra “rey” hasta cinco veces en la Ley de la Reforma Política de 1976.

 “O te comes la manzana con gusano o no hay manzana”, decía el profesor Vicenç Navarro para el diario Público en 2009.

Afortunadamenre la desgracia completa no existe —ya saben: no hay Bush que cien años dure, ni musulmán que lo aguante— y el actual rey Felipe VI sí juró la Constitución el 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales, conservo la esperanza. 

A diferencia de su padre, el rey emérito, Felipe VI sí se mete en política y ante Ada Colau defiende que su papel es “el de defender la Constitución”. Lo celebro bailando tregua y catala, que es lo que bailamos los cronopios ante las adversidades. Exijo a su Majestad que empiece a defenderla con todo lo que ello implica: 

guardar y hacer guardar las normas jurídicas, respetar los derechos de los ciudadanos, de las nacionalidades y regiones españolas. 

Les recomiendo la lectura de esteartículo de Javier Valenzuela publicado en infoLibre: ¿Borbonea Felipe VI?

Para entrar en materia de cómo se redactó la ley de abdicación, publicada en el BOE nº 169, 12 de julio de 2014, les recomiendo la lectura del libro Al fondo a la izquierda de Jesús Maraña, publicado por Planeta en 2017. 

Les adelanto una cita significativa de su capítulo sexto, Las abdicaciones. La izquierda ante la chapuza: “[...] lo que complica el proceso no es tanto la abdicación en sí, sino la urgencia con la que el Gobierno pretende resolver el hecho de que Juan Carlos I perderá su inmunidad en cuanto abdique, y decide resolver la “laguna” por la sorprendente vía de incluir el aforamiento del rey emérito y de parte de la familia real introduciendo dos enmiendas en una reforma legal en marcha que nada tiene que ver con el asunto. 

Para blindar al exmonarca ante cualquier problema judicial en el futuro, lo que se hace es declarar como aforados a los reyes que abdican, a sus consortes (doña Sofía), a los consortes del sucesor (la reina Letizia) y a los príncipes de Asturias (la infanta Leonor y su futuro cónyuge). Y el aforamiento se incluye en la primera ley que “pasaba por allí”. 

Concretamente, en una reforma parcial en marcha de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre medidas de racionalización del sector público, es decir, pensada para regular días de asuntos propios pruebas selectivas y jubilación del personal da la Administración de Justicia. 

O sea, “una chapuza”, como se le escuchó decir al propio presidente del Congreso, el popular Jesús Posada [...]”.

Conviene recordar que una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular, otras se cometen sin intención debido a descuidos o a ignorancia. 

De entre todos los tipos, la falacia ad antiquitatem, también llamada de apelación a la tradición, consiste en aceptar que si algo es habitual o está normalizado en la sociedad, entonces es bueno o aceptable. 

Si elementos como la falta de cumplimiento de los artículos de la Constitución o esos modus operandi de pujas o pago previo a ocupar un puesto de trabajo llegara a normalizarse en la consciencia de los ciudadanos, habremos consentido desde nuestra apática impotencia que la Constitución sea una irrealidad, un trampantojo que oculta nuestro presente distópico. 

El postapocalipsis llega cuando nadie es consciente de estar viviendo en el apocalipsis porque en la tele aún no han dado la noticia. 

La normalización de lo ilegítimo asienta la costumbre de leyes en detrimento de la calidad democrática y de nuestro propio bienestar social. Joaquim Bosch Grau, miembro de Jueces para la Democracia, hacía el siguiente alegato:

Se acuerdan del suceso anecdótico de mis dos entrevistas de trabajo que les contaba al principio, pues aquí tienen otros adjetivos que pueden sustituir al entrecomillado: 

anticonstitucional, antidemocrático, ilegal, antisistema... 

Tengamos en cuenta que estos adjetivos son siempre referenciales, por ejemplo, antisistema completa su significado en función del sistema de referencia al uso y el nuestro es el democrático según la Constitución.

