Soraya Sáenz de Santamaría se ha zambullido en el intento de encauzar la relación entre Cataluña y el Estado. Su plan de acercamiento, como ella misma explica, es «a medio y largo plazo» y pasa por «estar continuamente presente, hacerse imprescindible, confundirse con el ambiente». Ésa es su estrategia. Desde que asumió la cartera de Administraciones Territoriales, ha viajado en tres ocasiones a Barcelona. Ayer fue la última, para reunirse con los líderes de Ciudadanos y PSC, Inés Arrimadas y Miquel Iceta.
En Moncloa aseguran percibir ahora, tras la formación del nuevo Ejecutivo, señales que propician un marco más favorable para el entendimiento. Son indicios que trascienden, explican, los reproches en público por la acción judicial contra los miembros del Gobierno de Artur Mas que organizaron la consulta del 9-N y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que dio vía libre a las resoluciones independentistas en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Santamaría incluso apunta haber constatado diferencias positivas entre su primer cara a cara con Francesc Homs en el pleno del Congreso, el pasado 29 de noviembre, cuando el portavoz catalán la interpeló a cuenta de las 46 peticiones que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy el pasado mes de abril, y el cruce que ambos mantuvieron durante la comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional, el 1 de diciembre, para explicar los objetivos y planes de la nueva legislatura en el marco de sus competencias.
En esta ocasión, Homs prescindió de los eslóganes soberanistas y prefirió centrarse exclusivamente en el reparto del déficit, en su opinión injusto, que el Gobierno dispone para las comunidades autónomas. «Ni Estado descentralizado ni puñetas; ustedes reparten y se quedan con la mayor parte», fue el principal reproche del portavoz del PDCat (antigua Convergència) y punta de lanza de la Generalitat en el Congreso.
Más aún, lo que pidió Homs fue: «Un diálogo constructivo, sereno y de verdad» y que «se cumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria» lo que permitiría a las administraciones autonómicas disponer del doble de déficit.
En definitiva, un discurso perfectamente enmarcable en el sistema y homologable al que se suscribirían muchas otras comunidades, incluidas las del PP. En Moncloa quedaron gratamente sorprendidos ante esta actitud.
El Gobierno se muestra, en consecuencia, razonablemente satisfecho. En Moncloa ya no se ve «sentimiento revolucionario en Cataluña». Creen que la efervescencia independentista ha bajado perceptiblemente. Y las razones que encuentran para este descenso de la fiebre secesionista son tres: la cuenta atrás para la fecha mito de septiembre de 2017 corre y al mismo tiempo crece el convencimiento de que «hagan lo que hagan no tendrá efectos prácticos»; intentaban un reconocimiento internacional que finalmente no se ha producido y, además, pretendían «desbordar institucionalmente» al Gobierno, hastiarlo para que diera su brazo a torcer, y «no han tenido éxito».
«Ahora están un tanto colapsados», reflexiona un miembro del Ejecutivo, «porque, en buena medida, tras la formación del nuevo Gobierno, han perdido al enemigo».
Mariano Rajoy, ahora en minoría y con una actitud de diálogo y consenso, «tiende la mano» y en la Generalitat «están obligados a cogerla», explican desde el Gobierno.
Los catalanes «no entenderían una negativa de su Ejecutivo a sentarse con Santamaría, Montoro o De la Serna para negociar y dar respuesta a los problemas que les afectan a diario».
De ahí, el mensaje que ahora se lanza desde Madrid respecto a las 46 demandas que Puigdemont remitió a Rajoy: 45 pueden discutirse y, en su caso, solucionarse, y sólo una -la celebración de un referéndum de autodeterminación- se tacha como imposible.
Santamaría tiene pendiente un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras que hasta el momento no ha podido celebrarse porque ella estaba centrada, junto con Montoro, en las negociaciones que han desembocado en el acuerdo sobre los objetivos de déficit y el techo de gasto y él en la elaboración del Presupuesto catalán. No hay fecha cerrada para la reunión pero será inminente.
Ayer, la vicepresidenta mantuvo un primer contacto con el líder del PSC, Miquel Iceta y con la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. El primero aseguró haber apreciado un «cambio de actitud» del Ejecutivo central hacia Cataluña que ve positivo. Iceta espera ahora que se traduzca en propuestas concretas.
La número dos del Gobierno teje ya los hilos de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en enero y que debería abrir la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Santamaría espera que el presidente Carles Puigdemont reconsidere su postura inicial de no acudir a la convocatoria.
LA MACABRA TRAMPA DE LA ÉLITE QUE PODRÍA ACABAR CON DONALD TRUMP Y DINAMITAR LA PAZ SOCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS
Los 4 Presidentes de EEUU que intentaron devolver a la nación su capacidad de imprimir dinero... fueron asesinados... será Trump el siguiente?
