Movimientos sociales demandarán a España en el Tribunal de Estrasburgo por las ‘leyes mordaza’

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Movimientos sociales demandarán a España en el Tribunal de Estrasburgo por las ‘leyes mordaza’ | 10/12/2015
   



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Concentración contra las ‘leyes mordaza’ en las inmediaciones del Congreso durante el pasado verano. / Efe
Hoy se celebran 67 años desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diferentes movimientos sociales, ONGs y colectivos de distinto índole vienen denunciando en los últimos años la recesión en esta materia en el Estado español. De hecho, en plena campaña electoral para las elecciones generales, el Estado será demandado por distintos movimientos sociales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la ejecución e implantación de las llamadas ‘leyes mordaza’: la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada y el Pacto Antiterrorista. La encargada de llevar la denuncia a cabo es la plataforma Defender a quien Defiende, una coalición de personas, organizaciones, plataformas y movimientos sociales defensoras de los Derechos Humanos en la que se encuentran LegalSol, la Universidad Autónoma de Madrid, la APDHA de Cádiz, Sos Racismo, Novact, Iriada y algunos medios de comunicación alternativos, entre otras organizaciones, y tienen financiación de Noruega. “Los países nórdicos pasan de financiar proyectos por los Derechos Humanos en los países del sur a financiarlos en el Estado español, es un ejemplo de cuál es nuestra situación”, explica a cuartopoder.es una de las portavoces de esta coalición, Thais Bonilla.
De este modo, el próximo día 15 presentarán la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, “ante la inoperancia de nuestro Gobierno y la posible no derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana tras el 20D”, relata esta activista. Desde Defender a quien Defiende recuerdan que tanto PP como Ciudadanos no se han comprometido a derogar y reformar estas normativas. La demanda se centrará en la vulneración del derecho a la información, “pues es uno de los que más se han visto perjudicados con estas leyes mordaza”, asegura Bonilla. Para el procedimiento presentarán la figura de víctima potencial y expondrán casos concretos que desvelarán el mismo día 15 a los medios de comunicación.
“Lo hacemos el día 15 de diciembre para que entre en la campaña electoral, pues queremos recordar a los partidos que se comprometieron a echar para atrás las leyes mordaza que tienen un compromiso con la ciudadanía”, declara Bonilla, recordando que “ni PP, ni Ciudadanos se han comprometido a hacerlo”. Además, desde esta plataforma de diversos colectivos comentan que con estas leyes se vulneran principalmente el “derecho a la información y a informar de periodistas y fotoperiodistas, y también a la manifestación de los ciudadanos”. “La represión de la burocracia también ha aumentado, se viste de sanción administrativa pero con las multas más elevadas, de este modo se paraliza a colectivos y activistas que tienen que poner sus esfuerzos en pagarlas”, añade esta portavoz. “En la Ley de Seguridad Ciudadana se nombran específicamente algunas formas de lucha de los movimientos sociales, como el colgar pancartas de edificios o la ocupación de sedes bancarias, es la criminalización de la protesta”, recuerda.
Por su parte, la plataforma NoSomosDelito también viene trabajando contra las ‘leyes mordaza’ desde hace años. De hecho, tal y como adelantó este medio, han programado para el próximo domingo una jornada de lucha para presionar a los partidos a la derogación de estas normativas y para visibilizar las diferentes luchas sociales de los últimos años durante la campaña electoral. Alejandro Gámez, abogado y portavoz de esta plataforma, comenta a este periódico: “La reforma del Código Penal aumenta la desproporción entre los delitos y las sanciones e incorpora nuevos delitos que afectan a la pobreza, exclusión social e inmigración, por otro lado tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, que por un lado el incrementa las sanciones por ejercer los derechos a la libertad de manifestación y expresión, y por otro aumenta la discrecionalidad en las actuaciones de la Administración, otorgándoles más poderes a la Policía y a la Administración”.
Por ello, Gámez recuerda que con la entrada en vigor este año de estas normativas se violan derechos reconocidos en la Declaración de 1948. “Por supuesto, se viola el derecho a la reunión y manifestación, así como la libertad de expresión. El Código Penal agrava delitos relacionados con la pobreza e inmigración, y hay unas sanciones desproporcionadas con relación a otros delitos, los de cuello blanco, de corrupción”, analiza este abogado, que pide a los partidos políticos que en la próxima legislatura aprueben otra Ley de Seguridad Ciudadana y deroguen las dos últimas reformas del Código Penal. Este abogado de NoSomosDelito narra a cuartopoder.es algunos casos con los que se ha encontrado desde que se aprobaron las “leyes mordaza” los cuales violan los derechos más elementales. “Ha aumentado la práctica de requisar móviles a gente que está contemplando una operación policial, grabaciones que podrían servir a un abogado para rebatir la acusación de la Policía”, relata, añadiendo que “la única base para desarrollar estas prácticas es que podían poner en peligro la operación policial, como si esa puesta en peligro valiera más que el derecho a la defensa del ciudadano”.
