Voto por correo: la Junta Electoral se decanta por pedir el DNI y registrar a quien entregue en Correos los sobres
Se reunirá el 8 de junio para analizar medidas que den "garantías" ante la avalancha de solicitudes para el 23-J
La Junta Electoral Central (JEC) está decidida a tomar «medidas adicionales» para acabar con la polémica del voto por correo. Los miembros del organismo que arbitra los periodos electorales se van a reunir el jueves que viene, 8 de junio, para analizar cómo establecer «una garantía suplementaria» a la literalidad de la ley, después de los escándalos que se sucedieron en la última semana de campaña de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. Y después de que la propia Junta haya detectado una notable proliferación de «bulos» sobre el voto por correo.
Dada la importancia que se le intuye a esta fórmula en los comicios generales del 23 de julio -con aproximadamente un tercio de los españoles de vacaciones-, la JEC ha decidido tomar cartas en el asunto para «dar un mensaje de garantías y confianza en el sistema».
Este órgano rechazó la semana pasada extender a toda España la obligación de identificarse en la última fase del voto por correo, ya que la potestad legislativa es del Congreso, del Senado y del Gobierno. Pero ante los casos de presunta compra de votos, algunos de los miembros más importantes de la Junta han decidido dar un mensaje inequívoco para apuntalar «la confianza» en el sistema, así como su buen funcionamiento.
Las dos medidas más importantes que estarán sobre la mesa en la reunión de la semana que viene serán la presentación del DNI del votante al depositar el sobre en las oficinas de Correos y, según ha sabido EL MUNDO, la creación de un registro de personas que entreguen esos votos, para que haya una constancia final de quién emite el voto, sí, pero también de quién lo entrega. La JEC analizará los pormenores de estas medidas, por las que ya se inclinan los vocales de manera mayoritaria. Se estudiará si con esto ya se solucionaría el problema.
Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad que le impide votar físicamente, o ir a la oficina de Correos, quien lleve el sufragio en su nombre debería quedar apuntado también. Además, como hasta ahora, deberá presentar un poder ante notario, como requisito previo para que pueda actuar como representante de esa persona que no puede votar físicamente. A este representante antes le valía con mostrar el DNI al recoger el voto, pero no al entregarlo. De consumarse la mejora que quiere la JEC, para las elecciones generales del 23 de julio esa misma persona tendría que enseñar su DNI al entregar el voto ajeno, y quedar registrado.
'DOBLE CHECK'
Este doble check postal no sólo permitiría rastrear con facilidad cualquier irregularidad, sino que desincentivaría casi por completo los intentos de compra de votos. Ya ocurrió en Melilla: en cuanto la Junta Electoral comenzó a exigir la presentación del DNI para depositar el voto por correo, las colas interminables en las oficinas postales de la ciudad autónoma desaparecieron. De golpe.
Aunque hay un consenso previo entre los vocales de la Junta sobre la necesidad de taponar cualquier posible vía de agua electoral, será en el debate del jueves cuando bajen al detalle de la concreción de las medidas. Pero el objetivo es claro: que al menos se sepa quién lleva el voto a la oficina.
El escándalo por la red de compra de votos en Melilla, que salpica directamente a la cúpula de Coalición por Melilla, obligó a anular más de la mitad de los sufragios realizados por correo y a blindar la ciudad autónoma el pasado domingo. La Junta Electoral sí ratificó en este caso la petición del DNI para entregar el voto, que extendió a los votos enviados a alguna de las mesas electorales de Melilla desde cualquier punto de España. Entonces se hacía referencia a la «gravedad» de los hechos que estaban investigando as Fuerzas de Seguridad, que afectaban a una alta proporción de votos, siete veces más que la media.
Otra investigación por compra de votos que ha saltado a los titulares ha sido la de Mojácar (Almería), donde hay 11 personas acusadas de intentar adulterar las elecciones locales. Antes del 28-M se conocía que 10 diez de ellos intentaron, presuntamente, comprar votos para el PSOE. Pero la investigación ha dado un giro de guion, ya que el juez que investiga la trama ha decidido abrir una pieza separada de la causa para aclarar si también el PP estaba maniobrando ilegalmente para conseguir votos a cambio de dinero o prebendas. El magistrado ha imputado a un funcionario del Ayuntamiento afiliado al PP por, presuntamente, comprar votos para este partido.
En Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo en Albudeite una nueva operación por presunta compra de votos en las elecciones del 28-M con 13 detenidos, entre ellos la candidata a la Alcaldía por el PSOE, Isabel Peñalver, así como Héctor Martínez, número 19 en la candidatura del socialista José Vélez para el Parlamento autonómico y miembro de la Ejecutiva regional del PSOE.
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