La inmoralidad de Rodrigo Rato no conoce límites

Resulta difícil encontrar un parangón en la política española, incluso en la europea, de un dirigente que acumule tanto poder como Rodrigo Rato y que luego acabe dilapidando todo su crédito político y moral por el sumidero de la inmoralidad. Rato fue ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, y luego director gerente del Fondo Monetario Intercional (FMI), un cargo con rango de jefe de Estado. Fue el rostro del milagro económico del mandato de José María Aznar. Y, con independencia de otras consideraciones sobre la gestión económica de aquella etapa, lo cierto es que su ejecutoria ha quedado hecha trizas por el obsceno comportamiento de quien abusó de su posición para su lucro personal.

Las últimas revelaciones publicadas en EL MUNDO acreditan la falta de escrúpulos de quien un día aspiró a tomar el relevo de Aznar al frente del PP y del Gobierno. Rato no incurrió en irregularidades tras haber abandonado sus responsabilidades políticas. Siendo ministro, escondía ya siete millonesoffshore. Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ex vicepresidente blanqueó capitales y pagó con dinero ilícito préstamos de bancos. Transifirió los fondos desde paraísos fiscales en tres operaciones en 2001 y 2003. La Guardia Civil cree que cinco empresas de la familia Rato facturaron 82 millones de euros entre 1998 y 2004 a nueve compañías que él privatizó cuando ejercía el cargo de vicepresidente. En concreto, 31 de estos 82 millones fueron abonados entre 2004 y 2007, cuando Rato era director del FMI. Y, de hecho, la salida de Rato de este organismo se produjo solo dos días después de que la auditora externa del Fondo le interrogase por sus empresas en paraísos fiscales para operaciones de blanqueo. Este hecho explica, diez años después, por qué el ex dirigente del PP tuvo que salir de forma abrupta del FMI, un movimiento que erosionó gravamente la imagen de España en el exterior.

El comportamiento de Rato sólo puede calificarse de infame. Porque si ya es grave que cualquier cargo público caiga en prácticas ilícitas y reprobables, aún es más lacerante en quien ejerció responsabilidades tan elevadas. Y sólo desde la desvergüenza absoluta o desde una sensación de impunidad cabe entender que Rato no tuviera complejos en blanquear parte de su fortuna utilizando el correo electrónico del FMI o que repatriara más de cuatro millones de euros mediante una empresa de Panamá cuando todavía era vicepresidente, tal como ha desvelado este periódico. Incluso llegó a ordenar desde su despacho ministerial a empresas controladas por el Estado que contrataran con sus sociedades familiares, lo que certifica la catadura moral del susodicho.

Cabe subrayar que, en la persona del ex ministro de Economía, confluyen tanto las sombras de corrupción en sus negocios particulares -Hacienda ya detectó anomalías en dos regularizaciones de Rato- como las irregularidades que salpican su gestión en el ámbito público. El PP le confió la Presidencia de Bankia cuando aún no era un personaje caído en desgracia. Sin embargo, fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black y está siendo investigado por su responsabilidad en la salida fraudulenta de Bankia a Bolsa. Con relación a las tarjetas opacas, un latrocinio en el que directivos y consejeros de la entidad gastaron fraudulentamente 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012, la Audiencia sentenció que Rato "extendió la práctica a su favor". Rato se benefició de estancias en hoteles de cinco estrellas y de la compra de artículos de lujo. Por otro lado, y aunque la entidad ya ha devuelto el dinero de la salida a Bolsa a los accionistas minoritarios, lo cierto es que el ex presidente de Bankia consintió la manipulación en su contabilidad, tal como prueban los informes de los inspectores. El descalabro de su gestión -y la de Blesa- no le salió gratis a los ciudadanos, ya que el Estado tuvo que inyectar 23.000 millones de euros de dinero público para rescatar a Bankia.

Todo ello conforma el retrato de un hombre que no conoce la ética y que ha preferido socavar su prestigio aun a riesgo de magullar también la tarea económica del partido que le encumbró al primer escalafón de la política nacional e internacional. La Justicia debe investigar a fondo el origen del patrimonio de Rato, que en modo alguno se corresponde con las retribuciones percibidas durante su trayectoria política y financiera. Pero, al margen de la acción de los tribunales, de lo que ya no caben dudas es del oneroso proceder de un dirigente convertido en epítome de la falta de principios. Es difícil caer más bajo que Rodrigo Rato.