Ya era hora de que el Govern hiciera algo que no fuera del gusto de los vascos...
Hace aproximadamente un mes publiqué este post en el que explicaba que las empresas vascas pagarían la electricidad más barata pero, como el resultado siempre debe dar cero, las catalanas deberían pagar más.
De locos si nadie denunciaba eso...
Evidentemente no hay nada que hacer en los politizados tribunales españoles, por lo tanto hay que ir fuera...
Supongo que más de uno debe pensar que muy constitucional no debe ser que tenga que pagar la luz a mi competidor...
El Govern de Catalunya ha decidido iniciar una batalla contra la tarifa eléctrica que beneficia especialmente a las industrias vascas, pero lo hará desde la retaguardia. La Vicepresidència y Conselleria de Economia considera que existen argumentos suficientes para denunciar ante la Comisión Europea al Reino de España por ayudas de Estado y se ha ofrecido a las distintas patronales para asesorarles y ayudarles a iniciar el procedimiento ante las autoridades comunitarias.
La dirección de Promoción Económica, al frente de la que está Albert Castellanos, elaboró un informe, a petición del Síndic de Greuges, en el que se recomendaba iniciar un procedimiento contra el tercer punto del acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV, ya que se trata de una reducción que no está justificada en términos de costes y que como consecuencia supondrá más cargas en los Presupuestos del Estado del 2018 o un aumento de tarifas para el resto de consumidores. Se trata, en todo caso, de un derecho que no debería ser objeto de negociación política...
Gracias al cambio, desaparece la tarifa 6.1B de tensiones entre 30 y 36 kilovoltios (KV), en la que estaba la industria vasca; y pasan a la nueva 6.2 (de 30 a 72,5 KV), que supondráuna rebaja del 43,3% respecto a la que tienen las empresas catalanas y de otras autonomías (que signe en el tramo de uno a 30 KV).
El anterior conseller de Empresa, Jordi Baiget, ya reclamó por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que evitara esta discriminación. Aragonès afirma que, en el actual clima político, se ve difícil lograr un acuerdo para solventar el problema. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya cuestionó la diferenciación tarifaria que se estableció en el 2013 de acuerdo con el PNV y, en especial, que lo hiciera el antiguo ministerio de Industria.
O sea las empresas catalanas (tanto las que están a favor del referéndum como las botifleras) piden no tener que pagar la luz que dejan de pagar los vascos y la respuesta es "NO, porque sois malos"...
Cuidado, porque la inmoralidad es doble, pongamos un ejemplo: Las empresas vascas, catalanas y españolas pagaban 10 euros por la luz. A partir de ahora las vascas* solo les tocará 6 y a las catalanas (y alguna española) los 10 de antes más las 4 que han dejado de pagar los vascos, igual a 14...
Nota* (No solo las vascas, sigan leyendo)
Ya ven, en pleno procés al borde del choque de trenes, en el que al gobierno español debería interesarle tener a su favor a los empresarios catalanes, les da por el cu...
Economía concluye que es una ayuda de Estado porque tendrá impacto presupuestario que, según Aragonès, el propio ministro estimó en 50 millones. A su vez es una medida selectiva, proporciona una ventaja económica, distorsiona la competencia y tiene efectos en el comercio entre estados miembros. El informe del Govern recoge el caso en el que la Comisión Europea consideró ayuda pública una tarifa baja que el Gobierno italiano otorgó a tres empresas de la isla de Cerdeña.
El Govern podría haberse personado como «parte interesada», como hizo en la privatización de Aena, y no lo descarta. Pero ha optado por apoyar a los afectados, como hizo con la patronal Cecot, que recurrió contra el almacén Castor. En esta ocasión es esta patronal la que lleva la voz cantante, pero también Pimec, que estima que las firmas catalanas soportarán un sobrecoste de 200 millones anuales. También han manifestado su protesta la Federació Empresarial del Metall, la Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Girona, la Confederación de la Industria Textil y la Unió Patronal Metal.lúrgica.
No así la botiflera Foment que, aunque se quejó, han decidido pagar más como buenos españoles de segunda que son.
Según el informe, la medida tarifariadeja fuera de las ventajas de precio a 3.277 empresas en Catalunya, el 72% de las perjudicadas. Pero también a 365 empresas de Extremadura o 290 de Aragón, entre otras. En cambio beneficia al 100% de las vascas, al 100% de las navarras, de las castellano-leonesas, de las cántabras y de las asturianas y al 37% de las andaluzas.
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