Recientemente se ha filtrado a los medios una extraña posibilidad que podría dar al traste con la decisión mayoritaria del pueblo norteamericano de respaldar a Donald Trump como presidente.
Los detractores de Donald Trump exigen a los miembros del colegio electoral que se reunirán el próximo 19 de diciembre que declaren a Trump como "no apto" para el cargo, algo para lo que ya se ha realizado la consabida recogida de firmas en Change.org:
En este punto hay que realizar una aclaración sobre el complejo sistema electoral estadounidense.
En primer lugar, los ciudadanos estadounidenses cuando votan a su candidato realmente están votando al partido que nombrará a los electores de su Estado.
Cada Estado tiene un número determinado de compromisarios (electores), y el candidato, ya sea Trump o Hillary Clinton, que reciba más respaldo de los ciudadanos de ese estado se lleva todos los electores de dicho Estado.
Por ejemplo, si Hillary Clinton gana en California, será el Partido Demócrata quien disponga del número de electores que elegirán al presidente de E.E.U.U. en representación del estado de California.
Por eso es tan importante la reunión de todos los electores del país el próximo 19 de diciembre, ya que son ellos, representando a los estados, los que elegirán directamente al futuro presidente.
Tras el voto popular, 223 electores representarán al Partido Demócrata, y 306 al Partido Republicano.
Con lo que lo lógico es que se elija a Trump como presidente, a no ser que ... el candidato fuera proclamado incapaz o muriera, posibilidad apuntada por analistas como Paul Craig Roberts.
¿Qué sucedería si se diera una de esas dos circunstancias?
Respecto a la segunda, la ley electoral estadounidense estipula que en caso de fallecimiento o incapacidad del presidente electo hay ciertos estados en que los electores no pueden votar por un candidato alternativo y otros estados, concretamente 21 donde los electores no están obligados a votar por el candidato de su partido.
¿Entendéis la jugada?.
La siguiente pregunta es, ¿ha sucedido esto alguna vez en la historia de los Estados Unidos? ¿Ha muerto uno de los ganadores de los comicios a la presidencia antes de la elección definitiva en el colegio electoral?
La respuesta es que no, pero sí se ha dado la muerte de uno de los candidatos a la elección antes del pronunciamiento solemne del colegio electoral.
Horace Greeley
Remontémonos al año 1872, cuando el republicano Horace Greeley rompe con su propio partido y crea una escisión llamada "Partido Republicano Liberal", que se enfrentará en las elecciones de 1872 al candidato "oficialista" del Partido Republicano, el entonces presidente de E.E.U.U. Ulysses Simpson Grant.
Ante el auge popular de Greeley, que acusa a Grant de corrupto y de ser un vasallo de los magnates del ferrocarril, el partido demócrata opta ese año por no presentar candidato y dar su apoyo al nuevo Partido Republicano Liberal de Greeley.
Pero la élite no iba a permitir ninguna "nota discordante" en su bien afinada orquesta del bipartidismo.
La esposa de Greeley murió en extrañas circunstancias unos días antes de las elecciones tras regresar de un viaje por Europa.
Greeley entra en una profunda depresión en los días siguientes que le lleva al hundimiento de su campaña y a perder la elección ante Grant, obteniendo únicamente el respaldo de Georgia, Kentucky, Maryland, Missouri, Tennessee y Texas.
Sus problemas depresivos se agravan ante la derrota y semanas después, el 29 de noviembre, muere en Nueva York, tan solo unos dias antes de la reunión de los miembros del Colegio Electoral que nombrará al Presidente.
¿Que pasó con los 66 electores conseguidos por el derrotado y efímero partido de Greeley?
Pues que repartieron sus votos entre cuatro candidatos a presidente y hasta a ocho candidatos a vicepresidente.
El propio Greeley recibió tres votos póstumos que fueron rechazados por la ley electoral, que impide votar a un fallecido.
Es obvio que esta premisa hace que la forma más expeditiva de cambiar el resultado de las elecciones sea el asesinato del candidato mayoritario.
El bloqueo de los votos de aquellos estados que no pueden apoyar a un candidato alternativo, y la posibilidad de cambio de voto de aquellos que no estarían obligados a respaldar al partido ganador podría dar la vuelta al resultado expresado en las urnas y otorgar la presidencia al candidato (en este caso, candidata) que comparece con menor número de electores.
Hoax ... de momento
Hillary Clinton necesita que solo 38 electores designados por el Partido Republicano la respalden en esta circunstancia (o en caso de que Trump sea declarado incapaz).
Si bien no hay -por ahora- campaña de Change.org para solicitar el asesinato del presidente electo, no está de más recordar que cuatro presidentes de E.E.U.U., Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John Fidgerald Kennedy, fueron asesinados durante su mandato, y otros nueve han sufrido atentados contra su vida.
Y que la nota común en la política de los cuatro asesinados fue su intento por devolver a la nación la capacidad de imprimir su propio dinero en vez de dejarla en manos de la Reserva Federal (un consorcio de bancos privados que es quien dicta la política monetaria de Washington), una medida que también Trump ha defendido en su programa electoral.