“Las violaciones al derecho a la libertad han aumentado mucho. Antes, por las faltas administrativas no se podía detener, sólo por delitos, a partir del 2012 crecen de manera salvaje estas detenciones, se multiplican por siete, y con la entrada en vigor en 2015 de las leyes mordaza más, pero esos datos no se publicarán hasta el próximo año”, explica Gámez. “En NoSomosDelito hemos visto ejemplos claros de esa discrecionalidad policial, desde el mero hecho de considerar organizador de una manifestación a una persona sólo por llevar una pancarta, convirtiendo al participante activo en organizador, a un incremento de infracciones por supuestas faltas de respeto a agentes de la autoridad”, prosigue Gámez, que describe que “hacer una foto a un coche policial estacionado en una plaza para minusválidos se ha considerado una falta de respeto a la autoridad”. “También han aumentado los cacheos, se ha bajado el criterio por el cual se permite realizar los cacheos, que son registros corporales completos. Antes, sólo en casos de delito, y ahora también si hay sospecha de infracción administrativa”, advierte.
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Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, en Aluche. / Mónica López (SOS Racismo)
Otros derechos vulnerados
Los movimientos sociales y diferentes colectivos y organizaciones denuncian también las violaciones de Derechos Humanos en otros ámbitos. Los familiares y víctimas del franquismo ven cómo sus derechos reconocidos por instancias internacionales no se ejecutan en el Estado español. La inmigración y las políticas que los gobiernos desarrollan ante esta cuestión son foco de permanentes críticas. En este sentido, José Palazón, de la organización Prodein, comenta a este medio la situación de las personas que llegan suelo español saltando la valla que separa  Melilla de Marruecos. “Aquí los Derechos Humanos no existen, se violan constantemente”, explica. “Desde el derecho a la vida, porque aquí muere gente, por ejemplo ahora hay dos chavales que han saltado en coma, hasta la gente que desaparece y no se vuelve a saber” prosigue. “Somos testigos de detenciones ilegales, de la falta de socorro y asistencia sanitaria a personas heridas”, añade.”También es constante la desatención a los menores, la calle está llena de niños, incluso dentro de la ciudad con menores que no tienen documentación aunque hayan nacido aquí, menores que no van al colegio ni tienen la asistencia sanitaria que deberían”, describe Palazón. Además, explica que la solicitud de asilo político es muy difícil, sobre todo para las personas subsaharaianas:  “Ni un sólo subsaharaiano ha tenido derecho a pedir asilo”.
También sobre los derechos de los inmigrantes vulnerados habla Andres Armengol, de la plataforma Tanquem els Cies. Este activista recuerda que en los Centros de Internamiento de Extranjeros se violan los Derechos Humanos. “Entre las violaciones destacan la falta de asistencia sanitaria, la ausencia de sanitarios en las celdas, lo cual obliga a los internos a usar cubos para hacer sus necesidades o la falta de intérpretes para poder informar a los internos de sus derechos durante el encierro”, enumera Armengol. “La violencia policial rara vez se persigue porque las denuncias o son desestimadas o los fiscales invierten la carga de la prueba, acusando, en no pocas ocasiones, a los internos de ser los instigadores de la agresión”, prosigue este defensor del cierre de los CIEs. “No se facilitan zonas de visita, tampoco se informa a los familiares de las deportaciones contraviniendo el propio reglamento regulador de los CIEs, las deportaciones en muchas ocasiones se producen con personas que llevan años en España y ya no tienen arraigo en su país de origen, se ponen muchas trabas para solicitar asilo, las detenciones se siguen produciendo por perfil racial vulnerando lo contravenido por el Tribunal de Estrasburgo, se vulnera el principio constitucional que establece que la privación de libertad sólo puede darse en caso de sentencia judicial que castigue un delito tipificado en el Código Penal…”, argumenta Armengol, como motivos evidentes para exigir el cierre de estos centros.
Otra de las luchas sociales que viene reivindicando un derecho fundamental con mucha fuerza en los últimos años es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sus reclamaciones de materialización del derecho a la vivienda. Azael Babiano, integrante de la comisión jurídica de esta plataforma, recuerda que “ha habido 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2012”. Además, este activista asegura: “Hacer participar la vivienda del mercado ya es la vulneración de un derecho, hace depender este derecho de la capacidad económica de las personas”. “Directamente entronca con la inviolabilidad del domicilio, cuando existe una ejecución hipotecaria sí que se puede entrar en una casa”, prosigue Babiano, enumerando los derechos vulnerados en los desahucios: “Los derechos de la infancia también se violan, la legislación actual sólo protege de forma laxa a los pequeños hasta los 3 años, después un niño se puede quedar en la calle”. “Las ejecuciones, además, tienen mecanismos de especial privilegio hacia los bancos, una persona que deja de pagar tres mensualidades de la hipoteca puede ser víctima de que le obliguen a pagar todo lo que les queda de deuda por contrato”, dice Babiano.

















































































