Las empresas canadienses controlan casi el 50 % de las actividades mineras en América Latina, donde han generado al menos 200 conflictos sociales, que incluyen transgresión de los derechos laborales de pueblos indígenas y daños graves al medioambiente.
El Gobierno canadiense, pese a conocer los problemas, continúa ofreciendo “apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos”, denuncia el Ocmal.Esta información se desprende de un informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), en el que se advierte de que el Gobierno canadiense, pese a conocer los problemas, continúa ofreciendo “apoyo político, legal y financiero a compañías que cometen o toleran violaciones de los derechos humanos”.
De acuerdo con Ocmal, el Gobierno conservador del primer ministro, Stephen Harper, en caso de cualquier denuncia contra compañías de su país relacionadas con la minería, prefiere cuestionar el papel de los gobiernos latinoamericanos, a los que sindica de no hacer cumplir la ley en los territorios en torno a las minas.
Ocmal, una organización que defiende a las comunidades afectadas por la minería, se refiere a Canadá como la “sede de la abrumadora mayoría de las transnacionales de la minería en el planeta” y, de hecho, las compañías de este país han invertido más de 50.000 millones de dólares en la extracción de minerales en América Latina, donde aprovechan las brechas legales para incrementar sus ganancias, informó el viernes el canal venezolano de televisión Telesur.
Citando una investigación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) -órgano que examina las violaciones sistemáticas de los derechos de las comunidades- el informe subraya que al menos cinco compañías canadienses están involucradas en violaciones de los derechos laborales y de los pueblos indígenas, daños graves al medioambiente y represión de protestas, entre los más de 200 casos de conflictos sociales detectados en la región.
En otra parte, menciona que el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, con sede en Toronto (Canadá), contabilizó que en los últimos años 50 personas perdieron la vida y 300 resultaron heridas en accidentes en los que están involucradas mineras canadienses. La nota añade que apenas se llevaron a cabo investigaciones sobre el caso.
Ocmal denuncia que los habitantes que rechazan la extracción minera por motivos como daños medioambientales son objeto de persecución, amenazas o llevados a los tribunales tras ser acusados de realizar “actos terroristas”.
En este punto, menciona que alrededor de las minas explotadas por las canadienses Goldcorp y Torex en Guerrero (sur de México) se produjeron 16 secuestros y seis asesinatos entre febrero y marzo pasados.
Al respecto alude a un caso en Cuba, donde la canadiense Sherritt International Inc. es responsable, según los residentes de la región de Moa, en el oriente de la isla, de contaminar unos 12 kilómetros de zona costera con desechos sulfurosos.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en un informe presentado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pone de relieve que las compañías mineras canadienses, con escasa o nula vigilancia de los gobiernos latinoamericanos donde ejecutan sus extracciones, “han contaminado fuentes de agua potable, talado zonas boscosas y han forzado el desplazamiento de poblaciones”.
La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Panamá, Perú, Rumania, Colombia, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, La India, Indonesia, Zambia y Sudán.
El informe concluye que los acuerdos de extracción de minerales firmados por las mineras les permiten, en muchos casos, obtener fabulosos beneficios.
Los bajos salarios y el pago de derechos irrisorios convierten a varios países latinoamericanos en paraísos para esas compañías.
ncl/anz/mrk
hispantv.com
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