Pensiones 1985-2017 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones

Pensiones 1985-2017

32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones

Juan Montero y Adriana Beidenagl

Rebelión

Cuando el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social», ésta recibe la respuesta de clase, con la primera Huelga General de la restauración de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y apoyada por otras organizaciones de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué medidas provocaron tal indignación en la clase trabajadora?... pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.En la década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de la Banca y las compañías aseguradoras para captar clientes para los fondos privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión pública, presentando como inviable el sistema público de pensiones.
En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Ésta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.
Aquí no hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes centrales sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como objetivo recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, favoreciendo al capital financiero y a la patronal.
En 2007, PSOE, CCOO, UGT, CEOE y CEPIME suscriben una nueva reforma en base a las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Acuerdan medidas como el aumento del tiempo cotizado para tener derecho a una pensión, nuevas rebajas de cotizaciones a la patronal, etc.
En 2011, la reforma establecida por el gobierno de Zapatero avanza en el mismo camino con con la complicidad de CCOO y UGT.
La Reforma de 2011 en síntesis supone: Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años. Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Y no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el tiempo sin haber cotizado durante este período] no se aplica ya el 100% de la base mínima de cotización sino el 50%, exceptuando 48 mensualidades. Para muchos pensionistas, esto puede llegar a representar hasta un 38,10% menos de pensión. Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos. Se recorta el complemento de mínimos de la pensiones a las personas que han padecido más precariedad en su vida laboral. Por último, en 2011 al margen de la Reforma de pensiones, Zapatero congeló por primera vez las pensiones, abriendo la senda que después ha seguido Rajoy.
El gobierno de Rajoy, inicia su andadura, con la reforma laboral y la reforma del sistema de desempleo de 2012 –consecuencia de las presiones del BCE- y el decreto de marzo y la Ley de diciembre de 2013 del PP, son los últimos broches a la situación actual. La última reforma de Rajoy desvincula definitivamente la actualización de las pensiones del IPC, con una fórmula que le permite fijar una subida máxima anual del 0,25 %, e introduce el Factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, y tendrá en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de fijar su pensión inicial. En estos momentos hay en el Estado español más de 8,5 millones de pensionistas, la mitad cobrando por debajo del SMI. La precariedad es mayor en las mujeres, que cobran casi 500 • menos. La pérdida del poder adquisitivo desde el 2011, ronda el 6 %...y subiendo...
Ahora, después del saqueo del fondo de reserva de las pensiones, los responsables del Pacto de Toledo vuelven a reunirse. «Reunión de pastores, oveja muerta» dice una expresión popular. ¡Un nuevo Pacto Social nos amenaza!
El objetivo del capital financiero es la privatización del sistema público de pensiones. No es un problema coyuntural por la crisis. Es estructural del modelo capitalista.
El verdadero problema es cómo distribuimos la riqueza social que creamos, de manera que sea la población la que se beneficie del incremento de la productividad y no el capital, a costa del empobrecimiento de la mayoría.
Desde los años 80 la privatización de los servicios públicos avanza de forma brutal. Mientras se acatan las órdenes de los amos de la UE, se protege la evasión de capitales y la corrupción, se subvenciona a la iglesia, se rescata a la banca, las autopistas, el Castor...., aumentan los beneficios de las empresas disminuyendo sus obligaciones, etc., continúa el ataque feroz a la clase trabajadora.
La única respuesta está en la lucha. En movilizaciones que no pueden quedar reducidas sólo a los/las pensionistas. Trabajadores/as y jóvenes tienen que hacer suya esta batalla porque son los más afectados por las reformas pasadas y por la que quieren implementar éste año, profundizando y acelerando las condiciones actuales.
CCOO y UGT no pueden mantener una careta de defensa de las pensiones mientras continúan enganchados en el Pacto de Toledo.
Los últimos años se han ido gestando organizaciones de pensionistas que ha dado como resultado la constitución en diciembre, de la Coordinadora estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, en la cual participan también sindicatos de izquierda. El 20 de diciembre, miles de personas, en diferentes ciudades, salieron a las calles y tienen un amplio calendario de movilizaciones para continuar luchando.
La Marea Pensionista, con presencia en diferentes comunidades del estado, reivindica entre otras medidas, la derogación de todas las reformas laborales y de pensiones desde el 2010. Se manifiesta en contra de la privatización de los servicios públicos y en la defensa de un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000 euros. Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales –eliminar las tarifas planas, etc-, exige que la financiación debe estar garantizada por el estado y con revalorización automática de las pensiones en relación al IPC. Pide la incorporación al RGSS a los/las trabajadores/as del hogar y la eliminación de todo tipo de copago o re-pago.
En su última asamblea, en las Cocheras de Sants, reunió a casi un millar de asistentes. Su consigna es «Si luchamos aseguraremos las pensiones de hoy y de mañana» La lucha por las pensiones públicas también es la lucha por la creación de empleo, por la reducción de la jornada laboral, y por las condiciones dignas de trabajo.
Juan Montero (miembro de la Marea Pensionista de Catalunya) y Adriana Beidenagl (militante de Lucha Internacionalista y miembro de la Marea Pensionista de Catalunya) 

