El Ministerio de Justicia advierte que el Estado español no asumirá en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen
Por Juez Fernando Presencia
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En una nota de prensa conocida ayer, el Ministerio de Justicia advierte que el Estado español no asumirá en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen, y que solo se personara en la causa abierta en Bélgica “en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles” si “la autoridad judicial belga menciona siquieraentre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España” contra los exconsellers.
De esta forma el Gobierno de Pedro Sánchez se desentiende definitivamente del polémico amparo acordado por el Consejo General del Poder Judicial, en relación con la demanda presentada en Bélgica contra el juez Llarenapor los políticos catalanes ‘huidos’.
En la solicitud que dirigió Llarena al CGPJ, y que fue estimada por la Comisión Permanente, el juez explicaba que, según lasnoticias periodísticas, en la demanda interpuesta contra él el pasado junio “se cuestionaría la imparcialidad de mi instrucción, pretendiendo que sea un tribunal belga el que examine la corrección de mi labor“.
En respuesta a dicho amparo el Gobierno de España ha respondido que está dispuesto a defender el sistema judicial y su soberanía en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, elEstado no asumirá “en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen”.
Así lo detalla el Ministerio de Justicia en la nota de prensa, en la que advierte que el Estado español se personara en la causaabierta en Bélgica “en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles”. Esto se hará si “la autoridadjudicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España” contra los exconsellers.
“La demanda presentada en Bruselas incluyereferencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”, sostiene el Ministerio de Justicia.
Esta precisión la ha hecho el Gobierno en respuesta a lo solicitado por el Juez Llarenaante el CGPJ en la que interesaba en realidad, a través de la petición de amparo, que se le declarara inviolable frente a la demanda civil planteada en Bélgica porque consideraba que estaba relacionada con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La demanda que se planteó en Bélgica en realidad se basaba en unas declaraciones que hizo el juez Llarena el 23 de febrero en Oviedo, durante el desarrollo de una conferencia, en la que negó que los encarcelados fueran presos políticos, palabras que, según los abogados de los demandantes estaban “fuera de su jurisdicción” y que entendían que eran motivo suficiente para iniciar un procedimiento judicial contra el magistrado instructor a títulopersonal.
“Yo no me referiré a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político son aquelloscomportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamientojurídico penal, y que a pesar de eso, por una consideración política, estoscomportamientos son perseguidos”, afirmó.
A continuación, añadía: “No es el caso de lo que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos queaparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
Sin embargo, el Gobierno entiende ahora que no procede costear con dinero público la defensa en un procedimiento que se abre por una declaraciones privadas del juez del Tribunal Supremo. Otra cosa es que duranteel procedimiento se cuestione la jurisdicción española, momento en el que el Ejecutivo “actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”.
“En lo que se refiere a la función jurisdiccionaldel magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados nisometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país”, añade el Ministerio de Justicia.
Para poder personarse en la causa, España tendrá que recurrir a un bufete privado porque la Abogacía del Estado no puede actuar en un procedimiento fuera de nuestro país.
“Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya”, concluye el Ministerio.
Pero de momento, Pablo Llarena será finalmente declarado en rebeldía por la justicia belga
De esta forma el Gobierno de Pedro Sánchez se desentiende definitivamente del polémico amparo acordado por el Consejo General del Poder Judicial, en relación con la demanda presentada en Bélgica contra el juez Llarenapor los políticos catalanes ‘huidos’.
En la solicitud que dirigió Llarena al CGPJ, y que fue estimada por la Comisión Permanente, el juez explicaba que, según lasnoticias periodísticas, en la demanda interpuesta contra él el pasado junio “se cuestionaría la imparcialidad de mi instrucción, pretendiendo que sea un tribunal belga el que examine la corrección de mi labor“.
En respuesta a dicho amparo el Gobierno de España ha respondido que está dispuesto a defender el sistema judicial y su soberanía en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda interpuesta por el expresidente catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, elEstado no asumirá “en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen”.
Así lo detalla el Ministerio de Justicia en la nota de prensa, en la que advierte que el Estado español se personara en la causaabierta en Bélgica “en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles”. Esto se hará si “la autoridadjudicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España” contra los exconsellers.
“La demanda presentada en Bruselas incluyereferencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”, sostiene el Ministerio de Justicia.
Esta precisión la ha hecho el Gobierno en respuesta a lo solicitado por el Juez Llarenaante el CGPJ en la que interesaba en realidad, a través de la petición de amparo, que se le declarara inviolable frente a la demanda civil planteada en Bélgica porque consideraba que estaba relacionada con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La demanda que se planteó en Bélgica en realidad se basaba en unas declaraciones que hizo el juez Llarena el 23 de febrero en Oviedo, durante el desarrollo de una conferencia, en la que negó que los encarcelados fueran presos políticos, palabras que, según los abogados de los demandantes estaban “fuera de su jurisdicción” y que entendían que eran motivo suficiente para iniciar un procedimiento judicial contra el magistrado instructor a títulopersonal.
“Yo no me referiré a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político son aquelloscomportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamientojurídico penal, y que a pesar de eso, por una consideración política, estoscomportamientos son perseguidos”, afirmó.
A continuación, añadía: “No es el caso de lo que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos queaparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados”.
Sin embargo, el Gobierno entiende ahora que no procede costear con dinero público la defensa en un procedimiento que se abre por una declaraciones privadas del juez del Tribunal Supremo. Otra cosa es que duranteel procedimiento se cuestione la jurisdicción española, momento en el que el Ejecutivo “actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”.
“En lo que se refiere a la función jurisdiccionaldel magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados nisometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país”, añade el Ministerio de Justicia.
Para poder personarse en la causa, España tendrá que recurrir a un bufete privado porque la Abogacía del Estado no puede actuar en un procedimiento fuera de nuestro país.
“Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya”, concluye el Ministerio.
Pero de momento, Pablo Llarena será finalmente declarado en rebeldía por la justicia belga
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