    

Margallo: "El que ha dit Pablo Iglesias sobre el dret a decidir em sembla un disbarat"

El ministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, ha opinat avui sobre les declaracions d'ahir del líder de Podemos, Pablo Iglesias, durant el debat de candidats a Antena 3, on va defensar el dret a decidir dels catalans, i el dret a decidir "quedar-se" a Espanya. "Em sembla un disbarat", ha dit Margallo durant una entrevista a Onda Cero, i ha argumentat que "el dret a decidir què és la nació és del poble espanyol en el seu conjunt".
"Hi ha molts catalans a que amb el teòric dret a decidir els privarien de la seva condició d'espanyols i europeus", ha dit Margallo, abans d'afegir que "el dret a decidir té límits". Alhora, ha insistit que "és contrari a la Constitució espanyola i al sistema de Nacions Unides i, per tant, també als tractats de la UE".
Per això, considera el ministre espanyol que "Catalunya quedaria fora de totes aquestes organitzacions. Es pot demanar la independència, però cal explicar les conseqüències i dir la veritat".

oligarquias Vs populacho

Cuando te refías alguien durante mucho tiempo puede que mas adelante tengas un desengaño.


En política el desengaño es mayor y afecta a mucha más gente, exactamente a todo un país.


España ese país gobernado por imbeciles aristócratas que solo piensan en su propio bienestar importándoles muy poco que le sucede al pueblo mientras puedan comer caviar y el resto se muera de hambre.


Todo puede cambiar siempre que el pueblo esté unido y decidan actuar, de otra manera acabarían sin los recursos necesarios para la supervivencia.

possible l'acord entre Junts pel Sí i la CUP

L'ANC no vol parlar de la hipòtesi d'unes noves eleccions. De fet, veu "molt possible" l'acord entre Junts pel Sí i la CUP, segons ha assegurat aquest dissabte el president de l'ANC, Jordi Sànchez. "És l'únic escenari que contemplem", i ha dit que l'acord "no es tracta només d'escollir la presidència de la Generalitat" sinó de "garantir una majoria sòlida que permeti desenvolupar les bases de la república catalana". Sobre la possibilitat que el vot independentista es desmobilitzi a falta d'un acord de cara les eleccions del 20-D, el president de l'ANC ha afirmat que "l'independentisme tindrà la resposta que la situació política requereix" i ha demanat que no s'interpretin els comicis com "una segona volta de res". "Les forces polítiques han d'anar a Madrid a negociar les condicions democràtiques per exercir el dret a decidir i la construcció de la república", ha defensat Sànchez des d'Ulldecona, on el secretariat nacional fa aquest dissabte una trobada ordinària. En aquest sentit, el president de l'ANC ha dit que espera que aquesta sigui "la darrera legislatura espanyola en què Catalunya hi forma part".
El president de l'ANC ha insistit en el fet que l'Assemblea vol "un acord ràpid i de qualitat". A Junts pel Sí i la CUP "els manifestem el suport i tenim el convenciment que arribaran a un acord", ha dit Sànchez, que els ha demanat "que ho facin ràpid". Segons el president de l'Assemblea, "l'espai de negociació avança adequadament" i espera que s'arribi a un acord "com més aviat millor" i "de manera sòlida" per "posar-nos a treballar".

