El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, en Madrid.Sergio BarrenecheaEFE
POR MIQUEL ROIG/ YOVANNA BLANCOBRUSELAS/MADRID
La Comisión Europea cree que el Gobierno está incumpliendo las directivas y reglamentos comunitarios de los que depende la mayoría de los ingresos de Aena.
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por el sistema de fijación de tasas aeroportuarias -el importe que cobran los aeropuertos a las aerolíneas por usar sus instalaciones-, según ha podido saber EXPANSIÓN.
El Ejecutivo comunitario tiene indicios de que el sistema de fijación de precios en España es poco transparente y no está fijado por organismos independientes, lo que podría estar incumpliendo la normativa comunitaria. Las asociaciones de líneas aéreas han denunciado en varias ocasiones el sistema ante la Comisión Europea, la última de ellas el 9 de noviembre de 2015, a cuyo texto también ha tenido acceso este diario.
El proceso de gestión del expediente podría obligar a España a modificar el sistema de fijación de tarifas aeroportuarias, del que depende la mayor parte de los ingresos de Aena, el gestor de la red de aeropuertos españoles. En 2016, Aena clasificó 2.553 millones de euros como ingresos por actividad aeronáutica, el 67% de su facturación total. La compañía salió a Bolsa en 2015, pero el Estado sigue controlando aún el 51% del capital.
La Comisión Europea envió una carta de notificación formal el pasado 15 de febrero al Gobierno con la que abrían oficialmente el expediente. Bajo el título Transposición incorrecta de la Directiva 2009/12/CE sobre tarifas aéreas y aplicación incorrecta del Reglamento (CE) nº 1008/2008 subyace la preocupación de la Comisión porque el marco jurídico español no tiene en cuenta la opinión de las aerolíneas en el proceso de fijación de tarifas y por la falta de poderes asignados a la autoridad supervisora independiente, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).
En estos momentos en España el Gobierno fija las tarifas aeroportuarias a través de un proceso en el que, en principio, se tienen en cuenta las opiniones de la CNMC y de las aerolíneas. Pero dado que los aeropuertos se explotan en régimen de monopolio, en Bruselas creen que podría no ser suficiente para garantizar un sistema justo de fijación de tarifas.
Ahora, el Gobierno español tiene hasta el 15 de abril para tratar de justificar las peculiaridades del modelo español. Desde el Ministerio de Fomento defienden que la legislación nacional no incumple las directivas y reglamentos comunitarios. "Los equipos técnicos de Fomento van a trabajar conjuntamente con los responsables de la Comisión Europea para explicarles en detalle cómo funciona el marco regulatorio, que entendemos que es totalmente compatible con la citada directiva de tasas aeroportuarias. De hecho, otros países de nuestro entorno utilizan modelos regulatorios de similares características", aseguran fuentes del ministerio.
Si el Ejecutivo europeo no queda convencido por los argumentos del Gobierno y éste no adopta las medidas necesarias para corregirlo, el caso podría llegar ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y,si tras una sentencia desfavorable, España sigue sin modificar la legislación, se arriesga a multas por incumplimiento de la sentencia, como en el caso de la reforma del régimen laboral de la estiba portuaria.
Quienes no están nada convencidas con el sistema son las aerolíneas. El 9 de noviembre pasado, tres asociaciones de del sector -Iata, Elfaa e Iaca- presentaron una queja formal ante la Comisión Europea. Solo Iata representa a 260 aerolíneas que copan el 83% del tráfico aéreo mundial.
Transparencia
En ese documento de seis páginas, las aerolíneas aseguran que el sistema de fijación de precios está condicionado desde el inicio por el Gobierno, concretamente por la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, y que se deja un rol residual a la CNMC, que debería velar por la independencia del proceso. "[Las labores de la CNMC] están limitadas por ley a ofrecer informes no vinculantes y solo sobre algunos de los aspectos específicos relevantes en el nivel de las tarifas", afirman las aerolíneas, que también critican que la CNMC tenga las manos atadas para valorar los recursos de las aerolíneas contra los planes del Gobierno.
La Comisión no ha querido hacer declaraciones para este artículo pero, en un informe sobre la economía española del pasado febrero, ya alertó de que "los costes de los servicios aeroportuarios operados por Aena no son siempre transparentes", aunque reconoce que se han hecho "algunos progresos" a la hora de "crear un regulador independiente y un coordinador de franjas aeroportuarias". Sin embargo, esos progresos no han sido suficientes para frenar la apertura del expediente.
En los últimos dos años, las desavenencias han marcado la relación entre Aena y la CNMC, que ha cuestionado el modelo del gestor aeroportuario hasta el punto de forzar una bajada de las tasas aeroportuarias. El primer encontronazo se produjo en 2015, cuando el regulador señaló que el modelo implantado por Aena para resolver el desequilibrio entre los costes aeronáuticos y comerciales maximizaba su rentabilidad, pero también las tarifas por pasajero. Aena y su primer accionista privado, el fondo británico TCI, se defendieron en los tribunales, advirtiendo de que la CNMC asumía funciones fuera de su competencia, pero el regulador ganó la partida y forzó una bajada de las tasas del 1,9% en 2016.
En los últimos meses, y pese a que su dictamen no era vinculante, la CNMC ha jugado un papel decisivo, al insistir de nuevo en una rebaja de las tarifas hasta 2021, frente a la congelación que defendía Aena. Finalmente, el Gobierno optó por una solución salomónica: recortar los precios un 2,2% al año hasta 2021.
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