La última vez que comente algo del Banco Popular fue el pasado mes de abril
He ido adelantándome a los acontecimientos, incluso he apuntado hacia la intervención pero esta vez vamos a por más detalles: la inspección le corresponde al Banco de España, sin embargo, las cosas han cambiado y ahora será una cuestión europea, será la Junta Única de Resolución la
que tenga la última palabra.
Sí las autoridades europeas catalogan al Banco Popular como banco insolvente o a punto de serlo, tendrá que decidir qué hacer con el banco, bien liquidarlo bien iniciar un proceso de resolución.
En un principio la Junta Única de Resolución entra en funciones para evitar que la receta hasta ahora aplicada: de aplicar tantos fondos públicos como sean necesarios se diluya .
El dinero público para este menester ha llegado a su fin, el orden de prelación, para tapar el “agujero”, será a través de la disolución del capital social y las reservas lo que afectará a los accionistas y preferentistas.
Cosa lógica. La novedad se presenta en que en esta ocasión también serán los acreedores.
Cosa no tan lógica ya que es un banco y los depositantes, aunque figuran en el pasivo de la entidad financiera son ante todo “ahorradores”.
La legislación es confusa y podrían sufrir pérdidas incluso los depósitos no asegurados por debajo de los 100.000 euros. No es de extrañar que los ·ahorradores” estén retirando del banco cuanto dinero tienen.
La Junta Única de Resolución tiene a su “servicio” el Mecanismo Único de Resolución (MUR) que entró en vigor el 1 de enero de 2016, lo que implica una mutualización de la unión bancaria de Europa.
Con anterioridad, el 30 de noviembre de 2015, se creó el Fondo Único de Resolución (FUR). El Mecanismo Único de Resolución (MUR) tiene por objeto garantizar la resolución ordenada de los bancos en graves dificultades sin recurrir al dinero de los contribuyentes.
El Fondo Único de Resolución (FUR) se constituirá a lo largo de ocho años, debiendo alcanzar el nivel fijado como objetivo de al menos el 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes.
Se calcula que ascenderá a 55 000 millones de euros aproximadamente.
Hasta aquí la teoría, en definitiva, el dinero para tapar los “agujeros” de los bancos europeos debe de salir de los propios bancos que poquito a poquito irán constituyendo este fondo de rescate.
Es algo parecido, a nivel nacional, al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios que las entidades financieras debían de aportar, en relación a los depósitos, una cobertura para aplicar en tapar el “agujero” del banco que se encuentra en dificultades ¿Qué problemas hubo con ese fondo?
Pues que los bancos no cumplían con ese compromiso y tenía que ser, en el último momento, suplido con fondos públicos. Ahora el “invento” no es nacional si no a nivel de la zona euro.
Dicho esto, volvamos al asunto del Banco Popular que ha llevado una marcha fúnebre desde hace unos años con ampliaciones de capital para cubrir pérdidas tras pérdidas.
La última ampliación fue de 2.500 millones de euros y hoy la capitalización bursátil (el valor en Bolsa) es de 1.700 millones.
Las malas noticias del Banco Popular no van a cesar y se tratarán como una bola de nieve rodando por una pendiente.
Los posibles bancos a quien se pueda adjudicar el Popular lo dejarán ir cociendo en su propia salsa para que su deterioro sea mayor y su valor descienda acompañado de su precio.
Empezaran los “analistos” a dimensionar el “agujero” para llevarlo a una situación más que critica, los depósitos del banco se irán a cero, se clasificará la morosidad por las nubes y se darán por incobrables miles y miles de préstamos y créditos, aunque tengan una garantía hipotecaria adosada.
Si el “agujero” del Banco Popular es x lo multiplicarán.
Lo harán crecer hasta el punto que la Junta Única de Resolución no califique al Popular como banco fallido y lo considere “solvente” que tan solo necesita unos retoques y el ministro de Economía, Luis de Guindos, tendrá que proponer si se inyecta dinero público.
Junto a esta decisión de intervención, como manada de lobos, los medios de comunicación sacarán a la luz los trapos sucios que antes callaban y su participación en el aquelarre va a tanto la “página publicada”.
Actuarán coordinadamente y se incorporan a la manada, los políticos de turno aplaudiendo al gobierno la decisión de “salvar España de la caída en desgracia de los males de una economía hundida si no se salvaba el Banco Popular”.
Exagerar el “agujero” es lo que importa ya que la medicina, infalible, no es otra que los fondos públicos.
El asalto a la caja del Estado es el botín que la manada espera impaciente.
El cuento de nunca acabar
Antes de continuar con lo que viene quisiera puntualizar que hay dos alternativas: la europea de la Junta Única de Resolución y la española con dinero público.
Me apunto a esta última, aunque no descarto la primera por desconocimiento y falta de antecedentes.
A los saqueadores del sistema, por las mismas razones de ausencia de referencias, preferirán continuar como se hacía hasta ahora: complicidad y sobornos hasta la médula de toda una élite de funcionarios y políticos para asaltar las arcas del Estado.