Fuente: http://luchainternacionalista.org/spip.php?article3033

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años?

Europa contra la ley hipotecaria española

¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? ¿Qué pasaría si todas y cada una de las hipotecas firmadas contuvieran al menos una cláusula abusiva que un juez debería haber declarado nula pero que no pudo revisar porque se lo prohibía la legislación española? ¿Y si a causa de esa o esas cláusulas usted hubiera perdido la vivienda? ¿Y si los gobiernos de distinto signo político no hubieran velado en todos estos años por la protección del consumidor a pesar de los reiterados avisos lanzados desde Europa? ¿Y si la mayor instancia judicial europea respaldara lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene denunciando desde hace años?

El pasado 26 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicaba una sentencia que, al igual que las siete anteriores dictadas en los últimos cuatro años, daba un varapalo a la legislación hipotecaria española.

Pero ésta “no es una sentencia más”, dice la PAH, porque considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado de las hipotecas, una cláusula que no sólo se encuentra en todas las hipotecas firmadas en las últimas décadas, sino que también es la que invocan las entidades financieras para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria y reclamar de golpe toda la deuda más intereses cuando el cliente haya dejado de pagar tan sólo tres cuotas hipotecarias, condenándolo a la pérdida de su vivienda y a una deuda de por vida.

El TJUE establece que la legislación española no cumple con la Directiva 93/13/CEE relativa a la protección de los consumidores, porque sólo les concede el plazo de un mes para oponerse a la ejecución, y porque impide a los jueces examinar de oficio la abusividad de una cláusula si no ha sido aplicada en la práctica.

La sentencia llega, además, sólo un mes después de otro varapalo del TJUE contra la legislación española. Referente a la cláusula suelo, la sentencia del 26 de diciembre supuso una dura corrección al Tribunal Supremo español, que el 9 de mayo de 2013 reconocía como abusivas las cláusulas suelo pero decidía declarar su nulidad sólo de cara al futuro utilizando como argumento que si los afectados reclamaban todo lo que les había sido sustraído desde el inicio se pondría en peligro “ la estabilidad del sistema financiero”.

Frente a esto, el TJUE es claro: si una cláusula es abusiva y se declara nula, “debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”.

Esto obligará a los bancos, si se aplica correctamente la medida, a la devolución de entre 3.000 y 7.000 millones de euros a todos los afectados por esta cláusula, y abre la posibilidad de que miles de familias soliciten la paralización de sus procedimientos de ejecución.

La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo, que el 15 de febrero se reunirá en pleno para establecer unos criterios para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

La clave: la Directiva 93/13/CEE

“Podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CEE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, decía la PAH justo después de la publicación de la última sentencia del TJUE.

