MEXICO 10 años de guerra:desplazamiento, deuda pendiente
Han pasado dos administraciones y la necia estrategia de seguridad para combatir al narco continúa, a pesar de que los saldos han sido negativos económica y socialmente.
PPD CIDE
noviembre 30 2016
Por: Ariana Ángeles García
En 2006, el Gobierno Federal con Felipe Calderón Hinojosa al mando (quien recién había tomado posesión como presidente después de una dudosa contienda electoral) ejecutó la primera ofensiva con la que se inauguraba en la práctica la Estrategia Nacional de Seguridad[1] en la cual se declaró la guerra al narcotráfico.
Así, el 11 de diciembre de 2006 se pusieron en marcha una serie de operativos conjuntos como parte de la estrategia para combatir al narco.
Dichas operaciones conjuntas establecían la cooperación en los tres órdenes de gobierno, a saber: federal, estatal y municipal.
El primero de ellos fue el Operativo Conjunto Michoacán, al cual le siguieron los operativos en Guerrero, Tijuana, Morelos y Nuevo.
Han pasado dos administraciones y la necia estrategia de seguridad continúa a pesar de que a diez años del inicio de la guerra contra el narco los saldos han sido negativos tanto económica como socialmente.
En términos económicos, de acuerdo al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, durante el sexenio de Calderón el gasto público destinado a la guerra contra el narco en el periodo ascendió a 320 millones de pesos, ejercido principalmente por la Presidencia de la República y las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR).
En términos sociales los terribles resultados de esta guerra no son menores pues hablar de muertos, desaparecidos y detenidos se han vuelto tema cotidiano en la sociedad mexicana.
En cuanto a muertos y desaparecidos, Human Rights Watch estima que de 2006 a la fecha son 100 mil los muertos[2] y aproximadamente 26 mil 121 los desaparecidos.
Por otra parte, se ha criminalizado a los consumidores y a los eslabones mas débiles del proceso productivo del mercado de drogas[3].
Otro costo social que es igualmente importante pero menos visible es del desplazamiento interno por violencia, generada tanto por los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado como por los enfrentamientos entre estos y el Estado.
Si bien es cierto que este fenómeno no es nuevo y que México ha pasado ya por otros episodios de desplazamiento interno[4], este nuevo capítulo es de suma importancia por ser resultado de una política de seguridad que lo buscaba era precisamente reducir la violencia y generar estabilidad social.
En ese tenor, son varios los problemas a los que deben enfrentarse los desplazados internos por violencia.
El primero de ellos es que, a diferencia de las otras problemáticas, esta no ha sido reconocida ni atendida por el Estado mexicano, lo cual coloca a los desplazados internos en un estado permanente de de invisibilidad y por lo tanto son blanco fácil para que se vulneren sus derechos básicos.
En segundo lugar, está el problema de la cuantificación pues al no ser visibles ni atendidos, al día de hoy el número de desplazados internos por violencia es realmente incierto.
Conocemos cifras que van desde 160 mil hasta los 1.5 millones de personas en situación de desplazamiento.
Por un lado, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDCM) estima que en México hasta 2014 había 160 mil desplazados internos por violencia[5].
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos menciona en su reporte Desplazamiento Interno Forzado en México que hay 170 mil desplazados internos en sólo tres de los principales estados expulsores de población[6].
Se cuenta también con la cifra del estudio de Parametría, en el cual se estimó que para 2010 había en México poco más de 1.5 millones de personas desplazadas a causa de la violencia devenida de la política de seguridad del Estado mexicano[7].
En tercer lugar, al abandonar sus hogares las personas dejan más que solo sus casas y sus pertenencias materiales —que no son cosa menor— pierden también una forma de vida, de organización, de cohesión social y la pertenencia a una comunidad. Lo anterior tiene un impacto sociocultural y económico tanto para la gente desplazada como para las poblaciones de los lugares de acogida.
Al estar desplazados sufren de estrés psicológico y vienen con miedo constante, en situación de marginación, exclusión y desempleo.
La población desplazada en México es mayormente femenina, pues a los esposo, padres e hijos los “levantan”, los desaparecen o los asesinan, entonces al huir lo hacen generalmente con los niños y con los miembros mayores de la familia y muchas de las veces no tienen la oportunidad de llevarse consigo sus documentos personales lo cual los convierte en una población aún más inerme pues no tiene identificaciones oficiales o documentos para reclamar pertenencia sobre bienes o algún tipo de ayuda.
El Gobierno Federal (tanto en el periodo de Calderón como en el actual) ha hecho muy poco para atender esta problemática y la tratan como un mal menor y, de hecho, prácticamente desvinculado de las consecuencias de la guerra contra el narco.
Es de suma importancia atender la situación de desplazamiento interno por violencia en México pues recordemos que los 3.5 millones de desplazados internos en Colombia no comenzaron siendo esta cifra tan alarmante y si no se atiende lo que ocurre en México en este tema, los desplazados podrían ascender a cifras más preocupantes que las actuales.
A diez años de su inicio, son muchas las dudas de la población acerca de la efectividad de la guerra contra el narco, por lo que el Gobierno Federal tiene una enorme deuda con la sociedad mexicana en términos monetarios, pero sobre todo en términos sociales.
En palabras de José Luis Piñeiro: “durante el sexenio de Calderón —y yo agregaría en lo que va del de Peña Nieto— el costo social ha sido altísimo en comparación con los resultados”, pues estos nos dan fe del gran fraude que resultó ser la guerra contra el narco en cuanto a reducción de violencia y bienestar de la población.
* Ariana Ángeles García es Coordinadora Institucional del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho CIDE – Región Centro
[1] Según el discurso oficial, la política de seguridad tenía entre varios de sus objetivos, dos de suma importancia. Por un lado, que las drogas no llegaran a los jóvenes, es decir, un combate directo a la producción, venta y consumo de cualquier tipo de droga. Por otro lado, evitar y combatir la violencia que se genera en la cadena de producción y distribución de las drogas.
[2] 60 mil muertos durante el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) y 40 mil muertos en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto.
[3] De acuerdo con información del CEDD, en AL el 20% de los presos lo están por algún delito de drogas; muchas de las personas encarceladas son los eslabones más frágiles del proceso de producción y distribución, y en México entre 2011 y 2013 la población carcelaria general aumento 7% mientras que la que está por algún asunto relacionado con drogas lo hizo en 19%.
[4] A lo largo del siglo XXI México ha sido testigo de varios episodios de desplazamiento interno por motivos religiosos, económicos, medioambientales y político. En contextos de gran incertidumbre se presenta una importante movilidad de personas que huyen para conservar lo más valioso que tienen, a saber, la vida.
[5] IDMC (2014). Global Overview 2014: People Internally displaced by conflict and violence. Disponible aquí.
[6] De acuerdo con Laura Rubio (citada en el reporte de la CMDPDH) los principales estados expulsores de población son: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Sinaloa y Ciudad Juárez en Chihuahua. CMDPDH (2014). Desplazamiento Interno Forzado en México. Disponible aquí.
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