Ha sido la pregunta que ha planeado esta semana en los círculos del poder tras la información publicada el lunes por Esteban Urreiztieta en El Mundo y titulada “Un sector de la Policía implica al Rey Juan Carlos en el ‘caso Pujol’”.
Sí, porque el rey del que hablamos en esta pregunta es el emérito Juan Carlos (demérito si su corona sigue rodando así) y no Felipe VI. Sí,porque la cama a la que nos referimos es la del 3%, mullida con millones cobrados en comisiones y enviados ilegalmente a Suiza.
Sí, porque el Más del titular de arriba es adverbio de cantidad como indica el acento (de cantidad de sinvergüenzas que asuelan España) y no se trata del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, también implicado en el mundo de las comisiones a través de íntimos colaboradores suyos. (Mas, por cierto, será recibido mañana lunes en loor de multitudes en las puertas del Tribunal Superior de Cataluña, juzgado por el simulacro del referéndum independentista del 9-N). Y sí, sin Bárbara Rey, porque el dinero cobrado por la vedete por sus silentes servicios reales habría llegado a Luxemburgo, y no a la cama helvética.
Supuestamente, Jordi Pujol habría negociado con enviados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantener silencio sobre el dinero que el rey emérito/demérito tendría en Suiza, a cambio de ser arropado y ayudado en las causas judiciales que pesan contra la familia Pujol por el saqueo millonario cometido durante años.
¿Supuestamente? No, no del todo. Lo malo de cumplir años sin perder la cabeza es que, inesperadamente, el cerebro hace click y la memoria comienza a expeler datos almacenados. En la íntima relación entre el Jefe del Estado (hasta junio de 2014) y el presidente de la Generalitat (hasta 2003) hay muchos episodios. Pero hay uno decisivo resuelto a favor de Pujol, con la probabilísima intervención de Juan Carlos rey.
En otra ocasión he escrito aquí, brevemente, de ello. Hoy es relevante recordarlo de manera más extensa, incluso con riesgo de aburrir. Situémonos en 1983.
Al Palacio de la Zarzuela llega un sobre, sin remite, con cinco folios mecanografiados dentro. Sin presentación y sin firma final. Eso sí, con una tarjetita en el interior: Miquel Roca i Junyet. Correspondería al autor del siguiente informe. Comienza así:
“1.- Siendo Fiscal General del Estado el Excmo. Sr. Gil Albert, el Banco de España remitió a la Fiscalía General el expediente de Banca Catalana”. Se cuenta a continuación que fue devuelto al no existir base para una querella. Gobernaba Adolfo Suárez.“2.- Celebradas las elecciones de 1982, el Banco de España, a través de su Dirección, ordena la actualización del expediente (…). La asesoría entiende que puede haberse producido un delito de falsedad en documento mercantil, y que debería abrirse expediente administrativo contra unos consejeros (…) No se menciona en ningún momento a Jordi Pujol”.“3.- Remitidas nuevamente las actuaciones por el Banco de España a la Fiscal General del Estado (…), se remiten a la Fiscalía de Barcelona. En ésta son designados para estudiar el asunto dos fiscales de conocida ideología y militancia marxista (…) El tema se resuelve mediante la ampliación del objeto de la querella (…); un delito de falsedad en documento mercantil y también un delito de apropiación indebida. Esta sorprendente ampliación se justifica en la resistencia manifestada por los fiscales de actuar contra unos cuantos consejeros sin que la acción alcance a Jordi Pujol”.
Los dos fiscales descritos en el anónimo papel recibido en Palacio para que el Rey esté informado de la persecución emprendida contra su amigo Jordi Pujol son Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. El primero, tío de Trinidad Jiménez, años después ministra de Asuntos Exteriores, con la que el rey coqueteaba diciéndole: “Dime, Trinidad. Ningún ministro de Exteriores me cuenta las cosas como tú”. Villarejo acabó siendo eurodiputado por Podemos, puesto que abandonaría en desacuerdo con el discurrir de la iglesia de Iglesias.