“La directiva sale en 1993, y los Estados tienen un año para trasponerla [al derecho nacional]. En España no se ha hecho desde Felipe González hasta la actualidad, y lo que se ha hecho ha sido totalmente insuficiente, como la Ley 1/2013 –dice Carlos Macías, portavoz de PAH Barcelona–. Esto nos abre la oportunidad de pedir que los jueces españoles paralicen las ejecuciones hipotecarias en proceso y suspenderlas hasta revisar todas las cláusulas abusivas y eliminarlas, entre ellas la de vencimiento anticipado, que es la que ha llevado a la ejecución hipotecaria de más de 700.000 familias desde 2007”.

¿Y qué pasará con todas estas familias, las que ya han perdido su vivienda? Macías indica que es necesario “abrir un mecanismo de reparación del daño causado a cientos de miles de familias que han sido ejecutadas con una legislación ilegal. No es fácil, estamos trabajando en el cómo”.

Para el abogado Martí Batllorí, “ se abre un periodo de incertidumbre jurídica, pero también de esperanza y oportunidad para muchas familias que están en un procedimiento de ejecución hipotecaria o para quienes han perdido su vivienda de recuperar o compensar el daño sufrido por una ley hipotecaria injusta. Se puede pedir la nulidad de todos los procedimientos, aunque no sabemos si se va a conceder”.

Jurídicamente se sostiene, y hay algunos juzgados que lo han hecho, indica Batllorí, pero la situación es más evidente para los procedimientos en marcha que para aquellos que ya se cerraron. En cualquier caso, “la nulidad de los procedimientos ya finalizados se va a plantear, y los tribunales van a tener que pronunciarse porque, entre otras cosas, la sentencia del 26 de enero hace saltar por los aires la cosa juzgada, la que hace que no puedas volver sobre algo que ya habías discutido”.

Estamos hablando de cientos de miles o millones de casos. “Se habla de seis o siete millones de préstamos con cláusulas suelo, y cientos de miles de ejecuciones hipotecarias finalizadas que tenían estas u otras cláusulas abusivas”, continúa este abogado.

Cláusulas abusivas

Los últimos años han sido un goteo de sentencias europeas que han dejado en evidencia a los distintos gobiernos, a las diferentes leyes hipotecarias españolas y a las instituciones judiciales.

El elemento clave en estas sentencias es “ la abusividad”, indica Batllorí: “Se ha abusado por parte de las entidades financieras de la posición de debilidad de los ciudadanos con connivencia del legislador y connivencia judicial en muchos casos, se ha estado abusando de los consumidores, y este abuso es una violación de un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda”.

En todo esto, dos elementos importantes que no se han respetado, indica este abogado: primero, los tratados internacionales firmados por España, como la directiva 93/13, obligan a España; segundo, las sentencias del TJUE son jurisprudencia aplicable a nuestro país.

Estos años, jueces valientes han puesto cuestiones prejudiciales al TJUE en diferentes puntos, y en cada sentencia el Gobierno español, en vez de adaptarse a la directiva europea, va haciendo un pequeño parche, y sobre cada pequeño parche hay una nueva sentencia, y eso es lo que ha ido pasando desde 2013″, explica Macías.

En marzo de 2013, dos años después de la extensión de las PAH al calor del 15M y con los grupos de Stop Desahucios en plena actividad, el TJUE declaró ilegal y abusiva la legislación española.

La ley vigente no permitía al consumidor oponerse a su ejecución hipotecaria en base a la posible existencia de cláusulas abusivas, ni al juez encargado de la ejecución valorar si existían esas cláusulas y, en ese caso, suspender cautelarmente el procedimiento.

El TJUE determinó que esta situación violaba la directiva europea y generaba una clara vulneración de los derechos del consumidor al situarlo en una situación de indefensión, y determinó que los jueces debían revisar de oficio las cláusulas abusivas.

La sentencia obligaba al Gobierno a modificar la legislación hipotecaria, algo que estaba precisamente en ese momento en el punto de mira con la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, que recabó un millón y medio de firmas y proponía una solución al problema de la vivienda mediante tres medidas básicas: la paralización de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. Sin embargo, el bloqueo del PP en el Parlamento y la modificación sustancial que proponía del texto llevó a la PAH a la retirada de la ILP porque, “tal y como la pretende aprobar el PP, vulnera su espíritu y sus demandas”, según dijo la entonces portavoz de la plataforma, Ada Colau.

