Las huellas dactilares tienen sexo

Una nueva técnica química permite saber si la traza pertenece a un hombre o a una mujer
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De un laboratorio universitario de química ha salido una técnica que permite saber si la huella dactilar dejada por una persona sobre una superficie pertenece a un hombre o a una mujer. Algo que puede ayudar mucho a descartar sospechosos en el caso de investigaciones criminales y que supone un paso más en el aprovechamiento forense de este método de identificación que no cae en desuso, a pesar de que se utiliza desde hace más de un siglo.
La técnica se basa en datos bien conocidos sobre que el sudor femenino presenta unos niveles de aminoácidos que casi duplican los del sudor masculino, además de una distribución ligeramente distinta debida en su mayor parte a diferencias hormonales, informa la Universidad de Nueva York en Albany. Cuando alguien deja su huella también deja sus aminoácidos y la nueva técnica los extrae de forma sencilla transfiriéndolos a una lámina plástica que luego se calienta para que pasen a una solución (son solubles en agua) en la que se pueden medir.
Los investigadores en bioquímica forense, liderados por el checo Jan Halámek, han probado el método con huellas dejadas por tres mujeres en cinco superficies distintas, como un picaporte o un ordenador, y han obtenido un 99% de fiabilidad, explican en la revista Analytical Chemistry, donde publican los resultados.
“Uno de los objetivos más importantes de este proyecto fue avanzar en el análisis del contenido químico de la huella dactilar, en vez de basarse solamente en su imagen, que es como se han tratado hasta ahora”, señala Halámek. “No queremos competir con el análisis genético ni como las bases de datos utilizadas para identificación, sino que pretendemos encontrar las diferencias entre grupos demográficos y, sobre todo, aprovechar huellas dactilares que están deformadas o manchadas o que no se sabe a quién pertenecen”.

Pasar del laboratorio a la escena del crimen es el siguiente paso, que puede tardar más o menos, en función de los fondos disponibles y del interés existente por parte de las fuerzas del orden. “Saber si la huella pertenece a un hombre o a una mujer puede acotar las posibilidades en un grupo de sospechosos”, han declarado los investigadores a la revista Forensic Magazine. “Además, este tipo de análisis lo podría utilizar cualquier agente no entrenado, ya que queremos desarrollar un dispositivo tipo tira reactiva, que cambiaría de color al contactar con la huella digital, de forma similar a las pruebas de embarazo o los medidores de glucosa.
A pesar del auge de otros métodos de identificación, de las huellas digitales se sigue intentando continuamente sacar más información. Se avanza en su análisis para obtener datos sobre el posible contacto anterior del individuo con explosivos o drogas, y también una reciente investigación preliminar ha indicado que sería posible obtener datos sobre la etnia de la persona, algo que está en discusión.
También está en discusión la posibilidad de conocer el aspecto de una persona -obtener un retrato robot- a partir de su huella genética. Una empresa estadounidense llamada Parabon ya ha empezado a ofrecer este servicio y la policía lo ha empezado a utilizar. En un caso en Coral Gables (Florida) la policía ha hecho público un retrato robot poco detallado de un agresor sexual en serie que siempre mantiene su cara tapada, por lo que ninguna de sus víctimas le ha podido ver. De su ADN se deduce que tiene el pelo y los ojos oscuros, los pómulos salientes y la barbilla puntiaguda, y que su ascendencia es latina. Pocos datos (nada sobre su estatura o su edad, por ejemplo) para un retrato robot que cuesta 4.500 dólares y que, según los críticos, se basa en unos conocimientos que todavía no están maduros para su aplicación forense. Pero, mejor es eso que nada, parece pensar la policía, a pesar de que la técnica no vaya a servir luego en el juicio.


