25 detenidos, incluidos 4 empleados públicos, por defraudar más de cuatro millones a la Seguridad Social

25 detenidos, incluidos 4 empleados públicos, por defraudar más de cuatro millones a la Seguridad Social

 
Los funcionarios recibían hasta 50.000 euros mensuales por su papel en la trama y entre los arrestados también figuran varios trabajadores de entidades bancarias
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Antonio Ramírez Cerezo

Madrid

27/03/2024
Actualizado a las 17:11h.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el Cuerpo, la cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid-, que podrían haber recibido hasta 50.000 euros mensuales por parte de los cabecillas de la organización. También hay detenidos otros cuatro trabajadores de entidades bancarias.

La investigación arrancó hace más de un año, en diciembre de 2022, después de que se detectaran irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. Según explica la Policía Nacional, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Del entramado formaban parte funcionarios del SEPE, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. «Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones», señalan fuentes de la investigación. La organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización. Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina.

Según la investigación, en esta gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores. «Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia», se señala en las pesquisas. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid -, quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. «A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros».

La Policía Nacional llegó a detectar un cuarto eslabón que es en el que entran en juego los empleados bancarios. Estos se dedicaban al control de beneficiarios y pagos y fueron previamente contactados por los responsables de la organización para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.

Susana Alcelay
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Según las indagaciones, una vez asegurado el beneficio de la estructura, los beneficiarios realizaban las transferencias con las cantidades a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.

16 registros domiciliarios

La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. En los registros efectuados se intervinieron equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.

La Policía Nacional destaca que la comunicación y coordinación con los departamentos el SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid (Consejería de Hacienda y Empleo)–fue «completa y de gran eficacia»,y tuvo desde el primer momento el objetivo común del «esclarecimiento de los hechos».

En octubre de 2022 la DG del Servicio Público de Empleo puso en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad informática y solicitó auditoría sobre el uso de información por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral.

Denuncia de la Dirección General de la Comunidad de Madrid

Desde la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid identifican a uno de los detenidos como una trabajadora de la que empezaron a sospechar porque accedía a su ordenador de «forma remota y reiterada» y aseguran que fueron ellos mismos quienes denunciaron los hechos ante la Policía nacional tras abrir una auditoría y recabar la información pertinente. Señalan también que las actuaciones que realizaba dicha empleada «no estaban en conocimiento de la directora de su centro» y que el 89% de estas gestiones estaban vinculadas a perceptores de algún tipo de prestación o que se les había reconocido ese derecho tras los movimientos realizados por la trabajadora.

La denuncia se interpuso en diciembre de 2022, dos meses después de que la entidad autonómica pusiera en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad informática y solicitara una auditoría sobre el uso de información por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral.