Por qué Montoro niega la malversación en el 1-O

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El Tribunal Supremo y el Gobierno cada vez ofrecen versiones más divergentes sobre la actuación de la Generalitat en la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Mientras el juez Pablo Llarena busca indicios de malversación en la actuación del Ejecutivo catalán, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que no se usó dinero público para preparar el 1-O.

¿De dónde provienen estas divergencias? El 15 de septiembre de 2017, el Gobierno español aprobó la intervención de las finanzas de la Generalitat a través de un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria. Hacienda pasaba así a controlar las cuentas del gabinete autonómico, permitiendo únicamente la ejecución de las partidas que se consideraran prioritarias. De hecho, a raíz de la aplicación de este acuerdo, Hacienda bloqueó licitaciones por valor de 91 millones de euros de actuaciones que no se consideraron esenciales. Paralelamente, el Gobierno pasó a controlar los pagos de la Generalitat a sus proveedores a partir de una intervención que debía certificar la legalidad de todas las actuaciones. Así como el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria terminó a finales de diciembre, el control de la interventora se ha prolongado hasta la actualidad y ha convivido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se autorizó el 27 de octubre.

El trabajo de la intervención en las cuentas del Govern no se ha limitado en este período a una simple revisión notarial, sino que se debía certificar que los pagos que se autorizaban cumplían con la legalidad y no se utilizaban para ningún fin relacionado con el referéndum del 1-O. Por esta razón, Montoro sostuvo el lunes que durante la intervención de la Generalitat por parte de Hacienda solo pudieron usarse recursos públicos para pagar el 1-O si un funcionario hubiese cometido un delito de falsificación de una factura en connivencia con alguno de los proveedores.

Para dirimir las diferencias entre la versión de Hacienda y la causa judicial contra el referéndum, Llarena pidió el miércoles a Montoro que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre las pruebas que tiene para negar que se cometiera malversación en la preparación del 1-O. En una providencia, el magistrado señaló que las declaraciones del ministro el pasado lunes afirmando que el referéndum de independencia no se pagó con dinero público "contradicen las fuentes de prueba" recogidas en la instrucción que investiga el proceso soberanista en Cataluña. Llarena añadió que varios de los procesados en la causa han coincidido con las palabras del ministro para argumentar en contra de la existencia de un delito de malversación en la ejecución del 1 de octubre. Es el caso del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, acusado de rebelión y malversación por el juez Llarena, que en su declaración indagatoria el lunes ante el Tribunal Supremo defendió que no se gastó ni un euro público en el 1-O.

Delimitar la malversación

En sus declaraciones del lunes, el ministro también intentó extender el alcance del delito de malversación durante el 1 de octubre a la cesión de espacios públicos como colegios o bibliotecas para celebrar el referéndum y no solo al uso indebido de fondos públicos, por ejemplo, para comprar urnas y papeletas para las votaciones. Según Montoro, "por eso hay una investigación judicial en marcha. La malversación no requiere solo desvío de fondos: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo". Al cierre de esta edición, Hacienda no ha facilitado información adicional sobre el caso. Por el contrario, el juez Llarena ha insistido en varias ocasiones en señalar que el delito de malversación consiste fundamentalmente en destinar fondos públicos a un fin ajeno a su función. De hecho, en su escrito a las autoridades alemanas para exponer los indicios de malversación que había recabado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el magistrado del Tribunal Supremo utilizó la expresión "despojo de los fondos públicos" para referirse a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Esta formulación del delito por parte del juez Llarena coincidió con el texto de la querella que la Fiscalía catalana presentó ante el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) el pasado septiembre y que acabó incorporándose a la causa instruida por el Tribunal Supremo.

Primera respuesta

El Ministerio dio este miércoles una primera respuesta a Llarena y negó que hubiera malversación en el 1-O, al menos a partir de la intervención de las cuentas de la Generalitat. La secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio, Belén Navarro, reiteró que en Cataluña "no ha habido dinero" del FLA o de las entregas a cuenta para la financiación de esta comunidad "que no haya ido destinado al pago de facturas de proveedores". Navarro apuntó que la investigación judicial en marcha deberá esclarecer si estos pagos de facturas "no correspondieran a tal fin".

Las versiones sobre el uso de dinero público

- Intervención previa al artículo 155: Hacienda inició el control sobre los pagos de la 'Generalitat' a partir del 15 de septiembre.

- La tesis del Ministerio: Montoro defiende que no se pagó ni un euro público para preparar el referéndum del 1-O.

- Contradicción con la investigación: Llarena interpela al ministro por qué niega la malversación y le pide pruebas.

- Evitar pagos ilegales: La interventora del Gobierno certificaba que los pagos del Ejecutivo autonómico eran legales.

- Estrategia de los imputados: El juez del Tribunal Supremo advierte de que los acusados usan las tesis de Montoro para sus defensas.

VÍDEO: Llarena pide explicaciones a Montoro sobre el 1-O (fuente: Dailymotion)

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