Pero no nos distraigamos con los queremos del rey y los podemos del tío. Prosigamos con el documento. En los dos folios restantes, se plantea que dada la indefensión del pobre Pujol, al tener “menos inmunidad que la que tiene un simple diputado del Congreso”, esto “obliga como mínimo a una rápida tramitación de las actuaciones para no mantener su prestigio amenazado por la duda o la sospecha, y además a resolver en el sentido en que finalmente debiera hacerlo la Justicia. Es decir, si existe el convencimiento íntimo de que una sentencia no condenaría en ningún caso a Jordi Pujol, su especial estatus político obliga moralmente a resolver desde ya, en este sentido, sin seguir unos largos trámites procesales que podrían ganar una imagen que la inmunidad, en otro caso, protegería”. Literal: inocente antes de ser juzgado.
El documento traza la guía judicial que debería llevar el proceso: tras “examinar someramente” el caso el Tribunal Supremo, examen en el que “en todo caso pueden existir indicios en los que apoyar una acción penal por el delito de falsedad mercantil, pero no por apropiación indebida”.Efectivamente, el tiempo ha demostrado que ni por la cabeza ni por el bolsillo de Jordi Pujol podría pasar apropiarse de algo que no era suyo. Finalmente el documento plantea que el caso derive a un juzgado de Instrucción de Barcelona. “Este proceso, permitiría en un plazo de breves semanas descargar públicamente el tema de Banca Catalana dejando a salvo a Jordi Pujol…”.
No fue tan rápido como pedía el remitente, pero el resultado, en 1986, sí fue la absolución de Jordi Pujol por no haber motivos suficientes para considerar su actuación delictiva.
Hasta aquí el documento inédito. No es mucho imaginar que el papel sin firma sirvió de inspiración para que Juan Carlos, rey y Jefe del Estado, llamara al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y seguramente al ministro de Defensa, el catalán Narcís Serra, para allanar el camino hacia la absolución del president.
Años después, Sabino Fernández Campo comentaba a amigos íntimos las larguísimas reuniones mantenidas en Palacio por el rey, el presidente del Gobierno y el ministro de Defensa allá por la mitad de los 80, con los militares aún revueltos, los asesinatos de ETA in crescendo y la aparición de los Gal, en cuya creación participó la famosa “X” del Gobierno socialista. X, Y, Z.
Do ut des, decían los clásicos. Doy para que me des. El rey y el presidente de la Generalitat, en otro tiempo banquero, se conocían bien y conocían bien Suiza. El uno y el otro han leído a Voltaire en francés: quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan por hacer todo por el dinero. Don Juan Carlos ha tenido durante años una cuenta bancaria en la Société Genérale Alsacienne (el banco Sogenal) en Ginebra. Y los Pujol se ha dicho que también.
Según las notas incorporadas al sumario del caso Pujol, el CNI conminó a Pujol a que no hablara del supuesto dinero que el rey emérito tendría en la cuenta Soleado (nombre que alude al buen tiempo de España), administrada en Ginebra por el financiero Arturo Gianfranco Fasana. Este fondo habría guardado hasta 15.000 millones de euros de millonarios españoles, entre quienes figura Francisco Correa, el capo de la trama Gürtel. Farsana cobraba el 0,3% por la gestión. Una pasta.
¿Y qué pintaría el rey emérito en la cuenta Soleado, con 300 millones, según dice el pequeño Nicolás que le dijo Javier de la Rosa, el hombre de negocios catalán próximo en otro tiempo a Jordi Pujol?
Javier de la Rosa fue socio, por cierto, de Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador y colaborador de don Juan Carlos durante los años mágicos del principio de la Transición.
Dicho todo supuestamente. Se empieza con el menage a trois y se acaba en una cama redonda multitudinaria. Es lo que parece cuando se tira del hilo de las sábanas negras de aquellos años -¿y de estos?-, en los que política y razón de Estado dormían y se confundían con finanzas y razones personales. Puafff.
Este cuento, triste, está aún sin acabar. A Felipe VI le está pasando con la herencia de su padre, tan admirado durante tanto tiempo y por buenas razones, como le sucedía al Juan de Mairena machadiano con su gabán: llegó un momento en que pesaba más que abrigaba.
TODO SOBRE LA CUENTA SOLEADO.-
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de incorporar al sumario judicial del caso Pujol varias notas policiales internas que sostienen la existencia de una negociación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ex presidente catalán Jordi Pujol.
El objeto de estas supuestas conversaciones buscarían, siempre según estos informes, un trato judicial favorable para el clan catalán a cambio de que no desvele información sensible sobre Don Juan Carlos. Concretamente, que no cuente que el Rey Emérito tiene dinero en lacuenta Soleado de Gürtel.