El Gobierno siguió en solitario con su propia agenda y en mayo presentaba la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Los afectados la calificaron como un parche, y siguieron frenando los desahucios en la calle y obteniendo daciones y alquileres mediante la presión a los bancos, ya que la ley era tan limitada que protegía a un porcentaje ínfimo de personas afectadas por la crisis hipotecaria, no anulaba las cláusulas abusivas y seguía legitimando la política de desahucios masivos.

Y los varapalos se fueron sucediendo: uno en noviembre de 2013, con un auto del tribunal europeo que volvía a declarar contraria al derecho comunitario la legislación española por seguir considerando a los jueces meros ejecutores de desahucios sin la potestad para valorar y anular cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado. Otra en julio de 2014, con una sentencia que arremetía contra la Ley de Enjuiciamiento Civil por un motivo básico: en caso de obtener una sentencia desfavorable después de denunciar cláusulas abusivas, la persona afectada no podía recurrir, mientras que en el caso de que la sentencia desfavorable fuera para la entidad financiera, ésta sí podía hacerlo.

Ante este último bofetón del TJUE, el Gobierno respondió aprobando dos meses después, el 8 de octubre, “a hurtadillas”, según denunciaba la PAH, el Real Decreto-Ley 11/2014, que daba el plazo de un mes para que las personas a las que no se había permitido recurrir pudieran hacerlo. “¿Por qué un gobierno limita a un mes la posibilidad de recurrir a los estafados por cláusulas abusivas reconocidas como tales por la UE?”, denunciaba entonces la plataforma. Pero nada cambió.

Desde ese momento, cuatro nuevas sentencias han redundado en el mismo sentido: los intereses de demora, la ausencia de notificación individual del plazo de un mes para que los afectados se puedan oponer a la ejecución por la existencia de cláusulas abusivas, las cláusulas suelo y la cláusula de vencimiento anticipado.

Ante los continuos varapalos del TJUE, ¿adaptará el Gobierno una vez más su legislación? ¿Recibirá pronto un nuevo golpe del tribunal europeo?

“El desaguisado es tan importante que ante la emergencia que había [en 2013], en lugar de dar una respuesta, el legislador miró para otro lado y maquilló la normativa vigente. Venimos arrastrando cuatro años de hervor judicial que están dando algunos resultados, y seguirán llegando varapalos porque hay muchos otros pendientes. Sería conveniente que el legislador diera un paso al frente y resolviera el problema, pero no hay voluntad política”, dice Batllorí.

En abril de 2016, la Comisión Europea abrió al Estado español un procedimiento de infracción y le dio un plazo de dos meses para que adaptara su legislación sobre ejecución hipotecaria y cláusulas abusivas a la normativa europea.

“Hace mucho tiempo que se dice que hay una multa encima de la mesa, que al final es triste porque la vamos a tener que pagar todos con recursos públicos. Quien tiene que decidir la sanción es la Comisión y ellos se lo guisan, ellos se lo comen, porque esa sanción hace años que se anuncia y está guardada en un cajón”, dice Macías.

Según este activista, “no sólo necesitamos adaptarnos a la directiva europea, sino que el derecho a la vivienda necesita dar una vuelta de 180 grados en el Estado español: constituir un mecanismo real de segunda oportunidad, como la dación en pago u otro mecanismo, como existen en toda Europa, recuperar la vivienda en manos de las entidades financieras que han sido rescatadas con recursos públicos sin ninguna contrapartida social para que sigan especulando con la vivienda, ampliar el parque de alquiler social del 1% al 15% o 18% de la media europea, limitar los precios del alquiler porque ahora mismo la gran mayoría de los desahucios son por impago de alquiler y una mayor inversión en políticas de vivienda”.

