El Banco de España fabricó el “agujero” de Banesto

El Banco de España fabricó el “agujero” de Banesto. Los 285.000 millones expoliados de fondos públicos al bolsillo de Botín. Se tiene que estar muy seguro que hay agua en la piscina para lanzarse desde el trampolín, de lo más alto, como para sostener este titular en la portada. Nada menos que acusar a la máxima autoridad financiera en este país y guardián de la ortodoxia económica de fabricar por encargo, de poderosos caballeros, un latrocinio con cargo a las escuálidas arcas del Estado. ¿Alguien puede creer que de ser incierto lo publicado, en abril de 1999, el editor y firmante del artículo andaría suelto por la calle? Es más, se señalaba con el dedo a Emilio Botín como artífice del multimillonario expolio del dinero de los contribuyentes. ¿Qué pasó? Pues, sencillamente no se dieron por enterados. He empezado por el final de este asunto ya que me quiero referir, de nuevo, al párrafo inicial donde aseguraba que no es mérito mío si no demerito de la contraparte el que uno se pueda escabullir hasta la cocina de estos engreídos del poder que ni tan siquiera se molestan en esconder, adecuadamente, sus latrocinios convencidos de su impunidad.

Quisiera, aunque fuera esquemáticamente, explicar como viví este asunto, podía decir que tropecé con él. Nada más iniciar la publicación de La Banca contactó con nosotros una persona que se manifestaba cliente de Banesto. Aseguraba que a causa de la  mala fe del banco había perdido su empresa. Sus interlocutores habían hecho todo lo posible para que acabara en completa ruina. Le habían retenido fondos con el fin de asegurar el vencimiento de un crédito del que faltaban varios meses en cumplirse. El calvario tan solo había comenzado: unos días antes del vencimiento el Banco Español de Crédito vendió su crédito, sobradamente asegurado con propiedades inmobiliarias, a una sociedad, constituida con un exiguo capital, por una miseria. No hubo forma de desbloquear la retención practicada por el banco mientras que la sociedad fantasma ejecutaba sus bienes. Un asunto extraño, sobre el papel, el banco había sufrido una considerable perdida al recuperar tan solo una parte ínfima del crédito otorgado. La  pregunta del millón estaba en el aire: ¿Qué necesitad tenía el Banco Español de Crédito de acarrear una perdida si tenía crédito totalmente garantizado?

Tan extraño era el asunto que me desplace a la central de Banesto en la Plaza de Catalunya, a escasos cien metros de la redacción, pensaba que se trataba de una infidelidad de algún ejecutivo del banco que desviaba en su provecho la operación. Con quien me entrevisté pretendía que comulgara con ruedas de molino, el tipo, muy ufano daba a la operación tintes de corrección y normalidad. Con pocas palabras tuve bastante, a toda costa querían tapar el marrón. La operación no tenía ningún sentido, ni lógico ni  comercial, Banesto se apuntaba una pérdida al vender el crédito por un importe miserable y quien se ponía las botas era la empresa compradora del crédito que obtenía un beneficio extraordinario sin hacer nada. Este fue el primer indicio que me hizo pensar que algo raro ocurría con los préstamos que Banesto había otorgado. Puesto el ojo en el asunto empecé a indagar. No tardé en hacerme con una circular emitida por el banco. No dejaba de ser una acreditación de que algo raro estaba pasando en el banco intervenido por el Banco de España. El documento, aunque fuera una fotocopia, revelaba ocultar a los clientes quien se adjudicaba sus bienes embargados. No obstante era un documento revelador, la carta, estaba firmada por Nemesio Antúnez, letrado jefe de la asesoría jurídica y dirigida a todas las direcciones territoriales del banco y que por su carácter interno no podía ser más explicita:

“Como ya conoces, muchos de los dudosos se encuentran situados en SCI Gestión S.A. (no consolidable) por lo cual se produce una disfunción en el tema de las adjudicaciones de bienes a través de subasta, pues en realidad el dueño del crédito es SCI Gestión S.A. y quien se viene adjudicando los bienes es Banesto, lo que origina, además de una problemática contable, una incidencia patrimonial que hay que corregir”. El letrado firmante de la carta circular se extendía en recomendaciones precisas sobre como tenía que instrumentalizarse la ocultación del verdadero propietario del crédito, acababa con la lacónica recomendación: “Quiero resaltar la importancia de este tema por la incidencia que, como podrás observar, tiene”.