analisis sobre las elecciones del 20D

Se acerca la fecha. Nos toca decidir el voto (¿útil?). Bajo mi punto de vista como científico -que es una parte importante de lo que soy- hay tres aspectos cruciales a considerar en un partido político:
Primero y fundamental, el pensamiento racional. Sin pensamiento racional, es difícil llegar lejos. Las supersticiones tienen su lugar en la cultura, pero hemos de trabajar en la realidad. Es una desgracia que se legisle siguiendo los dictados de la Iglesia Católica, como lo es que se de cancha a seudoterapias o seudodolencias. No deja de crecer la lista de Universidades que, buscando funcionar con criterios de rentabilidad económica, admiten entre sus muros lo que nunca debiera entrar.
Segundo, el cambio climático, que me parece el gran reto científico y social del siglo XXI. Sin arreglar esto sí que no llegamos lejos. Este punto es, además, transversal: las múltiples regulaciones que son condición necesaria para frenarlo no son compatibles con el modelo capitalista actual. El libre mercado ya ha demostrado que no tiene herramientas eficaces para dejar el carbono enterrado en el suelo ni para poner en marcha el decrecimiento necesario para que nuestra civilización sobreviva dos generaciones. Así, grandes porciones del programa que parecen ir de economía o política internacional (y sus siglas asociadas: TTIP, FMI…), o de servicios públicos, de modelos de urbanismo, consumo o mobilidad, en realidad son fundamentales para el gran problema del cambio climático. La ciencia nos dice: de esta no salimos cambiando las bombillas.[1]
Tercero, la investigación. Hay que invertir en investigación pública para resolver problemas sociales. A corto, a medio y a largo plazo. Aquí tenemos la otra cara de esa transversalidad: hablando de la carrera investigadora, de la inversión en conocimiento, a la vez se está hablando de la economía y de la industria de la próxima generación. No me parece razonable que aspiremos a ser un país para turistas.
¿Cómo valoro, desde estas tres directrices, a las siguientes organizaciones políticas?
El Partido Popular, heredero del nacionalcatolicismo, pone medallas a las Vírgenes, hasta hace poco negaba el cambio climático y se ha cargado la investigación pública en España. No hace falta darle más vueltas.
El PSOE ha plantado históricamente cara (un poco) a la Iglesia Católica. Podría haber hecho más, claro. Y menos también. No se puede dejar de reconocer que duplicó en su día la inversión en I+D. Pero como partido capitalista que es, no trabajará para frenar el cambio climático como necesitamos que lo haga.
A Cs los veo comparables al PSOE, pero con mucha mejor asesoría a la hora de elaborar la parte científica del programa electoral. Comparados con el PSOE, creo que desafiarán algo menos a la religión y algo más a otras supersticiones seudocientíficas. Me parece difícil predecir quién invertirá más en investigación, pero parece claro que Cs invertirá mejor. Sobre todo, mejor para la empresa privada. Ahora bien, sus políticas de libre mercado seguirán alimentando a la locomotora que tira del cambio climático; al menos tanto como las del PSOE o las del PP. Esa postura tampoco es contradictoria con la ciencia, realmente: simplemente consiste en sacrificar a los muchos y a los que están por venir para el beneficio de los pocos y del corto plazo. Algunos viviremos (¿o vivirán?) algo más cómodos algunos años más, pero la cuenta la pagarán los niños de hoy y los pobres de mañana, y esa cuenta será de espanto.[2]
Las fuerzas a la izquierda del PSOE (desde Unidad Popular a Podemos pasando por todos sus aliados reales y potenciales) son, con diferencia, las más beligerantes con la superstición eclesiástica. En cambio, contra las seudociencias a veces son los más débiles. Aquí hay más de una batalla importante por librar, y hemos de comprometernos quienes tenemos formación científica y a la vez buscamos la justicia social: hemos de insistir en que, si bien tiene todo el sentido que se planteen propuestas alternativas a la actualidad económica, que es una construcción humana, no lo tiene el jugar con alternativas a la realidad científica, que es objetiva. En cuanto al cambio climático, las fuerzas que recogen postulados anticapitalistas me parecen la única opción sensata. Aquí sí hay potencial de que nuestros hijos hereden un planeta poco hostil, y de que nuestros nietos hereden una civilización digna de tal nombre. Resultan, por tanto, la única opción responsable con quienes tienen menos y con quienes están por venir, la opción que menos hará que nos maldigan por haber tolerado el lujo a costa de su sacrificio. En cuanto a la investigación, de nuevo, a estas fuerzas les queda (¿nos queda?) trabajo por hacer: no dejarán que se hunda la investigación pública, eso seguro, pero los programas son mejorables. Lo bueno es que estas fuerzas tienden a responder a la presión de la calle cuando gobiernan: en la práctica, para mejorar esos programas habrá que organizarse y trabajar.
[1] Aconsejo mucho leer esta entrevista de Amy Goodman a Kevin Anderson para Democracy Now!, del 8/12/2015
[2] Los primeros refugiados climáticos están pagando ya la cuenta de los excesos cometidos por los más ricos durante las últimas décadas, y quienes vivimos en países acomodados nos tendremos que apretar más el cinturón durante los próximos años por esos mismos excesos: se han (nos hemos) gastado ya casi todo el presupuesto de carbono, y ahora toca emitir poco y tener un cambio climático relativamente moderado, aunque dañino… o seguir emitiendo unos años más y tener un cambio climático desastroso.

Mercadona.- una mafia escondida?

El método Mercadona, derechos laborales de marca blanca

■ El imperio de Juan Roig presiona a sus empleados para evitar bajas por enfermedad y ahorra en despidos forzando expedientes disciplinarios.

