Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto. Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva.
El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155. Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.
El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.
Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy.
La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.
Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión.
Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta.
De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.
Además de un jarrón chino, la Constitución es un jarrón chino roto. Imposible de recomponer y menos en esta confusión en la que, quien debiera aclararla, es quien la aviva.
El gobierno no acepta el resultado de las elecciones que él mismo convocó en virtud de la norma de plenos poderes del 155, según la interpreta el B155. Acerca del propósito de restablecer la Constitución mediante un artículo que la suspende ya habrá tiempo de entretenerse.
El hecho es que no se acepta el resultado electoral y, por lo tanto, todo seguirá viciado. Recuerda Rajoy que el decreto del 155 prevé su levantamiento cuando el presidente de la Generalitat haya tomado posesión. Le dicen que la toma por vía telemática y voluntad del Parlamento y dice que no vale, que solo vale la presencial (sabedor, claro, del inmediato encarcelamiento del presidente; la foto que busca el B155) porque a él le da la gana, ya que no hay razón alguna para que no valga. Solo la fuerza bruta del 155.
Hay en contra el informe de los letrados del Parlament, pero es un dictamen consultivo, no vinculante. La decisión la toma el Parlament. Y es esta la que el gobierno pretende dejar sin efecto, aunque no se vea por qué motivo ni en función de qué. La amenaza de Rajoy es una clara previsión de que seguirá rigiendo un gobierno arbitrario, personal, dictatorial de M. Rajoy.
La prueba de que esto no tiene ya nada que ver con un Estado de derecho es la celeridad con que los más espabilados del B155 tratan de encontrar una solución que dé apariencia de normalidad, al menos para evitar la prolongación de este espectáculo internacional que es la habitual mezcla de fanfarronería e inoperancia españolas. Un esperpento, en efecto, como machaca diariamente El País pero no a causa de Puigdemont, sino de un ministra de Defensa que lo toma como Cipollino y un presidente como M. Rajoy, que se envanece de haber destituido un gobierno democráticamente elegido y cerrado un Parlamento. Títulos de gloria en cualquier país civilizado.
Esa "normalidad" mendaz, aparente, falsa es además inútil. No es concebible un govern independentista, esté constituido como esté constituido, que no reviente por un lugar u otro las costuras no de la Constitución, sino de la falta de esta, de la anticonstitución, de la arbitrariedad y la dictadura que significa el hecho de que las decisiones políticas las tome un individuo. Sobre todo porque es imposible considerar "normal" una situación en que hay presos y exiliados políticos, por mucha logomaquia que el poder y sus secuaces echen a la cuestión.
Y aquí entran los jueces. La evidente coordinación del frente gubernativo y el judicial en el conflicto España-Cataluña con la entusiasta colaboración de los medios ha disipado la última duda: en España no hay Estado derecho que ya empezó a tambalearse cuando el PP ganó las elecciones de 2011 por mayoría absoluta.
De forma que el PP ha hecho gala de una piqueta excepcional: primero se cargó el Estado del bienestar; luego, el Estado de derecho; y ahora está cargándose el Estado a secas.
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