Sin ponernos en la hipótesis del magnicidio, ¿qué sucedería si incapacitan a Trump para presentarse ante los electores como presidente en la votación decisiva del 19 de diciembre?
¿Ha preparado la élite una encerrona a Trump como pretexto para provocar un gran estallido social en E.E.U.U.?
Aunque todavía albergan a una parte relativamente baja de la población carcelaria de Estados Unidos, las prisiones privadas han servido el debate sobre quién ha de gestionar y cómo la política penitenciaria.
Ser custodiado por una empresa en vez de por el Estado es solo la punta del iceberg de una cuestión política y social cuyas raíces están bien profundas en la identidad estadounidense.
A finales del siglo XVIII, el filósofo Jeremy Bentham no dudó en entrar al debate que se estaba produciendo en la Política británica sobre la condición de los presos.
No era una discusión muy diferente a las que se han ido produciendo en tiempos recientes; todo giraba en torno a si los penados eran individuos incapaces de vivir en sociedad y había que sacarlos de la circulación encarcelándolos o, por el contrario, si los reos debían tener una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad una vez hubiesen cumplido su condena.
Sin embargo, la cuestión no era exclusivamente humanista.
El componente económico, cómo no, era fundamental, especialmente para el Estado británico, que veía masificarse las prisiones —con todos los problemas asociados que conlleva— y cómo los gastos empezaban a ser cuantiosos para, a ojos de muchos, mantener a personas que no aportaban a la sociedad.
En este punto, Bentham, padre del utilitarismo, planteó un nuevo modelo carcelario dispuesto a solucionar todos los problemas del sistema penal británico: el panóptico. Arquitectónicamente hablando, el panóptico era una cárcel en la que, desde una torre central, se podía ver las celdas en cualquier dirección y nivel.
Esto, en principio, parece lógico. Sin embargo, la idea del británico iría más allá. La idea de la torre central era no solo tener una visión completa de la prisión, sino que los reos no pudiesen ver a los guardianes de su interior.
Semejante cuestión no era menor, ya que en los presos generaba la sensación de estar permanentemente observados, disuadiéndolos de intentos de fuga, peleas o cualquier otra acción por la que pudiesen ser castigados.
Ahora bien, este método, aunque efectivo, podría no pasar de ser una simple ilusión.
De hecho, con el tiempo, la prisión podría hasta permitirse el lujo de no tener vigilantes, dado que la coerción en los presos no la realizaba la presencia física de guardias, sino la ilusión de la misma.
Qué decir tiene que los costes de tener bastantes menos guardias —atrevido sería decir que ninguno— contratados eran notablemente inferiores a los de una prisión con más empleados y, por la forma de vigilancia, con más problemas.
Así, el debate sobre la economización de las prisiones estaba más que servido.
Aunque el panóptico puro nunca llegó a ser construido, por mucho que Bentham pusiese todo su empeño en ello, la inspiración permeó durante los siglos XIX y XX, no solo arquitectónicamente, sino también a económicamente.
Así, en Estados Unidos el sistema carcelario ha acabado parcialmente privatizado, concediendo la construcción y gestión de algunas prisiones estatales —y recientemente federales— a empresas privadas bajo la creencia de que esta gestión ahorra dinero y problemas a las arcas públicas. Sin embargo, con esta política se han abierto otros frentes y debates.
Empresa privada no equivale a celda privada
La cuestión de los presidios privados en absoluto es nueva.
De hecho, se remonta a los años ochenta, década en la que Ronald Reagan, exponente norteamericano del neoliberalismo, comenzó a permitir la entrada de algunas empresas privadas en la gestión penitenciaria. Bien es cierto que, más que una ola, aquello fue un experimento para ver si la mano invisible también conseguía domar eficientemente a los reclusos estadounidenses. Tres décadas después, la puerta sigue entreabierta.
Los años ochenta fueron para Estados Unidos especialmente prolíficos en cuanto a criminalidad se refiere. La guerra contra las drogas, la omnipresencia de armas de fuego en el país y el endurecimiento de las penas, sin contar con la escasa proporcionalidad de muchas de ellas, motivaron un aumento sin precedentes de la población carcelaria.
La crecida del número de reos, muchos de los cuales pasarían largas temporadas entre rejas, provocó a su vez que para el inicio de los años noventa el gasto en prisiones en Estados Unidos se hubiese cuadruplicado, una cifra inasumible para las arcas del Estado y que irremediablemente abría la puerta a otros modelos de gestión penitenciaria, entre ellos la privatización de las cárceles.
A pesar de la gravedad de la situación, el debate acabó centrado en economizar semejante volumen de presidiarios.
Poco importaban la masificación de las prisiones, la disonancia entre la gravedad del delito y el tiempo que iban a pasar encerrados o la nula apuesta por la reinserción.