El método Mercadona, derechos laborales de marca blanca.
El propietario de Mercadona, Juan Roig, se ha enorgullecido en multitud de ocasiones del escaso absentismo laboral que hay en su empresa frente el alto nivel en el resto del país. “En España hay más de un millón de personas que hoy no ha ido a trabajar pudiendo”, declaró Roig en una de sus intervenciones. Esa cosmovisión empresarial la aplica en su compañía de una manera muy especial.
El nuevo paradigma de Mercadona sobre las bajas por enfermedad es explicado a los trabajadores nada más llegar a la empresa y consiste, precisamente, en negar la baja. “Tener una enfermedad no siempre tiene que implicar coger la baja”, dice la ficha que se les entrega. Según este método, mientras no sea perjudicial para la salud, se puede trabajar enfermo. Y ni siquiera siempre se respeta esa máxima.
Mercadona posee unos métodos de presión sobre los trabajadores tremendamente efectivos para que no cojan las bajas. En su plan de acogida a los nuevos empleados, Mercadona especifica claramente a los trabajadores que, en caso de accidente, enfermedad, embarazo o consulta médica, deberán notificárselo al coordinador de la tienda para que éste a su vez les facilite el contacto del médico de plantilla de la empresa. Esto impide que el empleado acuda a la mutua o a su médico de cabecera y, por tanto, que haya baja. En este sentido, lo máximo que se conceden son los llamados “días de descanso”, sin baja, y durante los cuales el médico de plantilla llamará cada día al trabajador para que se incorpore al trabajo. En caso de que se permita al empleado acudir a una mutua que trabaje con Mercadona, los profesionales de estas empresas tienen instrucciones precisas de no dar la baja a los trabajadores de Roig. Según David Fernández, de la CNT en Mallorca, son multitud los trabajadores que han declarado que, ante una petición de baja, han recibido contestaciones como “ya sabes lo que hay con Mercadona” o “sabes lo que te pasará si pides la baja en el médico de cabecera”.
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Una empleada de Zaragoza aseguró a La Marea que un médico de la mutua llegó mostrarle la pantalla de su ordenador, en el que aparecía un aviso claro: “No dar la baja a trabajadores de Mercadona”. Según Isabel Gutierrez, de CCOO, los médicos de la mutua que trabajan con la empresa sólo pueden dar la baja al empleado con el permiso del médico de Mercadona.
Peligros graves
Esta práctica habitual ha provocado casos gravísimos en empleados que, presionados por la empresa, siguieron en sus puestos de trabajo con enfermedades no diagnosticadas o diagnosticadas erróneamente. Uno de los más llamativos es el que casi acaba con la vida de José Luis Enríquez, un empleado de Mercadona en Málaga que, tras cuatro meses de dolores insoportables en la espalda y de ser tratado y medicado por el médico de la empresa, tuvo que acudir a urgencias para que le operaran de un trombo que amenazaba su vida. José Luis informó a su coordinador de un dolor punzante en la pierna y, tras varias negativas de éste a concederle la baja, finalmente el médico de la empresa le diagnosticó por teléfono que sufría una ciática y le recetó un medicamento llamado Incitán.
Después de agotar el tratamiento sin sufrir mejoría alguna y sin faltar al trabajo, decidió ir al médico de cabecera debido a que el dolor era insoportable, no sin antes recibir una llamada del médico de la empresa que le instaba a no cogerse la baja médica y a acudir a una clínica privada concertada con Mercadona. Allí volvieron a recetarle el mismo medicamento. Enríquez cada día iba a peor. Tras varias conversaciones con el médico de empresa y su coordinador, y viendo que el dolor no remitía sino que iba a más, el empleado acudió al hospital provincial de Málaga, donde le operaron de dos trombosis –una en cada pierna– que si no llegan a ser tratadas habrían acabado con su vida. Además, casi le hacen perder la pierna izquierda. Casos como este no son excepcionales, denuncia David Fernández, de la CNT, desde donde llevan varios expedientes de trabajadores de Mercadona que han sufrido secuelas de por vida por seguir las indicaciones de la empresa con respecto a las bajas por enfermedad.
Amenazas de despido
Una trabajadora de un supermercado de Mallorca, por ejemplo, ha quedado con el hombro inutilizado tras ser tratada con calmantes y amenazada de despido si se le ocurría faltar a su puesto de trabajo. Según Isabel Gutierrez, del sindicato CCOO, este método para luchar contra el absentismo laboral se sirve además del enfrentamiento entre los propios trabajadores. La empresa exige que para cobrar la prima trimestral por objetivos no se exceda de un número de bajas determinadas, y Mercadona señala ante los trabajadores de un establecimiento a aquellos que se han cogido una baja y han evitado que el resto pudiera cobrar la prima por objetivos prevista.
En 2010, Mercadona contaba con 63.000 trabajadores en su plantilla total, una cifra que aumentó hasta los 74.000 que tiene en la actualidad la cadena de supermercados. Esto supone un incremento de 11.000 empleados en cuatro años. Sin embargo, el crecimiento se produjo al mismo tiempo que 11.754 trabajadores causaban baja en ese mismo periodo. Este número tan elevado de bajas tiene entre sus causas las fuertes exigencias y presiones impuestas por el método Calidad Total.
En este sentido, cabe destacar que la empresa suele utilizar el despido disciplinario como método para ahorrarse la indemnización por despido. Desde gestión, se alegan excusas falsas o de carácter muy leve que elevan a grave amparándose en el mismo método Calidad Total. Por ejemplo, colocar mal una botella en las estanterías, no sonreír a un cliente, dar un golpe a una puerta o llegar cinco minutos tarde son motivos considerados por Mercadona como constitutivos de un despido disciplinario.
Desde el departamento de comunicación de Mercadona se justifican estas actuaciones por el amplio número de trabajadores en plantilla y la lógica circunstancia de que existen procedimientos de todo tipo. Para sostener estas acusaciones la empresa suele usar la firma de dos o más empleados que, conscientes de las represalias que supondría no colaborar como testigos del despido, firman y apoyan la versión de la empresa. Si el empleado opta por denunciar a la empresa, Mercadona en ocasiones actua al margen de la judicatura con el uso de contratos privados. Estos, según David Fernández, de CNT, incluyen cláusulas de dudosa legalidad, como las que prohíben al trabajador hablar mal o criticar a la empresa en cualquier foro.
Ello no sólo impide al empleado denunciar en el futuro a Mercadona: en el caso de que el extrabajador las incumpla, se vería obligado a pagar un mínimo del triple de lo acordado en la indemnización por el despido. Mercadona se niega a hablar de estos contratos por su carácter privado.

