por Gemma Aguilera (Parlamento)
06/21/2017
El presidente Companys, en la frontera de Hendaya en 1940 | ARCHIVO NACIONAL DE CATALUÑA
Ni la Transición, ni el PP del Pacto del Majestic, ni el PSOE de Zapatero y la memoria histórica. Ningún gobierno del Estado español, y tampoco ningún gobierno catalán había hecho casus belli. Hasta que hace unos meses, el Parlamento de Cataluña decidió hacer un gesto legal sin precedentes. Asumir la propia soberanía y la continuidad legítima de la legalidad republicana para declarar nulos todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias del régimen franquista aplicadas en Cataluña. Será con una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que se aprobará en el pleno de la próxima semana y pondrá fin a la humillación continuada de víctimas y familiares, que durante cuatro décadas han tenido vigentes los consejos de guerra sumarísimos del franquismo, porque la democracia española se ha negado a anularlos. Se calcula que en Cataluña se llevaron a cabo unos 20.000 consejos de guerra sumarísimos, y de esta ley quedan excluidos casos como el del líder de Unió, Manuel Carrasco i Formiguera, porque fue fusilado en Burgos, o el del sindicalista anarquista Joan Peiró, juzgado en Valencia.
La proposición de ley llegará al pleno de finales de junio después de que la ponencia de la Comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, haya elaborado un informe sobre la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo impulsada por JxSí, la CUP y CSQP. El primer artículo, el más contundente, establece que "se declaran nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias, instruidos por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/60, de 21 de septiembre, y el Decreto ley 10/75, de 26 de agosto ". En este artículo, los grupos presentan varias enmiendas.
Ofrenda al castillo de Montjuïc, donde fue fusilado Lluís Companys el 15 de octubre de 1940 | GENERALITAT
Ciudadanos, por ejemplo propone una enmienda en la que se pide que el Parlamento traslade el Congreso la voluntad de añadir un nuevo apartado de la ley de memoria histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en la que se indique que los actos como las resoluciones de los órganos previstos en ese artículo se dejan sin efecto jurídico ". Tras analizar las enmiendas de los grupos, la comisión propone un nuevo redactado transaccional que dé lugar a un nuevo redactado del artículo 1, que es la clave de bóveda de la ley: "De conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico , que incluye normas tanto de derecho internacional como de derecho interno, se declaran ilegales los tribunales de la auditoría de guerra del ejército de ocupación, posteriormente llamada auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista ".
El Parlamento aprobará una ley de reparación de víctimas del franquismo | PARLAMENTO DE CATALUÑA
Por otra parte, el informe de la comisión pide incluir una disposición adicional en la que se establezca que el Archivo Nacional de Cataluña para que elabore y haga pública una lista de los procesos y sentencias adoptadas, en el que consten el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta. Con la aprobación de esta ley, el Parlamento asumirá su responsabilidad histórica, porque la Generalitat republicana tenía las competencias en materia de Justicia, y por tanto, los tribunales que empezaron a operar en Cataluña a partir de 1938 eran ilegales, hechos contra la legalidad republicana, y queda claro que el franquismo impuso unas normas absolutamente contrarias a la legalidad republicana del Estatuto y la Constitución de la República, por lo que todos aquellos procesos son nulos.
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