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Ciudades como A Coruña, Santiago, Cádiz, Barcelona u Oviedo se encuentran inmersas en pleno proceso de remunicipalización, mientras otras como Madrid generan frustración en los colectivos sociales que participaron en la elaboración del programa de Ahora Madrid.
La llegada al poder de nuevos gobiernos municipales tras las elecciones de mayo de 2015 hizo que el debate público se centrara en la recuperación de la gestión de los servicios públicos privatizada con el paso de los años. Pasado el primer año de gobierno, ciudades como A Coruña, Santiago, Cádiz, Zaragoza, Valladolid, Barcelona u Oviedo se encuentran inmersas en pleno proceso de remunicipalización de algunos servicios. Otras como Madrid generan frustración en los colectivos sociales que participaron en la elaboración del programa de Ahora Madrid.
Enrique Pirobe trabajaba para Valoriza Servicios Medioambientales, empresa especializada en el cuidado de parques y jardines, dedicado exclusivamente al cuidado diario del arbolado de la capital. La rúbrica del nuevo contrato de gestión integral en la limpieza de Madrid en 2013, por el gobierno de Ana Botella, le lleva a formar parte de la plantilla de la constructora de OHL-Ascan. Entre otras medidas, el mantenimiento y cuidado diario del arbolado desaparece con la nueva gestión de la limpieza.
Consecuencia de la eliminación del servicio, desde que en 2013 entrara en vigor la gestión integral del servicio de limpieza y jardinería, los fallecimientos por la caída de ramas de los árboles ya han ocasionado cuatro muertes. El último caso, el pasado 12 de julio en la localidad de Moratalaz, la caída de una rama de más de cuatro metros provocaba la muerte de un hombre que descansaba a la sombra del árbol.
Pirobe piensa que se pretende enmascarar el verdadero problema cuando se aborda el asunto como una inevitabilidad: “No se puede aceptar que la alcaldesa Manuela Carmena justifique las muertes asegurando que los árboles están vivos y que como sucede con las personas, puedes salir de revisarte el corazón y darte un infarto”. afirma.
Como miembro de la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, creada hace dos años por trabajadores dependientes indirectamente del Ayuntamiento de Madrid, vienen denunciando la motivación económica alejada de criterios técnicos que caracteriza a las empresas privadas encargadas de los servicios públicos de la capital.
Aprovechando la llegada al poder de las llamadas ‘mareas ciudadanas’ y esperanzados por la llegada de una nueva política, los trabajadores de servicios públicos en ciudades como Madrid o Zaragoza decidieron unirse con colectivos sociales, asociaciones vecinales y plataformas políticas y sindicales, para aunar esfuerzos en torno a la remunicipalización o la recuperación de la gestión que un día fue directa.
Desde la Plataforma aseguran que no han faltado en este primer año los intentos por forzar al equipo de Manuela Carmena a dar un paso adelante en la remunicipalización. A finales de noviembre, los trabajadores del servicio de atención al ciudadano ‘010-Línea Madrid’ convocaban una huelga para reivindicar la falta de protección social de la empresa Ferroser (filial de Ferrovial) encargada de gestionar el servicio.
“Nuestra intención era forzar a Ahora Madrid a llevar a cabo la recuperación de la gestión municipal, aprovechando la degradación del servicio con trabajadores que cobran salarios de 700 euros y están sometidos a mayor número de atenciones telefónicas y menor duración de las llamadas”, sostiene Enrique Pirobe. La respuesta del equipo de gobierno fue la prorrogación del contrato con Ferroser que acababa en abril de 2016 por una duración aun no determinada.
El caso de Línea Madrid ha servido para que desde la plataforma se muestren escépticos con las intenciones de Ahora Madrid: “A estas alturas, pasado un año de gobierno, pensábamos que se iban a dar pasos adelante pero la decepción es grande. Salvo el Concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, y la rama de ‘Ganemos’ dentro del partido, no vemos una actitud receptiva. No sé para que nos llamaron para realizar el programa electoral e incluir la remunicipalización, si luego llega Manuela Carmena y dice que el programa para ella es un lista de sugerencias”.
