La Junta Electoral baraja exigir el DNI para votar por correo y evitar posibles fraudes

El adelanto electoral impedirá cambiar la ley antes de las generales del 23 de julio, cuando se prevé un incremento por coincidir con las vacaciones

Una joven acude a una oficina postal para pedir el voto por correo. | Raquel Manzanares (EFE)

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Las sospechas de fraude en el voto por correo han sobrevolado las elecciones del 28-M. Expertos y políticos han solicitado en los últimos días una modificación de la ley, pero el adelanto de las generales impedirá que el cambio entre en vigor este 23 de julio. Para evitar suspicacias, la Junta Electoral Central baraja exigir la identificación de los electores que acudan a depositar la papeleta, algo que en estos momentos no es necesario, aunque ya se adoptó en Melilla para los comicios del pasado domingo.

La legislación solo obliga a los electores a identificarse para solicitar y recoger el voto por correo, pero no lo considera necesario cuando, días después, acude a depositar la papeleta en la oficina postal. Ese escenario abre la puerta a que cualquier persona pueda depositarla, lo que da pie a posibles fraudes, tal y como han denunciado diferentes partidos en poblaciones de hasta siete comunidades autónomas.

Para evitarlo en Melilla, donde las solicitudes se dispararon hasta el 20% del censo, la Junta Electoral tomó una decisión salomónica: obligar a los electores a identificarse en la última fase del proceso. La medida extraordinaria motivó que la mitad de los votos solicitados por correo se quedaran en el tintero. La Junta Electoral baraja extender la fórmula al 23-J, unas elecciones para las que se espera un incremento de voto por correo por coincidir con el periodo vacacional.

Cambiar la ley electoral

Las solicitudes para votar por corre el 23-J se pueden realizar desde este jueves. No obstante, la propuesta tiene aún que estudiarse por los miembros del órgano electoral, que en 2019 desechó exigir «un requisito que no está previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)».

El artículo 73.3 «no exige que el elector acuda personalmente a la oficina de Correos a certificar el sobre de votación, sino que puede hacerlo cualquier persona en su nombre sin que quepa exigir la identificación del elector». El órgano subrayó que ya existían precedentes y especificó varios acuerdos al respecto de 1991 y 1995.

Fran Serrato

Los expertos consultados por THE OBJECTIVE afirman que sería conveniente cambiar la ley electoral, aunque el escenario actual no pone en riesgo el sistema. Baldomero Oliver, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, considera «un disparate» que se ponganen cuestión: «De esto a tomar el Capitolio con unos cuernos en la cabeza solo hay un paso». No obstante, considera que solicitar el documento de identidad en la última fase del proceso aumenta las garantías.

En el caso de Melilla, las solicitudes del voto por correo triplicaron la de los procesos anteriores y superaron por mucho la media nacional. En los días previos a la jornada electoral se presentaron denuncias de sustracción de la documentación electoral que se iba a enviar a electores, por lo que la Junta Electoral de Zona tomó la decisión de exigir a los votantes que se identificaran en la última fase del proceso.

Compra de votos

La Junta Electoral Central no solo avaló la instrucción, sino que incluso extendió la exigencia a todas las oficinas de Correos del resto de España, aunque solo para votantes censados en Melilla. Algunas de las formaciones que competían en los comicios en Melilla, como Vox, y la Dirección General de Política Interior solicitaron la identificación del votante por correo.

La investigación sobre un posible fraude electoral sigue abierta en Melilla. Por el momento han sido detenidas una docena de personas, aunque todas siguen en libertad. La supuesta red mafiosa ofrecía entre 100 y 150 euros por voto, pero no solo pagaba dinero a cambio de conseguir los votos por correo. La cúpula de la trama también prometía empleos públicos e incluso viviendas de protección oficial (VPO) a quienes aceptaban hacer el trabajo sucio, el de intermediarios.