En la lógica neoliberal de entonces, la privatización de las prisiones abría dos oportunidades para Estados Unidos: por un lado, se ahorraba dinero al conceder la construcción y explotación a empresas privadas, mientras que por otro lado el sistema penitenciario podía seguir expandiéndose con nuevas cárceles, acabando con la saturación de las prisiones estatales.
Las cárceles privadas apenas alojaban en 2014 a 130.000 presos, un porcentaje bajo respecto al total de reos en Estados Unidos.
A pocos se les escapará que el hecho de recortar los costes en las penitenciarías privadas podía beneficiar a las cuentas públicas, pero no así a los presos, menos aún en un país cuyas cárceles estándar tampoco son sinónimo de calidad.
Personal penitenciario poco cualificado y mal pagado, instalaciones pobremente vigiladas, galerías comunales y prácticamente nulas oportunidades de reinserción son algunas de las consecuencias de este mundo paralelo privatizado.
Bien es cierto que las prisiones privadas son una minoría dentro del sistema; sin embargo, este negocio no solo se circunscribe a las cárceles para adultos.
Centros de menores o de internamiento de extranjeros también han acabado con este modelo de gestión, lo que da buena cuenta de hasta qué punto se ha permitido la privatización del sistema y de la penetración de las empresas dedicadas a este tipo de negocio.
Juegos de lobby
En el sector de las cárceles estadounidenses dos empresas sobresalen, y se podría decir que actúan como un duopolio. Por número de presos en su haber, GEA Group le saca una ligera ventaja a la segunda empresa en liza, Corrections Corporation of America (CCA).
Entre ambas alojan a más de 135.000 presos en la actualidad, lo que supone la práctica totalidad de la población carcelaria estadounidense bajo techo privado. No es una cuestión menor que dos empresas custodien cerca del 8% de los reclusos actuales del país.
A fin de cuentas, todo es un negocio más, y los presos, la mercancía.
Si a esto le añadimos que las dos empresas copan todo el sector, las prácticas casi monopolísticas están a la orden del día y el poder de negociación de estas corporaciones frente a los poderes públicos es más que notable al no haber en muchos casos una alternativa que no sea GEA o CCA.
Una de las cuestiones más llamativas a la hora de negociar una nueva concesión reside en los compromisos de las autoridades públicas para llenar estos recintos privados.
Una cárcel vacía es una cárcel ruinosa, y las empresas dedicadas a su gestión se aseguran firmemente de que sus celdas siempre vayan a estar llenas o, si no lo están, de que el Estado pague una compensación. Un juego en el que siempre ganan, en definitiva.
Así, no es extraño comprobar cómo las concesiones a la hora de construir o gestionar una nueva prisión llevan añadida una cláusula por la que la autoridad competente se compromete a que una generosa proporción de celdas van a tener inquilinos. Las cifras no son magras y a menudo superan el 90% de ocupación.
CCA tiene instalaciones por todo Estados Unidos, aunque con preferencia por los estados del sur y rurales. Fuente: Mother Jones
Evidentemente, estos acuerdos tremendamente favorables a los intereses empresariales tienen una contrapartida que en teoría beneficia al sistema público, como es el bajo coste.
En principio, las cárceles privadas suelen cobrar por preso cerca de un 35% menos del coste que generan en una instalación pública; en algunas cárceles de Luisiana, CCA recibe por reo y día 34 dólares, mientras que en otros estados consiguen obtener hasta 80.
A pesar de esta disparidad de cifras, CCA obtuvo de media un beneficio en 2015 de 3.300 dólares por cada preso bajo su tutela, lo que les supuso más de 220 millones de dólares de beneficio ese año.
De igual modo, en un país como Estados Unidos, en el que el lobbismo está permitido, el sector carcelario juega como uno más.
La pareja empresarial que domina esta actividad de las penitenciarías invierte enormes cantidades de dinero en influir políticamente, especialmente en los distintos estados del país —su nicho de mercado no está en Washington y sus prisiones federales—, y ni que decir tiene que esos esfuerzos han dado resultado.
La tendencia punitiva, judicialmente hablando, sigue al alza en Estados Unidos.
Las penas son cada vez más duras en muchos estados del país, algo que, además de estar alimentado por el propio sistema socioeconómico estadounidense, tiene a las empresas carcelarias presionando para que ocurra.
El debate ético y también político que suscita esta cuestión no es menor. Desde una perspectiva empresarial, a las empresas de gestión carcelaria les interesa que se cometan delitos, que haya crímenes, o, más que crímenes, criminalidad; les interesa que el sistema judicial sea desproporcionadamente duro y que la reinserción de los presos se quede en utopía para así tener la oportunidad de que vuelvan a ocupar sus celdas.
En definitiva, estas empresas tienen interés en que un objetivo básico de las sociedades avanzadas como es evitar o reducir al mínimo las conductas antisociales no se cumpla. Hasta se pone en entredicho el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado.
