Trump y pide a la Justicia que publique la orden de registro de Mar-a-Lago
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El registro en casa del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aceptado el órdago de Donald Trump, y ha pedido a la Justicia que publique la orden judicial que autorizó la entrada de los policías en el edificio. Donald Trump y sus seguidores habían exigido que ese documento fuera divulgado.
La decisión ha sido anunciada por el fiscal general (cargo que en España sería equivalente, con salvedades, al de Ministro de Justicia), Merrick Garland, en una inusual comparecencia ante los medios de comunicación. En ella, Garland también ha declarado que él personalmente aprobó el registro de la residencia de Trump, Mar-a-Lago, en Florida.
Trump tiene una copia de la orden de registro, que le fue entregada cuando éste se iba a llevar a cabo, y está facultado legalmente para publicarla. Pero no lo ha hecho. Por eso, el Gobierno ha pedido a los jueces que sean ellos los que expliquen al público qué buscaban los agentes del FBI. Unos agentes que, según la prensa estadounidense, tenían un 'soplo' de una persona cercana a Trump que les había dicho dónde estaban las informaciones que buscaban.
El registro en casa del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó este jueves el diario The Washington Post.
El Post, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el Gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la Presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos.
Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de EE.UU. o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material.
Así es como el registro de Mar-a-Lago se llevó a cabo con rapidez, a pesar de que se trata de un complejo de edificios de 100 habitaciones. En EEUU se especula con que el informante del FBI fuera el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, cuya participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha quedado expuesta recientemente. Meadows es, también, culpable de haber cometido fraude electoral al votar dos veces en las elecciones de 2020, justo las mismas en las que Trump dice que fueron los demócratas quienes cometieron fraude.
La decisión de Garland trata de preservar la integridad de su Departamento, en medio de un clima de tensión política en EEUU como no se conocía desde, precisamente, el asalto al Capitolio. Porque el registro, pese a que había sido ordenado por un juez de Florida al que Trump puso en ese puesto, ha desencadenado una oleada de indignación entre la base republicana, hasta el punto de que los llamamientos a, literalmente, "la guerra civil" contra el Gobierno de Joe Biden han proliferado en Twitter y otras redes sociales.
En un signo poco o nada tranquilizador de la situación del país, el presidente Joe Biden se reunió el miércoles con historiadores para analizar la situación del país actual y compararla con la de los años anteriores al estallido de la Guerra Civil, en 1861. El Partido Republicano de Texas ha reafirmado en su programa electoral para las elecciones legislativas de noviembre de este año la idea de la secesión del estado y la derogación de la Ley de Derechos Civiles que estableció la igualdad de derechos entre las diferentes razas. En el estado de New Hampshire, los republicanos trataron, sin éxito, de iniciar el proceso de secesión del país. Eso es motivo para una guerra civil, porque EEUU, como España, no reconoce el derecho de autodeterminación de los estados.
La decisión de pedir la publicación de la orden de registro rompe con las normas del Departamento de Justicia, que normalmente no comenta investigaciones judiciales en curso. Es más: el propio Garland había insistido hace apenas tres semanas que "no investigamos en público", en referencia a las preguntas sobre las pesquisas relativas a los intentos de Trump de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que perdió, y al asalto al Capitolio por sus seguidores, el 6 de enero de 2021.
Pero, en este caso, la situación es excepcional. Nunca en los 233 años transcurridos desde que Estados Unidos tiene presidentes, un ex mandatario había experimentado el registro de su domicilio, que es lo que sucedió con Trump el lunes pasado.
Cuando las autoridades policiales y judiciales estadounidenses rompen esa máxima, se exponen a caer en campos de minas políticos. El mayor ejemplo fue el del entonces director del FBI, Jim Comey, durante la investigación de los emails de la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton. En julio de 2016, Comey apareció en una atrabiliaria rueda de prensa en la que dictaminó que, sin bien Clinton no podía ser acusada de cometer un delito por el uso de un servidor de email privado cuando desempeñaba el cargo de secretaria de Estado, sí había sido "extremadamente descuidada".
Tres meses después, y a falta de una semana para las elecciones, Comey anunció que el FBI había reabierto la investigación de los emails de Hillary. En EEUU se considera que ese pronunciamiento entregó, en la práctica, la presidencia a Donald Trump. En este segundo caso, Comey actuó para impedir que agentes del FBI de Nueva York que mantenían contactos con Rudy Giuliani, uno de los máximos asesores de Trump, filtraran la noticia de la reapertura de la investigación a los medios de comunicación.
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