La carta no ofrecía lugar a duda, la exposición era explicita: el engaño al deudor mediante una ejecución que trasladaba la recuperación del crédito a una sociedad fiduciaria, mientras que el balance del banco registraba una perdida inexistente en realidad. Esto no era una elucubración si no una manifestación interna del propio banco y por persona cualificada. La sospecha de que los créditos morosos fueran una ficción, llevaba a pensar que la intervención del Banco Español de Crédito podía haber sido un fraude. El robo del siglo, una cantidad estratosférica, a cargo de los contribuyentes españoles. El Gobierno había aceptado, sin rechistar, abocar la millonada que se avocaba en el presupuesto nacional sostenida por el argumento básico: “Es lo que tenemos que hacer” todo ello con el máximo apoyo de la oposición y una caterva de palmeros. Indagando, me pude enterar que un abogado de Madrid disponía de un listado donde estaban referenciados los créditos declarados como morosos y que habían llevado a Banesto a la insolvencia. Me pude hacer con el.

El listado ocupaba varias cajas en formato A3 no tenía cabecera ni nada que indicara de que se trataban los datos contenidos, tan solo la estampación de un sello de goma, que en un principio se interpretaba como una mancha de la fotocopiadora daba una pista. Se podía leer por el perímetro del sello: “Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios”. El listado tenía varias columnas: la primera “Nombre”, el campo era alfabético, se suponía que eran los deudores, ya por si sola, esta columna, llamaba poderosamente la atención. Figuraban por el nombre de pila y no existía ninguna ordenación por el apellido. Si se precisaba localizar en la lista a alguien en concreto era una labor de varias horas. El resto de campos eran numéricos. La segunda columna “Coste en libros” figuraba una cantidad que se suponía era el importe del crédito o el préstamo hipotecario que el banco había concedido. La siguiente columna “Valor residual” daba a entender que era la cantidad pendiente hasta la cancelación del crédito. Las columnas restantes eran, inicialmente, todo un enigma: SCIG y FDGB y las dos finales no tenían cabecera. Lo que saltaba a la vista era que SCIG y FDGB se repartían desigualmente la cantidad asignada como “Valor residual”.

FDGB se desveló pronto como la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios a pesar de figurar en el listado con letras alteradas. La revelación de SCIG que figuraba en el listado, aunque parezca increíble no nos dimos cuenta a primera vista que correspondía a la contracción de la sociedad SGI Gestión S.A. que coincidía con la citada en la carta que disponíamos de quien se adjudicaba los bienes de Banesto. Tratamos de averiguar quien era esta sociedad, había varias referencias pero todas eran coincidentes sobre la única cuestión tratada muy brevemente: “La intervención del Banco Español de Crédito ha autorizado a la sociedad SGI Gestión S.A. al cobro de los créditos morosos que han llevado al banco a la situación de insolvencia …”. La noticia, más bien un comunicado de prensa camuflado, había aparecido en la sección de economía de varios medios de comunicación en la columna de breves.

El descalabro del Banco Español de Crédito había acontecido hacia tres años, ostentaba un puesto prominente en la banca española y los recursos dinerarios que tuvo que aportar el Estado español para estabilizar la entidad financiera ayudó a incrementar la deuda soberana. Revisando la hemeroteca sorprendía la cantidad de páginas dedicadas a maldecir a Mario Conde y sublimar el “agujero” y tan pocas a profundizar en los números del balance contable. Eran tan descomunales las cifras de que se hablaba que llegabas a perder la orientación. No solo esto, la información la proporcionaban los propios actores, el Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, el propio banco y todo el mundo seguía la senda marcada. No había otra información, y la que había no se podía contrastar. Ninguna demostración ni nada por el estilo.

