Balanzas fiscales entre autonomias

 

Primera imagen: Jordi Pujol, pleno del Congreso del 27 de julio de 1977, acuerdo para la redacción de una nueva Constitución: “En este momento de inicio de un camino de democracia hay en Cataluña una gran esperanza: la esperanza de que estas Cortes van a ser el instrumento de una gran misión, de una doble misión, por una parte, la del reconocimiento pleno de la personalidad colectiva de las diversas regiones y nacionalidades que hay en España, y, por otra, la de la creación de una solidaridad real,…fruto de la voluntad de convivencia, del mutuo respeto y de la aceptación de responsabilidades (…) La autonomía que pedimos no es una autonomía para ir por nuestra cuenta, es una autonomía no para desentenderse, sino para colaborar”. Segunda imagen: Durán i Lleida, pleno del Congreso del 8 de abril de 2008, investidura de Zapatero: “España ha sido opaca en la definición y explicación de las políticas de solidaridad. Su Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, ha sido opaco con Cataluña en políticas de solidaridad. No hay ni una sola razón, ni una, para seguir así; ni una sola razón para que no se publiquen las balanzas fiscales. (…) Déficit fiscal y mayor coste de la vida construyen una combinación explosiva que invalida el tan cacareado principio de igualdad nominal que muchos propugnan…el simple café para todos, es sencillamente injusto”.

Más de treinta años separan las dos intervenciones, y en ese tiempo, no ha habido ni un solo sistema de financiación del Estado de las Autonomías que satisfaga a Cataluña, o, mejor, al nacionalismo catalán. Porque en este embrollo se confunden las personas, las instituciones y las regiones, a menudo mezclándolo todo interesadamente para avivar los sentimientos soberanistas. Y aunque los sentimientos son todos muy respetables y muy libres, hay quien quiere cargarlos de razones para conseguir adeptos a su causa porque le parece que los sentimientos son demasiado poca cosa para convencer a nadie, incluso a sí mismos. Pero uno puede ser y sentirse catalán sólo porque tiene una lengua propia, una cultura propia y todo lo demás que tienen los estados independientes, y sólo por ello defender la independencia de Cataluña. No pasa nada, es completamente legítimo. Pero también hay muchos catalanes que aun sintiéndose catalanes no les parece que los rasgos culturales propios sean suficientes como para defender la independencia, y es entonces cuando los independentistas les señalan el bolsillo y les dicen que España les roba (fig.1). El primer sentimiento que consiguen es el de la indignación, el deseo de independencia llega después.

Aquí no podemos hablar de sentimientos, porque, como digo, son personales y deberían ser intransferibles, pero sí debemos examinar las razones con las que pretenden alimentarlos, centrándonos en la que es sin duda la más importante, y lo ha sido siempre, con crisis y sin crisis: el sistema de financiación de las Autonomías y las relaciones fiscales de Cataluña con el resto de España. Nos centraremos en los datos de 2009 porque fue la balanza fiscal de ese año la que provocó la indignación de Cataluña y la que sirvió para acuñar el lema “España nos roba”. Hay que admitir, no obstante, que en algo sí tiene razón Cataluña al quejarse, y hasta tres veces le concederemos la razón porque es suya, pero el resto de cuestiones que se esgrimen son meras excusas obtenidas manipulando los datos y confundiendo deliberadamente ficción y realidad.  Por eso dudo que aunque se corrigiesen los errores que se apuntan y se hicieran las cosas como Cataluña quiere, obtuviera Cataluña plena satisfacción, porque sólo la independencia contentaría a los independentistas.

El problema de nuestro Estado de las Autonomías desde el comienzo es que, teniendo plena autonomía en los gastos, no la ha tenido ni la tiene en los ingresos. Con dos excepciones, las Autonomías de régimen foral,País Vasco y Navarra, que sí la tienen. Aquí, uno no acaba muy bien de entender con qué criterios se respeta la Historia y desde cuándo hay que respetarla y desde cuándo no. El caso es que la Constitución, en la disposición adicional primera, dice amparar y respetar “los derechos históricos de los territorios forales”, y en virtud de esos “derechos” son las dos únicas Comunidades que disfrutan del privilegio de tener plena autonomía fiscal, y entregan al Estado español una cantidad para sufragar las competencias que retiene la Administración Central. El problema es que se trata de dos de las Comunidades más ricas de España, y que, existiendo una vinculación directa entre autonomía financiera y renta territorial, su aportación a la solidaridad interregional es prácticamente nula. La situación actual entra en flagrante contradicción con los artículos 138 y 156 de la Constitución, especialmente con el primer apartado de este último, en donde se afirma que dicha autonomía financiera no exime a ninguna región de cumplir con la “solidaridad entre todos los españoles”. Algunos economistas sostienen además que el cálculo de las cantidades que estas Comunidades deberían entregar está bastante sesgado a la baja, y, en el caso del País Vasco, por ejemplo, su contribución a los gastos estatales en el año 2007 se había rebajado en casi 4.700 millones de euros. Esto puede suponer que el País Vasco disponga, a igualdad de competencias, de una financiación por habitante superior en más de un 70% al de Cataluña. Tienen razón las instituciones catalanas en denunciar esta situación(primera concesión), pues supone un agravio comparativo con respecto a las demás Comunidades que ya dura demasiado tiempo. Y habría que reformar la ley de financiación para que País Vasco y Navarra contribuyan como las demás en los mecanismos de redistribución y solidaridad interterritorial. Lo malo, el reproche que hay que hacer a Cataluña es que no quiere resolver este agravio por esta vía, no, sino reclamando un “pacto fiscal” similar al que disfrutan las comunidades forales. Es decir, Cataluña no critica los privilegios de País Vasco y Navarra, critica haber quedado fuera de ellos(fig.2).