El lado oscuro de Mercadona

Lechugas, coles, escarolas y espinacas marca Verdifresh. Pienso para animales Compy. Detergente, lavavajillas, lejía y bolsas de basura de la firma Bosque Verde. Cremas de belleza, champú y gel Deliplus. Galletas, gazpachos, pizzas, leche, atún y casi la mitad de productos del supermercado bajo un mismo nombre: Hacendado. Son marcas blancas propias de Mercadona, la mayor cadena de distribución alimentaria en España por volumen de ventas. Cerca de la mitad de los artículos que se encuentran en las estanterías de estos hipermercados pertenece a una marca blanca, no comercial. Dentro de ellos, están los que el equipo de Juan Roig denomina “interproveedores” o “productos recomendados”, una figura que implantó la empresa valenciana en los años noventa y que consiste en crear una relación de confianza y dependencia entre las compañías que suministran sus productos para la venta y el supermercado. “Siempre buscando el precio más bajo para nuestro jefe, el consumidor”, tal y como lo expresó son su propio lenguaje Roig durante la presentación de resultados en 2009. Precisamente ese año, el modelo dio un salto cuantitativo y cualitativo cuando la cadena de alimentación hizo desaparecer casi 1.000 referencias de marcas comerciales de sus estanterías. Fue entonces cuando el cliente dejó de tener oportunidad de elegir y la cesta de la compra empezó a llenarse de productos con etiquetados no reconocibles.
Este cambio de filosofía provocó el enfado de muchos fabricantes e hizo que la relación con los interproveedores cambiase. A partir de ese momento Mercadona pasaba a exigir exclusividad a aquellas empresas que trabajasen con ellos. En algunos casos, incluso habían de pactar el beneficio que deberían obtener por trabajar para la cadena de supermercados. Había llegado el momento de los productos que, según el manual de empresa que se entrega a los trabajadores, ofrecían “a un precio más atractivo una calidad aceptable con el margen más óptimo para el distribuidor”. La revolución en el planteamiento de venta produjo la salida del máximo responsable de la relación con los interproveedores, Manuel de Juan. Él había pactado unas condiciones con ellos que a partir de ese momento iban a cambiar. Varias grandes empresas decidieron dejar de vender para la cadena de alimentación y empezaron su proceso de “desengache”, que se alarga hasta tres años.
Mercadona establece con sus interproveedores un contrato de por vida en el que les asegura unas ventas a cambio de que acepten sus reglas del juego. Aunque en público ninguno de ellos quiere explicar esas condiciones, en privado sí se producen algunas quejas. El equipo de Juan Roig controla todo, “exige las inversiones que se deben hacer”, en algunos casos “ha llegado a tener incluso un despacho en la propia empresa” y puede “recomendar” dónde abrir nuevas fábricas “por cercanía con el centro logístico de Mercadona”, explica una fuente del sector que prefiere mantener el anonimato. En la relación comercial entre supermercado y proveedor hay cuatro fases: inicial, de subida, consolidada y de desenganche.
Además, explica una extrabajadora que conoce los métodos de trabajo de Mercadona, “están los que se catalogan como al coll (al cuello), que quiere decir que tienen tan poco margen de beneficio y una dependencia tan grande que no se les puede apretar más”. El supermercado asegura que su proyecto con los interproveedores es “abierto, de estabilidad y a largo plazo”. Sobre la dependencia de sus distribuidores de marca blanca sostiene que “ya no se exige exclusividad” y que quien fabrica para la cadena “tiene un alto volumen de venta, por lo que los estándares de calidad y seguridad alimentaria son consensuados, definidos y contrastados de forma conjunta entre el equipo de calidad del proveedor y el de Mercadona”.
José Luis Estruch es miembro del Comité de Empresa y trabajador de la firma Juan y Juan, del grupo Dulcesol, que abandonó Mercadona en 2009 coincidiendo con la nueva política con los interproveedores. “Se notó el cambio cuando nos fuimos. La empresa se asustó mucho, pero salimos adelante y ahora somos casi 200 empleados más que entonces”, explica Estruch. De forma velada, apunta la presión que ejerce Mercadona: “Nos pedía ser interproveedor en exclusiva; puede hacer de ti lo que quiera y no te deja expandirte ni vender a otro. […] Quiere toda la producción para ellos, con todo lo que eso implica”, sentencia. Dulcesol elabora productos de marca blanca para Carrefour y Lidl, entre otros supermercados españoles. El año pasado incrementó sus ventas un 7% y se ha expandido a Francia y Argelia.