En el primer año, las discrepancias entre las dos corrientes que conforman Ahora Madrid -Ganemos y Podemos- han sido cuantiosas. El responsable económico del Ayuntamiento –Sánchez Mato- ha señalado directamente la falta de voluntad política para remunicipalizar servicios como la recogida de basuras, o por haber renunciado a la creación de un banco público municipal y a la auditoría de la deuda.
En Zaragoza, los trabajadores de las contratas municipales marcan el punto de inflexión de la movilización social en el año 2012. El gobierno del socialista Juan Alberto Belloch, en plena crisis económica que le llevó a ser la cuarta ciudad más endeudada de España, decidió aplicar a todas las contratas una rebaja de 15%. Empresas encargadas de parques y jardines como FCC o AUZSA de los autobuses urbanos, tratan de desviar el recorte a la parte trabajadora mediante despidos, bajadas de salario o la eliminación de los convenios colectivos. En FCC tras cuatro meses de movilizaciones y huelgas indefinidas consiguen parar los despidos manteniendo las condiciones laborales. En AUZSA se llevaban la peor parte con 153 despidos.
Tras años de conflictividad social, la nueva alcaldía liderada por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) lleva a los trabajadores de las contratas a organizarse como plataforma para reivindicar la recuperación de los servicios públicos. “La intención es intentar aunar a todo el tejido social y vecinal entendiendo que la remunicipalización es una cosa que afecta a toda la ciudadanía y no sólo a los trabajadores que nos preocupan las condiciones laborales”, explica José Luis Muro, fundador de la Plataforma por la Remunicipalización y presidente del comité de empresa de FCC Parques y Jardines. El énfasis de la plataforma por recobrar la titularidad pública de la gestión no se debe únicamente a las condiciones laborales: “Queremos poner de relieve la gestión del PSOE durante los 12 años que ha gobernado Zaragoza”.
En su primer año en la alcaldía, la nueva corporación municipal ha tenido que hacer frente a sentencias judiciales y al levantamiento de alfombras que evidencian las irregularidades del anterior equipo de gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) asestaba en el mes de junio un duro golpe a la anterior administración del PSOE, asegurando que los pliegos para la adjudicación del servicio de transporte urbano en 2013 beneficiaban directamente a AUZSA, es decir, que la gestión del servicio se otorgó ‘a dedo’.
El mismo tribunal se pronunciaba poco después en contra del Ayuntamiento por no revisar los precios entre los años 2012 y 2013 del contrato de limpieza y recogida de basuras, obligándole al pago de 10,8 millones de euros. En una nueva sentencia, el TSJA sumaba a la factura del Ayuntamiento 1,2 millones más por el retraso en el pago del servicio de zonas verdes durante los años 2007 a 2011. “Si a estas sentencias sumamos que tres días antes de la llegada del nuevo alcalde, el anterior teniente -Jerónimo Blasco- firma un decreto por el que se paga a FCC Parques y Jardines 710.000€ por trabajos no realizados o que en este año llevan 7 u 8 sanciones por incumplimientos de contrato; la remunicipalización del servicio se antoja más que necesaria”, afirma José Luis Muro.
En el marco político, desde la consejería de Servicios Públicos y Personal creada por Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cuberose puso manos a la obra con los servicios jurídicos del Ayuntamiento para hilvanar el posible ahorro que tendría para las arcas de la ciudad la remunicipalización de Parques y Jardínes, depuradoras y la Línea 010. Según esos informes, la factura del consistorio descendería entre un 15 y 20% correspondiente al beneficio que ahora se llevan las empresas. Pero lo primordial para ZeC y que defendían durante la campaña electoral no era solo el ahorro económico, sino la mejora de las condiciones de los trabajadores: “Lo que están demostrando los informes es que sí se puede subrogar a los trabajadores garantizando la estabilidad del empleo. De hecho, estamos obligados por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que afirma que sería obligatorio hacerlo en las mismas condiciones que los trabajadores tienen en las contratas”, asegura Cubero.