Los acontecimientos están cantados ya que siguen el guion del cuento de nunca acabar y por su repetición se va conociendo la mentira que sostiene.
Las malas noticias ya han llegado al Banco Popular.
La Bolsa se desploma, ninguno de los bancos que pueden comprar el Popular se interesa en hacer una oferta para adquirirlo, la falta de liquidez del banco se descontrola, el Banco de España dirá que no hay porque preocuparse, el gobierno se inventará una historia para asegurar que la Junta Única de Resolución no declare al Popular en quiebra y por amor a la Patria buscara la forma de soltar dinero público como un préstamo dada la urgencia de no dejar a los ahorradores sin un céntimo.
Una vez que el dinero público ha llegado, las “altas instancias” lo aplicarán en adquirir una buena parte de las emisiones titulizadas por el Banco Popular en el mercado financiero, un despilfarro ya que los vencimientos están a años vista (corren paralelas a las cuotas de los préstamos hipotecarios) con el fin de liberar a los inversores bonistas de sus títulos.
Una vez liquidados los acreedores de las emisiones titulizadas en secreto, los bancos que podrían adquirir el Popular siguen sin acudir a ninguna subasta por lo que las “altas esferas” deciden trocear el banco:por una parte, se ponen a la venta la cartera de hipotecas y por otra el “negocio bancario”, es decir, los clientes, las sedes, los equipos informáticos, las oficinas, los empleados etc.
Se subastará la cartera de hipotecas con la alta sobredosis mediática de la morosidad que contiene, por lo que su valor tiende al de la chatarra.
El “negocio bancario” corre la misma suerte y será el “tapado” quien se lo adjudicará a precio de derribo.
Veamos ahora como se desarrollará la receta que han aplicado las “altas esferas”, Con esta acreditación de fondo buitre, las “altas esferas” no verán inconveniente en transferirles miles de millones en préstamos hipotecarios que detrás se sostienen miles y miles de viviendas de familias a las que se les niega la información del nuevo acreedor.
La relación de préstamos con garantía hipotecaria que se trasferirá estará ostensiblemente manipulada para llenarla de ficticios impagados.
El fondo buitre hará el agosto con el “agujero” dimensionado adquirido a precio de chatarra ya que a la hora de la verdad los impagados no serán tantos y además tienen adosado a su préstamo la garantía de un inmueble.
El fondo buitre, como no es un banco que se pueda hacer cargo de la gestión de cobro y reclamación de los impagados nombrará una sociedad para tal gestión.
Acto seguido, el banco que se quedará, a precio de saldo, el “negocio bancario” iniciará las gestiones para fusionarse con el Banco Popular y en pocos meses estará en disposición de acudir a los juzgados reclamando a los deudores su derecho de transmisión universal de los créditos del Popular.
Así, el “tapado” que aparentemente se ha quedado con el “negocio bancario” a precio de saldo acaba participando en el aquelarre sobre la garantía de los préstamos (los inmuebles) sin tener ni arte ni parte. ¿Quién gana y quién pierde? Gana el fondo buitre, ganan las “altas esferas”, gana el “tapado” y pierde el Estado, es decir, el populacho.
La historia, este cuento de nunca acabar, tendrá su continuidad en un próximo post que pondrá patas arriba a los delincuentes que están llevando el país a hacer puñetas. Aquí, tan solo, descubriremos al posible “tapado”: el Banco Santander.
Por último, decir que se trata de un pronóstico ¿Acertaré?
Próximo post: Adivina el futuro inmediato del Banco Popular (2)
¿Quién se ha llevado mi dinero?
La respuesta es tu banco.
Te puedes quedar ahí, resignado, llorando de cara a la pared por el dinero que se ha evaporado de tu cuenta bancaria o bien, no te resignas y reclamas lo que es tuyo.
Si has decidido que los tiempos no están para regalos de esa magnitud, espabila y no pierdas un instante en hacer click en este enlace:
By Ataquealpoder, ataquealpoder.wordpress.com
La ruina del Banco Popular se explica también
por la falta de independencia del auditor PwC
El Banco Popular, que busca una salida desesperada a la ruina a la que le condujo el anterior presidente de la entidad, Ángel Ron, quien, no obstante ha tenido la desvergüenza de abandonar la entidad con una remuneración multimillonaria de 23 millones en concepto de derechos de pensión, ha disfrutado de un control débil de sus cuentas por parte del auditor PwC, que lleva auditando el banco ininterrumpidamente la friolera de 35 años, una longevidad que choca con la independencia debida para este menester.
Las cuentas del Popular bajo el mando de Ron las han firmado tres socios de la citada multinacional, ya totalmente deshumanizada en su nombre, que pasó de tres apellidos ilustres Price Waterhouse Coopers a las citadas tres letras PwC.