Las notas internas han sido aportadas al sumario por el dueño de la agencia de detectives Método 3 y fueron elaboradas por el comisario José Manuel Villarejo. Con la introducción de estos documentos en la macrocausa contra los Pujol, la guerra entre un sector de la Policía y los servicios de Inteligencia españoles que viene librándose desde hace varios años se traslada por primera vez a la Audiencia Nacional, con consecuencias imprevisibles.
No en vano, a la vista del contenido de estos documentos, y tras comprobar que obran en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 5, el CNI ha tomado la determinación, de manera extraordinaria, de romper su silencio y responder de manera contundente.
Fuentes oficiales de este organismo han declarado a EL MUNDO que la afirmación contenida en los informes de Villarejo no quedará sin respuesta, y apostillan: «La mejor manera de dignificar una mentira es citar al CNI».
A la vista de estos y otros elementos, el juez José de la Mata ha decidido abrir una nueva línea de investigación para esclarecer la actuación de la Policía en este asunto. De tal manera que al tiempo que rastrea las operaciones de la familia Pujol está dispuesto a hacer lo propio con las actividades de los investigadores.
El juez ha adoptado la decisión después de que el dueño de la agencia Método 3 le haya comunicado por escrito que dos antiguos trabajadores suyos colaboraron con la Policía en la elaboración de las referidas notas informativas a cambio de fondos reservados.
Según Francisco Marco, sus ex trabajadores Antonio Tamarit y Julián Peribáñez colaboraron con la Unidad de Inteligencia que dirigían los comisarios Villarejo y Marcelino Martín Blas y cuyas pesquisas propiciaron el origen del caso Pujol.
Fue esta Unidad la que logró que la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex president, compareciera ante la Policía Judicial yprestara declaración describiendo las actividades delictivas que había presenciado. Un testimonio que constituyó el germen del caso.
Marco sostiene que sus detectives, a los que acusa de traición, percibieron dinero público de los mandos policiales a cambio de realizar seguimientos ilegales y obtener diversa información que sería utilizada para la elaboración de sus documentos de trabajo.
Según algunos de estos documentos policiales -uno de los cuales se reproduce en esta página-, la clave de la intervención del CNI reside en la vinculación de Don Juan Carlos con la cuenta suiza Soleado, en la que ocultaba su fortuna el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. «Algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol de ayudarle [sic] a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado español con la cuenta Soleado», reza textualmente una de las notas remitida por Villarejo a sus superiores en diciembre de 2014.
Pero no son sólo los informes de Villarejo los que intentan vincular al CNI en este asunto. Hace unos días, otros mandos policiales transmitieron al juez De la Mata que los servicios de Inteligencia estaban involucrados en la última remesa de información incorporada por laUnidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al procedimiento.
Esos mandos precisan que el pendrive que esta unidad depositó en la Audiencia Nacional con documentación inédita de la familia Pujol y que ha servido de base para sus últimos informes -en los que se implica en la trama de Pujol a los ex secretarios de Estado del PP Juan Costa y José Manuel Fernández Norniella– también contiene información del CNI. Y que, por ello, enviaron una copia de este dispositivo a la sede del mismo. Las mismas fuentes del CNI también consideran «falso» este extremo.
A la vista del cruce de graves acusaciones, y al considerar que la Policía no acredita debidamente el origen de su información, el juez De la Mata teme que estas maniobras puedan provocar la nulidad de parte del caso. Así lo ha traslado recientemente en el seno de la Audiencia Nacional, tal y como aseguran a este periódico fuentes de este órgano judicial.
El instructor considera que Interior viene actuando de manera irregular desde hace varios años y que algunas de las pruebas que ha introducido en la causa podrían desembocar en su nulidad.
Por todo ello, el juez no ha querido quedarse cruzado de brazos y ha ordenado a la Policía Judicial la localización inmediata de los dos ex detectives de Método 3, Antonio Tamarit y Julián Peribáñez, con objeto de tomarles declaración y aclarar en qué ha consistido su colaboración con la Policía.
No en vano, el juez sospecha que la Policía utilizó a los citados detectives para obtener datos de los Pujol mediante el pirateo de los ordenadores del clan. La Fiscalía Anticorrupción respalda al magistrado y tilda abiertamente de «sospechosas» las fuentes policiales.
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