© Diario Público

Las nuevas fronteras de Europa



El orden mundial en el S.XXI  


Durante siglos, Europa ha sido el escenario de continuos enfrentamientos entre vecinos que han empujado los límites de unos y otros en diferentes direcciones. Hoy, a pesar de que la violencia en el Viejo Continente se ha reducido considerablemente, todavía sigue produciéndose este tradicional baile fronterizo en los pocos conflictos armados que aún permanecen abiertos en la región. Sin embargo, estos cambios puntuales en las lindes de los estados europeos, a diferencia del pasado, ya no son los únicos movimientos fronterizos que pueden verse en Europa. Actualmente, el proyecto supranacional nacido en el mismísimo corazón del continente, la Unión Europea, sigue construyéndose a lo largo y ancho del mapa político europeo y a su paso ha ido configurando también una nueva línea divisoria. A un lado de la misma ondean ya las banderas azules, mientras que al otro, el izado de este símbolo de unidad está más o menos próximo pese a que, por el momento, no se ha producido.
La expansión del club europeo
Las raíces históricas de la UE se remontan al periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este momento, con los efectos del cruento conflicto que había asolado el continente europeo aún presentes, emergió entre las élites de distintos países europeos una voluntad de evitar que semejante destrucción pudiera volver a ocurrir. Finalmente, este anhelo acabó tomando forma y en 1951 se produjo la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
En esta iniciativa seis países –Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo– que acababan de enfrentarse en el campo de batalla, se comprometieron a gestionar sus industrias pesadas de forma común para evitar que cualquiera de ellos pudiera iniciar un nuevo conflicto armado con sus vecinos, como ya había ocurrido en el pasado. Este primer paso hacia la paz duradera pronto probó su valía y, al poco tiempo, estas naciones decidieron ampliar su cooperación hacia otros sectores económicos y constituir, para ello, una Comunidad Económica Europea (CEE).
Este “mercado común” de seis miembros nacido en 1957, pese a su corta andadura, rápidamente empezó a atraer a nuevos adeptos. Así, en los primeros años de la década de 1970 tres nuevos estados –Irlanda, Reino Unido y Dinamarca– hicieron oficial su ingreso en la comunidad y esta incrementó su número de socios de los seis iniciales a nueve. Posteriormente, ya en la década de 1980, se produjeron dos ampliaciones más en las que se incorporaron tres países del sur de Europa al bloque comunitario –primero Grecia y después España y Portugal– y antes de finalizar el siglo otras tres naciones –Austria, Suecia y Finlandia– entraron en el club europeo, que entonces pasó a ser de quince miembros y a denominarse en adelante Unión Europea.
La Unión, en relativamente poco tiempo, había conseguido, por tanto, un importante logro gracias a sus sucesivas ampliaciones: abarcar prácticamente toda Europa Occidental. No obstante, todavía no había conseguido avanzar hacia otros confines. La división en bloques ideológicos enfrentados había obstaculizado la llegada del proyecto comunitario al Este. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, esta traba fue poco a poco diluyéndose y la UE aprovechó este hecho para emprender dos ambiciosas ampliaciones orientadas casi en su totalidad hacia este punto cardinal. Así, en la primera década del nuevo siglo, doce nuevos Estados – Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Chipre y Malta seguidos de Rumania y Bulgaria– hicieron su entrada en esta organización internacional de carácter regional.
Esta gran expansión de las fronteras comunitarias hacia el Este, que fue sin duda una de las más relevantes por sus dimensiones y por su significado histórico-político, no fue, sin embargo, la última. Una vez concluidas estas dos fases de ampliación, el discurso positivo que hasta entonces había acompañado a este proceso empezó a dar paso a otro en el que ya no se percibía la expansión como una “historia de éxito”, sino como una práctica que “fatigaba” el proyecto europeo. En este nuevo contexto dominado por el escepticismo, la Unión dio la bienvenida a su miembro número 28, Croacia, que, esta vez sí, dejó cerrado por el momento el ensanchamiento de la UE.
El proceso de selección
El desplazamiento de las fronteras de la Unión se ha desarrollado, hasta ahora, a distintos ritmos en los que se han ido incorporando diferentes países. Ahora bien, aunque pueda parecer que estas expansiones se han producido de forma automática, lo cierto es que los países que aspiran a ser miembros de este club europeo deben cumplir una serie de requisitos y superar con éxito un complejo procedimiento.
Las condiciones que debe reunir cualquier estado que quiera formar parte del bloque europeo vienen recogidas en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea o TUE. Sin embargo, estas exigencias básicas, que consisten en ser un Estado europeo y en respetar y promover los valores de la Unión que enumera el artículo 2 del mismo tratado, fueron posteriormente desarrolladas y concretadas. En 1993, en una cumbre celebrada en Copenhague, los Estados miembros establecieron una serie de criterios políticos, económicos y jurídicos o técnicos adicionales que consistían básicamente en alcanzar la estabilidad institucional, asumir la economía de mercado y demostrar capacidad para asumir las obligaciones derivadas de la condición de miembro. Posteriormente, los socios volvieron a introducir nuevas exigencias en las que también demandaban a los futuros solicitantes la adaptación de los marcos jurídicos nacionales y las estructuras administrativas propias antes de iniciar el procedimiento de adhesión en la UE.
Una vez se supera esta primera fase, los países aspirantes deben dirigir su solicitud a los Estados miembros representados en el Consejo. Estos, basándose en un dictamen previo solicitado a la Comisión, deben decidir por unanimidad si otorgan a los solicitantes la condición de candidatos y seguidamente acuerdan la apertura de unas negociaciones de adhesión. Cuando se supera este primer paso, se inicia entonces la siguiente etapa del proceso, la negociación, que se desarrolla por capítulos temáticos y que concluye también cuando los socios consideran que los candidatos han completado todos ellos de forma satisfactoria. Sin embargo, esta fase tampoco es la última. Tras las negociaciones, las partes –Estados miembros y candidato– deben suscribir un Tratado de Adhesión que debe contar además con el visto bueno del Parlamento Europeo y que, por último, debe ser ratificado por todas las partes contratantes. Una vez superada esta fase, ya sí se da por concluido el camino a la adhesión.
Por tanto, este enrevesado procedimiento, cuyo éxito final depende en buena medida de la voluntad política de los países que conforman la Unión, demuestra que las adhesiones y, en consecuencia, los cambios en las fronteras de la UE que estas traen consigo, no han ocurrido por inercia ni de un día para otro, sino que se producen tras recorrer un largo y estricto camino.
Las futuras fronteras de la UE
Los contornos que marcan los bordes de la UE no han variado desde que Croacia pasase a formar parte del bloque el 1 de julio de 2013. Sin embargo, estos límites esperan proseguir su avance, ya que ahora son otros países los que están en alguna de las fases previas al ingreso en este selecto club o llamando a su puerta. A los primeros se les denomina “candidatos” porque ya, en mayor o menor medida, han ido adaptándose a los requerimientos comunitarios, mientras que a los segundos se les conoce como “candidatos potenciales” porque no cumplen todavía los requisitos para incorporarse a la Unión.
Dentro del primer grupo, el que engloba a los llamados candidatos, se encuentran cinco países: Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Ahora bien, cada una de estas repúblicas se encuentra en una etapa diferente de su proceso de adhesión. Por un lado, Albania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia están todavía en la fase previa al inicio de las negociaciones porque la primera tiene pendiente el cumplimiento de varias cuestiones prioritarias y la segunda no ha resuelto aún su pugna con Grecia por el uso de la denominación “Macedonia”. Por otro lado, Montenegro, Serbia y Turquía están ya inmersas a distintos niveles en sus respectivas negociaciones, aunque esta última, a diferencia de los otros candidatos, sigue aún tratando de desbloquear un camino cargado de obstáculos que inició en 1987.
Tras estos candidatos que van avanzado en sus respectivas adhesiones de manera dispar, hay otros dos estados localizados en los Balcanes occidentales que ostentan la condición de candidatos potenciales: Bosnia-Herzegovina y Kosovo. El primero ha suscrito ya varios acuerdos con la UE y sigue tratando de acercarse a ella, pero el segundo tiene por delante una ruta más compleja. Las autoridades kosovares, que mantienen actualmente un dialogo con las autoridades serbias para normalizar relaciones, han firmado un acuerdo con la propia Unión. Sin embargo, la futura entrada de este pequeño territorio tiene que salvar todavía el importante obstáculo que supone el no reconocimiento de su independencia por parte de algunos estados miembros.

