VOX logra eliminar las ayudas sociales a ilegales en Baleares

Santiago Abascal. Flickr

• marzo 19, 2026

VOX y el PP han cerrado un acuerdo gracias a una enmienda del partido de Abascal a la ley de proyectos estratégicos que permitirá endurecer de forma notable los requisitos para acceder a determinadas prestaciones sociales en Baleares. El pacto, ya consensuado entre ambas formaciones, se materializará en el trámite parlamentario que concluye este jueves, cuando expira el plazo para registrar las modificaciones.

Entre los cambios más relevantes figura la exclusión de los inmigrantes en situación ilegal de la Renta Social Garantizada. A partir de ahora, no será suficiente con estar empadronado: será imprescindible contar con residencia legal y acreditar al menos tres años de estancia en el archipiélago. Esto supone que quienes no dispongan de documentación en regla quedarán automáticamente fuera del sistema de ayudas. Además, los beneficiarios actuales podrán perder la prestación si rechazan ofertas de empleo consideradas adecuadas.

El endurecimiento también afectará a los menores extranjeros no acompañados (menas). La renta de emancipación que reciben al cumplir los 18 años se restringirá de forma significativa. Sólo podrán mantenerla aquellos que hayan residido durante un mínimo de tres años en la comunidad o que demuestren una integración efectiva en el sistema educativo. Con esta modificación se pretende evitar que jóvenes que llegan a las islas poco antes de alcanzar la mayoría de edad accedan después a varios años de subsidio.

Estas medidas forman parte de un paquete más amplio de exigencias planteadas por VOX durante las negociaciones presupuestarias del pasado verano. Su apoyo fue clave para sacar adelante las cuentas autonómicas de 2025, lo que permitió al Ejecutivo de Marga Prohens evitar un adelanto electoral, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades como Extremadura o Aragón.

El entendimiento entre ambas formaciones incluye también otras iniciativas ya anunciadas, como la flexibilización del requisito del catalán en plazas docentes de difícil cobertura y en determinados puestos básicos de la Administración. Sin embargo, persisten discrepancias en cuestiones adicionales que VOX quiere impulsar, como la externalización de algunos servicios públicos o incentivos fiscales para propietarios que limiten las subidas del alquiler. En estos ámbitos, las posiciones siguen alejadas y no se ha alcanzado un acuerdo.

Pese a ello, el pacto sellado en torno a estas enmiendas garantiza su aprobación en el Parlamento, ya que el PP respalda el contenido impulsado por VOX, aunque ambas formaciones optarán por registrar sus propuestas de manera separada.

El Congreso pide parar la regularización de inmigrantes con los votos del PP, Vox y Junts

Los resultados de las votaciones en el Congreso

Con 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención, la iniciativa de los populares ha salido adelante

El Debate

18 mar. 2026 - 22:34

El Congreso ha aprobado este miércoles una moción del PP que pide al Gobierno «renunciar con carácter inmediato» al proyecto para la regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes que viven sin permiso de residencia en España gracias a la unión de los votos de los populares con Vox y Junts.

Con 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención, la iniciativa del PP ha salido adelante también con el apoyo del diputado de UPN sin incorporar las enmiendas de Vox, que pedía añadir otras medidas más duras en materia de inmigración, ni de Junts, que quiso incluir la delegación de competencias en materia de inmigración para Cataluña.

El Gobierno anunció a finales de enero que llevaría a cabo esta regularización para retomar el espíritu de la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas, que, aunque superó su toma en consideración en la Cámara Baja, había quedado bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.

El Ejecutivo tomó esta decisión tras un acuerdo con Podemos y, previsiblemente, aprobará la medida en las próximas semanas como un real decreto –actualmente, se están recabando informes de órganos como el Consejo de Estado–, por lo que no requerirá de su convalidación parlamentaria.

La moción del PP aprobada hoy insta al Gobierno a parar esta regularización «por ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo» y también a ejecutar «de manera efectiva» las órdenes de retorno, revisar los acuerdos con terceros países para asegurar su cumplimiento y garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.

Regularización de «miles de delincuentes»

Durante el debate, que se llevó a cabo ayer, la diputada del PP Sofía Acedo cargó contra la medida del Gobierno porque, insistió, permitirá la regularización de «miles de delincuentes» por el instrumento que incorpora para que, quien no pueda hacerse con el certificado de antecedentes penales, pueda presentar una declaración responsable.

El diputado de Junts Josep María Cervera coincidió con el PP en criticar la medida, en su opinión adoptada «por la puerta de atrás», pero ahondó en la necesidad de retomar la delegación de competencias en materia de inmigración para Cataluña.

Ignacio Gil Lázaro, de Vox, defendió sus medidas como incrementar el periodo mínimo de años necesario para acceder a la residencia de larga duración o revocar la nacionalidad y expulsar a quienes cometan delitos graves o «traten de imponer el islamismo» porque, en su opinión, daba más «fortaleza y realismo» a la propuesta del PP.

El PNV mostró sus discrepancias sobre la regularización pero también censuró el discurso sobre inmigración de PP y Vox, una cuestión en la que se centraron el resto de grupos–Podemos, EH Bildu, ERC, Sumar y PSOE–, que sí defendieron la medida extraordinaria que planea el Gobierno por una cuestión de justicia y de derechos humanos.

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