Los auditores socios de la firma que han firmado son Antonio Greño Hidalgo, que las últimas que dio por buenas fueron las de 2008, el año que se desencadenó la crisis; José María Sanz Olmeda, que aseguró durante siete años muy duros, 2009-2015, que las cuentas presentadas eran la imagen fiel, lo que obviamente se ha demostrado incierto y por último el año pasado quien ha dado la cara ha sido Pedro Barrio, quien dio por buenas las de 2016, que tampoco expresaban la verdadera situación ruinosa del banco.
Tanto la multinacional con nombre que suena a plástico no reciclable como los socios citados validaron con unas cuentas que no se correspondían con la realidad de solvencia del banco
dos ampliaciones de capital de 2.500 millones de euros cada una en los años 2012 y 2016, que han generado un quebranto brutal a los accionistas minoritarios del Popular.
El Banco Popular figura en las siete variables analizadas en el estudio con el riesgo máximo.
Estas variables son los años con el mismo auditor (Término), que en el caso del Popular bate el récord, habiéndose generado una promiscuidad insana, la contratación de servicios adicionales al auditor ajenos a la práctica de auditoría, cuantía de los ingresos que por estos servicios obtiene la empresa auditora, que en el Popular han superado el 55% ( mayor al 42,23% que indica el informe corporativo de 2016), en contra de lo recomendado.
También marca muy malos registros por no diversificar la contratación de servicios de auditoría y adicionale, y tampoco informa con detalle de los servicios adicionales contratados con PwC.
Al igual que en el resto de empresas del Ibex 35, el Popular no informa de cuál ha sido el proceso de contratación de la empresa auditora y si el consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la comisión de auditoría a la hora de tomar una decisión, y tampoco el banco durante el mandato de Ron sometió a la aprobación de la junta de accionistas el plazo de contratación de la auditoría, la remuneración, etcétera.
Es tal el despropósito que el Banco Popular, en su informe de gobernanza, justifica como una medida de control el hecho de que “la Comisión de Auditoría del consejo deberá recibir anualmente de los auditores externos la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos por el auditor externo, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas”.
Para el Banco Popular, durante el mandato de Ron, la independencia del auditor la justifica el propio auditor.
Sorprende mucho que con una quiebra del calado de la del Banco Popular, que ha desplumado a los accionistas minoritarios, todavía ni los nuevos gestores, con el presidente Emilio Saracho a la cabeza, ni supervisor alguno, hayan denunciado a Ángel Ron, más aún tras el atrevimiento de éste de llevarse a su casa 23 millones en concepto de pensión, que es una remuneración encubierta, de la que debía haberse informado claramente en el informe de remuneración, como mandan las normas de la Autoridad Bancaria Europea, y no en los Estatutos de la entidad.
Éstos no están para definir lo que debe cobrar un directivo en concepto alguno. El nuevo equipo dirigente ha eliminado el articulado que sirvió a Ron para hacerse multimillonario a costa de los accionistas.
El caso del Royal Bank of Scotland tiene semejanzas con el Popular
Mientras en el Popular no hay por ahora denuncias claras contra Ron y los que han ocultado los créditos malos del balance de la entidad, esta semana se ha iniciado en Londres el procedimiento civil de accionistas contra el Royal Bank of Scotland por ocultarles la mala situación del banco cuando hizo una ampliación de capital de 12.000 millones de libras en 2008 unos meses antes de que fuera intervenido por estar quebrado. Como se ve una situación muy parecida a la de las ampliaciones de capital del Banco Popular, especialmente de la del año pasado.
Entre los accionistas que reclaman su dinero al RBS por vía judicial (otros alcanzaron acuerdos) están 9.000 minoritarios y 20 institucionales, entre otros los estadounidenses Wells Fargo, el fondo de pensiones de Boeing, y Merrill Lynch.
El caso de Royal Bank of Scotland también tiene su enganche con el auditor.
El banco parece dispuesto a pagarles una cantidad que duplica la pagada a otros que se mostraron menos amenazantes.
Cuando Fred Goodwin, el consejero delegado que llevó a la quiebra al banco escocés, fue nombrado, una de sus primeras decisiones fue cambiar de auditor, echando a PwC y contratando a Deloitte (hay que recordar que el negocio de auditoría de grandes empresas es un oligopolio).
Goodwin había sido socio de Deloitte y se había criado a los pechos del socio principal británico de la auditora, John Connolly.
La falta de independencia del auditor por amiguismo, codicia u otros factores, es un riesgo brutal para los accionistas, y en el caso del RBS costó al Estado 46.000 millones de libras.
También en Alemania se ha producido un hecho interesante, que podría ser utilizado en el caso Banco Popular-Ángel Ron.
En la pasado junta de accionistas, celebrada el 18 de mayo, el presidente del consejo de vigilancia de la entidad, Paul Achleitner, anunció esta reclamación que se negocia con los antiguos gestores, quienes parecen dispuestos a pagar so pena de verse en los juzgados.