Esta lista de territorios “en cola” demuestra, con independencia de que unos estén más cerca que otros de entrar, que los límites de la UE, de desplazarse, lo harán casi con toda probabilidad en la región de los Balcanes, ya que el entendimiento con Turquía no parece próximo y es improbable por el momento que la UE decida fijar su atención más al Este –Ucrania o Moldavia– o hacia la región del Cáucaso –Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
Ahora bien, todavía es pronto para pronosticar si estos avances fronterizos acabarán produciéndose. El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, ha manifestado recientemente que las negociaciones con los países que hacen cola para entrar en la Unión proseguirán, pero que no se producirá ninguna ampliación a corto plazo. Este mensaje, de hacerse realidad, significaría implantar en los Balcanes un escenario de conversaciones que nunca terminan similar al caso turco que, en consecuencia, inmovilizaría la expansión de los límites comunitarios.
Estas “advertencias”, no obstante, no son el único elemento que pone en riesgo la ampliación de la UE, ya que los propios Estados que están inmersos en la adhesión también pueden en cualquier momento decidir abortarla como ha hecho Islandia que, pese a avanzar rápidamente en las negociaciones, recientemente ha solicitado dejar de ser considerado como país candidato a ingresar en la Unión.
Brexit o el abandono del barco
Hasta ahora, la UE ha ido engullendo un país tras otro y desplazando con ello sus fronteras. Sin embargo, al igual que existe un mecanismo para que nuevos estados pasen a formar parte del bloque comunitario, este proyecto supranacional también tiene previsto el movimiento contrario, es decir, la retirada. Esta posibilidad viene recogida en el artículo 50 del TUE que establece que la salida se hará efectiva cuando el estado miembro notifique a la Unión su voluntad de abandonar la comunidad y negocie con ella tanto las condiciones de retirada como la futura relación entre ambas partes.
Este camino, que implica tener que volver solicitar la adhesión y pasar de nuevo por todo el proceso en caso de posterior arrepentimiento, por el momento no ha sido puesto en práctica por ningún socio. Ahora bien, en un futuro no muy lejano es posible que el Reino Unido sea el primer país que se sirva de este procedimiento para dejar la UE.
Recientemente, el Primer Ministro británico, David Cameron, se ha comprometido a celebrar un referéndum sobre la permanencia británica en la Unión que tendría lugar a finales del año 2017. En esta consulta, que se produciría tras unas negociaciones con la UE en las que este país espera mejorar su encaje en la organización, el propio promotor de la votación, Cameron, llamaría a los británicos a votar a favor de la continuidad del Reino Unido si consigue avances en campos como la inmigración o la protección frente a ciertas medidas del mercado único.
Este referéndum, que bien podría hacer realidad un primer retroceso en las fronteras comunitarias, no ha sido, sin embargo, el primero que ha planteado Londres en estos términos. En 1975, tan solo dos años después de su ingreso en la comunidad europea, las autoridades británicas también plantearon una negociación y un referéndum posterior en el que los ciudadanos británicos se decantaron por seguir siendo parte del proyecto europeo.
Desde entonces este país se mantuvo en la Unión, pero siempre a cierta distancia de la corriente continental que abogaba por avanzar hacia una unión más estrecha. Así, en consonancia con este principio, el Reino Unido optó por no formar parte del espacio Schengen, mantener su moneda nacional y emplear la fórmula del “opt-out” en muchos asuntos. Sin embargo, incluso bajo esta relación especial, la distancia entre Londres y Bruselas no parece haber disminuido.
Ahora se plantea la posibilidad de avanzar hacia un escenario de Brexit, que significaría poner fin al vínculo que venía uniendo a ambas partes desde 1973 y conduciría al proyecto comunitario, casi con toda seguridad, hacia un nuevo escenario de incertidumbre. No obstante, aún es pronto para aventurar si la UE verá retroceder sus fronteras por primera vez, ya que no se puede predecir tampoco si este país conseguirá finalmente el encaje que demanda en el entramado comunitario o si los británicos decidirán recuperar la separación que históricamente ha representado el Canal de la Mancha.
La ampliación, un tanto a favor de la UE
En los últimos años el proyecto supranacional que encarna la UE está haciendo frente a un difícil contexto marcado por la recesión, la austeridad, el desempleo, las diferencias centro-periferia, la posible salida griega del Euro, la crisis migratoria… Sin embargo, incluso en este oscuro escenario que parece sugerir que la Unión esta a un solo paso del fracaso, son varios los países que siguen esperando, pacientes, poder hacer oficial su ingreso en ella. Estas peticiones de entrada constituyen sin duda una pequeña pero nada desdeñable muestra del éxito de este proyecto común, ya que demuestran que pese a las dificultades que atraviesa, la UE sigue siendo un imán para aquellos países que todavía no quedan dentro de sus límites.

