Desvío millonario de fondos públicos en centros de menas en Canarias: cuatro directores y un empresario, imputados - LA GACETA
- octubre 27, 2025
La Policía Nacional ha concluido una extensa investigación económica y patrimonial que ha desembocado en la imputación de cuatro directores de centros de menores ilegales en Gran Canaria y Lanzarote, junto con un empresario inmobiliario y la fundación encargada de gestionar dichas instalaciones. Las pesquisas, llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Canarias, comenzaron en 2022 tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente del Banco de España.
El informe advertía de movimientos bancarios irregulares y de origen incierto vinculados a responsables de varios centros de acogida de menas. A raíz de ello, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas abrió diligencias que dieron lugar a la llamada operación «Tabaiba» —también conocida como «Caso Siglo XXI»—, una investigación que se ha prolongado durante tres años y que actualmente está bajo la dirección de la Fiscalía Europea.
El fiscal Anticorrupción Javier Ródenas determinó que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió del Gobierno de Canarias más de 12,5 millones de euros entre 2020 y 2022 para atender a menores ilegales en varios centros de Gran Canaria (Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán) y uno en Lanzarote (La Santa). Según la investigación, el análisis de las cuentas bancarias de la entidad mostró un panorama de descontrol absoluto, sin justificación del gasto y con un uso personal de fondos públicos.
Las pesquisas revelan un patrón de extracciones en efectivo, transferencias a cuentas personales y gastos privados —como viajes, restaurantes u operaciones estéticas— pagados con dinero destinado a la atención de menores. La Fiscalía aprecia delitos de falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos.
Entre los imputados figuran María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy, todos con cargos de responsabilidad en la fundación, además del empresario propietario de los inmuebles utilizados como centros de acogida. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes policiales.
El análisis de los movimientos financieros confirmó que parte de los fondos europeos «Next Generation», canalizados a través del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, fueron desviados a cuentas particulares. De los más de 1,6 millones de euros ingresados en una de las cuentas investigadas, se retiraron más de 1,1 millones en efectivo mediante reintegros fraccionados. Los bancos detectaron estas operaciones y cancelaron las cuentas aplicando la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Los investigadores también descubrieron un entramado de alquileres sobredimensionados. Los inmuebles eran arrendados mediante sociedades interpuestas a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, generando un sobrecoste superior a 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. Este dinero, presuntamente, fue blanqueado mediante inversiones inmobiliarias y patrimoniales.
La fundación intentó justificar posteriormente los gastos con miles de documentos contables, pero la Policía detectó facturación duplicada, servicios inexistentes y facturas ajenas a la actividad de los centros. Los agentes han solicitado una auditoría financiera completa para determinar el alcance exacto del dinero público desviado.
En total, entre 2020 y 2025, el Gobierno de Canarias transfirió a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI más de 33 millones de euros, convirtiéndola en una de las principales beneficiarias de los fondos públicos destinados a la atención de menores ilegales. Las diligencias judiciales continúan abiertas, y la Fiscalía Europea determinará en los próximos meses el perjuicio económico exacto causado al erario público.
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