Desde la aprobación de la primera ley de financiación de las Autonomías en 1980, se han realizado hasta el día de hoy cinco modificaciones, la última en 2009. Si los anteriores sistemas de financiación eran mejorables, este seguramente también lo es, pero todos ellos buscaban cumplir tres objetivos fundamentales. 1. Dotar a las Comunidades de los recursos suficientes para costear las competencias traspasadas. 2. Avanzar en el proceso de descentralización fiscal de manera que las Comunidades dependan cada vez más de sus propios recursos y menos de las transferencias estatales. 3. Garantizar, por último, que todos los ciudadanos españoles reciben los mismos servicios públicos fundamentales con independencia de su lugar de residencia y con independencia de la evolución de los recursos de cada Comunidad Autónoma. Este es uno de los principios fundamentales para entender todo lo que sigue, si no lo entendemos, nos perderemos en el camino; y si no lo aceptamos, no hace falta seguir leyendo, porque entonces estamos cuestionando la función redistributiva del Estado y cualquier mecanismo de solidaridad nos parecerá mal. Porque este principio, lo único que dice es que un extremeño, pagando los mismos impuestos que un catalán o un madrileño, no debe recibir menos o peores servicios que sus conciudadanos. Por eso el sistema de financiación se articula en torno a las personas que son las que pagan impuestos y tienen necesidades, porque las regiones, el lugar donde viven, es algo secundario, circunstancial y fortuito. Las regiones solo delimitan territorialmente a las personas y deberían facilitar los mecanismos de redistribución porque nos dicen dónde están, cuántas son y qué necesidades tienen. Es lo que en la reforma de 2009 se llama “unidad de necesidad”.

Para cumplir con los dos primeros objetivos, se ha cedido a las Autonomías la mitad de lo recaudado por el IRPF, dándole además capacidad normativa, de manera que puedan aumentar o disminuir los tipos, las deducciones, etc.; también se ha cedido la mitad de lo recaudado por el IVA, y el 58% de los impuestos especiales sobre la fabricación de cerveza, bebidas alcohólicas, venta de hidrocarburos y otros. Esto se suma a los impuestos que ya tenían cedidos en su totalidad, como el impuesto del patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, los tributos sobre el juego y las tasas vinculadas a los servicios transferidos, sobre los que también tienen autonomía normativa. Con estas medidas todas las Autonomías han aumentado su capacidad de autofinanciación, aunque todavía Canarias y Extremadura aparecen como las más dependientes de las transferencias del Estado. En el caso de Canarias, éstas llegan al 55,4% de sus ingresos, y en el de Extremadura al 42,3%. Para cumplir el tercer objetivo y garantizar la solidaridad y el equilibrio entre las regiones se han creado cuatro fondos. El más importante es el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, cuyo funcionamiento es relativamente sencillo 

(fig.3) Primero se suman todos los recursos tributarios de cada Comunidad, tanto los impuestos cedidos totalmente (no sujetos a liquidación) como los cedidos parcialmente (y por tanto sujetos a liquidación). Pero el cálculo se hace con los impuestos “normalizados y homogeneizados”, es decir, quitándole las modificaciones que haya podido introducir cada Comunidad en los impuestos que tienen competencias normativas de tal manera que no aparezcan diferencias por el mismo impuesto se pague donde se pague. Sobre esta cantidad, calculamos el 75% (A) y lo ponemos en una cesta común. El Estado, por su parte, añade un 5% más que calcula en función de los ingresos tributarios de ese año. Ahora cogemos la suma total que hay en la cesta y la multiplicamos por el peso relativo de la población ajustada de cada Comunidad. Otro concepto importante este de “población ajustada”, porque se obtiene pensado en las personas, en la cantidad, y en las necesidades que pudieran derivarse de su distribución por edades. Estos indicadores suponen el 97% del cálculo de la población ajustada de cada comunidad. Como es el “peso relativo” de la población ajustada de cada Comunidad lo que entra en el cálculo, el resultado de la multiplicación anterior lo dividimos entre 100; el resultado es la Participación de cada Comunidad en el Fondo (B). Todo esto nos dice, de cada Comunidad, cuánto dinero tiene, o cuánto ha puesto en el fondo (A) y cuánto necesita para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que viven en su territorio (B). La diferencia entre B y A nos dirá cuánto tiene que sacar del fondo, o cuánto debe dejar en él (C). Este dato es la Transferencia del Fondo de Garantía, que será positivo para aquellas comunidades que disponen de menos recursos y por tanto necesitan acudir al Fondo, y será negativo para aquellas Comunidades que generan recursos más que suficientes para cubrir sus necesidades y no necesitan retirar del fondo ninguna cantidad adicional. Si aún así, y por los vaivenes de la economía que influyen en la recaudación tributaria de cada año, los recursos obtenidos están por debajo de las necesidades de financiación, el Estado cubre la diferencia a través del Fondo de Suficiencia Global, que, como se ve, cierra todo el sistema para garantizar que los ciudadanos que soportan la misma carga fiscal, obtengan los mismos servicios vivan donde vivan. ¿No consiste en esto la solidaridad interregional? No sé si algo se me escapa, pero, en principio, no le veo ningún problema al sistema.

Bueno, sí, Cataluña cree que está ejerciendo una solidaridad excesiva, que paga más al  Estado de lo que recibe de él, y que esto la está perjudicando. Por eso tanta insistencia desde 2008 en la publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades con la Administración Central, aunque en realidad sólo está interesada en una. Esta queja hay que abordarla con calma, y por partes. Si empezamos por la solidaridad, confirmamos que, efectivamente, en 2009 Cataluña dejó en el Fondo de Garantía 1.455,2 millones de euros (Madrid dejó 3.180,4), 1.288,4 millones en 2010 (Madrid, 3.008,9), 1.020 millones en 2011 (Madrid, 2.793,5) y 1.046 millones en 2012 (Madrid, 2.980). Si es excesiva o no dependerá del concepto que cada uno tenga de la solidaridad, pero tanto en este caso como en  los demás, el error está en la base, y para entenderlo hay que recordar que el sistema de financiación está pensado y articulado teniendo como centro a las personas con independencia de su lugar de residencia, pero Cataluña, para argumentar la queja traslada el enfoque de las personas a las regiones, y de esa forma poder decir que Cataluña da mucho y recibe poco (fig.4). Recordemos primero lo básico. El Estado recauda impuestos, unos directos y otros indirectos. Los indirectos se recaudan a travésde distintas entidades (instituciones, empresas…) distribuidas por todo el territorio nacional que hacen de intermediarios entre el ciudadano-consumidor, (que paga el impuesto), y el Estado, (que lo recauda). Luego esos impuestos volverán a los ciudadanos (localizados territorialmente) en forma de servicios, ayudas, infraestructuras, etc. Ahora, un extremeño paga al Estado los mismos impuestos que paga el madrileño, el catalán, el andaluz o el gallego, porque, recuérdese, el Estado hace sus cuentas con todos los impuestos normalizados y homogeneizados (otra cosa son los impuestos que cada uno paga a su propia Comunidad). Pero en 2009 en Extremadura había 1.102.410 habitantes, mientras que en Cataluña había 7.475.420 habitantes. Parece lógico que, en principio, el Estado recaude más impuestos en Cataluña que en Extremadura. Si a esto le añadimos el distinto nivel de renta per cápita entre las regiones las diferencias pueden incluso ampliarse. De hecho, la recaudación en Extremadura sólo representa el 0,6% de la recaudación tributaria total, mientras que lo recaudado en Cataluña supera el 20%. ¿Pero significa esto que el catalán paga al Estado más impuestos que el extremeño? No, porque los impuestos tienen que ver con la renta y con el consumo, no con el territorio, de manera que a igualdad de renta, igualdad de carga fiscal.

