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La ciudad de Buenos Aires amaneció movida este miércoles, cuando miles de manifestantes interrumpieron el tránsito en el cruce de las Avenidas Corrientes y Callao, en pleno centro porteño. La protesta comenzó muy temprano con los trabajadores del metro de Buenos Aires, que cortaron la calle contra los despidos a las 5h de la madrugada.
En varias provincias del país, como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Neuquén, hubo movilizaciones donde confluyeron funcionarios estatales, docentes, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda. La jornada culminó por la tarde con una masiva movilización hacia la Plaza de Mayo con más de 20.000 personas a pesar del intenso calor.
La huelga general de funcionarios públicos agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), apoyada por organizaciones sociales y de la izquierda, ha sido el primer desafío en las calles para el Gobierno de Mauricio Macri.
Desde que asumió el nuevo Gobierno en diciembre pasado, más de 20.000 trabajadores públicos han sido despedidos. El presidente argentino, alineado con la “nueva derecha” latinoamericana, ha anunciado una “modernización del Estado” que implicará más ajustes, cierre de organismos estatales y privatizaciones.

Las federaciones sindicales mayoritarias, divididas en varias ramas de la histórica CGT, mantienen una tregua con el gobierno y no han apoyado la huelga
Las federaciones sindicales mayoritarias en el sector privado (industrias, transporte, bancos), divididas en varias ramas de la histórica CGT, mantienen una tregua con el gobierno y no han apoyado la huelga. Desde la Izquierda y las organizaciones sindicales antiburocráticas, en cambio, participaron de las manifestaciones exigiendo un plan de lucha para “organizar la protesta de los trabajadores, las mujeres y la juventud”.
"Mientras aplican un ajuste sobre los trabajadores con devaluación, tarifazos y paritarias a la baja, el Gobierno quiere avanzar en su política represiva. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial", sostuvo la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
Macri ya tiene su propia “Ley mordaza”
El gabinete de ministros ha aprobado este mes el “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas", que agrava la criminalización de la protesta y la represión. Organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda lo rechazan y llaman a movilizarse.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a centenares de organizaciones, personalidades del arte y la cultura, delegados del movimiento sindical antiburocrático y organizaciones de izquierda han sumado su firma a una petición impulsada por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos para rechazar el nuevo protocolo “antiprotesta” del Gobierno argentino.
El documento unitario denuncia que el protocolo otorga “un poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no”. El Gobierno argentino busca prohibir especialmente los “piquetes”, como se conoce a los cortes de calle o avenidas como medida de protesta. Este es un método de lucha que se ha generalizado en la Argentina desde la crisis social del 2001.
Otro punto muy cuestionado del protocolo es el artículo 3 que determina que "la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento".

La "ley mordaza" de Macri "garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes"
Diversos medios han señalado que esto constituye un ataque a la libertad de información, ya que las fuerzas del orden determinarán dónde pueden hacer su trabajo los periodistas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) aprobó en asamblea general un comunicado donde señala que “el nuevo protocolo es un grave atentado a la libertad de prensa”. La Red de Carreras de Comunicación Social de la República Argentina también repudió el protocolo, asegurando que criminaliza las protestas sociales y extiende las facultades policiales para reprimir –habilitando las detenciones arbitrarias y sin prohibir el uso de armas de fuego–.
“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”, asegura la Red en su comunicado.
El protocolo “antiprotesta” tiene muchas similitudes con la “Ley mordaza” española, criminalizando la protesta y atacando la libertad de información. Ambas legislaciones son parte de una tendencia global a recortar las libertades y el derecho a la protesta, mientras se aplican ajustes y despidos. La nueva ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había amenazado con aplicar el nuevo protocolo este miércoles, prohibiendo los cortes de tránsito. Pero no lo consiguió, las calles fueron ocupadas por los manifestantes.