Fuera del debate politológico, lo cierto es que la privatización carcelaria guarda en Estados Unidos profundas particularidades. Por ejemplo, actuando a modo de juez, el personal de algunas prisiones puede decidir, previo “juicio”, si un reo ve alargada su estancia por mala conducta o cualquier otra actuación reprobable en la prisión.
Una detallada investigación de la revista estadounidense Mother Jones reveló que en la cárcel de Luisiana en la que se desarrolló el estudio un 96% de los presos acusados de violaciones graves acababan siendo declarados culpables.
Más allá de la perenne arbitrariedad, un preso que pasa más días bajo el techo de la cárcel es más dinero que la empresa recibe por tenerle. La rueda sigue girando.
Y no todo termina aquí. Al habitual componente deshumanizador que sufren las cárceles —llevado al extremo en el experimento de Zimbardo— se le suma la mercantilización que sufren por parte de sus respectivos huéspedes, desde el alargamiento de las penas para cobrar más de las arcas públicas hasta los reos “a la carta”.
Son colectivos con una edad media mucho más baja que la de los presos blancos: a menor edad, menos problemas de salud y más rentabilidad del preso al requerir muy poca asistencia sanitaria —huelga decir que estas cárceles evitan en la medida de lo posible alojar reclusos con problemas de salud o enfermedades crónicas—.
Aunque en Estados Unidos haya cinco personas blancas por cada persona negra, en las cárceles la situación es bien distinta. Fuente: Prison Policy Initiative
Después de semejante catálogo de prestaciones, lo lógico sería preguntarse qué tipo de ventajas genera este sistema como para que siga existiendo. Para el sistema estadounidense, esta forma de gestionar prisiones presenta importantes puntos a su favor.
La primera de ellas es que en los tiempos recientes se ha revelado como la alternativa más rápida al estancamiento de la cuestión penitenciaria en Estados Unidos.
La reforma integral de esta cuestión, que cada día es más alarmante, se ha ido posponiendo —por no decir abandonando—, lo que ha motivado que surjan iniciativas privadas que parchean las flaquezas del sistema.
La segunda tiene que ver con la localización de las prisiones, ya que muchas acaban situadas en zonas rurales, actuando de polo económico local.
En la inmensidad de los Estados Unidos, una cárcel puede suponer para pueblos de tamaño medio una importante fuente de empleo —a pesar de que los salarios no suelen ser cuantiosos—, especialmente para aquellos con un nivel formativo no demasiado elevado.
Para ampliar: Prison Policy Initiative ofrece numerosos informes, gráficos y mapas sobre la situación carcelaria en Estados Unidos
¿Hacia un país de cárceles?
El problema carcelario en Estados Unidos es profundo y dilatado en el tiempo; las prisiones privadas no son sino una consecuencia de un problema que no deja de crecer y que está completamente sobredimensionado para un país con las características políticas, económicas y sociales de EE. UU.
Se puede empezar por la excesiva criminalización del sistema penal del país, pero sería poco riguroso dejarlo en un término medio cuando la disparidad entre las cifras de población y encarcelamiento de personas negras y latinas es abismalmente superior a la de personas de raza blanca. En estacriminalización no ya judicial, sino social, reside buena parte de la problemática del país.
Y se puede seguir tirando del hilo. En buena medida, la desigualdad de recursos y oportunidadesaboca a estos perfiles raciales a tener más o menos probabilidad de acabar pasando una temporada entre rejas. No debería resultar novedoso decir que con menos recursos económicos el abanico de oportunidades se reduce, incluyendo las educativas, un componente fundamental para alejar la cárcel del futuro.
Estructuralmente, la propia concepción de país que se tiene en Estados Unidos ahonda todavía más en esta brecha interracial. La legalidad y fácil disponibilidad de armas facilita la comisión de delitos, más todavía con violencia.
De igual manera, enmarcar mentalmente el paso por prisión como algo estanco, como un simple castigo que se cumple, no permite que se comprenda adecuadamente qué es lo que lleva a una persona a acabar reclusa y qué es lo que va a ser de esa persona una vez salga. Entender que el reo es algo más que un asunto policial o criminal y tiene mucho de social y económico.
Un sistema que promueve la violencia y el crimen y que no apuesta por la reinserción es un sistema destinado a perpetuar sus vicios hasta el infinito, con fatídicos resultados para el país que lo albergue. Estados Unidos tiene una tarea titánica por delante y los deberes se le apilan desde hace mucho tiempo. Quizá todo se entiende mejor al ver que hasta las prisiones tienen su propio blues.
Nacido en Madrid, en 1992. Graduado en Relaciones Internacionales en la UCM. Máster en Inteligencia Económica en la UAM. Analista de Inteligencia. Especialista en geopolítica y entornos estratégicos. Twitter: @Feraru92
Aunque todavía albergan a una parte relativamente baja de la población carcelaria de Estados Unidos, las prisiones privadas han servido el debate sobre quién ha de gestionar y cómo la política penitenciaria.