Por el lado de los gastos, es decir, las inversiones que la Administración Central realiza en Cataluña, las principales quejas se centran en la escasa inversión en infraestructuras. Sin embargo, varios estudios de la propia Generalitat, desmienten tal cosa. Por ejemplo, entre 1991 y 2004 Cataluña absorbía el 19% de las inversiones estatales en ferrocarriles, bastante por encima de Aragón (16,4%), Madrid (14,5%) y Andalucía (12,7%); en puertos, la inversión en Cataluña suponía el 17,7%, porcentaje que sólo era superado por Andalucía (18,5%), y en inversión en carreteras Cataluña ocupaba el cuarto puesto (9,4%), por debajo de Andalucía, Castilla-León y Galicia (La inversió de l’Estat en infraestructures per comunitats autònomes, 2006)”  Otro estudio (La inversió pública de l’Estat a Catalunya, 2010) concluye que Cataluña se sitúa como la Comunidad Autónoma que más inversión ha acumulado entre 2001 y 2009 (fig.5), con un total de 18.195 millones de euros, lo que supone un 17,2% del total. Le siguen Andalucía (13,8%) y Madrid (13,6%). ¿Cuál es el problema entonces?El problema, dicen, es que la participación relativa de las inversiones públicas en Cataluña está por debajo del peso relativo del PIB de Cataluña en el conjunto del PIB de España, mientras que la inversión en otras Comunidades supera su aportación al PIB estatal. Para corregir este desequilibrio, en el Estatuto de Cataluña se introdujo la disposición adicional tercera, que dice justamente eso: “La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años”. El Tribunal Constitucional ya dijo que esta norma no puede en modo alguno obligar al Estado a cumplirla pues extralimita el ámbito territorial de su jurisdicción, y aunque la dejó sin efecto, el anterior gobierno socialista sí acordó con el gobierno de Cataluña destinar partidas adicionales para compensar la diferencia. Andalucía, Aragón y Extremadura introdujeron normas similares en sus estatutos que, por no haber sido recurridas, siguen teóricamente vigentes y son legales. De nuevo tiene razón Cataluña (segunda concesión) cuando reclama la anulación de esas normas por las mismas razones que el Tribunal Constitucional anuló la suya. De todas formas no parece muy razonable la petición de Cataluña, pues lo que en el fondo vuelve a cuestionar es la función redistributiva del Estado, porque, ¿el criterio de igualar la inversión estatal a la aportación al PIB es sólo para Cataluña o habría que aplicarla también en el resto de Comunidades? La aportación de la Rioja en el año 2009 era del 0,7%, la de Extremadura del 1,7%, la de Aragón del 3%...Si reclamamos de vuelta la misma riqueza que aportamos no hay redistribución y no tiene sentido pagar impuestos. Por otro lado, aplicar una norma semejante dejaría totalmente vacío el principio de cohesión interterritorial y las diferencias entre las regiones se perpetuarían, pero ahora amparadas esas diferencias por las propias leyes.

En el asunto de las balanzas fiscales domina también  mucha confusión, y después de meternos en ese laberinto, volvemos a salir por donde entramos. Porque en todas las que se han calculado, sea cual sea el método, el periodo calculado y las cantidades resultantes, las conclusiones son siempre las mismas: “Las CCAA con mayor renta per cápita son las que tienen déficit fiscal y aquellas con menor renta per cápita aportan menos. Es lo que cabe esperar de un sistema fiscal progresivo y de una correcta redistribución de la renta a través del gasto público”. El gobierno publicó las balanzas en 2008 (para el ejercicio de 2005), pero como los resultados no contentaron a la Generalitat, ésta publica desde entonces la suya propia.

Estas balanzas (fig.6) se calculan según dos métodos distintos. Uno es el tipo Carga-Beneficio; su objetivo es medir los efectos redistributivos de las políticas de gasto gubernamentales, y por eso se centran en las personas que pagan los impuestos (carga efectiva), aunque estén delimitados territorialmente, para evaluar en qué medida reciben los beneficios derivados de esos gastos. El otro tipo es el llamado deFlujo monetario. Su objetivo es evaluar los efectos que tienen las actuaciones de la Administración Central sobre los territorios. Por eso tanto los ingresos como los gastos se imputan exclusivamente a las regiones de donde salen los impuestos, las que tienen la obligación de declararlos (carga legal), y a las regiones que reciben los gastos públicos. Por ejemplo, un ciudadano de Oviedo paga el IVA a una empresa domiciliada en Barcelona. Por el primer método el impuesto aparecerá como pagado por Asturias (carga efectiva); por el segundo aparecerá como pagado por Cataluña (carga legal). Ahora imaginemos la construcción en Aragón del tramo de autovía que enlaza Madrid con Barcelona. ¿Quién se beneficia de esta inversión? El primer método intenta ponderar el beneficio para repartir los gastos y, por ejemplo, imputaría la mayor parte del beneficio (50%) a la población de Aragón, pero otra la reparte teniendo en cuenta el efecto desbordamiento que repartiría entre la población de las regiones colindantes (25%), y el resto (25%) a todas las regiones porque cualquier persona puede utilizar esa autovía. Por el segundo método, el del Flujo monetario, imputaría todo el beneficio a Aragón. En el caso de Madrid, por ser capital y sede de los principales organismos de la Administración Central, todos los gastos que tienen que ver con estos organismos se imputan totalmente a Madrid como única beneficiaria. Y aunque es muy discutible que la actividad de la Agencia Estatal de Meteorología, del CIS, o del INE no beneficien en absoluto a Cataluña, sí tiene razón Cataluña (tercera concesión) en que hay una indudable actividad económica que se genera en Madrid debido al efecto sede. Se trata pues, de un residuo del centralismo que habría que corregir, como se hace en otros Estados federales, distribuyendo las instituciones y organismos de la Administración Central por todo el territorio nacional.

Catalunya contra Espanya vista desde fora

Catalunya contra Espanya De LEO WIELAND, MADRID 01/07/2013 • Els separatistes catalans volen alliberar-se per complet del "domini espanyol". L'enfrontament amb el govern central de Madrid està cada vegada més a prop.