Bloomberg: Que el govern espanyol faci una transició pactada i Catalunya sufragui a canvi una part del deute espanyol.

Recorda que, al contrari que el Regne Unit, Espanya no podria pagar el seu deute, i  ho relaciona amb un increment avui de la prima de risc espanyola

Lluís Bou

Bloomberg, el gran mitjà audiovisual nord-americà, ha deixat clar avui que una independència de Catalunya no podria ser unilateral; arribat el cas Espanya l'hauria pactar perquè ella sola no pot assumir el deute públic. "El govern del Regne Unit ha decidit garantir el pagament de tot el deute públic, però Catalunya és massa gran com perquè la resta d'Espanya pugui fer el mateix. És una qüestió molt més problemàtica per a Espanya",ha advertit Harvinder Sian, estratega del Royal Bank of Scotland a Londres, a l'emissora.

Segons Bloomberg, avui ja hi ha hagut un primer advertiment que el temor a una ruptura amb una Espanya enrocada pot influir negativament als mercats, perquè la prima de risc espanyola ha viscut la seva pujada més forta en els darrers quatre mesos. Els interessos que paga Espanya pel seu deute a 10 anys han viscut la seva pujada més pronunciada des del 15 de maig. S'han situat en el 2,21%, 13 punts bàsics més que al principi de la jornada. Ha estat també l'augment més fort entre tots els països europeus.

Analistes consultats per l'agència Bloomberg asseguren que el repunt respon als dubtes que la possible independència d'Escòcia es pugui contagiar a Catalunya, i que Espanya hagi d'assumir tot el seu deute. L'única solució llavors per tranquil·litzar els mercats, si efectivament hi ha independència, és que el govern espanyol faci una transició pactada i Catalunya sufragui a canvi una part del deute espanyol.

Aquesta de fet és una de les previsions que inclouen els documents del Consell Assessor per la Transició Nacional,que esdevindran el llibre blanc de la independència catalana.

xocs de trens entre Catalunya i Espanya

L'SPD alemany es pregunta si Madrid «desplegarà l'exèrcit» contra Catalunya

El responsable de la Fundació Ebert a l'Estat espanyol es mostra partidari del 9-N

Veu possible que els independentistes "ocupin carrers, estacions de tren i fronteres" si no hi ha consulta

Especial: Referèndum d'independència de Catalunya 9 de novembre de 2014

B. Ferrer | Actualitzat el 07/07/2014 a les 15:00h

Arxivat a: Política, exèrcit espanyol, procés català, Alemanya, SPD, 9 de novembre de 2014

Anàlisi sobre el procés català a la revista del principal 'think tank' socialdemòcrata alemany.