Todo apunta a que el camino para la remunicipalización no será fácil, ZeC necesita el apoyo de los 6 representantes del PSOE para alcanzar la mayoría de 16 concejales. De momento, entre ZeC y la Chunta Aragonesista sólo suman 11. Para Alberto Cubero, el PSOE se mantiene en la ambigüedad más absoluta: “Tenemos el problema de que, a diferencia de Madrid o Barcelona que venían de gobiernos de la derecha, en Zaragoza venimos de un gobierno socialista y estamos señalando directamente su gestión. Ellos mismos establecieron que estaban de acuerdo con la remunicipalización si se cumplía la caducidad de los contratos y se garantizaba la estabilidad del empleo. Son dos factores que ya están apuntando los informes jurídicos”. Y lamenta que PP y C’s “quieran contaminar a la gente diciendo que se trata de un asunto ideológico cuando es un tema de ahorro y de sentido común”.
Es en esa cuestión en el que tratan de enfatizar las llamadas ‘ciudades del cambio’. En León, las elecciones de 2011 daban la mayoría absoluta para el Partido Popular y su alcalde Emilio Gutiérrez.
Profesor de universidad que se autodefine como defensor acérrimo de los servicios públicos, el alcalde popular tenía que enfrentarse a una deuda de 437 millones generada por el anterior gobierno del PSOE y que quintuplicaba la deuda media nacional por habitante. Decide poner a cargo de su equipo de gobierno a un grupo de gestores sin afiliación política para trazar el margen de maniobra de la maltrecha economía municipal.
Nuria Lesmes, concejala de Personal, fue la encargada y pionera en llevar a cabo un proceso de remunicipalización en una gran ciudad. En su caso, se trataba del servicio de limpieza viaria a cargo de Urbaser: “El objetivo era ahorrar de un solo movimiento 10 millones de euros. Tampoco había precedentes y nos implicamos en la recuperación de la gestión directa. Aun así se bajó un 24% el sueldo a la plantilla y se creó un órgano que garantizaba la independencia presupuestaria para la limpieza, pero fue posible gracias a la parte social que fue especialmente generosa con la ciudad y logramos no despedir a nadie”, recuerda Lesmes.
Sobre la cuestión ideológica, aunque la ex-concejala considera que el objetivo de la izquierda en este asunto es eliminar la figura del empresario, asegura que llamó mucho la atención y sorprendió tanto en Génova como en Valladolid. Y subraya: “Aquí daban igual los colores. Los que se acogen a las ideologías para sentarse en un sillón y no hacer nada lo que hacen es perjudicar a la ciudad. Espero que el propio PP sea coherente y que no olviden tan rápido el proceso que llevamos a cabo y los momentos duros que atravesó León en 2011”.
El ahorro en la gestión pública de los servicios de las ciudades quedaba reflejado por el Informe de Fiscalización del Sector Público Local realizado por el Tribunal de Cuentas en 2011. Según el estudio, la gestión privada por vía concesionaria del servicio de limpieza viaria sale un 71% más caro para las arcas municipales. Frente a un coste de 16,23 euros si lo gestiona directamente el consistorio, el servicio alcanza los 27,83 euros si lo presta una empresa a través de una concesión o concierto con la administración.
Fuente: http://www.publico.es/politica/ano-gobiernos-del-cambio-remunicipalizacion.html
La llegada al poder de nuevos gobiernos municipales tras las elecciones de mayo de 2015 hizo que el debate público se centrara en la recuperación de la gestión de los servicios públicos privatizada con el paso de los años. Pasado el primer año de gobierno, ciudades como A Coruña, Santiago, Cádiz, Zaragoza, Valladolid, Barcelona u Oviedo se encuentran inmersas en pleno proceso de remunicipalización de algunos servicios. Otras como Madrid generan frustración en los colectivos sociales que participaron en la elaboración del programa de Ahora Madrid.
