La Hacienda de Sant Esteve de les Roures

Primero fue rebelión; luego, sedición; ahora, malversación. En un par de semanas, una multa de tráfico. Es poco el lío organizado en el exterior y completan con uno interior tan típico que dan ganas de reír. 

El juez Llarena es hombre de recursos. La parte sorprendentemente declarada secreta de la instrucción versaba sobre dineros. Cosa imprescindible cuando se quiere acusar a alguien de malversación. Hay que aportar las cuentas, cifrar los caudales malversados, aunque sean unas perrillas. El juez sabe de buena y secreta tinta que los indepes se gastaron dineros públicos en organizar el referéndum. La base documental es un informe de la Guardia Civil detallando los gastos por partidas al céntimo (en total 1.947.697,84 euros, ni uno más ni uno menos), aunque ninguna es fehaciente ni está comprobada y son meras estimaciones y suposiciones. 

Aun así, el informe de la benemérita resulta bastante prudencial. En uno anterior comunicaba todos los datos pertinentes de un acto de violencia en un pueblo inexistente, Sant Esteve de les Roures. La aparición de este nuevo topónimo ha sacado lo mejor de las redes y, a estas alturas, el pueblo tiene todos los servicios, vecinos ilustres, un claustro románico y hasta un ayuntamiento, con cuya cuenta en tuiter se ha relacionado la propia Guardia Civil. Figura literaria conocida: la del autor que dialoga con sus personajes.

Así que las cifras secretas de Llarena son las de la malversación en Sant Esteve de les Roures. Suficientes, según parece, para que el juez se cargue de razón. Sorprendido de que el ministro de Hacienda afirme que la Generalitat no pagó un solo euro para el referéndum le pide pruebas documentales de sus palabras. El informe de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures contra los expedientes de control del gasto de Hacienda. Algo insólito. 

Otro contencioso con ribetes de ridículo. El juez pone en cuestión la eficacia del ministerio de Hacienda en su labor y eso si no le da por sospechar que no se trata de ineficacia bienintencionada sino de colaboración con el independentismo. El ministro ya queda como incompetente o como cómplice. Y, mientras ambos personajes, juez y ministro, dirimen sus diferencias, merece la pena recordar que la petición de extradición se basa en tres presuntos delitos de los que dos no califican y el tercero, la malversación, no se puede probar, ni siquiera indiciariamente. 

Los informes de Hacienda siempre tendrán más fuerza que los de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures. Si no en España, sí en el extranjero.

Ramón Cotarelo