La Fundació Friedrich Ebert és el gran think tank del socialisme alemany i, per tant, continental. És la fundació més gran i més antiga del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), dedicada a promoure la socialdemocràcia arreu del món. Ara, el seu òrgan d'expressió, IPG, dedica tota una peça, Die Widersprüche des Wohlstands-Separatismus, a analitzar el procés català, en què s'acaba preguntant obertament "què passarà si el govern central decideix desplegar l'exèrcit per dissoldre el govern regional de la Generalitat i anul·lar l'autonomia". L'anàlisi, signada pel delegat de la fundació a Madrid, Michael Ehrke, pretén discernir les raons de l'independentisme per entendre com s'ha arribat a la situació actual, alhora que també apunta tot d'escenaris de futur si el 9-N no hi acaba havent cap consulta, de la qual se'n mostra força partidari.

Ehrke veu l'independentisme català com un moviment egoïsta, "fruit de la crisi econòmica", que veu en l'Estat català la manera per posar fi a la solidaritat cap a d'altres territoris de la península. Tot amb tot, també li reconeix que és un moviment "activament pro-europeu" -"a les manifestacions la bandera europea hi és gairebé tan present com la catalana", escriu-, un fet que veu "contradictori" amb la suposada insolidaritat del catalanisme. "I, malgrat tot, aquesta contradicció interna forma part del caràcter del moviment independentista català", apunta.

Tot amb tot, el representant de la fundació socialdemòcrata a l'Estat també veu que el "nacionalisme espanyol" ha acabat impulsant el moviment independentista català, i situa la sentència del Tribunal Constitucional espanyol (TC) en contra de l'Estatut, així com el paper del PP, com un altre dels fets clau que explica la situació política actual. De llavors ençà, el catalanisme ha entrat en "una espiral de contínua d'autosuperació" que ha anat acompanyada de "cadenes més llargues, torres humanes més altes, més i més banderes, i demandes cada cop més radicals."

La consulta, "el millor punt de partida"

Ehrke, de fet, acaba reconeixen un "impuls genuïnament democràtic" en la demanda del dret a decidir, i en certa manera recomana que l'Estat autoritzi la consulta del 9 de novembre. "El referèndum o les eleccions anticipades no creen un nou estat. Són la manifestació d'una voluntat i, per tant, el millor punt de partida de les negociacions sobre la retirada o la pervivència en la federació espanyola".

Tot i aquesta predisposició envers la consulta, Ehkre veu a venir que no serà possible, perquè "el clima per a negociacions constructives és molt dolent", tant per part del govern espanyol com dels partidaris de la independència, "que defensen que el conflicte no pot tenir cap altra resolució que la plena independència, un fet que converteix les negociacions en bàsicament supèrflues".

Feta tota aquesta descripció, escriu: "Queda com a pregunta oberta què passa si no hi ha un acord negociat, no hi ha una secessió negociada seguint el patró de Txecoslovàquia, ni tampoc una negociació sobre si Catalunya pot mantenir-se en una Espanya federal o confederal. Si el govern central desplega l'exèrcit per dissoldre el govern regional i suspendre l'autonomia? Si els partidaris de la declaració unilateral d'independència ocupen carrers, estacions de tren i fronteres? Llavors, el sovint citat xoc de trens entre Catalunya i Espanya podria ser una descripció adequada."

El problema español

Ya no caben medias tintas para afrontar el encaje de Cataluña en la España democrática, sólo quedan dos opciones: federalismo o autodeterminación. Se impone una reforma constitucional pactada por PSOE y PP

 6 de enero de 2010

SI LOS ESPAÑOLES TUVIERAN CORAJE DESARROLLARIAN EL ESTADO AUTONÓMICO EN SENTIDO FEDERAL, SI LO TUVIERAN LOS CATALANES, CONCRETARIAN LO QUE QUIEREN Y PONDRÍAN LOS MEDIOS PARA LOGRARLO

Suele leerse en las síntesis de Historia de España ésta o parecida frase: "A comienzos del siglo XX, España tenía cuatro problemas: el religioso, el militar, el agrario y el catalán". Cien años después, los tres primeros se han resuelto o diluido, pero permanece incólume el cuarto, que, al condicionar de forma determinante la vida pública española de la última centuria, merece ser designado -más que como el problema catalán- como el problema español. La prueba de ello está en el hecho de que cada vez que España se libera de la ortopedia dictatorial que compensa la congénita debilidad de su Estado, el problema fundamental a resolver al tiempo de redactar la Constitución es el de la estructura territorial del Estado. Así sucedió en los albores de la II República, tras la dictadura del general Primo de Rivera, y al inicio de la Transición, tras la dictadura del general Franco.

La fórmula ideada por la Transición para encauzar este problema fue incluir en el pacto constitucional originario el diseño básico del Estado de las Autonomías. En el bien entendido de que este pacto ponía en marcha un proceso dinámico, consistente en una progresiva redistribución del poder político, concorde con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y respetuoso con la cohesión social y la solidaridad interterritorial. Un proceso que habrá de culminar en una estructura política federal. Un proceso, por último, que no puede abortar una de las partes sin infringir el pacto constitucional originario.