Enrique Pirobe trabajaba para Valoriza Servicios Medioambientales, empresa especializada en el cuidado de parques y jardines, dedicado exclusivamente al cuidado diario del arbolado de la capital. La rúbrica del nuevo contrato de gestión integral en la limpieza de Madrid en 2013, por el gobierno de Ana Botella, le lleva a formar parte de la plantilla de la constructora de OHL-Ascan. Entre otras medidas, el mantenimiento y cuidado diario del arbolado desaparece con la nueva gestión de la limpieza.
Consecuencia de la eliminación del servicio, desde que en 2013 entrara en vigor la gestión integral del servicio de limpieza y jardinería, los fallecimientos por la caída de ramas de los árboles ya han ocasionado cuatro muertes. El último caso, el pasado 12 de julio en la localidad de Moratalaz, la caída de una rama de más de cuatro metros provocaba la muerte de un hombre que descansaba a la sombra del árbol.
Pirobe piensa que se pretende enmascarar el verdadero problema cuando se aborda el asunto como una inevitabilidad: “No se puede aceptar que la alcaldesa Manuela Carmena justifique las muertes asegurando que los árboles están vivos y que como sucede con las personas, puedes salir de revisarte el corazón y darte un infarto”. afirma.
Entre las prioridades de la nueva alcaldía, el programa para las elecciones municipales de Ahora Madrid recogía la elaboración de una hoja de ruta para la remunicipalización de los servicios públicos, auditando los contratos integrales y estableciendo un sistema de control y sanciones riguroso.
En marzo de 2016, Carmena renunciaba a una de las líneas de su programa sacando de nuevo a concurso el servicio de limpieza a la gestión privada por seis años más. Para Pirobe, sucesos como los fallecimientos por caída de ramas del arbolado desaparecerían con la recuperación de la titularidad pública en la gestión: “No es casualidad que desde la desaparición del servicio de arbolado diario hayan fallecido cuatro personas. Estas son las consecuencias de deja de podar y talar los árboles. Tiene que recuperarse el servicio y contratar a más personal. Desde la firma del contrato hemos vivido un ERTE que nos mandaba al paro 45 días porque según la empresa sobraba el 20% de la plantilla. Que se reúna la empresa con los familiares de los fallecidos y les dé esa explicación”.Como miembro de la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos, creada hace dos años por trabajadores dependientes indirectamente del Ayuntamiento de Madrid, vienen denunciando la motivación económica alejada de criterios técnicos que caracteriza a las empresas privadas encargadas de los servicios públicos de la capital.
Aprovechando la llegada al poder de las llamadas ‘mareas ciudadanas’ y esperanzados por la llegada de una nueva política, los trabajadores de servicios públicos en ciudades como Madrid o Zaragoza decidieron unirse con colectivos sociales, asociaciones vecinales y plataformas políticas y sindicales, para aunar esfuerzos en torno a la remunicipalización o la recuperación de la gestión que un día fue directa.
Desde la Plataforma aseguran que no han faltado en este primer año los intentos por forzar al equipo de Manuela Carmena a dar un paso adelante en la remunicipalización. A finales de noviembre, los trabajadores del servicio de atención al ciudadano ‘010-Línea Madrid’ convocaban una huelga para reivindicar la falta de protección social de la empresa Ferroser (filial de Ferrovial) encargada de gestionar el servicio.
“Nuestra intención era forzar a Ahora Madrid a llevar a cabo la recuperación de la gestión municipal, aprovechando la degradación del servicio con trabajadores que cobran salarios de 700 euros y están sometidos a mayor número de atenciones telefónicas y menor duración de las llamadas”, sostiene Enrique Pirobe. La respuesta del equipo de gobierno fue la prorrogación del contrato con Ferroser que acababa en abril de 2016 por una duración aun no determinada.
El caso de Línea Madrid ha servido para que desde la plataforma se muestren escépticos con las intenciones de Ahora Madrid: “A estas alturas, pasado un año de gobierno, pensábamos que se iban a dar pasos adelante pero la decepción es grande. Salvo el Concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, y la rama de ‘Ganemos’ dentro del partido, no vemos una actitud receptiva. No sé para que nos llamaron para realizar el programa electoral e incluir la remunicipalización, si luego llega Manuela Carmena y dice que el programa para ella es un lista de sugerencias”.
