La UCO entra en Ferraz, Adif, Ministerio de Transportes y Dirección General de Carreteras
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado un operativo en la mañana de este viernes por orden del Tribunal Supremo y se han personado en la sede del PSOE en Ferraz, donde se encontraba el despacho del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, para llevarse una copia de sus dispositivos informáticos. Los investigadores también han acudido a las oficinas de ADIF, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes en busca de documentación y pruebas sobre la trama presunta de corrupción de Cerdán, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, según ha podido confirmar El Confidencial.
La operación se produce como consecuencia de un auto del instructor del caso, el juez Leopoldo Puente, por el que autoriza a la UCO a "investigar cuentas, inmuebles y la cuenta de correo electrónico corporativa de Santos Cerdán en el PSOE" y la de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ante las evidencias de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Por su parte, en Adif y la Dirección General de Carreteras, la Guardia Civil busca los expedientes de las obras presuntamente manipuladas que aparecen en el último informe remitido al Alto Tribunal por los investigadores.
El magistrado del llamado caso Koldo también ha citado como investigados a cinco empresarios de la construcción para indagar en la adjudicación de obras públicas a cambio de supuestos sobornos y autoriza igualmente a la UCO a investigar cuentas suyas y de sus empresas. Además, ante el cambio de abogado de Santos Cerdán, ha accedido a posponer al 30 de junio su declaración, aunque el juez advierte que esta será “preceptiva y en calidad de investigado” y no voluntaria tras perder el aforamiento.
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El magistrado instructor de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado un auto de 46 folios en el que autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar cuentas y productos bancarios en los que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. También se requiere información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y la evolución de la misma.
La investigación de cuentas bancarias, tal como solicitó la UCO en su informe de 5 de junio, se extiende a cuentas y productos bancarios de cinco empresarios, que además son citados como investigados, y de sus empresas. En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar son cerca de 500.
En el Ministerio de Transportes, el juez instructor insta a la cartera de Óscar Puente a que facilite a los agentes de la UCO el acceso y clonado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo del exministro Ábalos.
El juez cree que Cerdán "pudiera haber participado en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares"
Y en Ferraz, el juez requiere al PSOE la entrada de la UCO en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) "de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en dicho partido político". A esa dirección de correo, según el informe de la UCO, Koldo García Izaguirre enviaba "ciertas comunicaciones relevantes". Igualmente, el auto señala que "deberá facilitarse por el PSOE a la UCO el acceso y grabado (clonado) de cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por Santos Cerdán".
El juez considera que Santos Cerdán, según los "consistentes indicios recogidos en el informe de la UCO", “pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser este, don Santos Cerdán quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”.
Cinco empresarios
Asimismo, el instructor acuerda citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados, a cinco empresarios (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola), como personas que, “en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio”.
Añade el juez que “tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de este, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial”.
Respecto a ellos, el juez también accede a la petición de la UCO, recogida en su informe del 5 de junio, de requerir la información bancaria con relación a las cuentas o productos que aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas, ACCIONA CONSTRUCCIONES, S.A., L.I.C, O.P.R, y SERVINABAR 2000, en cuyo beneficio podrían haber actuado, así como a nombre de FIADELSO, fundación estrechamente vinculada a la persona del aforado en esta causa.
Indicios consistentes contra Pardo de Vera y Herrero
El instructor señala que el informe policial identifica también las obras que, durante el periodo en el que Ábalos fue ministro de Transportes, pudieron haber sido adjudicadas irregularmente, y por ello, el juez requiere a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para que le remita, en un plazo máximo de quince días, los expedientes de adjudicación de diversas obras. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).
El magistrado explica que, a su juicio, del informe de la UCO de 5 de junio resultan “indicios consistentes” respecto a que la entonces presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero “hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones”, asistencia a Ábalos, a través de Koldo, “para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el Ministro, a través de su asesor, les impartía.
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Sin embargo, considera que las conductas de estas dos personas, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad esencial perseguida indiciariamente por el aforado, no deben investigarse en el Supremo, de modo que acuerda deducir testimonio del informe de la UCO de 5 de junio al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera justificado, investigar los hechos incluidos en el citado informe relativos a ambos.
Señala también el juez que en el informe de la UCO se refieren determinadas conductas, eventualmente delictivas, que pudieran haber protagonizado Francisco Javier Lorente y Miguel Moreno Purroy. El magistrado considera que en este momento no se halla vínculo alguno entre dichas conductas y los comportamientos que cabe atribuir, en términos indiciarios, a José Luis Ábalos, único aforado en la causa, por lo que también deduce testimonio para el esclarecimiento de dichas conductas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Compra de Servinabar
El instructor rechaza la petición de la defensa de Cerdán de requerir a la fuerza actuante para que inmediatamente aporte el original del documento privado incautado en el registro del empresario Joseba Antxón Alonso de compraventa de participaciones sociales de la empresa Servinabar. El juez recuerda que dicho hallazgo se refleja en el atestado de 12 de junio de 2025, donde se señala que dicha escritura privada está firmada entre Alonso Segurola (en condición de administrador único de Servinabar 2000) y Santos Cerdán, y que el primero transfiere al segundo 1350 participaciones sociales de las 3000 que constituyen la sociedad. Documento fechado el día 1 de junio de 2016.
El juez explica que la defensa de Cerdán hacía su requerimiento para poder “acudir a la notaría pertinente a cotejarlo y de poder declarar sobre el mismo”. Y el instructor contesta al respecto: “Es claro que el investigado dispone, y dispondrá siempre a lo largo del procedimiento, del derecho a no declarar, pero no lo es menos que mal podría cotejarse notarialmente un documento privado. En cualquier caso, ofíciese a la unidad actuante para que aporte con urgencia, siempre con carácter previo a la fecha señalada para la declaración del investigado, a las actuaciones una copia de dicho documento”.