La fórmula, como todas las transacciones, fue fecunda y ha contribuido durante un cuarto de siglo a dar vida a una de las etapas más venturosas de la historia de España. Pero, llegado el momento de dar un paso adelante en el desarrollo del Estado Autonómico, se inició la ceremonia de la confusión. Unos se enrocaron en una defensa numantina de la intangibilidad constitucional, invocando el nombre de España para preservar su posición de privilegio; otros precipitaron la reforma estatutaria, sin percibir que no se puede excluir a media España de una reforma que, por ser fruto del pacto constitucional originario, requiere el concurso de todas las fuerzas que alumbraron aquél; y hubo quien, por último, prometió lo que no debía, procedió con ligereza insólita y ha terminado por mirar hacia otro lado cuando las letras comenzaban a vencer. No obstante, este despropósito tiene unas raíces hondas, que nadie me había dejado tan claras como lo hizo, hace meses, un español anónimo. En efecto, este verano, al día siguiente de una cena de agosto, un asistente -colega castellano de mi quinta, que trabajó muchos años en Cataluña y regresó luego a su tierra- me envió esta nota:

"Ayer no hablé cuando salió el tema de Cataluña. No tenía nada que decir. Hoy, sin embargo, te remito tres observaciones -ni tan sólo ideas- a lo que se dijo. Son éstas:

1. El debate España-Cataluña es tramposo por ambas partes. Admito que es tramposo por parte de España, ya que buena parte de los españoles no ha asumido que el Estado de las Autonomías es el embrión de un Estado federal que habría de desenvolverse hasta consolidarlo, y lo ven como un subterfugio con el que dar largas a las aspiraciones de autogobierno catalanas. De ahí vienen la inercia centralizadora de la Administración, la erosión de competencias por la vía de la legislación básica y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etc. Pero admíteme también que buena parte de los nacionalistas catalanes tampoco juega limpio, porque, por debajo de la su secular ambición de refaccionar el Estado, ha latido siempre una soterrada aspiración a la independencia.

2. No hay federalistas ni en España ni en Cataluña. Es frecuente oír en Cataluña que resulta imposible la consolidación de un Estado federal por la falta de federalistas españoles. Lo admito, si bien añado que tampoco hay muchos en Cataluña. En cuanto rascas un poco, te encuentras con que lo que pretende la mayoría de los llamados federalistas catalanes es una especie de relación bilateral Cataluña-España, bajo la que se esconde una implícita aspiración confederal.

3. Hay un recíproco y grave error de raíz. Muchos españoles no aceptan que Cataluña sea una nación, es decir, una comunidad con conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y voluntad de proyectarla al futuro mediante su autogobierno. Y, a la recíproca, muchos catalanes niegan a España como nación, reduciéndola a la condición jurídica de Estado -Estado español-, cuando lo cierto es que -como tú dices- es "una nación de tomo y lomo, con una mala salud de hierro". De lo que se desprende que el conflicto histórico entre España y Cataluña es el choque frontal de dos naciones: una que no ha tenido fuerza para absorber a la otra, y otra que no ha tenido fuerza para desligarse de aquélla.

Si los españoles tuviesen coraje, desarrollarían el Estado Autonómico en sentido federal (Senado, organismos de colaboración verticales y horizontales, concreción de las competencias federales a ejercitar por la Administración central), dejando la puerta abierta para que pueda marcharse la comunidad autónoma que así lo quiera. Y, si los catalanes tuviesen coraje, concretarían lo que quieren y pondrían los medios para conseguirlo, sin renunciar a nada con el pretexto de que "Madrid" no lo permitirá. Nunca más volverá a subir por las Ramblas una bandera de la Legión con la cabra al frente.

Comparto este análisis. Y lo hago con hastío y pena, porque pienso que -sin ponderar sus respectivas culpas- ambas partes se cierran, cada día más, a una solución transaccional que, en aras de sus respectivos intereses, alumbrase un proyecto compartido. Por ello, como ha escrito Josep Ramoneda, "ha llegado ya el momento de plantear las cosas sin rodeos: Cataluña quiere más poder y España no quiere dárselo. Quizá afrontar el problema directamente, sin eufemismos, facilitaría el entendimiento".

Así las cosas, hay que tener presente que el trozo de tierra que se extiende del Pirineo a Tarifa y del Finisterre al "cap de Creus", dejando al margen Portugal, sólo puede articularse políticamente de cuatro maneras: (1) Como un Estado unitario y centralista, que no llegó a cuajar y ya nunca será. (2) Como una Confederación o un Estado federal asimétrico, que acarrearían la cantonalización y subsiguiente destrucción del Estado. (3) Como un Estado federal simétrico (si bien con diverso contenido competencial), del que el Estado Autonómico es embrión. (4) Y como diversos Estados independientes.

Lo que significa que, en la práctica, las opciones se reducen a dos: Estado federal o secesión. ¿Cómo hacer posible esta disyuntiva? Es precisa una reforma constitucional que sólo puede ser abordada tras un pacto previo entre el partido que esté en el gobierno y el primer partido en la oposición, es decir el PSOE y el PP, el PP y el PSOE. Un pacto abierto a los otros partidos que quieran sumarse. Ahora bien, para emprender esta senda hace falta vista larga y coraje. Algo que hoy no abunda.