Fuente: http://saltamos.net/europa-contra-la-ley-hipotecaria-espanola/

Economía española: Lo que ofrece Rajoy, lo que España necesita

Juan Torres López

Ganas de escribir

Hay que reconocer que Mariano Rajoy ha sido el líder más inteligente en estos últimos meses. Ha conseguido llevarse el gato al agua, aunque lo ha hecho de una forma bien expresiva de lo que puede esperarse de él y de su partido: dejando hacer y pasar a los demás y limitándose a recoger parsimoniosamente el fruto de los errores ajenos.
Ahora, con su nuevo gobierno empieza una nueva fase que en lo esencial no cambiará mucho de la primera, aunque tendrá nuevas consecuencias porque las circunstancias ya no son las mismas.
En su primer mandato se ha limitado a hacer lo contrario de lo que había predicado y a soslayar cuando le ha convenido los mandatos más equivocados de Bruselas que decía compartir, consciente como debe ser de que detrás de ellos solo hay intereses y fundamentalismo ideológico y no una respuesta acertada a nuestros problemas económicos ni conveniente para nuestros intereses. Su política es la de favorecer que la gran empresa imponga el modelo de crecimiento y la disciplina laboral, que la devaluación salarial se convierta en nuestra estrategia de competitividad y que la deuda (es decir, el negocio bancario) siga siendo el motor de la economía. Y, en lugar de poner en marcha con integridad la política de austeridad que le imponía Bruselas, ha sido suficientemente inteligente como para descargar los sacrificios de gasto sobre ayuntamientos y comunidades autónomas (a costa de la mayoría de las políticas de bienestar social que suelen corresponder a estas administraciones) y para sortear en la mayor medida de lo posible (y aunque eso haya sido a base de realizar constantes trampas en las cuentas públicas) sus exigencias de déficit. Así, lo que ha hecho el gobierno de un Partido Popular que presume de “liberal” es dar un empuje pseudo-keynesiano a sus políticas, lo que, unido a la mejor coyuntura exterior, ha permitido que la economía española presente ciertos síntomas de mejora en los dos últimos años. La paradoja es que el PP ha conseguido vender su gestión como de éxito económico haciendo justamente lo contrario de lo que decía que había que hacer para tener éxito en la gestión económica. Mariano Rajoy en estado puro.
Lo que ahora posiblemente va a ocurrir es que el gobierno tendrá que dar ciertas cuentas de esa gestión con la que ha conseguido engañar a todo el mundo. Bruselas le exigirá los recortes que compensen sus desajustes anteriores, se entrará en una nueva fase de contención de gasto tras la alegría pre-electoral y eso puede producir un frenazo de la ya de por sí limitada expansión (inesperadamente prolongada por el impasse de casi un año que hemos vivido en la formación del gobierno). Sobre todo, si la coyuntura exterior no mejora sensiblemente. Pero como la legislatura tiene muchos componentes de inestabilidad y Rajoy querrá salvar sus muebles es muy posible que su gobierno siga limitándose a afrontar el día a día con luces cortas y sin la menor intención de meterse en las complicaciones que supone realizar cambios de demasiada envergadura. No creo que se pueda esperar otra cosa que más de lo mismo que hemos visto en la segunda fase de la anterior.
Mientras tanto se van a quedar sin afrontar los grandes problemas que a mi juicio sigue teniendo pendiente la economía española. El primero es la creciente pérdida de peso de los salarios en la renta nacional que, además de otras consecuencias no menos importantes, dinamita los motores endógenos de la actividad económica y destruye a las empresas y al tejido empresarial que viven del mercado interno (que suelen ser intensivos en empleo) en un contexto en el que el externo no nos resulta demasiado favorable. El segundo, una dinámica de generación de deuda que puede llegar a ser insoportable a poco que suban los tipos de interés, se frene la ya de por sí débil recuperación de la actividad o se pongan en claro algunas sospechosas incoherencias de nuestras cuentas públicas que podrían estar sobrevalorando el PIB y ocultando la verdadera magnitud de nuestro endeudamiento. El tercero, nuestra dependencia de las cada cada vez más insoportables y equivocadas directrices que emanan de Bruselas y que, entre otras muchas cosas, es la responsable de la pérdida continuada de activos bajo control nacional y de fuentes de riqueza que nos permitan apropiarnos de su valor añadido. El cuarto, y unido a todo lo anterior, la pérdida de tejido productivo y la externalización de nuestros mejores activos y de la decisión sobre ellos. Y si fuese necesario resumir todos esos problemas en uno solo o principal, nuestra escasa capacidad para generar valor añadido y, sobre todo, para apropiarse de él. Una patología que cualquiera puede percibir sin necesidad de palabra alguna, por ejemplo, cuando pasea por cualquier ciudad inglesa o alemana y encuentra más paneles solares que en cualquier lugar de la soleada España.
España necesita a mi juicio un gran pacto de rentas orientado a salvar el mercado interno teniendo en cuenta que éste vive en gran parte de la masa salarial. Necesita un pacto fiscal que imponga eficacia y equidad en la recaudación y que reconsidere al mismo tiempo todas las políticas de gasto. Necesita un pacto de soberanía que nos permita hacernos fuertes y defender los intereses nacionales en la Unión Monetaria. Y necesitamos una estrategia ampliamente compartida orientada a recuperar nuestro tejido productivo y a poner en marcha una estrategia de reactivación sostenible. Puede parecer una perogrullada pero ninguna economía puede salir adelante con un mínimo de éxito si (como le viene pasando a la española) su industria, su sector primario y sus servicios de alto valor añadido van a menos.
El problema principal a la hora de avanzar en esa dirección es que no cabe esperar que el PP haga otra cosa que servir a quienes no tienen el más mínimo interés en que la economía española cambie, porque son los que se aprovechan de su estado actual. Y, por otro lado, que los errores que han cometido las direcciones del PSOE y de Podemos en esta última coyuntura han sido tan clamorosos y desgraciados que seguramente costará tiempo crear condiciones tan favorables como las que ha habido para cambiar la correlación de fuerzas y el escenario político.