En el primer año, las discrepancias entre las dos corrientes que conforman Ahora Madrid -Ganemos y Podemos- han sido cuantiosas. El responsable económico del Ayuntamiento –Sánchez Mato- ha señalado directamente la falta de voluntad política para remunicipalizar servicios como la recogida de basuras, o por haber renunciado a la creación de un banco público municipal y a la auditoría de la deuda.
Para Pablo Carmona, concejal de Ahora Madrid perteneciente a la rama de Ganemos y que rivalizó en las primarias contra la actual alcaldesa, es evidente que en el tema de las remunicipalizaciones tienen que pisar el acelerador: “Tenemos que ser conscientes de que en nuestro programa la remunicipalización ocupa buena parte del análisis de los servicios públicos porque los contratos existentes han salido más caros y dan peor servicio a la ciudad. Asumimos las críticas de la Plataforma por la Remunicipalización porque aun no hemos sabido dar con las teclas necesarias para iniciar estos procesos, pero es algo irrenunciable”.
Levantando alfombras en ZaragozaEn Zaragoza, los trabajadores de las contratas municipales marcan el punto de inflexión de la movilización social en el año 2012. El gobierno del socialista Juan Alberto Belloch, en plena crisis económica que le llevó a ser la cuarta ciudad más endeudada de España, decidió aplicar a todas las contratas una rebaja de 15%. Empresas encargadas de parques y jardines como FCC o AUZSA de los autobuses urbanos, tratan de desviar el recorte a la parte trabajadora mediante despidos, bajadas de salario o la eliminación de los convenios colectivos. En FCC tras cuatro meses de movilizaciones y huelgas indefinidas consiguen parar los despidos manteniendo las condiciones laborales. En AUZSA se llevaban la peor parte con 153 despidos.
Tras años de conflictividad social, la nueva alcaldía liderada por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) lleva a los trabajadores de las contratas a organizarse como plataforma para reivindicar la recuperación de los servicios públicos. “La intención es intentar aunar a todo el tejido social y vecinal entendiendo que la remunicipalización es una cosa que afecta a toda la ciudadanía y no sólo a los trabajadores que nos preocupan las condiciones laborales”, explica José Luis Muro, fundador de la Plataforma por la Remunicipalización y presidente del comité de empresa de FCC Parques y Jardines. El énfasis de la plataforma por recobrar la titularidad pública de la gestión no se debe únicamente a las condiciones laborales: “Queremos poner de relieve la gestión del PSOE durante los 12 años que ha gobernado Zaragoza”.
En su primer año en la alcaldía, la nueva corporación municipal ha tenido que hacer frente a sentencias judiciales y al levantamiento de alfombras que evidencian las irregularidades del anterior equipo de gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) asestaba en el mes de junio un duro golpe a la anterior administración del PSOE, asegurando que los pliegos para la adjudicación del servicio de transporte urbano en 2013 beneficiaban directamente a AUZSA, es decir, que la gestión del servicio se otorgó ‘a dedo’.
El mismo tribunal se pronunciaba poco después en contra del Ayuntamiento por no revisar los precios entre los años 2012 y 2013 del contrato de limpieza y recogida de basuras, obligándole al pago de 10,8 millones de euros. En una nueva sentencia, el TSJA sumaba a la factura del Ayuntamiento 1,2 millones más por el retraso en el pago del servicio de zonas verdes durante los años 2007 a 2011. “Si a estas sentencias sumamos que tres días antes de la llegada del nuevo alcalde, el anterior teniente -Jerónimo Blasco- firma un decreto por el que se paga a FCC Parques y Jardines 710.000€ por trabajos no realizados o que en este año llevan 7 u 8 sanciones por incumplimientos de contrato; la remunicipalización del servicio se antoja más que necesaria”, afirma José Luis Muro.