El govern conservador del primer ministre Mariano Rajoy s'enfrontarà no només més tard o d'hora amb una decisió sobre si el país pot seguir per finançar o - segons el model grec-irlandesa-Portuguès - necessitar un rescat europeu. A més, Madrid s'enfronta a un enfrontament amb el nou govern regional català sota el primer ministre Artur Mas, que està obert a una ruptura amb Espanya i començarà el 2014 un referèndum sobre la independència de l'estat abans que finalitzi l'any.

Aquest és el major desafiament intern per a la monarquia parlamentària ibèrica des de la transició de la dictadura franquista a la democràcia a mitjans dels anys setanta del segle passat. El 25 de novembre passat Mas, que havia portat a la seva convergència composta partit cristià-burgesa i Unió (CiU) durant dos anys un govern de minoria, ha reconegut que les eleccions anticipades ha perdut.

Ell havia canviat després d'un míting de masses del voltant d'un milió de catalans separatistes al mes de septembre a Barcelona, el seu curs cautelossament a inicis de la cooperació amb el govern central i completament col·locat al mapa de la Independència.

Però en lloc de la majoria absoluta requerida al parlament va deixar als votants del seu grup encongeixen significativament.

No obstant això, CiU segueix sent la força més forta i per tant havia dret a repetir, però el govern. Per ser capaç de romandre en el càrrec a Mas aliat amb el segon "katalanistischen".

Esquerra Republicana (ERC), sota la direcció d'encara més dura dels nacionalistes Oriol Junqueras és una aliança estranya, perquè "els conservadors i Junqueras 'Mas amb  laços nacionalistes rivals tradicionals, van ser i van representar principalment en les polítiques econòmiques posicions contràries estaven acostumats. Però junts tenen la majoria absoluta al parlament, i l'element unificador és la recerca de la independència.

Referèndum "de qualsevol manera" Per tant, les dues parts van fer un pacte, però,  no forma part del govern després la pròpia ERC, es va comprometre a donar suport al govern en minoria de Mas.

El preu era el compromís, dins dels dos anys de la celebració d'un referèndum, i com a mesura de precaució per a una "transició nacional" mai per satisfer tot tipus de preparacions: des de l'autoritat fiscal per a la creació d'un Banc Nacional de català i a altres "estructures d'Estat".
El govern central de Madrid que aquest tipus últims deu anys ja una vegada van experimentar un pla basc "estat lliure" i bloquejat per mitjà d'una votació parlamentària, i el Tribunal Constitucional va advertir als catalans i va assenyalar que la Carta Magna espanyola no hi ha sortida unilateral de l'Estat, preveu i autoritza també un referèndum separat sense el seu consentiment. Però Mas, que va ser presentat just després de Nadal, per segona vegada al seu despatx, encara que va prometre un "diàleg", però va afegir que el referèndum se celebraria "de qualsevol manera".

Mentre que el primer ministre Rajoy va voler tirar oli al foc i Mas va anar a una reunió a Madrid, "sempre que ell ho vol," va oferir, va proposar seu adjunt Soraya Sáenz de Santamaría una paritat legal. Ella va dir que el projecte de referèndum era "il·legal" i que el govern disposi sobre "instruments jurídics adequats" per prevenir-lo. Volia cridar detalls. Però no és l'article 155 de la Constitució, que estableix sancions a la destitució del govern de què es tracti de "violacions greus" d'una regió contra "l'interès general d'Espanya". I, a més, afirmar que podria usar el Codi Penal contra Mas també l'article 404 (violació de la llei) i 410 (desobediència). "Dos vaixells en un curs de col·lisió" Mas, que va assenyalar en el seu discurs inaugural que ara "dos vaixells en un curs de col·lisió" el xoc successiu, va ser impressionat.

Encara que ell vol el més aviat possible per negociar amb Rajoy de forma "constitucional" un referèndum. Però com que és un Madrid No s'anticipa, es prepara el següent pas abans d'una sola pel Parlament català de la Llei per fer Referèndum com un marc legal.

Paral·lelament, el projecte de la independència ha de ser llavors "internacionalitzat". És a dir, els separatistes catalans veure bé tot i rebre aproximadament a Brussel·les, on un estat independent va ser verbalment ja col·locat "fora de la UE i l'euro", per als aliats.

Els socialistes espanyols, la principal força d'oposició al país, per la seva banda, estan tan dividits, no ajuda molt. Tot i que el secretari Pedro Sanchez no té temps per a una "autodeterminació" i és aquí en una línia amb Rajoy.

El partit germà català veu però diferent i ja ha anunciat que el projecte que es Mas 'seria "posar una pedra en el camí", però es va abstenir en els pròxims comicis. Està buscant una manera nacional fora Pedro Sanchez, i ara vol proposar una reforma constitucional amb un nou model per a un Estat federal espanyol i fer-ho segons el model alemany o suís.

Separatistes catalans que tenen drets substancials d'autonomia ja en la composició de les disset comunitats autònomes, aquest tipus però, no sembla atractiva perquè volen alliberar-se per complet del "domini espanyol". Així que la trobada esquerdament esperada és dels "dos vaixells" només és qüestió de temps.

competitividad de los pequeños Estados en el mercado global

 Premio Nobel de Economía en 1992, Gary Stanley Becker, asegura que la independencia de Cataluña del resto de España no supondría un desastre económico para la región española. La globalización y la apertura de los mercados internacionales permite a Estados pequeños mantener un comercio productivo y rentable con el resto del mundo.

Becker asegura en su blog personal que "el movimiento hacia el libre comercio y la globalización vivida durante los últimos 60 años han reducido las ventajas de tener un gran mercado doméstico para vender bienes y servicios".

Para el Nobel, los pequeños Estados pueden vender sus bienes y servicios a otros países casi con tanta facilidad como un país grande puede venderlos en su mercado doméstico: "los pequeños Estados pueden hacerlo bien con pequeños mercados domésticos, adquiriendo ventaja gracias a la globalización de la economía vendiendo sus productos a consumidores y empresas de otros países".

Becker pone el ejemplo de la antigua Checoslovaquia, donde el futuro de su economía parecía muy oscuro cuando en 1993 se produjo la división del país entre la Rapública Checa y Eslovaquia. Algo similar ocurrió con Yugoslavia. Al final se ha visto como la ruptura de estos Estados no ha supuesto, ni mucho menos, un desastre para sus economías.

Además, Becker asegura que en los países pequeños los grupos de interés político tienden a ser más reducidos. "Esto es la consecuencia la homogeneidad que caracteriza a los países pequeños".