Desde la teoría, la palabra democracia designa al sistema de gobierno según el cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 

Si los españoles seguimos votando a candidatos a La Moncloa que no están a nuestro servicio, sino al servicio de las empresas del IBEX, que por regla general son apátridas y no tienen obligación de declarar ni de invertir su patrimonio en territorio nacional; si nos conformamos con que ciertos inquilinos de turno en La Moncloa aprueben algunas medidas dadivosas y temporales que impulsen algunos de nuestros derechos —al trabajo o a una pensión de jubilación digna, a una sanidad o una educación pública y de calidad, por poner sólo cuatro ejemplos—, sin que los garanticen asegurando su estabilidad en el tiempo, entonces, los españoles estaremos siempre en riesgo de perder nuestros derechos. 

Pues estos, lejos de estar consolidados, serán medidas huecas temporales que se toman pensando más en la rentabilidad electoral de los partidos que en el beneficio de los ciudadanos. 

Un caso significativo de lo que trato de explicar es la aprobación del que sería el primer pacto de Estado en la legislatura del PP en materia de Violencia de Género en el Congreso, pero sin partida presupuestaria suficiente para cada una de sus 212 medidas y sin contemplar políticas de igualdad que la avalen. Es significativo que seis meses después de aprobarse este pacto, el Congreso instara a tramitar una ley de igualdad salarial sin el apoyo del PP.

Tenemos el asunto bien descrito, el escritor Benjamín Prado sentencia en Pura Lógica, uno de sus libros de aforismos reeditado en 2014 por la editorial Hiperión: 

“Mala cosa cuando la gente de abajo en lugar de tratar de salir a la superficie se conforma con tener limpio el fondo del pozo”.

¿Vivimos en un Estado democrático o en un Estado neoliberal?

Neoliberal es un curioso adjetivo. No responde al significado de ninguna de sus dos mitades; pues no es nueva, sino medieval, la teoría política que aboga por aumentar las brechas sociales entre ricos y pobres. Respecto a la palabra liberal, según uno de los más conocidos impulsores del liberalismo, John Stuart Mill, el liberalismo es una teoría político-social progresista que defiende la primacía del principio de libertad individual. 

Dicha defensa no supone la negación de la autoridad, sino que defiende que la libertad y el derecho de bienestar del individuo por encima de los intereses de Estado.

Como teoría política, el liberalismo que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, surgió a partir de las tesis contractualistas que insistían en los derechos universales e inalienables del hombre. 

En sus trabajos sobre liberalismo y utilitarismo, John Stuart Mill defiende que la distribución de la riqueza es el problema fundamental de la economía política. 

Se preocupa por la libertad de la acción social, que se exterioriza en libertad de pensamiento, expresión, asociación y el ejercicio de los demás derechos civiles, no se detiene en aquella que supone defensa y protección del individuo frente a los abusos u opresión del poder —ya que se supone que ya ha de estar defendida en un Estado democrático—.

Sin embargo, esta manzana también venía con la larva del futuro gusano: en el plano económico, al igual que en la vida social y cultural, el liberalismo preveía la no intervención del Estado y de los poderes públicos favoreciendo así el desarrollo de la iniciativa privada sin limites. 

De ahí que, a diferencia de otros teóricos liberales, Stuart Mill no fuera defensor del laissez-faire(o no intervencionismo del Estado en economía). Como principal autor del liberalismo, defiende el proteccionismo y la regulación, marcando el imperativo de regular las horas de trabajo de los empleados para evitar jornadas de explotación laboral. 

En sus Principios de Economía Políticaargumenta en contra del crecimiento ilimitado que permite la revolución industrial y alerta del deplorable impacto que puede llegar a causar en la naturaleza. Fue, por tanto, uno de los primeros medioambientalistas y uno de los primeros luchadores por la igualdad de derechos.

La cohesión moral que necesita una sociedad ha de provenir de la ética. La que propone Stuart Mill, es la ética del principio utilitarista, según la cual cada individuo inserto en una sociedad debe serle útil a ésta mediante su trabajo y, en la misma proporción, el Estado debe serle útil al individuo garantizando sus derechos y libertad de acción. 

La bondad de una acción corresponde a la mayor cantidad de felicidad del mayor número posible de personas; se entiende felicidad en terminos epicúreos, como presencia de placer y ausencia de dolor. 

Es la misma línea que sigue Karl Marx cuando advierte que el trabajo debe dignificar al trabajador, no alienarlo. 

Lejos de una ética yoísta, contrapone Stuart Mill la reflexión de que no hay felicidad propia sin la percepción de la felicidad de los demás. Sin la vigilancia y el cuidado constante y estable del bienestar social, no habrá bienestar individual.