Ser custodiado por una empresa en vez de por el Estado es solo la punta del iceberg de una cuestión política y social cuyas raíces están bien profundas en la identidad estadounidense.
A finales del siglo XVIII, el filósofo Jeremy Bentham no dudó en entrar al debate que se estaba produciendo en la Política británica sobre la condición de los presos.
No era una discusión muy diferente a las que se han ido produciendo en tiempos recientes; todo giraba en torno a si los penados eran individuos incapaces de vivir en sociedad y había que sacarlos de la circulación encarcelándolos o, por el contrario, si los reos debían tener una segunda oportunidad para reinsertarse en la sociedad una vez hubiesen cumplido su condena.
Sin embargo, la cuestión no era exclusivamente humanista.
El componente económico, cómo no, era fundamental, especialmente para el Estado británico, que veía masificarse las prisiones —con todos los problemas asociados que conlleva— y cómo los gastos empezaban a ser cuantiosos para, a ojos de muchos, mantener a personas que no aportaban a la sociedad.
En este punto, Bentham, padre del utilitarismo, planteó un nuevo modelo carcelario dispuesto a solucionar todos los problemas del sistema penal británico: el panóptico. Arquitectónicamente hablando, el panóptico era una cárcel en la que, desde una torre central, se podía ver las celdas en cualquier dirección y nivel.
Esto, en principio, parece lógico. Sin embargo, la idea del británico iría más allá. La idea de la torre central era no solo tener una visión completa de la prisión, sino que los reos no pudiesen ver a los guardianes de su interior.
Semejante cuestión no era menor, ya que en los presos generaba la sensación de estar permanentemente observados, disuadiéndolos de intentos de fuga, peleas o cualquier otra acción por la que pudiesen ser castigados.
Ahora bien, este método, aunque efectivo, podría no pasar de ser una simple ilusión.
De hecho, con el tiempo, la prisión podría hasta permitirse el lujo de no tener vigilantes, dado que la coerción en los presos no la realizaba la presencia física de guardias, sino la ilusión de la misma.
Qué decir tiene que los costes de tener bastantes menos guardias —atrevido sería decir que ninguno— contratados eran notablemente inferiores a los de una prisión con más empleados y, por la forma de vigilancia, con más problemas.
Así, el debate sobre la economización de las prisiones estaba más que servido.
Aunque el panóptico puro nunca llegó a ser construido, por mucho que Bentham pusiese todo su empeño en ello, la inspiración permeó durante los siglos XIX y XX, no solo arquitectónicamente, sino también a económicamente.
Así, en Estados Unidos el sistema carcelario ha acabado parcialmente privatizado, concediendo la construcción y gestión de algunas prisiones estatales —y recientemente federales— a empresas privadas bajo la creencia de que esta gestión ahorra dinero y problemas a las arcas públicas. Sin embargo, con esta política se han abierto otros frentes y debates.
Empresa privada no equivale a celda privada
La cuestión de los presidios privados en absoluto es nueva.
De hecho, se remonta a los años ochenta, década en la que Ronald Reagan, exponente norteamericano del neoliberalismo, comenzó a permitir la entrada de algunas empresas privadas en la gestión penitenciaria. Bien es cierto que, más que una ola, aquello fue un experimento para ver si la mano invisible también conseguía domar eficientemente a los reclusos estadounidenses. Tres décadas después, la puerta sigue entreabierta.
Los años ochenta fueron para Estados Unidos especialmente prolíficos en cuanto a criminalidad se refiere. La guerra contra las drogas, la omnipresencia de armas de fuego en el país y el endurecimiento de las penas, sin contar con la escasa proporcionalidad de muchas de ellas, motivaron un aumento sin precedentes de la población carcelaria.
La crecida del número de reos, muchos de los cuales pasarían largas temporadas entre rejas, provocó a su vez que para el inicio de los años noventa el gasto en prisiones en Estados Unidos se hubiese cuadruplicado, una cifra inasumible para las arcas del Estado y que irremediablemente abría la puerta a otros modelos de gestión penitenciaria, entre ellos la privatización de las cárceles.
A pesar de la gravedad de la situación, el debate acabó centrado en economizar semejante volumen de presidiarios.
Poco importaban la masificación de las prisiones, la disonancia entre la gravedad del delito y el tiempo que iban a pasar encerrados o la nula apuesta por la reinserción.
En la lógica neoliberal de entonces, la privatización de las prisiones abría dos oportunidades para Estados Unidos: por un lado, se ahorraba dinero al conceder la construcción y explotación a empresas privadas, mientras que por otro lado el sistema penitenciario podía seguir expandiéndose con nuevas cárceles, acabando con la saturación de las prisiones estatales.