Becker concluye su artículo señalando que "el crecimiento de la competitividad de los pequeños Estados en el mercado global es en buena parte gracias al crecimiento del número de países, desde 1950 (100 países) hasta ahora que son casi 200. Y el número de países independientes sigue creciendo".

Merkel y los alemanes no ven con malos ojos la independencia de Catalunya

26.08.2013 13:29

Merkel y los alemanes no ven con malos ojos la independencia de Catalunya

Es sabido que quien realmente manda en Europa es Alemania, de ahí  la importancia del informe elaborado por el  Stiftung Wissenschaft und Politik (Instituto de Política Internacional) y titulado “Katalonien auf dem Weg in die Unabhängigkeit?” (¿Camina Cataluña hacia la independencia?).

    El estudio parte del momento en que el Presidente de la Generalitat catalana envía una carta al Presidente del Gobierno español solicitando negociar la celebración de un referéndum de autodeterminación. En el informe se reconoce que Madrid ha cerrado la puerta a cualquier mejora de la financiación o al aumento de las competencias de Catalunya y considera que la negativa constante del gobierno español a las demandas de Catalunya no hace más que aumentar el número de partidarios de la independencia en Catalunya. El informe afirma que la secesión de Catalunya no la dejaría fuera de la Comunidad Europea.

     Alemania lo tiene claro, una Catalunya independiente seguiría dentro de la UE y habría que negociar la presencia política del nuevo estado en los órganos comunitarios. Según el informe, la Unión Europea debería seguir el modelo de Chipre, pero al revés. Esto significa que tras la declaració de independencia, momentáneamente no formaría parte de la Unión, pero el Community acquis, el conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos europeos, actualmente en vigor, se continuaría aplicando a Catalunya, con lo cual los ciudadanos catalanes mantendrían la ciudadanía europea. Europa, y menos que nadie Alemania, no desea perder un contribuyente neto. Las propias empresas españolas exigirían un acuerdo rápido con Cataluña ya que buena parte de los productos fabricados en España pasan por Cataluña en su camino hacia la UE. El gobierno español, una vez independizada Catalunya, también se apresuraría a negociar la adhesión política del nuevo estado pues sería la única manera de que Catalunya asumiera una parte de la deuda española.

    El documento es concluyente, o España hace una oferta muy clara de una mejor financiación y de un encaje federal de Catalunya o el proceso será irreversible con una amplia mayoría de catalanes inclinándose definitivamente por la independencia.

Cataluña se independiza

Si Cataluña se independiza, explica Sala i Martín, el PIB español perderá el 20% correspondiente a Cataluña.

 "Si España se niega a negociar con Cataluña, Cataluña no se va a quedar la parte proporcional de la deuda que le corresponde por lo que la deuda española como fracción del PIB será pronto superior al 120% del PIB: una de las deudas más grandes del mundo y creciendo exponencialmente por culpa de un déficit que no puede reducir y un PIB que no empieza a crecer", concluye.

 En su opinión, estas dos imágenes-razones demuestran que si los ciudadanos de Cataluña quieren libremente salir de España, "lo harán porqué tendrán la ayuda de España, por más que griten los unionistas ahora. Y tendrán la ayuda de España no porqué España tenga estima por Cataluña. Lo harán porqué España tiene estima por España", sentencia.

existían civilizaciones antes del Big Bang?

El mapa del pasado superlejano: encuentre donde existían civilizaciones antes del Big Bang

Los astrónomos Roger Penrose y Vaha Gurzadián estudian la radiación de fondo de microondas para averiguar donde vivían las sociedades avanzadas que aparecieron antes que nuestro universo.

El profesor de la Universidad de Oxford (Reino Unido) Roger Penrose y el astrónomo Vaha Gurzadián, del Laboratorio Científico Artiom Alijanián de Ereván (Armenia), han publicado un mapa de los lugares donde podrían haber existido supercivilizaciones anteriores al Big Bang, informa el portal ruso Lenta.

En su trabajo los científicos examinan las anomalías de un mapa de la radiación de fondo de microondas, a las que interpretan como indicios de la existencia de sociedades tecnológicamente avanzadas de una época anterior a la aparición de nuestro universo.

Las zonas de la posible existencia de estas supercivilizaciones están marcadas con puntos rojos. 

  

De acuerdo con la teoría de la cosmología cíclica, propuesta por Roger Penrose, la historia del universo es mucho más antigua de lo que creía la ciencia hasta el momento y consiste en una cadena de épocas. Primero un gigantesco agujero negro se traga el universo para almacenar energía, y posteriormente se produce un Big Bang que sirve de límite entre la época anterior y la nueva. 

Según los expertos, el descubrimiento de las ondas de radiación gravitaciones certifica la existencia en el pasado lejano de agujeros negros supermasivos que consumían el universo y luego explotaban para que naciera un nuevo sistema de galaxias.

Ruptura democràtica?

Sortu apuesta por la "ruptura democrática" con el Estado y por "readecuar la estrategia" de la IA al momento actual
La formación abertzale lleva a cabo una marcha hasta la prisión de Martutene para pedir el fin de la dispersión


