El Ministerio del Interior de Israel ha fracasado para la ciudadanía

Editorial
Haaretz


Traducido del inglés para Rebelión por J. M.



 Israelíes que intentaron adquirir un estatus legal para sus cónyuges extranjeros han encontrado cuestionada su propia ciudadanía. El Estado aparentemente ha olvidado su trabajo: servir al público.

En un país democrático los ciudadanos no deberían temer que se les despoje de su ciudadanía y las personas respetuosas de la ley no deberían temer los encuentros rutinarios con las agencias gubernamentales. Sin embargo, cada año, miles de israelíes son arrastrados a batallas injustas con el Ministerio del Interior, que ha convertido a su burocracia en un látigo para abusar de los ciudadanos y residentes legales e incluso para crear oportunidades para que el Estado vuelva a evaluar su ciudadanía.
Los israelíes que intentaron adquirir un estatus legal en Israel para sus cónyuges extranjeros (y no judíos) han encontrado cuestionada su propia ciudadanía. En lugar de examinar tales solicitudes según sus méritos y otorgar a los cónyuges de ciudadanos israelíes el estatus legal apropiado, el Estado ha explotado este encuentro burocrático para amenazar a estos ciudadanos.
En algunos casos, el Estado ha considerado revocar la ciudadanía de los israelíes que inmigraron de la antigua Unión Soviética en la década de 1990 con el argumento de que obtuvieron su ciudadanía fraudulentamente. Pero no hace falta decir que a ninguno de ellos se les pidió que presentaran ninguna evidencia especial cuando fueron reclutados para el ejército, ya que en ese momento aceptarlos como judíos sirvió al interés nacional. La Vicefiscal General, Dina Zilber, tuvo razón al informar a la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras del ministerio de que debe detener la investigación retroactiva de la ciudadanía de los israelíes.
Pero no son solo los inmigrantes de la antigua Unión Soviética quienes enfrentan la amenaza de que se les revoque su estatus legal. La política del Gobierno de revocar casi automáticamente la residencia permanente de los palestinos de Jerusalén Oriental que pasan largos períodos en el extranjero es otro aspecto de la misma tendencia racista al servicio de la batalla por la "pureza demográfica".
Al mismo tiempo, un proyecto de ley patrocinado por el parlamentario Amir Ohana (Likud), que fue aprobado el domingo por el Comité Ministerial de Legislación y que pronto será enviado a la Knesset, daría al ministro del Interior el derecho de despojar a los palestinos de Jerusalén Este o residentes de los Altos del Golán de su residencia permanente si estuvieran involucrados en terrorismo o cometieran un "violación de confianza" contra el Estado. La frase "violación de confianza" es vaga y por lo tanto peligrosa. ¿Expresar su apoyo en Facebook de boicotear a Israel también pone en peligro su residencia? Es inaceptable utilizar la revocación del estatus legal como un castigo, incluso si la persona que está siendo castigada se ha unido a una organización terrorista y debe estar en la cárcel.
El Estado, y particularmente el Ministerio del Interior, aparentemente han olvidado que su trabajo es servir al público. No son abogados de la mayoría judía. No es su trabajo proteger la "demografía" del país ni tienen la autoridad para hacerlo. Y ciertamente no tienen derecho a revocar la ciudadanía o la residencia de alguien que supuestamente no pasó la prueba de su lealtad o su judaísmo.
La ciudadanía es un derecho básico constitucional. No es un premio al buen comportamiento ni una herramienta para castigar a personas cuya religión, forma de vida o ideología no es del agrado del Gobierno.
Fuente: https://www.haaretz.com/opinion/editorial/1.831229
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.