Las cárceles privadas apenas alojaban en 2014 a 130.000 presos, un porcentaje bajo respecto al total de reos en Estados Unidos.
A pocos se les escapará que el hecho de recortar los costes en las penitenciarías privadas podía beneficiar a las cuentas públicas, pero no así a los presos, menos aún en un país cuyas cárceles estándar tampoco son sinónimo de calidad.
Personal penitenciario poco cualificado y mal pagado, instalaciones pobremente vigiladas, galerías comunales y prácticamente nulas oportunidades de reinserción son algunas de las consecuencias de este mundo paralelo privatizado.
Bien es cierto que las prisiones privadas son una minoría dentro del sistema; sin embargo, este negocio no solo se circunscribe a las cárceles para adultos.
Centros de menores o de internamiento de extranjeros también han acabado con este modelo de gestión, lo que da buena cuenta de hasta qué punto se ha permitido la privatización del sistema y de la penetración de las empresas dedicadas a este tipo de negocio.
Juegos de lobby
En el sector de las cárceles estadounidenses dos empresas sobresalen, y se podría decir que actúan como un duopolio. Por número de presos en su haber, GEA Group le saca una ligera ventaja a la segunda empresa en liza, Corrections Corporation of America (CCA).
Entre ambas alojan a más de 135.000 presos en la actualidad, lo que supone la práctica totalidad de la población carcelaria estadounidense bajo techo privado. No es una cuestión menor que dos empresas custodien cerca del 8% de los reclusos actuales del país.
A fin de cuentas, todo es un negocio más, y los presos, la mercancía.
Si a esto le añadimos que las dos empresas copan todo el sector, las prácticas casi monopolísticas están a la orden del día y el poder de negociación de estas corporaciones frente a los poderes públicos es más que notable al no haber en muchos casos una alternativa que no sea GEA o CCA.
Una de las cuestiones más llamativas a la hora de negociar una nueva concesión reside en los compromisos de las autoridades públicas para llenar estos recintos privados.
Una cárcel vacía es una cárcel ruinosa, y las empresas dedicadas a su gestión se aseguran firmemente de que sus celdas siempre vayan a estar llenas o, si no lo están, de que el Estado pague una compensación. Un juego en el que siempre ganan, en definitiva.
Así, no es extraño comprobar cómo las concesiones a la hora de construir o gestionar una nueva prisión llevan añadida una cláusula por la que la autoridad competente se compromete a que una generosa proporción de celdas van a tener inquilinos. Las cifras no son magras y a menudo superan el 90% de ocupación.
CCA tiene instalaciones por todo Estados Unidos, aunque con preferencia por los estados del sur y rurales. Fuente: Mother Jones
Evidentemente, estos acuerdos tremendamente favorables a los intereses empresariales tienen una contrapartida que en teoría beneficia al sistema público, como es el bajo coste.
En principio, las cárceles privadas suelen cobrar por preso cerca de un 35% menos del coste que generan en una instalación pública; en algunas cárceles de Luisiana, CCA recibe por reo y día 34 dólares, mientras que en otros estados consiguen obtener hasta 80.
A pesar de esta disparidad de cifras, CCA obtuvo de media un beneficio en 2015 de 3.300 dólares por cada preso bajo su tutela, lo que les supuso más de 220 millones de dólares de beneficio ese año.
De igual modo, en un país como Estados Unidos, en el que el lobbismo está permitido, el sector carcelario juega como uno más.
La pareja empresarial que domina esta actividad de las penitenciarías invierte enormes cantidades de dinero en influir políticamente, especialmente en los distintos estados del país —su nicho de mercado no está en Washington y sus prisiones federales—, y ni que decir tiene que esos esfuerzos han dado resultado.
La tendencia punitiva, judicialmente hablando, sigue al alza en Estados Unidos.
Las penas son cada vez más duras en muchos estados del país, algo que, además de estar alimentado por el propio sistema socioeconómico estadounidense, tiene a las empresas carcelarias presionando para que ocurra.
El debate ético y también político que suscita esta cuestión no es menor. Desde una perspectiva empresarial, a las empresas de gestión carcelaria les interesa que se cometan delitos, que haya crímenes, o, más que crímenes, criminalidad; les interesa que el sistema judicial sea desproporcionadamente duro y que la reinserción de los presos se quede en utopía para así tener la oportunidad de que vuelvan a ocupar sus celdas.
En definitiva, estas empresas tienen interés en que un objetivo básico de las sociedades avanzadas como es evitar o reducir al mínimo las conductas antisociales no se cumpla. Hasta se pone en entredicho el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado.
Fuera del debate politológico, lo cierto es que la privatización carcelaria guarda en Estados Unidos profundas particularidades. Por ejemplo, actuando a modo de juez, el personal de algunas prisiones puede decidir, previo “juicio”, si un reo ve alargada su estancia por mala conducta o cualquier otra actuación reprobable en la prisión.