   SAN SEBASTIÁN, 27 Dic. (EUROPA PRESS)
   Sortu ha subrayado que "el futuro de nuestro pueblo pasa por la ruptura democrática" con el Estado español y ha insistido en que "ese es el reto", al tiempo que ha apostado por "readecuar la estrategia de la izquierda abertzale, el proceso de liberación nacional y social, a la situación y momento político actual".
   La formación abertzale ha llevado a cabo este domingo una marcha hasta la prisión de Martutene en San Sebastián bajo el lema 'Askatasun bidean, Euskal preso politikoak etxera'. Las columnas han partido desde los juzgados de Atotxa y desde Zinkoenea en Hernani y se han unido junto a la prisión donostiarra.
   Allí ha tenido lugar un acto, con la presencia de dirigentes de la izquierda abertzale como Joseba Permach, Rufi Etxeberrria o Marian Beitialarrangoitia entre otros, donde la portavoz de Sortu, Amaia Izko, ha tomado la palabra.
   En su intervención, Izko ha recordado que tanto esta marcha como la movilización del primer fin de semana en Bilbao por los derechos de los presos se realizan cada año y ha destacado la "paradoja" de que en el centro penitenciario de Martutene no haya ningún recluso vasco por la política de dispersión "que tiene a todo el colectivo en cárceles de los estados español y francés".
   En ese sentido, ha reiterado su reivindicación de que se termine con la política de dispersión, algo que ha calificado como "la primera estación" de la solución a la cuestión de los presos, y de que se libere a "todos los encarcelados por razones políticas".
   Por ello, la dirigente abertzale ha llamado a unir fuerzas porque, según ha resaltado, "hoy, y más tras las elecciones del pasado domingo, la izquierda abertzale tiene absolutamente claro que no existe margen para la democracia, ni para la verdadera paz, ni para el reconocimiento ni ejercicio de los derechos que como pueblo nos corresponden en el marco del Estado español".
"READECUAR LA ESTRATEGIA"
   "A día de hoy, podemos decir alto y claro que el futuro de nuestro pueblo pasa por la ruptura democrática con el Estado español. Ese es el reto y para ello debemos readecuar la estrategia, el proceso de liberación nacional y social a la situación y momento político actual", ha subrayado.
   Izko ha asegurado que la izquierda abertzale "ha demostrado a lo largo de su historia capacidad para ello" y se ha mostrado convencida de que "ahora debemos hacer lo mismo". Por ello, "con la mirada puesta en el futuro y respondiendo con determinación al reto que tenemos delante, es decir, abrir de par en par las puertas al Estado vasco", ha recordado que la izquierda abertzale ha puesto en marcha el proceso 'Abian', "un proceso de reflexión y debate para una redefinición y renovación estratégica de largo alcance y en el que la participación de todas es imprescindible".
   A su juicio, "se debe dejar de estar mirando a Madrid y París, porque la clave está en Euskal Herria". De este modo, ha instado a "abrir las puertas del ciclo de la independencia y del socialismo con el impulso de todos" y a tener "como prioridad" el "traer e cada a todos los presos y huidos a casa". "Tenemos retos muy grandes por delante", ha manifestado, al tiempo que ha llamado a participar en las manifestaciones de Bilbao y Baiona del 9 de enero.
   En el acto también se ha escuchado el mensaje grabado de la presa Maite Aranalde, en su nombre y en el de Izaskun Lesaka, desde la prisión de Vivonne, en el que ha reconocido que "no son tiempos dulces para la izquierda abertzale" tras los últimos resultados electorales, pero ha resaltado que ésta hará frente a la situación y seguirá adelante ya que "este es un pueblo vivo", al tiempo que ha mostrado su disposición a tomar parte "con ilusión" en el proceso 'Abian' y llamado a "unir fuerzas".