Tras el crac del 29, la aplicación política del liberalismo se despegó de su sentido más social y, sobre todo, en el último cuarto del siglo XX, ya en los gobiernos del tándem Thatcher-Reagan, desarrollaron su rol de libre comercio más depredador preparando el camino a la pobreza masiva de las sociedades. 

El crac económico mundial más reciente se da en 2008 con la quiebra financiera de Lehman Brothers, entidad de la que Luis de Guindos era presidente en España y Portugal y a quién M. Rajoy nombró en 2011 ministro de Economía y Competitividad.

Cuando Thatcher y Reagan impulsaron en sus declaraciones el término neoliberal para hacer referencia a sus políticas —confiriendo a la economía la libertad que Stuart Mill confería a la sociedad— estaban poniendo en práctica la maquiavélica idea goebbeliana de la media verdad y el bulo repetido —lo que hoy los massmedia llaman postverdad— al utilizar una palabra como liberal para sembrar el apocalipsis de las ciudadanías al grito de: la libertad económica tiene su base en el conocimiento de la realidad que sólo los empresarios y comerciantes tienen. 

Las medias verdades son mentiras por omisión y este engaño dura hasta hoy. Podemos leer y escuchar numerosas declaraciones de Esperanza Aguirre, por citar un caso, en las que afirma ser una cosa y la contraria: ser discípula de Margaret Thatcher y ser liberal. Ya sea por ignorancia o por afán de manipulación consciente, el daño es el mismo.

El art. 128 de nuestra Constitución dicta en su primer punto: 

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. 

Este mismo artículo, en su segundo punto, regula “la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. 

Como ya sabemos, lo que se ha intervenido es el dinero de las arcas públicas para destinarlo al rescate de bancos y autopistas privadas, es decir, parece que esta gente neoliberal, que puebla las instituciones, sólo lee la Constitución para ejecutar lo contrario.

No son animales políticos, que era como diferenciaba Aristóteles a los humanos del resto de los animales, sino depredadores de cuidadanos. 

La palabra política procede de la voz griega polis, significa ciudad, la política es la ciencia práctica de organización y administración de las ciudades. 

Si estos androides del neoliberalismo se niegan a modificar nuestra Constitución en puntos como la ley electoral o el modelo de Estado es porque se lo consentimos normalizando su engaño: les funciona bien.

Sin embargo, el fenómeno es internacional, en nombre de las democracias occidentales se lleva a cabo una política ejecutiva neoliberal aun cuando el adjetivo neoliberal adultera el significado de democrático hasta el punto de anularlo. 

Este hecho está relacionado con la pérdida de credibilidad de la socialdemocracia, que ha quedado patente en el bajón de la militancia y los votos de los partidos que se definen como socialdemócratas. Respecto a este tema, retomo eltrabajo del periodista Ramón Lobo para infoLibre: ¿Qué italia, qué europa?.

Recordemos que David Hume, uno de los padres ideológicos que, en el siglo XVIII, preparó el terreno en el plano político-social para la Revolución de 1789, examina las tesis del Pacto Social en las que se basa el Contractualismo y las considera verdaderas en cuanto que sitúa en el pueblo el origen del poder (soberanía popular). 

La postura humeana defiende la calidad inalienable de los derechos en los individuos; así, afirmará que “los hombres invierten parte de su libertad natural acatando las leyes para obtener la paz y orden”, es decir, para recuperar esta libertad en la forma de seguridad, una seguridad que Estado garantiza a la sociedad civil. 

Bien, en la actualidad, el Pacto Social está roto y las sociedades civiles democráticas no exigen una reparación del mismo. Por el contrario, los partidos neoliberales, incluso los más corruptos, se legitiman en las elecciones con los votos ciudadanos.

Con Nietzsche en el siglo XIX comienza la filosofía de la sospecha, empieza a verse el lenguaje como algo no totalmente transparente. 

En La genealogía de la moral (1887), denuncia que, bien por deslizamientos semánticos que tienen que ver que la propia evolución de los pueblos, bien por cambios semánticos provocados por intereses espurios del poder, el lenguaje no es transparente en relación a la idea. 