Termino. Rechacé en su momento la deriva confederal del proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña; consideré luego como un fracaso político de primera magnitud que este mismo Estatuto, aprobado en referéndum tras su criba por el Parlamento español, fuese impugnado ante el Tribunal Constitucional; y afirmo ahora que, dada la naturaleza política del gravísimo contencioso que subyace bajo estos hechos, el problema subsistirá incólume cualquiera que sea el alcance de la sentencia. Se ha sobrepasado ya el punto de no retorno: la desafección de unos, el hastío de otros y la falta de un proyecto compartido por todos hacen que la cuestión deba plantearse -antes o después- en toda su radicalidad, de un modo semejante a como se hizo en Canadá: federalismo o autodeterminación. Los que ofician de realistas dirán que esto es un dislate. Yerran: Dios ciega a los que quiere perder.

Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.

Artur Mas ya tiene cerrado su pacto:

Papá Noel llegará a Barcelona cargado de regalos. Al menos, de regalos para los independentistas: la plataforma Junts Pel Sí (JxS) y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ya tienen prácticamente ultimado un acuerdo total para desencallar la situación, permitir un Gobierno en la Generalitat y comenzar su ‘corta marcha’ hacia la independencia, que habrá de estar rematada en un plazo de 18 meses, según las previsiones.

En las dos últimas semanas, las conversaciones entre las dos formaciones se aceleraron: primero, dos de las cuatro mesas cerraron ya acuerdos estables. Luego, visto el derrotero que habían seguido las negociaciones, las mesas quedaron reducidas a una sola, con el objetivo de cuadrar números y facilitar la recta final de las mismas. En esa fase, era fundamental hilar fino para evitar poner sobre la mesa acuerdos inasumibles económicamente, lo que podría hacer descarrilar el proceso. El punto fundamental en esta fase era la aplicación de un “plan de choque social” como condición indispensable para seguir negociando.

El escollo más importante, sin embargo, era el del papel de Artur Mas. Tanto Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como Esquerra Republicana (ERC) cerraron filas en torno al ‘president’ y lo consideraron moneda no intercambiable. El posicionamiento del núcleo duro de la CUP hizo que en la anterior asamblea de esta organización, celebrada el 29 de noviembre, una gran mayoría de las bases votaran en contra de apoyar a Artur Mas como presidente de la Generalitat por su vinculación con episodios de corrupción. Este posicionamiento ponía en peligro el propio desarrollo del proceso independentista, y todas las organizaciones que respaldaban a JxS se afanaron en bombardear constantemente con la tesis de que si no había independencia, será por culpa de los radicales.

A estos, no obstante, les produce verdadera alergia la vinculación de Artur Mas con casos de corrupción, ya que, afirman, hay “cinco causas” abiertas contra el entorno de CDC por corrupción. “Y cualquier independentista no puede cerrar los ojos a esta realidad”, aseguran las fuentes. Con esta filosofía, la CUP puso en la mesa negociadora varias opciones para dar luz verde a la formación de un Gobierno, la mayoría de ellas sin Artur Mas al frente del mismo. Pero había la posibilidad de formar una especie de Gobierno colegiado con un ‘president’ con competencias recortadas. En torno a esta idea han ido tejiendo estructuras gubernamentales para facilitar la investidura y, según fuentes solventes, ya se ha encontrado la fórmula que puede desencallar la situación y permitir que el nuevo Gobierno se pueda investir sin problemas, aunque antes habrá de exponerse a la aprobación de la asamblea de la CUP, que tendrá lugar el 27 de diciembre.

Un ‘comité ejecutivo’

Según fuentes consultadas por El Confidencial, el Gobierno estaría presidido por Artur Mas, aunque con competencias muy limitadas. El líder convergente sería un jefe de Ejecutivo más sobre el papel que a la hora de tomar decisiones, ya que prácticamente no tomaría ninguna. Sin embargo, sí tendría sobre sus hombros la responsabilidad de llevar las riendas de la proyección internacional del proceso. Su principal cometido sería viajar por el mundo, como una suerte de ‘embajador volante’, y reunirse con mandatarios diversos para ‘vender’ el proyecto de la independencia de Cataluña.

El cerebro del Gobierno catalán sería, entonces, una especie de ‘comité ejecutivo’ que tomaría las decisiones de forma colegiada y en el que estarían, como mínimo, el líder de ERC, Oriol Junqueras, la actual vicepresidenta del Govern, Neus Munté, y el cabeza de lista de Junts Pel Sí, Raül Romeva. En este sanedrín, Artur Mas sería poco más que un convidado de piedra que estaría obligado a aceptar las decisiones que se tomasen en esa ejecutiva.

