La UE para España solo es cuestión de imagen, estar dentro para poder decir que son europeos, pero luego se la repampinfla cumplir sus normativas.
Con 92 procedimientos abiertos, España es con diferencia el Estado con más expedientes disciplinarios, con Grecia en segundo lugar con 76.
Los requerimientos de la Comisión a las autoridades españolas para que adapte la legislación se suceden mes tras mes. Pero el Gobierno se encuentra empantanado y con poco margen de maniobra.
La actividad legislativa se encuentra parada o al ralentí desde que el 26 de octubre de 2015 Rajoy anunció la convocatoria de elecciones, celebradas en diciembre y repetidas en junio de 2016. El Gobierno saliente de Rajoy se pasó casi un año en funciones hasta que a finales de 2016 logró formar un nuevo ejecutivo con minoría parlamentaria pero con apoyo de Ciudadanos.
La inoperancia del Gobierno se ha visto acentuada por el procés, que ha reducido aún más el margen de actuación del Ejecutivo. Y la tolerancia de la Comisión, que observó con paciencia el período de interinidad del Ejecutivo, da signos de agotamiento y las peticiones de multas contra España se apilan ya ante el Tribunal de Justicia europeo.
Bruselas reclama a los jueces comunitarios multas tan cuantiosas como106.000 euros diarios por el retraso en la transposición de la nueva directiva sobre el mercado hipotecario, o 124.000 euros al día por la directiva sobre gestión de derechos de autor. O 186.000 euros diarios por dos directivas sobre contratación pública.
Las multas comenzarán a materializarse si el Tribunal dicta sentencia antes de que España haya adoptado su legislación. Y sumarán miles de euros por cada día de retraso a partir de ese momento.
Pero el potencial coste económico del retraso, aun siendo considerable, tal vea sea menos perjudicial que la distancia legal que se abre entre España y el resto de la UE. Una distancia que va en detrimento de la calidad y garantías en áreas tan importantes como la protección del consumidor, la preservación del medioambiente o la lucha contra la financiación del crimen organizado y del terrorismo.
Uno de los casos más flagrantes es la directiva de 2014 que actualizó y reforzó los derechos de los consumidores en los contratos hipotecarios, para evitar abusos como los cometidos por algunas entidades financieras en los últimos años. A pesar de que España fue uno de los países más afectados por la crisis inmobiliaria y de que cuenta con uno de los porcentajes más altos de viviendas hipotecadas en Europa, la directiva sigue sin incorporarse a la legislación española más de cuatro años después de su aprobación.
La legislación española también se ha quedado rezagada respecto a la comunitaria en áreas tan importantes como la gobernanza y transparencia de las grandes empresas (directiva 2014/95), supervisión de la banca (directiva 2013/36), la transparencia en la gestión de los fondos de inversión (directiva 2014/91), eficiencia energética (directiva 2012/27), lavado de dinero (2015/849), o control de ciertos intermediarios financieros (2014/65).
En otras ocasiones, la transposición de algunas directivas ha sido incompleta, según la Comisión, lo que también ha llevado a la apertura de expediente. Entre los casos más graves figura la directiva 2015/849 para reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En total, según los datos facilitados por la Comisión al Parlamento, España afronta 92 expedientes, 34 de ellos por no trasposición de directivas en los plazos previstos. El área con más infracciones es medio ambiente con una treintena de expedientes, seguida por las normas sobre mercado interior y empresas, con 12.
 |
| España también es líder en infracción ambiental... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No se admiten comentarios con datos personales como teléfonos, direcciones o publicidad encubierta