• Fuente: http://www.juantorreslopez.com/economia-espanola-lo-que-ofrece-rajoy-lo-que-espana-necesita/

La transición florece, aunque no la veamos

04-03-2017

Raúl Zibechi

La Jornada

Estamos transitando hacia un mundo nuevo, poscapitalista. En la medida que es un proceso que estamos viviendo, no tenemos la suficiente distancia para saber en qué periodo estamos, pero todo indica que atravesamos las fases iniciales de dicha transición. Aunque tiene hondas similitudes con las anteriores (transiciones de la antigüedad al feudalismo y de éste al capitalismo), un hecho notable es la incapacidad para comprender lo que sucede ante nuestros ojos: un verdadero proceso de construcción colectiva de mundos nuevos.

En el pensamiento emancipatorio y en particular en el marxismo, se ha convertido en sentido común la idea de que toda transición comienza con la toma del poder a escala del Estado-nación. Este aserto debería haber sido repensado luego de los fracasos soviético y chino, pero sobre todo desde la demolición de los estados por el neoliberalismo, o sea el capital financiero y la cuarta guerra mundial en curso. Es cierto, empero, que para transitar hacia un mundo no capitalista debe tomarse el poder, pero ¿por qué a escala estatal? ¿Por qué a nivel institucional?

Este es uno de los meollos de la problemática y una enorme dificultad conceptual para poder visualizar las transiciones realmente existentes. La segunda dificultad, atada a la anterior, es que las transiciones no son homogéneas, no involucran a todo el cuerpo social de manera pareja. La historia nos enseña que suelen comenzar en las periferias del sistema-mundo y de cada nación, en remotas áreas rurales y en pequeños pueblos, en los eslabones débiles del sistema, donde cobran fuerza y se expanden luego hacia los centros del poder.

Por otro lado, las transiciones no sólo no son uniformes desde el punto de vista geográfico, sino también social, ya que son procesos guiados por la necesidad humana y no por ideologías. Suelen ser los pueblos que habitan el sótano, indios, negros y mestizos, los que primero construyen mundos otros; los sectores populares, las mujeres y los jóvenes suelen ser los protagonistas principales.