En el marco político, desde la consejería de Servicios Públicos y Personal creada por Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cuberose puso manos a la obra con los servicios jurídicos del Ayuntamiento para hilvanar el posible ahorro que tendría para las arcas de la ciudad la remunicipalización de Parques y Jardínes, depuradoras y la Línea 010. Según esos informes, la factura del consistorio descendería entre un 15 y 20% correspondiente al beneficio que ahora se llevan las empresas. Pero lo primordial para ZeC y que defendían durante la campaña electoral no era solo el ahorro económico, sino la mejora de las condiciones de los trabajadores: “Lo que están demostrando los informes es que sí se puede subrogar a los trabajadores garantizando la estabilidad del empleo. De hecho, estamos obligados por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que afirma que sería obligatorio hacerlo en las mismas condiciones que los trabajadores tienen en las contratas”, asegura Cubero.
Todo apunta a que el camino para la remunicipalización no será fácil, ZeC necesita el apoyo de los 6 representantes del PSOE para alcanzar la mayoría de 16 concejales. De momento, entre ZeC y la Chunta Aragonesista sólo suman 11. Para Alberto Cubero, el PSOE se mantiene en la ambigüedad más absoluta: “Tenemos el problema de que, a diferencia de Madrid o Barcelona que venían de gobiernos de la derecha, en Zaragoza venimos de un gobierno socialista y estamos señalando directamente su gestión. Ellos mismos establecieron que estaban de acuerdo con la remunicipalización si se cumplía la caducidad de los contratos y se garantizaba la estabilidad del empleo. Son dos factores que ya están apuntando los informes jurídicos”. Y lamenta que PP y C’s “quieran contaminar a la gente diciendo que se trata de un asunto ideológico cuando es un tema de ahorro y de sentido común”.
Es en esa cuestión en el que tratan de enfatizar las llamadas ‘ciudades del cambio’. En León, las elecciones de 2011 daban la mayoría absoluta para el Partido Popular y su alcalde Emilio Gutiérrez.
Profesor de universidad que se autodefine como defensor acérrimo de los servicios públicos, el alcalde popular tenía que enfrentarse a una deuda de 437 millones generada por el anterior gobierno del PSOE y que quintuplicaba la deuda media nacional por habitante. Decide poner a cargo de su equipo de gobierno a un grupo de gestores sin afiliación política para trazar el margen de maniobra de la maltrecha economía municipal.
Nuria Lesmes, concejala de Personal, fue la encargada y pionera en llevar a cabo un proceso de remunicipalización en una gran ciudad. En su caso, se trataba del servicio de limpieza viaria a cargo de Urbaser: “El objetivo era ahorrar de un solo movimiento 10 millones de euros. Tampoco había precedentes y nos implicamos en la recuperación de la gestión directa. Aun así se bajó un 24% el sueldo a la plantilla y se creó un órgano que garantizaba la independencia presupuestaria para la limpieza, pero fue posible gracias a la parte social que fue especialmente generosa con la ciudad y logramos no despedir a nadie”, recuerda Lesmes.
Sobre la cuestión ideológica, aunque la ex-concejala considera que el objetivo de la izquierda en este asunto es eliminar la figura del empresario, asegura que llamó mucho la atención y sorprendió tanto en Génova como en Valladolid. Y subraya: “Aquí daban igual los colores. Los que se acogen a las ideologías para sentarse en un sillón y no hacer nada lo que hacen es perjudicar a la ciudad. Espero que el propio PP sea coherente y que no olviden tan rápido el proceso que llevamos a cabo y los momentos duros que atravesó León en 2011”.
El ahorro en la gestión pública de los servicios de las ciudades quedaba reflejado por el Informe de Fiscalización del Sector Público Local realizado por el Tribunal de Cuentas en 2011. Según el estudio, la gestión privada por vía concesionaria del servicio de limpieza viaria sale un 71% más caro para las arcas municipales. Frente a un coste de 16,23 euros si lo gestiona directamente el consistorio, el servicio alcanza los 27,83 euros si lo presta una empresa a través de una concesión o concierto con la administración.
Fuente: http://www.publico.es/politica/ano-gobiernos-del-cambio-remunicipalizacion.html
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