El club de los macabros: la necesidad de ruptura con la Unión Europea

Para el autor, después de lo acontecido en Grecia, el camino hacia unos Estados Unidos de Europa sociales y democráticos pasa por el Brexit (la salida británica) y el derrocamiento de la tiranía postdemocrática que representa la Unión Europea.
El ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, con el entonces ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis. Schäuble dijo a los griegos que “las elecciones no cambian nada”.
Hay votantes progresistas de mentalidad internacionalista que consideran que, a pesar de sus defectos, la Unión Europea es una fuerza para el bien. Sin embargo, después de la debacle griega, la idea de la salida británica de la Unión Europea –conocida también como Brexit– está en primera línea de la agenda y no habrá manera de convencer a estos votantes de que permanezcan en este club de macabros.
O así parecía. Algunos comentaristas destacados de la izquierda como George Monbiot y Owen Jones han dicho que el trato dado a Grecia y la imposición de un 'nuevo Tratado de Versalles' –que es como el célebre motorista y exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, describe el tercer rescate– pueden ser la gota que colme el vaso. Pero otras personas como la parlamentaria del Partido Verde, Caroline Lucas, se han dado prisa para combatir este euroescepticismo de izquierdas, alegando que el problema reside en los Gobiernos nacionales que forman la Unión Europea y que si los votantes eligieran a partidos más progresistas, la situación sería distinta, o que hay diferencia entre la infame eurozona que ata las economías periféricas de Europa al potro de tortura y la encomiable Unión Europea que tiene fuertes reglamentaciones ambientales y protege los derechos humanos.
"Es fácil responsabilizar a la Unión Europea cuando la economía de libre mercado pisotea los Estados de bienestar de nuestro continente, pero son los Gobiernos como el nuestro los que han permitido que la Unión Europea sea sinónimo de más liberalización, desregulación y privatización", escribe Lucas en The Guardian. "La izquierda perdió las últimas elecciones en Gran Bretaña, entregando a los Tories un asiento en la mesa presidencial de Europa. Quizá deberíamos reflexionar sobre nuestras propias deficiencias con el fin de inspirar esperanza y unidad en vez de atacar a la Unión Europea".
Estructuras que ni se eligen ni son democráticas
Este parece ser el argumento de los partidos de centroizquierda antes del referéndum: la Unión Europea es el reflejo de las políticas nacionales; el problema es la eurozona. Pero las cosas son al revés. Los problemas de la eurozona son el resultado de una subyacente estructura no democrática. Una moneda única en una Europa auténticamente democrática que transfiere dinero de las regiones ricas a las pobres no causaría desequilibrios fiscales. Centrarse sólo en la eurozona confunde el síntoma con la causa.
Las estructuras postdemocráticas que gobiernan la eurozona son las mismas que prevalecen en toda la Unión Europea. La Comisión Europea no se elige. Los miembros del Consejo de Ministros y su encarnación al máximo nivel, el Consejo Europeo, sólo se eligen indirectamente y las leyes son elaboradas en secreto en el transcurso de sesiones en las que no se permite la entrada ni a la prensa ni al público. Los legisladores habituales del Consejo no son ni siquiera ministros nacionales, sino diplomáticos trileros del Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y de las docenas de subcomités y grupos de trabajo que deliberan, también en secreto, fuera del escrutinio de los electores.
Los comités parlamentarios de otras tierras funcionan habitualmente a la luz pública, con la rara excepción de aquellos organismos que supervisan los diversos departamentos dedicados al espionaje, a la vigilancia y a la estrategia en caso de guerra. En otras palabras, el hecho de gobernar de manera encubierta que se ha reservado históricamente para la supervisión de espías, asesinos, adquisición de armas, bioseguridad y tratados con Estados enemigos es ahora la norma cotidiana cuando se elaboran las leyes que tienen que ver con las subvenciones agrícolas, la regulación de la industria y las finanzas y, sobre todo, los mercados laborales y los programas sociales.
El presidente del Consejo Europeo –llamado a menudo el presidente europeo– tampoco se elige; se le escoge más bien, cual papa secular, tras puertas cerradas después de horas de tira y afloja entre jefes de Estado y Gobierno. La única institución elegida directamente de la fábrica de salchichas legislativa que es la Unión Europea –el Parlamento Europeo– no tiene derecho de iniciativa legislativa; es decir, no puede proponer ni aprobar leyes. Sólo puede enmendar lo que la Comisión y el Consejo le envíen para su conformidad. Estos poderes son importantes y los grupos de presión corporativos y de las ONG sienten tanta atracción por los escaños mellizos de Bruselas y Estrasburgo como por el Congreso estadounidense en Washington, pero al estar castrado de esta manera, el Parlamento no se parece a ningún otro parlamento del mundo democrático. Los parlamentarios europeos no son representantes de un pueblo europeo soberano, sino los recogepedos de los altos funcionarios de la tecnocracia de la Unión Europea.
Si los votantes discrepan de las políticas de este ‘Gobierno’ europeo, no hay manera de revocarlo, ninguna elección general para ‘botar a los bastardos’. Pero si el Gobierno europeo no está de acuerdo con las preferencias de los votantes, acosan de forma sistemática a los líderes nacionales para que anulen los resultados de las elecciones, los referendos o los plebiscitos que no le plazcan. A los votantes irlandeses se les dijo que tenían que votar de nuevo después de rechazar los Tratados de Niza y Lisboa. El propio Tratado de Lisboa es la Constitución Europea con otro nombre, después de que los votantes franceses y holandeses la rechazaran en 2005.
"Las elecciones no cambian nada"
De la misma manera, la campaña para sacar la política fiscal –de hecho cualquier política– de la esfera de un auténtico debate parlamentario y colocarla en manos de los supuestos 'expertos' económicos, burócratas, diplomáticos y jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es común a todas las estructuras de la Unión Europea, no sólo a la eurozona. Los 28 Estados miembros –no sólo de la eurozona– están sujetos al pacto de estabilidad y crecimiento neoliberal. Y desde la crisis de la eurozona, toda la Unión Europea –no sólo los Estados acogidos a la moneda única– ha buscado y conseguido una mayor integración en la política fiscal.
Bajo el sistema del Semestre Europeo en el que la Unión Europea revisa las políticas fiscales nacionales, todos los Estados miembros deben someter sus planes económicos a Bruselas, no sólo los Estados de la eurozona. Hay reglas ligeramente distintas para los países que no utilizan el euro, pero éstas son más bien cosméticas. Asimismo, el endurecimiento de las reglas económicas que se impuso al amparo del pacto fiscal en 2012 –con una supervisión y multas más estrictas– se aplica a todos los Estados que no utilizan el euro, salvo a tres. La eurozona goza también de otras dos muestras de corrupción antidemocrática: los lores monetarios no elegidos del Banco Central Europeo y el Eurogrupo, un organismo que no tiene estatus jurídico, pero que se encuentra entre las entidades más poderosas del sistema europeo.
La verdad es que no deberíamos hablar de la Unión Europea y la eurozona como entidades distintas, sino solapadas; es decir, de una Unión Europea con una integración fiscal y monetaria extrademocrática. Hay cuatro categorías distintas del pacto fiscal europeo: los miembros de la eurozona, los que no son miembros de la eurozona, los que tampoco lo son pero están sujetos a las disposiciones fiscales pero no a las de coordinación económica y los que no son miembros de la eurozona ni están sujetos a las disposiciones fiscales y de coordinación económica. Los tres miembros que se encuentran fuera del pacto se unirán en algún momento futuro y se les presiona para que lo hagan cuanto antes.
No se trata sólo de malas políticas que se podrían cambiar en el futuro; son tratados e instrumentos con carácter de tratado que transforman las mismas estructuras del Estado europeo, de tal manera que el neoliberalismo sólo puede intensificarse. Esto se debe a que los contratos entre Estados están por encima de la democracia bajo el principio jurídico Pacta sunt servanda; es decir, hay que cumplir los acuerdos. “Cada nuevo Gobierno debe cumplir los acuerdos contractuales de sus predecesores”, como dijo el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, después de la victoria electoral de Syriza en enero. "Las elecciones no cambian nada". El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo al mismo tiempo "no cabe elección democrática en contra de los tratados europeos".
En otros lugares se señala al Consejo de Ministros o al Consejo Europeo como supuesta prueba de mandato democrático porque al menos los ministros, primeros ministros o presidentes se eligen en sus propios países. De hecho, no faltan los apologistas que perdonan a personajes como Angela Merkel y Wolfgang Schäuble bajo el argumento de que la democracia griega no puede quedar por encima de la democracia alemana. Pero el problema es precisamente el Consejo. Funciona como una cámara legislativa, parecido a un senado, pero no hay elecciones a este organismo. Es como si pudieras votar a tu diputado local, pero no se celebraran nunca elecciones generales.