Si uno lo pensaba racionalmente, al margen de la información que masivamente se transmitía, era absolutamente imposible el “agujero” que se le adjudicaba al banco, y mucho menos que fueran tantísimos los morosos como para ocasionar el descalabro. Teníamos la oportunidad de averiguar si todo lo que explicaban era cierto o una descomunal mentira para asaltar las arcas de Estado: el comprometedor listado de morosos. Anticipo, que nadie de los anteriores “propietarios” del listado le sacó el jugo que en La Banca le pudimos sacar. Por aquel entonces me movía a las mil maravillas con un programa pionero entre los informatizados: DBase.3, algo rudimentario pero tremendamente eficaz. Así, que introducimos los datos del listado en un programilla que hice a medida. En definitiva, el listado reflejaba el estado del crédito, en el momento de la intervención, el importe de la venta a una sociedad fiduciaria y la parte que cubrió el Estado. Contenía más de dieciséis mil deudores.

Cabe mencionar que nos robaron las cajas que contenía el listado, como sería largo de explicar paso por alto este incidente tan solo referir que la policía lo recuperó. El suceso nos puso en alerta de que aquella información era valiosa. En cuanto aparecieron los datos informatizados del listado se confirmó la sospecha de que el desorden era intencionado. Ordenado alfabéticamente saltaba a la vista en la letra A la cantidad de Ayuntamientos, de toda España, que se les calificaba como morosos. Los Ayuntamientos, en el listado había más de la cuenta, por ley son inembargables y por lo tanto están fuera de los procedimientos ejecutivos. En última instancia el Estado responde por ellos. En la misma situación empresas públicas ostentaban cantidades de créditos no cobrados en su vencimiento. No se libraban de esta lista negra empresas de reconocida solvencia líderes en su mercado. Particulares conocidos, desde artistas a empresarios, con cantidades descomunales, ordenes religiosas y un sinfin de despropósitos de nunca acabar. Era evidente que todo aquello era una simulación.

El ordenador proporcionó un dato revelador: la suma de los miles de créditos, supuestamente impagados que el Fondo de Garantía tan generosamente cubría, resultaba una cantidad mágica redonda de ceros. Pero aún más sorprendente era que la cifra mágica se correspondía con la cantidad justa y necesaria para absorber de una tacada las reservas del banco y el capital con lo que se controlaba el banco supuestamente arruinado. Tanta casualidad no era posible, los malandrines habían construido el “agujero” a la medida de sus necesidades. La cantidad era prefijada y el traje a la medida. El listado era un engaño. Era evidente que en la relación convivían tres comunidades de pardillos: los que no pudieron pagar las cuotas del préstamo o crédito en aquel momento; los que les provocaron el impago; y los que deben de ser la mayor parte, los que nunca lo habían sido ni se enteraron que estaban el la lista negra. Fue entonces cuando publicamos, con cierta preocupación, el titular La dimensión del “agujero” de Banesto está simulada. El Banco de España implicado en el fraude. Para ir a más necesitábamos de la prueba del nueve.

La información publicada había llamado la atención a miles de personas y empresas que resultaron perjudicadas por la intervención del banco, y muchas de ellas contactaron con nosotros solicitando información adicional o prestando su colaboración. Pensamos en una columna del listado que carecía de cabecera pero deducimos que correspondía con el número de la oficina donde se tramitó el crédito. Entonces, seleccionamos seiscientos deudores al azar en las zonas donde residían estos lectores. Así, de tal manera, preguntando se va a Roma, podíamos obtener  información directa y asegurar la certeza de que eran o no deudores con el banco. Era la prueba del nueve sobre la veracidad del listado. Anticipo que nadie se había ido del banco sin pagar.

Los resultados eran concluyentes, algunos reconocían que habían sido deudores de la entidad financiera, pero el banco había percibido hasta el último euro bien en pago puntual de los créditos, bien por haberse cobrado con las garantías que los respaldaban. Otros ni si quiera sabían de lo que les estaban hablando, y se mostraban estupefactos al conocer la supuesta condición de insolventes o morosos que se les había atribuido falsamente. Una buena parte de la gente contactada creía que todo era un error ya que nunca habían tenido ninguna incidencia con su banco. Todo esto era de palabra pero se necesitaban papeles que lo acreditaran. En las entrevistas personales, con cada uno de los seleccionados al azar en la relación, se les solicitaba el consentimiento para instar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, CIRBE, información sobre su estado crediticio. Este registro tan solo informaba, por la privacidad de los datos, al propio interesado. Muchos de ellos accedieron por simpatía hacia nosotros, otros por curiosidad y otros convencidos que habían sido utilizados en el repago de su crédito. Lo pagaban al banco con todos los intereses habidos y por haber y por la vía de los impuestos lo volvían a pagar. Un repago escandaloso.