Quiero poner un ejemplo de algo que está sucediendo ahora mismo, que ya tiene un grado de desarrollo importante y que difícilmente puede ser revertido, salvo genocidio. Me refiero a la experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) en General Mosconi, norte de Argentina. La ciudad tiene 22 mil habitantes que trabajaron en la petrolera estatal YPF hasta su privatización en la década de 1990, que dejó un tendal de desocupados. En esos años despegó un fuerte movimiento de desocupados, conocidos como piqueteros, que arrancó planes sociales a los sucesivos gobiernos.

Taller metalúrgico de la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados).

Durante el ciclo de luchas piquetero, la UTD fue uno de los principales referentes en el conjunto del país y sus memorables cortes de ruta eran seguidos con entusiasmo por los demás movimientos. La UTD gozaba de fuerte prestigio y sus dirigentes, que sobrellevan cientos de causas ante la justicia por cortes de rutas y otros delitos, eran de los más populares en la Argentina.

Las cosas cambiaron muy pronto. La llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y la retracción de los movimientos, sacaron a la UTD del escenario mediático y de la atención de los militantes sociales. Las noticias sobre lo que sucede en el lejano norte argentino son tan escasas como nebulosas.

Sin embargo, la UTD aprovechó los planes sociales (cortados por Macri) para construir un mundo nuevo. En estos momentos funcionan 110 huertas agroecológicas de dos hectáreas cada una, donde trabajan unas 30 personas en promedio, que producen gran variedad de vegetales, además de un gallinero y cerdos en cada huerta. Cuentan con un taller de carpintería que se nutre de la abundante madera de la zona, talleres de soldadura, de clasificación de semillas y de reciclado de plásticos, en los cinco galpones con que cuenta el movimiento, como se puede leer en el reportaje de Claudia Acuña en la revista MU (julio de 2016).

Construyeron viveros que reproducen la flora nativa con la que abastecen desde las plazas hasta los montes, amenazados por la expansión vertiginosa de la soya transgénica y los talamontes. Parte de su trabajo la dedican a sostener los espacios públicos de la ciudad y los bosques de los alrededores, una región donde crece el narcotráfico amparado en la complicidad estatal-policial.

Miembros de la UTD trabajan en los montes alrededor de la sede.

Un cálculo sencillo permite constatar que de 4 a 5 mil personas hacen sus vidas en relación con el trabajo colectivo que organiza la UTD, lo que equivale a 40 por ciento de la población activa de Mosconi. Esas familias forjaron autonomía alimenticia, ya no dependen de los planes sociales, están encarando desde la producción de alimentos hasta la construcción de viviendas, o sea están reproduciendo la vida por fuera de los marcos del sistema, sin relacionarse con el capital ni depender del Estado. En suma, trabajan con dignidad.

Construcción de viviendas por y para los integrantes de UTD.

Se dirá que es una experiencia apenas local. Pero las huertas y los modos de hacer de la UTD ya se expanden a la vecina Tartagal, con el triple de población. Muchos miles de emprendimientos de este tipo existen en América Latina, porque los sectores populares comprendieron que el sistema no los necesita ni los ampara, como sucedió durante los breves años de los estados del bienestar. Hay una estrategia implícita en este conjunto de mundos nuevos que no pasa por los estados-nación, sino por fortalecer y expandir cada iniciativa, en afilar los rasgos antisistémicos y antipatriarcales, y en fortalecer las resistencias.

Un rasgo de madurez de buena parte de estos mundos nuevos consiste en mantener distancias de las instituciones partidarias y estatales, aunque siempre que pueden les exigen apoyo y arrebañan recursos con un ojo puesto en garantizar la sobrevivencia y el otro en mantener la independencia.

En la larga transición en curso, imposible saber si serán décadas o siglos, los mundos nuevos están enfrentando una de las más potentes ofensivas del sistema. Lo que han conseguido hasta ahora nos permite alentar un sereno optimismo.

Nota de Rebelión: Las fotos provienen del sitio web de la Unión de Trabajadores Desocupados; Galería de fotos: http://www.utdmosconi.org/fotos.htm

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/03/opinion/020a1pol#texto