Fondos de inversión al rescate
Las condiciones que impone la cadena de alimentación valenciana son tan fuertes que en algunas ocasiones llevan a la ruina al propio proveedor, y Mercadona ha tenido que acudir en su rescate. Es lo que sucedió en el año 2010 con el suministrador de pescado Caladero, el segundo mayor abastecedor de la cadena, con una venta mensual de 34,1 millones de euros. Fuentes conocedoras del caso explican a La Marea que Mercadona contrató los servicios de una auditora y ésta le comunicó que las cuentas no estaban muy claras y que debido a la presión con los márgenes con los que se trabajaba, la empresa estaba en quiebra. En ese momento llegó al rescate el fondo de inversión Atitlán, en el que participa Roberto Centeno, yerno de Juan Roig. El fondo encargó una due diligence (un informe legal, fiscal y de valoración de empresa) y acabó comprando Caladero a bajo precio por las contingencias encontradas en la auditoría. Tras la operación financiera volvió a ser interproveedor en exclusiva de Mercadona.
Al igual que sucedió con Caladero, Atitlán ha participado en otras accciones de recapitalización de interproveedores: hizo lo mismo con Ibersnacks, fabricante de aperitivos; Bynsa, de comida para animales; Dafsa, de zumos; y Naturvega, fabricante de sándwiches, salsas y ensaladillas. Este tipo de apuestas económicas le supusieron al fondo de inversión un beneficio neto de 63,9 millones una vez vendidas las empresas, según recoge su memoria del ejercicio 2013. Todas estas compañías en las que intervino Atitlán acabaron trabajando como interproveedores en exclusiva de la cadena de supermercados valenciana.
El mayor proveedor de Mercadona, el distribuidor de cárnicas Martínez Loriente, también contó con la participación de Atitlán: el fondo poseía el 10% de las acciones hasta su venta, el pasado mes de mayo. El tercer mayor interproveedor, Casa Tarradellas, es uno de los pocos fabricantes a los que la cadena permite distribuir su propia marca fuera de las tiendas de Roig.
Desde Mercadona rechazan cualquier tipo de relación con Atitlán. “En la época en que era difícil para las pymes acceder al crédito, Atitlán como empresa de capital riesgo fue socio financiero de cuatro de nuestros interproveedores. Una vez fueron generando sus recursos adquirieron la totalidad de las acciones”, se justifican desde el supermercado. “Desde hace tres años no hace ninguna operación con nosotros”, concluye un portavoz.
El problema de la Denominación de Origen
La excesiva dependencia de sus marcas blancas ha hecho que Mercadona esté en el punto de mira de muchos organismos defensores de la Denominación de Origen (D.O.), que ven en sus productos una competencia desleal. La cadena de supermercados es valenciana en origen. Su máximo accionista, Juan Roig, asumió en 1981 las carnicerías de sus padres para crear un imperio, pero eso no ha sido suficiente para que se haya puesto en duda su modelo en lo que respecta a tres productos clásicos del País Valenciano y que están en el centro de la polémica: la horchata, el arroz y el turrón.
Mercadona asegura que su horchata es de origen valenciano. De hecho apunta que su interproveedor, Dafsa, compra el 48% de la chufa que se produce en Valencia y que está firmando acuerdos para “incrementar ese porcentaje”. Desde la Denominación de Origen Chufa de Valencia desmienten a la compañía y explican que la única garantía de que esto sea así es que el envase muestre el logotipo que ellos otorgan, algo que no sucede con Mercadona pero sí con otras marcas blancas que suministran a otros supermercados.
De igual manera, el arroz o el turrón Hacendado carecen del sello de Denominación de Origen. En el caso del turrón, la encargada de la marca blanca es la empresa Sanchis Mira, perteneciente al grupo Antiu Xixona, ubicado en Alicante. Pese a ello, el envase no tiene el sello de D.O., algo que sí sucede con los productos que el fabricante realiza con su marca comercial. Mercadona no exige a sus interproveedores sellos de Denominación de Origen aunque sí obliga a conocer la procedencia y la trazabilidad del producto. El sello que otorga el Consejo Regulador de Jijona y Turrón de Alicante se refiere tanto a la materia prima como a la forma de elaborar el dulce. La cadena valenciana descarga la responsabilidad en sus interproveedores: “Ellos deciden qué añade valor al cliente y qué no”. Los “productos recomendados” por el mayor supermercado español apuestan por el lema de la propia companía, “SPB: Siempre Precios Bajos”. Del coste que eso suponga no dice nada el acuerdo que firman los comerciantes de la marca blanca con Juan Roig.