Para cuando la información llegó a nuestras manos se habían recogido más de doscientos cincuenta certificados de la CIRBE que acreditaban el buen estado de salud de los créditos otorgados por el Banco Español de Crédito. Proporcionalmente no era una cantidad sustancial, pero lo que elevaba a la certeza era su origen aleatorio y que fuera la totalidad de las peticiones solicitadas que mantenían el crédito vivito y coleando. El contenido de la información versaba sobre el nombre del deudor, la clase de riesgo, la existencia de garantías, la cantidad dispuesta y el saldo disponible, y, especialmente, la situación del propio riesgo.

Mientras tanto seguíamos con atención las peripecias que tenían que hacer los nuevos administradores de Banesto para tapar el asunto de la intervención. Afirmaban en un tribunal de los Estados Unidos que nunca existió ningún “agujero” en Banesto, lo contrario de lo que enfatizaban aquí. Nos hicimos eco de un artículo publicado en el Wall Street Journal que hacia mención a la demanda presentada por el potentísimo grupo inversor Carlisle Ventures Inc. visto en juicio en la Corte de Manthatan. Los norteamericanos habían concurrido a la ampliación de capital del Banco Español de Crédito atraídos por las bondades relatadas en su Memoria sobre la buena marcha y solvencia de la entidad tan solo nueve meses antes de su descalabro. Implícitamente el Banco de España daba el visto bueno a todos los inversores, especialmente a los internacionales, de lo que aquella Memoria relataba. Su sorpresa fue morrocotuda cuando supieron la intervención del banco por un “agujero” descomunal que le habían producido miles de clientes morosos. Los americanos no se creyeron ni una sola palabra, es más, no estaban dispuestos a dejarse engañar. Tiburones de esa magnitud siempre llegan a las últimas consecuencias, no iban a permitir que su inversión en acciones de un banco español se fuera por el desagüe del water de la noche a la mañana. Iban a recuperar su inversión en su territorio: New York, lejos de los juzgados españoles.

El artículo hacía énfasis en la declaración ante los tribunales norteamericanos del Banco de España y los administradores de Banesto que aseguraban que las irregularidades detectadas –las mismas que propiciaron la intervención- eran irrelevantes. El contenido del artículo era demoledor los norteamericanos no se habían dejado chulear con el argumento infantil del “agujero”. En España, ni la más mínima referencia al juicio de New York ni a nada que se le parezca. Silencio total. En Estados Unidos se desmentía lo que en España se afirmaba: la existencia del monumental “agujero”. Otro recorte del Wall Street Journal, de fecha posterior, tan solo era un breve que noticiaba el acuerdo, antes de que se pronunciara la sentencia, entre Carlisle Ventures Inc. y el banco español. El resto de accionistas no tuvieron tanta suerte y perdieron buena parte de sus ahorros. Fue entonces cuando pudimos publicar con cierta precisión el titular: Pánico en Banesto al descubrirse que expolió a los accionistas. Al año siguiente de la intervención por el Banco de España se recuperaron 596.696 millones de los 605.000 estimados como “agujero”.     

A pesar de tan rotunda demostración de que todo fue una engañifa, de la que Mario Conde no supo o no pudo defenderse –en la barra de este blog en Quien soy dejo una pequeña referencia sobre este tema- los malandrines que diseñaron el fabuloso engaño, de asaltar el banco por la puerta de atrás, se embuchacáron la pasta en una orgia de asalto a los fondos públicos. Puedo asegurar, sin falsa modestia, y lo hago por segunda vez que tan solo había tirado del hilo y recopilado los datos, hoy sigo sin adjudicarme un merito especial. Insisto, como afirmaba al principio en este post, “que no fue mérito mío si no demerito de la contraparte, sea banco, institución o ese señor gordo con gafas oscuras y sombrero de copa” ¿Dónde está el Fiscal General del Estado? ¿Y el abogado del Estado? Y toda esta plaga de instituciones del Estado que ponen la ley por delante de todo ¿O no era un bombazo acusar  al mismísimo Banco de España fabricar el “agujero” del Banco Español de Crédito? ¿Puede el Gobierno soltar una millonada sin ninguna comprobación? Tampoco era tan difícil, nosotros lo hicimos con una mano delante y otra detrás. ¿Si recuperaron el dinero del “agujero” como es que no lo devolvieron a las arcas públicas? Entiendo que esto era tanto como un sacrilegio en el ámbito financiero, un golpe bajo al Gobierno y las instituciones del Estado, y un bochorno para la Justicia que entre todos habían dado por bueno el mayor atraco al dinero de los contribuyentes.