Una detallada investigación de la revista estadounidense Mother Jones reveló que en la cárcel de Luisiana en la que se desarrolló el estudio un 96% de los presos acusados de violaciones graves acababan siendo declarados culpables.
Más allá de la perenne arbitrariedad, un preso que pasa más días bajo el techo de la cárcel es más dinero que la empresa recibe por tenerle. La rueda sigue girando.
Y no todo termina aquí. Al habitual componente deshumanizador que sufren las cárceles —llevado al extremo en el experimento de Zimbardo— se le suma la mercantilización que sufren por parte de sus respectivos huéspedes, desde el alargamiento de las penas para cobrar más de las arcas públicas hasta los reos “a la carta”.
Son colectivos con una edad media mucho más baja que la de los presos blancos: a menor edad, menos problemas de salud y más rentabilidad del preso al requerir muy poca asistencia sanitaria —huelga decir que estas cárceles evitan en la medida de lo posible alojar reclusos con problemas de salud o enfermedades crónicas—.
Aunque en Estados Unidos haya cinco personas blancas por cada persona negra, en las cárceles la situación es bien distinta. Fuente: Prison Policy Initiative
Después de semejante catálogo de prestaciones, lo lógico sería preguntarse qué tipo de ventajas genera este sistema como para que siga existiendo. Para el sistema estadounidense, esta forma de gestionar prisiones presenta importantes puntos a su favor.
La primera de ellas es que en los tiempos recientes se ha revelado como la alternativa más rápida al estancamiento de la cuestión penitenciaria en Estados Unidos.
La reforma integral de esta cuestión, que cada día es más alarmante, se ha ido posponiendo —por no decir abandonando—, lo que ha motivado que surjan iniciativas privadas que parchean las flaquezas del sistema.
La segunda tiene que ver con la localización de las prisiones, ya que muchas acaban situadas en zonas rurales, actuando de polo económico local.
En la inmensidad de los Estados Unidos, una cárcel puede suponer para pueblos de tamaño medio una importante fuente de empleo —a pesar de que los salarios no suelen ser cuantiosos—, especialmente para aquellos con un nivel formativo no demasiado elevado.
Para ampliar: Prison Policy Initiative ofrece numerosos informes, gráficos y mapas sobre la situación carcelaria en Estados Unidos
¿Hacia un país de cárceles?
El problema carcelario en Estados Unidos es profundo y dilatado en el tiempo; las prisiones privadas no son sino una consecuencia de un problema que no deja de crecer y que está completamente sobredimensionado para un país con las características políticas, económicas y sociales de EE. UU.
Se puede empezar por la excesiva criminalización del sistema penal del país, pero sería poco riguroso dejarlo en un término medio cuando la disparidad entre las cifras de población y encarcelamiento de personas negras y latinas es abismalmente superior a la de personas de raza blanca. En estacriminalización no ya judicial, sino social, reside buena parte de la problemática del país.
Y se puede seguir tirando del hilo. En buena medida, la desigualdad de recursos y oportunidadesaboca a estos perfiles raciales a tener más o menos probabilidad de acabar pasando una temporada entre rejas. No debería resultar novedoso decir que con menos recursos económicos el abanico de oportunidades se reduce, incluyendo las educativas, un componente fundamental para alejar la cárcel del futuro.
Estructuralmente, la propia concepción de país que se tiene en Estados Unidos ahonda todavía más en esta brecha interracial. La legalidad y fácil disponibilidad de armas facilita la comisión de delitos, más todavía con violencia.
De igual manera, enmarcar mentalmente el paso por prisión como algo estanco, como un simple castigo que se cumple, no permite que se comprenda adecuadamente qué es lo que lleva a una persona a acabar reclusa y qué es lo que va a ser de esa persona una vez salga. Entender que el reo es algo más que un asunto policial o criminal y tiene mucho de social y económico.
Un sistema que promueve la violencia y el crimen y que no apuesta por la reinserción es un sistema destinado a perpetuar sus vicios hasta el infinito, con fatídicos resultados para el país que lo albergue. Estados Unidos tiene una tarea titánica por delante y los deberes se le apilan desde hace mucho tiempo. Quizá todo se entiende mejor al ver que hasta las prisiones tienen su propio blues.
Nacido en Madrid, en 1992. Graduado en Relaciones Internacionales en la UCM. Máster en Inteligencia Económica en la UAM. Analista de Inteligencia. Especialista en geopolítica y entornos estratégicos. Twitter: @Feraru92
![El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a su llegada ayer a la sede de la Delegación en Barcelona. / EFE]({"default":{"load":"default","w":"73","h":"49","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAlidW5.img?h=680&w=1019&m=6&q=60&o=f&l=f&x=550&y=190"},"dpi":1.4,"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAlidW5.img?h=582&w=874&m=6&q=60&o=f&l=f&x=550&y=190"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAlidW5.img?h=582&w=874&m=6&q=60&o=f&l=f&x=550&y=190"}})