¿Pero por qué representa esto un problema tan grande y por qué tiene consecuencias tan poco democráticas? Las elecciones generales –no locales o parciales para cubrir una vacante– son el requisito imprescindible de una democracia, por dos razones. En primer lugar porque los votantes necesitan con regularidad la oportunidad de 'derrocar' a sus gobernantes, no sólo a su representante local. En unas elecciones generales, si el candidato local ganador no es miembro del partido o coalición de partidos que gana en todo el país, los votantes locales podrán quejarse, pero aceptan la voluntad mayoritaria y tendrán que convencer a sus conciudadanos en los siguientes cinco años de que no tenían razón. Esto no es posible en la Unión Europea. En cambio, a los elegidos no les queda más remedio que adaptarse al consenso preestablecido.
En segundo lugar, los partidos que pretenden gobernar necesitan albergar cierto interés por apelar a todo el país o en este caso, a toda la Unión. Esto contrasta con los candidatos en los Estados Unidos donde los dos partidos apelan a los votantes de todos los Estados. Es decir, los mandatarios alemanes del Consejo no apelan a los votantes griegos. No les importa a los políticos alemanes lo que ocurre en Grecia porque los griegos no les votan.
Legitimidad secundaria
Estos fenómenos son las dos caras de la misma moneda: la rendición de cuentas, que es la base de un Gobierno representativo. La rendición de cuentas no es un 'asunto burgués', ni el objeto de fascinación de constitucionalistas liberales y de escaso interés para progresistas o radicales. A medida que las estructuras de gobernanza se van liberando gradualmente de las restricciones democráticas, son más vulnerables a la captación por parte de las élites. Sin los controles populares sobre el poder, los ciudadanos empiezan a sentir que no hay forma de cambiar a quien los gobierna que no sea mediante la revolución. Y no les falta razón.
Incluso Pascal Lamy, exjefe de la Organización Mundial del Comercio y excomisario europeo de Comercio, reconoce este problema, no sólo en la Unión Europea, sino en todas las estructuras de gobernanza transnacionales que han surgido en las últimas décadas. Observa una diferencia entre la legitimidad democrática primaria de las elecciones legislativas y la ‘legitimidad secundaria’ de estos nuevos organismos. "La legitimidad de las organizaciones internacionales sigue siendo intrínsecamente westfaliana. Se basa en la democracia del Estado y sólo prevé lo que llamo 'legitimidad secundaria' en oposición a la 'legitimidad primaria' conferida a la participación directa de los ciudadanos. El reto específico de legitimidad en la gobernanza global trata de la toma de decisiones a nivel internacional, percibida como distante, sin rendición de cuentas e incuestionable directamente".
Junto con la concepción de Lamy de la legitimidad secundaria, podemos añadir la del sociólogo polaco Zygmunt Bauman de una 'crisis de voluntad' en las relaciones internacionales para describir el actual callejón sin salida: "El matrimonio entre el poder y la política que se firmó en Westfalia ha quedado sin efecto. Mientras la política (la capacidad de decidir qué cosas deberían hacerse) se limita al Estado nación, el poder (la capacidad de que se hagan las cosas) se ha trasladado al ámbito supranacional. La consecuencia es una crisis de voluntad: los Estados están enredados internacionalmente y pierden su soberanía, mientras los mercados globales no se dejan ni aconsejar ni supervisar. Reducir la brecha entre el ámbito de la interdependencia y el alcance de las instituciones llamadas a servirla es el mayor desafío de nuestros tiemposf".
Este tipo de estructuras internacionales de gobernanza postdemocráticas proliferan hoy como malas hierbas en casi todos los campos de la política: desde el FMI, el Consejo de Seguridad de la ONU y el G7 a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad, los servicios del ecosistema e incluso la comisión ballenera internacional. Vivimos la construcción de una arquitectura de gobernanza global –sin duda necesaria teniendo en cuenta los problemas globales a los que nos enfrentamos– pero exenta de una democracia global.
Pero la Unión Europea es el organismo más desarrollado de todos los que padecen la legitimidad secundaria y por tanto merece mayor escrutinio. Y como hemos visto, la Unión Europea y no sólo la eurozona es una afrenta a las normas parlamentarias democráticas que la izquierda ha luchado por conseguir, defender y mejorar desde hace más de dos siglos. Sus estructuras no son reformables; de hecho, se vacunan contra las reformas progresistas.
Un enemigo común
La ruptura es por lo tanto necesaria. En el caso de Grecia, se llama Grexit y en el del Reino Unido, Brexit.
Sin embargo, las personas progresistas están algo confusas. En tiempos de crecimiento, los Gobiernos socialdemócratas distribuyen los despojos con más justicia que la derecha. En tiempos de crisis o estancamiento, es el dolor lo que distribuyen más justamente. Los partidos socialdemócratas nunca preguntan por qué hay crisis o estancamiento, ya que esto requeriría una crítica sistémica y extranacional, una crítica considerada inaceptable desde hace 25 años. Pero al mismo tiempo comprenden que no pueden cumplir su promesa histórica.
En una economía globalizada, la socialdemocracia de los años cuarenta a setenta ya no es posible, incluso en las grandes economías. La fuga de capitales y el sabotaje económico domarán rápidamente a un Gobierno de izquierdas. Sabemos esto desde principios de los años ochenta y la derrota del Programa Común de Mitterand, el último aliento del auténtico keynesianismo de la posguerra; es decir, una balsa de grandes obras públicas, un aumento importante de los gastos sociales, nacionalizaciones industriales y de la banca, reducción de la jornada laboral, ampliación de las vacaciones pagadas, jubilación a los 60 años y un impuesto solidario sobre el patrimonio. En las grandes economías como los Estados Unidos, China o Europa, un programa socialdemócrata tradicional podría todavía ser viable, capaz de resistir las hondas y flechas de los mercados globales, pero no lo sabemos con seguridad.
Grecia es la prueba de que en una economía globalizada, incluso los Gobiernos a la izquierda de la socialdemocracia como Syriza, deben capitular. Esta barrera infranqueable existe también para la izquierda extraparlamentaria; la acción comunitaria solidaria es necesaria, pero la práctica de la calle tiene claras limitaciones, por ejemplo, cuando no se puede comprar medicinas fabricadas en otro lugar. Para Grecia, imaginar que fuera de la eurozona los mercados podrían ser más amistosos que las estructuras de la Unión Europea es una quimera. La catástrofe está asegurada, sea dentro o fuera del euro o de la Unión Europea. El exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, tenía toda la razón cuando avisaba de los peligros de Grexit, aun reconociendo que hasta cierto punto puede ser la única opción que queda.
¿Cómo, entonces, son reconciliables estos dos hechos: que la política nacional sea impotente y la necesaria ruptura con la irreformable Unión Europea? La respuesta es que la política nacional ya no es útil, incluso bajo la forma de un Syriza o sus homólogos en otras partes de Europa y que en el medio plazo los partidos europeos a la izquierda de la socialdemocracia tanto dentro como fuera de la Unión Europea deben fundirse en un único partido extranacional con un programa común: los Estados Unidos de Europa sociales y democráticos, reconstruidos de nuevo y desde abajo.
No existe foro parlamentario que pueda conseguir esto. El Parlamento Europeo, como hemos comentado, no tiene poderes de iniciativa legislativa. La falta de elecciones generales al Consejo descarta a este organismo como espacio de reforma. Sólo se conseguirá mediante una decisiva victoria paneuropea de las fuerzas sociales.
Y es aquí donde reside la esperanza en medio de la desesperación por la capitulación de Syriza: en las últimas semanas hemos visto la proliferación paneuropea de acciones de base comunitaria en solidaridad con la Grecia acosada y apaleada, incluso en Alemania. Han tenido lugar concentraciones, protestas y acciones directas populares de base en todo el continente, incluyendo la descarada proyección nocturna de la palabra 'No', Oxi, en el lateral del ministerio de finanzas alemán.
Éste es el germen de una nueva Europa. Somos testigos de la emergencia de una verdadera demos europea en el que millones de ciudadanos de la Unión Europea reconocen que tienen un enemigo común: las élites financieras y políticas de la Unión Europea. Si tales acciones pudieran avanzar desde las manifestaciones y protestas a acciones industriales transfronterizas en sectores clave y en nódulos críticos de la producción europea, puertos de energía y distribución, refinerías y aeropuertos, entonces quizás podamos empezar a imponer nuestra voluntad sobre las personas que actualmente nos obligan a someternos con tanta facilidad.
No hay otra alternativa que crear una izquierda internacional.