España, Un Estado insostenible y corrupto

El Estado de las autonomías fue inventado e impuesto a los españoles por un puñado de arribistas, ávidos de reconocimiento social y sin el menor sentido del Estado, que a medida que alcanzaban algún grado de influencia iban subiendo la interminable escalera de sus ambiciones. Se crearon así 17 autonomías contrarias a la realidad histórica y totalmente innecesarias para la administración de España con la sola finalidad de dar cargos políticos, estatus elevados y poder sin control a los segundones de los partidos. Este modelo de Estado atomizado, en lugar de mantener centralizado los dos tercios del gasto, como ocurre en los estados federales, ha invertido la proporción. Las CC.AA. y entidades locales consumen las dos terceras del gasto total de la Administración Pública, algo único en el mundo, que lleva a un despilfarro anual de más de 100.000 millones (el 10% del PIB), respecto a lo que supondría un estado unitario administrativamente descentralizado.



El Estado de las autonomías fue inventado e impuesto a los españoles por un puñado de arribistas, ávidos de reconocimiento social y sin el menor sentido del Estado



Se trata de un cáncer mortal que vamos a legar a nuestros hijos, algo canallesco que tenemos la obligación grave de extirpar. Hay que eliminar lasAdministraciones autonómicas, Gobiernos, Parlamentos, empresas públicas, diputaciones, así como llevar a cabo una reducción drástica de ayuntamientos inútiles o inviables. Su mera existencia es incompatible con el futuro económico de España, y lo que aún es peor, con la esencia de España como nación. La Comisión europea no deja de recordarnos además que este modelo de Estado rompe la unidad de mercado, chocando frontalmente con la libertad de movimiento de mercancías, con la solidaridad interregional y con la competitividad. Y la pasada semana la Comisión denunció que la disparatada estructura territorial contribuye de modo decisivo al incremento de la pobreza y al aumento de la desigualdad.
Fue en las autonomías y en las corporaciones locales donde el Estado de Partidos encontró el inagotable pesebre para sus legiones de parientes, amigos y correligionarios. Diecisiete reinos de taifas, varios de ellos obsesionados por constituirse como nación, con sus Parlamentos, sus instituciones, sus televisiones, sus miles de empresas públicas donde enchufar a cientos de miles con salarios muy por encima de los funcionarios de carrera, sin necesidad de dar explicaciones a nadie y sin control alguno. Ha sido la desvertebración de España: diecisiete sistemas sanitarios diferentes con protocolos y sistemas informáticos a veces incompatibles, con diecisiete sistemas educativos contradictorios y a cual peor, en muchos de los cuales se niega la propia realidad de España como nación. Peleas entre regiones donde se blindan privilegios y hasta los ríos. Ruptura completa de unidad de mercado con más de 100.000 leyes promulgadas para separarnos.
A esto se suma el desastre de los “ayuntamientos democráticos”, donde en lugar de optar por la elección directa de alcaldes como en las verdaderas democracias y mantener las instituciones locales como ámbitos de gestión, se optó por el clientelismo y la orgía partidista por los políticos de turno con su legión de enchufados, de forma que donde había diez funcionarios pusieron a cien. También fueron desmanteladas, por la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 del Gobierno socialista, todas las funciones de control de los secretarios e interventores, única garantía de los ciudadanos ante la corrupción y el nepotismo, sustituyendo a los únicos garantes de la legalidad y el control del gasto por cargos de libre designación y dejando el campo libre a la clase política y sus redes clientelares. Esto es particularmente escandaloso en las grandes ciudades, donde un concejal presidente de distrito, por ejemplo, puede trocear los contratos públicos para poder adjudicarlos a dedo y no pasa absolutamente nada. Madrid es un buen ejemplo de ello. Y cuando estos hechos han sido denunciados por UPyD y algunos medios, Esperanza Aguirre, como responsable del PP de Madrid y de la lucha contra la corrupción, en lugar de comprobarlos los ha ignorado. Y lo que es peor: los responsables repetirán probablemente en las próximas listas para el Ayuntamiento. Y si no a la Comunidad de la indulgente mano de Cristina Cifuentes. Como me decía hace años el alcalde izquierdista de Prat de Llobregat, “nosotros hemos sido elegidos democráticamente, y no necesitamos el control de nadie. Nos controla el pueblo en las elecciones”.
(1) Denominación técnica de Antonio García Trevijano.