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La última oportunidad para Andalucía

 carmen lizarraga  / 28 feb 2016  

Manifestación del 4 de diciembre de 1977 en defensa de la autonomía.
Los abrazos curan, también los abrazos curan en una lucha que es la mía y que también es la de todos. (José Luis Serrano en el recuerdo)
No hace tanto tiempo, un 4 de diciembre de 1977, millones de andaluces indignados reclamaron pacíficamente su derecho a ser sujetos políticos en la España del franquismo tardío. Aquel día —con democracia aunque no «en» democracia— se fundó el nacimiento político andaluz. Para contar aquella historia de abrazos, de manos abiertas y de gente en la calle, nos hemos prevenido frente a la nostalgia. Aquel 4 de diciembre era un estado de ánimo demudado en inflexión política. Sin duda alguna suponía el comienzo del fin de la UCD en Andalucía.
De todo menos resignados, los andaluces reprobaron lo que las élites del momento habían diseñado como su futuro: desigualdad territorial, derechos nominales, asimetría en su ejercicio, aquel dolor por la ausencia de tantos debida a la emigración de muchos… Aquella suerte de «15 M andaluz» vino a romper el acuerdo del «stablishment» en lo que a modelo autonómico se refería, en virtud del cual según quien fuera el sujeto territorial se establecían unas vías más o menos rápidas de acceso a la expresión soberana de los intereses ciudadanos. Eso es al fin y al cabo el autogobierno. La capacidad de regirnos nosotros mismos.
EL PATRIMONIO CONSTITUCIONAL ANDALUZ
Para los andaluces resistir a aquel intento de discriminación fue posible mediante el pacto constituyente de la Andalucía política que hoy conocemos y que surgió del 28 de febrero de 1980. La suma de todo ese pensamiento político y su expresión normativa es lo que se conoce como el patrimonio constitucional andaluz.
A día de hoy los recortes han desenmascarado tanto la obsolescencia como la crisis político-institucional que afecta de forma inmisericorde a las cinco opciones constitucionales sobre las que se programaba el Estado español: estado social, estado democrático, estado de derecho, monarquía parlamentaria y estado autonómico.
Pero toda crisis es una oportunidad. La etimología griega de Krisis explica que la misma proviene del verbo «κρινειν», separar o decidir. Parece que una suerte de casualidad etimológica apunte a que la racionalidad política sólo puede señalar como solución a esta crisis a aquella que esté basada en la capacidad de decisión democrática y que, de no hacerlo, solo cabe la separación.
Proponemos interpretar la Krisis desde el paradigma del patrimonio constitucional andaluz. Debemos «decidir». Abogar por una reforma constitucional española y andaluza que devuelva el derecho a gobernar de los ciudadanos. La teoría clásica de la representación mantenía que la misma tenía su fundamento en la ausencia o incapacidad del representado. Había parlamento porque todos los ciudadanos no podían intervenir, y en consecuencia se dotaban de representantes bajo un mandato. Tras el 15 M, mantener que democracia es el régimen por el cual los ciudadanos cada cuatro años eligen a sus representantes para que tomen decisiones es un desvarío. Tras la revolución tecnológica, mantener que las formas de participación política son únicamente aquellas que se emiten en un papel depositado en sobre cerrado no lo aguanta tres segundos ni siquiera el cuadro más obediente del partido más incomunicado con la sociedad.
UN NACIMIENTO RADICALMENTE DEMOCRÁTICO
Hablar desde el poder de andalucismo o de Andalucía sin ninguna iniciativa ni de gobierno ni parlamentaria que pretenda hacer cotidiano y global el espíritu de empoderamiento ciudadano es atentar contra el nacimiento radicalmente democrático del andalucismo político del 4 de diciembre.
Sobre la base del paradigma del patrimonio constitucional andaluz investirse de andalucismo político cuando se está a la cabeza en el recorte de derechos sociales es, cuando menos, impostar el discurso. El 4 D y el 28 F consagran la idea de «ciudadano andaluz» por oposición a la imagen del «andaluz marginado». Por tanto, cualquier fuerza política andaluza con ánimo de gobernar en Andalucía no puede hacerlo si recorta o pretende recortar derechos; no puede hacerlo, salvo que venza basándose en un engaño con apariencia de realidad. Esa lección es la que nunca ha aprendido la derecha andaluza. Esa ficción es la que le cuesta cada día más trabajo mantener al Gobierno andaluz.
Lo opuesto a Andalucía en el debate territorial no es que se le reconozca a los catalanes la capacidad de regularse sobre sus propias leyes. Cuestión esta que ya hacen, aún más los vascos. Lo opuesto a Andalucía y a su ideario constitucional es que desde el poder político pueda no haber la más mínima intención de «decidir» como se hizo el 4 de diciembre de 1977 por un estado democrático, plurinacional, de derechos fundamentales universales, basado en un modelo de desarrollo económico, financiero y tributario eficiente y transparente, socialmente responsable, con estructuras de decisión radicalmente ciudadanas, control democrático del gasto. Es decir, que no se decida una reforma (y regeneración) completa del estado.
Si la sociedad no reacciona, si el poder político no decide por esta opción, sólo nos queda la separación. Les aseguramos que ya es así. Que ya es un hecho que la distancia entre los andaluces y Europa ha aumentado, que la cohesión social ha disminuido, que la solidaridad intergeneracional con un sistema público de pensiones al borde del colapso puede pasar a ser una quimera. Para Andalucía esta crisis es una última oportunidad.
(*) Carmen Lizárraga es presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía