La Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 ha presentado una denuncia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delito de «genocidio» de 50.000 personas ante la Corte Penal Internacional (CPI), que ha registrado el escrito a través de la Fiscalía de este tribunal, donde se estudiará el mismo antes de decidir si se abre investigación, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva.
Se trata de la primera acción de calado contra Sánchez en la Justicia internacional, en concreto, ante el Tribunal de La Haya (Holanda) creado a iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y regido a través del Estatuto de Roma. Según consta en la denuncia —a la que ha tenido acceso OKDIARIO— registrada por una letrada española en representación de la Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19, el presidente del Gobierno, como máximo responsable del mando único, no siguió las instrucciones «inequívocas» de las autoridades sanitarias de «todo el mundo», incluida la OMS y dio una «respuesta tardía» al coronavirus, además de un manejo nocivo de la pandemia, lo que «ha causado una gran cantidad de muertes que podrían haberse evitado», recoge el texto.
Así, la denuncia dirigida contra Sánchez por delitos de genocidio y lesa humanidad considera que el jefe del Ejecutivo violó los artículos 6.c y 7.1.k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El primero de estos preceptos establece que «se entenderá por ‘genocidio’ cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal», en este caso, el «sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial».
El segundo de los artículos referidos en la denuncia alude al «crimen de lesa humanidad», entendiéndose por tal «cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Se trataría del apartado ‘k’, es decir, aquellos «otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».
«Intencionalidad indirecta»
En relación a la intencionalidad que requiere el tipo penal de genocidio, la denuncia se basa en que Pedro Sánchez ha tenido aquí una «intencionalidad indirecta» en tanto su Gobierno tenía conocimiento de la rápida propagación y la virulencia del coronavirus, sobre todo, entre las personas de mayor edad, y no adoptó a tiempo las medidas necesarias para paliar los efectos mortales de la enfermedad. En este sentido, la acusación considera que la comisión de «errores» admitidos por el propio jefe del Ejecutivo socialcomunista, achacados a la «urgencia en los tiempos y la penuria en los recursos» no exculpa al Gobierno, sino al contrario, tales fallos han tenido unas consecuencias graves que deben dirimirse penalmente, cabiendo también el homicidio imprudente.
En concreto, la denuncia señala que «la inacción de Sánchez y la mala gestión de esta crisis han causado decenas de miles de muertes». Además, subraya el escrito, tanto él como su Gobierno han querido «minimizar la gravedad del Covid-19» y han alentado actividades que «sólo podían
dar como resultado la propagación rápida e incontrolada de este virus mortal», como por ejemplo, la multitudinaria manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid, cuando la enfermedad ya estaba desbocada en esta región.
dar como resultado la propagación rápida e incontrolada de este virus mortal», como por ejemplo, la multitudinaria manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid, cuando la enfermedad ya estaba desbocada en esta región.
En este sentido, la denuncia incorpora el contenido de los informes que ha realizado la Guardia Civil por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, en la causa que instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por permitir dicha manifestación. Franco, que está imputado por un presunto delito de prevaricación, ha sido citado este miércoles para prestar declaración ante la juez.
La denuncia expone que «sabiendo que el virus estaba en España (no olvidemos que el primer caso en España fue diagnosticado el 31 de enero de 2020), el señor Pedro Sánchez permitió, como jefe del Gobierno, la celebración de eventos masivos el 8 de marzo en todo el país, así como en anteriores y siguientes fechas». «La entrada de personas procedentes de China, Francia, Italia y muchos otros países que ya estaban sufriendo las consecuencias de la epidemia se permitió sin ningún tipo de control en los aeropuertos, ni controles de temperatura ni filtro», prosigue el texto.
Relato estremecedor
La Asociación Española de Víctimas y Afectados por el Covid-19 también se detiene en la tragedia de las residencias de mayores y apunta que «la reacción tardía del presidente Sánchez causó la muerte de miles de personas mayores en hogares de la tercera edad, completamente solos y sin un pariente junto a ellos en sus momentos finales. Ni siquiera había personal de salud disponible para ayudarlos. Sus cuerpos fueron cremados también sin la asistencia de familiares, y hasta la fecha, muchas familias ni siquiera tienen los restos de sus seres queridos», recoge la denuncia en un relato estremecedor. «El Ejército español fue enviado a residencias de mayores en todo el país para ayudar e inspeccionar, y en muchos casos encontraron personas compartiendo habitaciones con cádaveres», indica la acusación al tribunal de La Haya.
Otro apartado destacado es el que hace alusión a los profesionales sanitarios, donde la denuncia subraya que «no tuvieron medios para protegerse» y que el propio Gobierno, que los mandó sin equipos seguros a los hospitales, llegó a reconocer que aquí estaba «el foco principal de las infecciones».
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