Celrà desobeirà la Junta Electoral i no retirarà l'estelada

La Junta Electoral de Girona ha ordenat a l'Ajuntament de Celrà que retiri l'estelada del consistori i altres símbols partidistes en les pròximes 24 hores, coincidint amb el període de campanya electoral. En cas contrari, s'ordenarà als cossos de seguretat que procedeixin a la seva retirada segons es diu en un correu electrònic enviat aquest migdia. El primer tinent d'alcalde del consistori, governat per la CUP, ha explicat a El Món que "no pensem despenjar l'estelada, fa quatre anys que hi és, si algú la vol treure, que vingui". Pitu Bartis ha afegit que "ens sorprèn que ens demanin que retirem l'estelada també durant la campanya electoral perquè, segons argumenten, és el símbol d'un partit, si la CUP ni es presenta a les eleccions".

El Món ha pogut saber que el patit polític que ha requerit a la Junta Electoral de Girona que ordeni la retirada de l'estelada és Unidos Sí, un partit que es presenta a les eleccions del 20D i que és una escissió de Podemos a Catalunya. El seu líder és Enric Martínez, que va presentar-se a les elecions primàries de Podemos a Catalunya. Fernández va criticar el to massa tebi de Podemos davant l'independentisme.
Celrà és també un dels cinc ajuntaments denunciats per la Fiscalia de l'Audiència espanyola per donar suport a la resolució independentista del Parlament. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde ha dit que "això de l'estelada és pecata minuta amb tot el que tenim a sobre, no perdrem ni un minut en això, que facin el que vulguin".
font. El Mon

Gobierno y Casa Real rechazan pronunciarse sobre la ejecución en Arabia Saudí de Ali al-Nimr

MADRID// ■ El joven activista ha sido condenado por el régimen de Arabia Saudí a ser crucificado y decapitado Ali Mohammed al-Nimr va a ser decapitado por el gobierno autocrático de Arabia Saudí, que posteriormente crucificará su cadáver. Detenido en 2012, ha sido sentenciado a morir por participar con 17 años en protestas que pedían democracia en su país difundiéndolas con una Blackberry. El Gobierno español, que mantiene unas relaciones muy fluidas con el saudí, no ha realizado hasta el momento ningún tipo de gestión para intentar impedir que se le aplique la pena de muerte.
La Oficina de Atención Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a responder a La Marea específicamente sobre el caso de Mohammed Ali Nimr. Tampoco lo ha hecho sobre la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí y se ha limitado a remitirnos a la pagina del Ministerio con una respuesta genérica sobre la pena de muerte:
“Como respuesta a su pregunta, este Ministerio ha expresado en numerosas ocasiones que ‘España se opone a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia, por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la prevención del crimen, y sin posibilidad de reparación en caso de error judicial’. Así lo puede comprobar usted en nuestros comunicados oficiales, para lo que le rogamos consulte nuestra página Web”.
Desde prensa de la Casa Real, institución que mantiene estrechos vínculos con la monarquía saudí, también han  rechazado posicionarse sobre este caso concreto y se remiten a la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores. En este sentido, reconocieron que no sabían cuál era ésta, pero no permitieron ningún tipo de pregunta sobre la situación del joven saudí.
Los partidos políticos que han hecho bandera de la defensa de los Derechos Humanos en países como Venezuela con el caso del opositor Leopoldo López permanecen en silencio ante la situación del joven manifestante saudí. La Marea ha intentado recabar las posiciones de todos estos grupos políticos e instituciones sobre la actitud del régimen del dictador el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.
La respuesta del PSOE
El responsable de cultura y movimientos sociales del PSOE, Iván García del Blanco, considera el caso de Ali Mohammed al-Nimr una “sentencia arbitraria y sin seguridad jurídica”. En este sentido, asegura que el PSOE instará al Gobierno a tomar alguna medida y que trasladarán el caso al Parlamento Europeo y a su comisión de Derechos Humanos. Preguntado sobre la posibilidad de que su partido realice alguien tipo de moción en el Congreso u otro tipo de actuación de presión al régimen saudí, afirmó que creen “que la asunción de medidas es responsabilidad del Gobierno” pero que en “los próximos días [primero dijo semanas] valoraremos qué se hace al respecto de este asunto”.
Sobre la posible participación que la Casa Real podría tener en la resolución satisfactoria del caso de Ali al-Nimr, el representante del PSOE aseveró que “el papel de la Casa Real es de representación y hay que ser muy cuidadoso con las medidas que adopta la institución en estos casos”.
Al ser preguntado sobre la directa implicación política y mediática del PSOE en otros casos en los que se conculcan derechos de la oposición, como el de Leopoldo López en Venezuela, García del Blanco alude a las “raíces culturales” para justificar esa cercanía y a la agresiva campaña de la oposición venezolana, que han ocasionado que en el partido socialista se le preste “una especial atención”.
INSTITUCIONES QUE SE HAN NEGADO A CONTESTAR A LA MAREA
Para hacer este artículo, se ha intentado recabar la postura de los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno. También la de las instituciones gubernamentales que mantienen relación de forma directa con el régimen saudí y otros actores implicados y concienciados con los DDHH en el exterior. Desde el viernes por la mañana, hemos contactado por correo y teléfono, en repetidas ocasiones, con la embajada de Arabia Saudí en España, con Íñigo Henríquez de Luna y Esperanza Aguirre, del PP de Madrid por su implicación directa con los DDHH en otros países. Con miembros de la comisión de Exteriores del grupo del PP en el Congreso, con representantes de exteriores del PP en la ejecutiva nacional. Con el Ministerio de Fomento, por la relación directa con el régimen saudí de la ministra Ana Pastor en las gestiones económicas y empresariales por la construcción del AVE a La Meca. Ninguno de ellos ha querido responder a nuestras preguntas.
faldon_noticias

Musics molestos

Algun cop no us haveu sentit molestos al sentir dins del metro una música estrident amb altaveus
ningú fa cas si una o varies persones escridasen o recriminen al music. Si avisesim als guardez de seguretat i el maquinista mo ubris la porta no tindriem lesolesties de sentir aaquesta musica i no perjudicaria als que toquen als llocs corresponents.

Ha d'haver un atre junts pel si al congrés

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