Para rematar el tema de Banesto añadiré dos píldoras que ponen de manifiesto el montaje que esta tropa tuvo que bregar para consumar el expolio. Los asaltantes, Emilio Botín incluido, se vieron en la necesidad de echar mano de la sociedad mercantil SCI Gestión S.A. que figuraba entre las participadas por el banco. La legislación española obliga a que una empresa de reciente creación consolide con su grupo, esto, precisamente, no interesaba a los artífices del engaño que querían ir por libre. Para encontrar una solución tuvieron que rebuscar entre las empresas participadas por el banco que si se les permitía no consolidar. El milagro de que la travestida SCI Gestión S.A. pudiera tener sus cuentas fuera de la contabilidad del banco era pan comido. SCI Gestión tenía tres empleados: un piloto, un mecánico de vuelo y un asistente de cabina, y un solo avión que era utilizado por el presidente y algunos directivos del banco. Entre un despeje y aterrizaje el Banco de España le había dado autorización para que, a espaldas de la contabilidad del banco, recobrase a miles de recalcitrantes morosos que se habían ido sin pagar. Así con esta autorización se extraían del balance del banco las supuestas recuperaciones de créditos morosos. Champán para todos.

La otra perla es un sutil detalle. Cuando se hablaba del “agujero” se decía que había sido provocado por miles de créditos “dañados”. Me llamó la atención esta calificación, era la primera vez que la oía, sintonizaba con “estropeados, rotos, perjudicados” cosas por el estilo. La hemeroteca estaba llena de esta expresión. Oficialmente no existía esta calificación; los créditos de un banco o están vivos o están morosos. No hay más. La inspección del Banco de España atribuía a la mala calidad de los créditos otorgados por el Banco Español de Crédito la razón objetiva de su insolvencia, por lo que a esos créditos se les calificó con la original nomenclatura de “dañados”. Hasta entonces, este término, el de créditos “dañados”, no se había aplicado formalmente en la terminología bancaria. Los créditos, o están vivos cuando cumplen con los requisitos y el ciclo contractualmente previsto y su evolución es normal, o son dudosos o morosos cuando ha transcurrido determinado tiempo tasado en cada caso desde su vencimiento y no han sido cobrados. Daba la impresión que los inspectores del Banco de España se habían sacado de la manga un nuevo concepto para sostener la deliberada ambigüedad de su apreciación sobre la solvencia efectiva del banco intervenido. Los funcionarios, en este caso los inspectores, pueden llegar nadando hasta muy lejos pero no pierden ojo a la ropa que han dejado en la orilla. Por jugosa que sea la dádiva, la recompensa o la promesa está prioritariamente en salir bien parado, ellos nunca se pronunciaron que los créditos del Banco Español de Crédito estuvieran calificados como morosos.

Se daba una circunstancia relevante respecto al término “dañado”. Se podría pensar que los asaltantes del banco y a las arcas del Estado nunca podrían haber conseguido sus objetivos dada la complejidad de sortear los obstáculos presentes en el camino. No obstante, fue un paseo triunfal, no era más que la constatación de que el poder había basculado, ostensiblemente, lejos del interés ciudadano. Por muy “dañados” que hubieran calificado a los créditos los inspectores del Banco de España tenían en su propia casa la Central de Información de Riesgos (CIR) que dispone de información histórica de cada unos de los riesgos que asumen las entidades financieras. Todos los créditos están registrados así como sus garantías y su evolución. Este registro informático es prácticamente un baluarte inexpugnable cuando se trata de alterar la situación de miles de créditos. Pero así y todo, nunca se realizó comprobación alguna por el Fondo de Garantía de los Depósitos Bancarios que en nombre del Gobierno, del Estado y de un carrusel de instituciones pagaron sin rechistar, hasta el último euro, la suma de un interminable listado de recalcitrantes morosos. Será por champagne, brindemos por ello.