Nietzsche propone la conciencia genealógica advirtiendo que si somos capaces de encontrar el origen etimológico de una palabra conoceremos su grado de trasparencia respeto al concepto que designa. 

La genealogía va más allá de una mera descripción semántica de las palabras, se trata de un análisis en donde se percibe con ojo agudo la modificación de los códigos lingüísticos e ideologías y cómo se han transformado en nuevos códigos de comunicación asumidos por las sociedades mentalmente esclavizadas, condenadas por su carencia de análisis crítico. 

Todo esto estudiando la palabra en varios niveles: etimológico, cultural, sociológico, histórico, etc.

En esta misma línea, Wittgenstein consideró en su Tractatus logico-philosophicus (1922) que el lenguaje apresa la realidad y la manipula, de forma que la realidad es aquello que se puede expresar con el lenguaje, pero advierte: “Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo”, considerando, además, que el lenguaje en sí ya es insuficiente a la hora de expresar la realidad.

Esta idea tiene que ver con lo que más adelante Noam Chomsky, en El conocimiento del lenguaje (1989), denominará el “problema de Orwell”, en referencia a George Orwell advirtiendo en tono muy crítico cómo los sistemas totalitarios y de propaganda logran extender (incluso en democracias) opiniones inducidas al pueblo, que éste mantendrá como propias sin advertir que éstas carecen de fundamento e, incluso, van en contra del interés general del colectivo social, pero, sin embargo, sí resultan favorables para mantener la imagen del sistema de gobierno.

Al final de su distópico relato 1984, Orwell incluye un epílogo titulado Los principios de la neolengua, donde se explican los principios básicos de la misma. La neolengua no es más que una versión muy simplificada del inglés y es una de las herramientas básicas del régimen totalitario del Partido en la novela. 

El objetivo de crear tal lengua era sustituir a la viejalengua (Oldspeak), es decir, el inglés actual, para así dominar el pensamiento de los usuarios del lenguaje y hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios del régimen; esto evitaría que la población desee o piense en la libertad. 

Se eliminan los significados “no deseados” de la palabra, de forma que el propio concepto de libertad política o intelectual deje de existir en las mentes de los hablantes. 

En este sentido, el ensayista y semiólogo Roland Barthes sostiene que el lenguaje nos forma como sujetos insertos en un todo social y nos hace salir del estado narcisista del espejo: 

“Somos nosotros los hablados por el lenguaje”. 

Para Barthes, el lenguaje nos constituye como humanos, a través de él accedemos a la abstracción.

La democracia no es un logro absoluto que un día alcanza un país sin otra posibilidad de perderla que sufrir un golpe de Estado. 

Como la libertad, la felicidad u otros sustantivos comunes abstractos que completan su significado en el resultado práctico, la democracia se mide en grados. 

Una democracia es de mayor grado cuando existe un equilibrio real entre lo legal y lo legítimo. Sólo la calidad de esta correlación entre lo legal y lo legítimo puede responder a si, en la praxis, la democracia española está o no en números rojos.

¿Sería posible el dominio de masas en contra de los propios intereses vitales de ésta mediante las opiniones, eslóganes, bulos inducidos al ciudadano? Parece que la respuesta a esta pregunta es sí. En psico-sociología se denomina a este fenómeno “indefensión aprendida”. Observen el siguiente experimento en un aula:

Los hechos le dan la razón a Nietzsche, Orwell o a David Hume, quien ya en el siglo XVIII enunciaba con optimismo el mensaje que hoy extiende Noam Chomsky: el poder de cambio está en los pueblos, pues en su mano está no consentir ni habituarse a la sumisión. 

La sumisión a un gobierno legal pero ilegítimo puede sostenerse en el tiempo. La costumbre de la obediencia, sumada a la pasividad y docilidad de los gobernados sostiene y hace perdurar a los gobiernos. Yo no soy optimista, en otro de sus aforismos, Benjamín Prado define al optimista como aquel que sigue viendo medio lleno el vaso puesto boca abajo, me declaro realista y ser realista significa apelar a la ciudadanía para que exija democracia en democracia, qué paradoja, ¿verdad?

P.D.: No me resisto a acabar sin compartir esta charla entre Noam Chomsky y Yanis Varoufakis sobre la construcción de la Unión Europea y la hipocresía de las tesis neoliberales:

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Marta Ávila es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y socia de infoLibre.