El nuevo organigrama no deja de ser una variante de los que se habían barajado hasta ahora, aunque con la salvedad de que Mas tendría una especial relevancia porque sería el encargado de dar la cara ante el mundo, responsabilidad que hasta ahora se había atribuido únicamente a Romeva como responsable de esa área. “Se trata de no escenificar su ‘entierro político’, sino de dejarle una salida digna. Con ese reparto, todos contentos, ya que Mas tendría su Presidencia oficial mientras que sus poderes quedarían muy reducidos. Pero él también podría salvar la cara por su cometido internacional”, explican las fuentes.

Esta semana, la CUP también ha intentado aproximaciones a la formación Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), que integra, entre otros, a ICV y Podemos. La intención es “ensanchar la base social de los independentistas” y preparar alianzas de cara a un futuro próximo. Los independentistas son conscientes de que algunos integrantes de la formación que lidera Lluís Rabell se encuentran relativamente cerca de sus posicionamientos pero nunca apoyarían un Gobierno presidido por Artur Mas.

Sin embargo, tras los últimos acuerdos en mesa de negociación a los que han llegado JxS y la CUP, las premisas del nuevo Govern deberían ser plenamente asumibles por CSQEP, ya que la base fundamental de la política del mismo es el plan de choque social impuesto por la CUP. Los radicales reclaman, pues, el apoyo para implementar ese plan de choque arrancado a Artur Mas y que coincide con los posicionamientos de los ecosocialistas y los podemitas. “Si ICV y Podemos aceptan, la legitimación del proceso recibirá un espaldarazo final y la independencia será imparable”, aseguran las fuentes.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 1 1.

28/09/1976, España firmó en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 1 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Maniobras de la CNMC para beneficiar a los lobbies interesados en el sector postal

"Con la publicación de unas cifras confusas y descontextualizadas que ocultan más que explican, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ofrece una interpretación totalmente engañosa del mercado postal”, denuncia CCOO.

Hace escasos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un informe derivado de la encuesta “Panel de Hogares”, en el que el regulador de la competencia, “lejos de señalar los auténticos problemas que aquejan al servicio postal público ratifica, por un lado, lo ya conocido, como es la caída de la carta ordinaria entre particulares, aunque celebra, por otro, los buenos resultados que obtiene Correos como líder en el mercado de la paquetería, también entre particulares”. Mensajes que, en opinión de CCOO, “ocultan la falta de iniciativa postal del Gobierno para afrontar un cambio de modelo en la primera empresa del sector público del país”.

“Que el negocio de la carta entre particulares se encuentra en franco retroceso no es ninguna novedad toda vez que las nuevas tecnologías de la comunicación lo están arrinconando” aunque, a pesar de ello, el operador público siga gestionando un volumen de tráfico postal de 3.500 millones de envíos anuales, algo que el informe “oculta intencionadamente, para dar una imagen de vacío de actividad que sólo puede beneficiar a los lobbies privados interesados en el sector”, señala el sindicato en un comunicado.

Pero lo que, a juicio de CCOO, resulta una “visión excesivamente parcial” para un organismo independiente como es la CNMC, es que se trate de presentar a Correos como líder del mercado de paquetería porque, según su encuesta, maneja el 58% de los envíos de paquetería entre particulares, cuando la propia CNMC ha cifrado en un exiguo 11% la cuota de mercado de Correos en el conjunto del mercado de paquetería. El menor entre los grandes operadores postales europeos que son, por cierto, los que mantienen el restante 89% del mercado logístico en nuestro país.

Por otro lado, "la encuesta citada no ayuda a que la opinión pública obtenga una visión clara sobre la utilización por parte de los usuarios del servicio postal" cuando establece que el 53% de los ciudadanos no ha visitado una oficina postal en los últimos seis meses en lugar de afirmar que otro 50% sí lo ha hecho, o que sólo el 18% dice conocer al principal competidor de Correos, Unipost, "ocultando que este operador no dirige su negocio tanto a los ciudadanos de modo particular como a las empresas, lo que lógicamente hace más difícil su identificación".

PLAY

Play againPLAY AGAIN

CCOO entiende que, “más allá de cifras interesadas, la viabilidad futura de Correos sigue pasando por mantener el mercado de la carta que aún continúa formando parte, a pesar del modo desregulado en que el Gobierno ha impulsado la facturación electrónica, del grueso de su actividad postal y de sus ingresos. Y de la apuesta, que debe ser respaldada políticamente al tratarse de una empresa pública, para que Correos se sitúe junto a los grandes operadores postales europeos, diversificando su actividad en mayor grado que lo ha venido haciendo hasta ahora, apostando por la logística, el negocio más rentable de la paquetería y el impulso de sus servicios financieros”, concluye.

la locura del C's

Girauta (C's) ataca a Ada Colau por vivir "de subvenciones" y aliarse con los "amigos" de ETA

 

El cabeza de lista de Ciudadanos (C's) por Barcelona al Congreso afirma que la ultraderechista francesa Marine Le Pen "ha aplaudido muchas veces" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus intervenciones en el Parlamento Europeo.

El cabeza de lista de Ciudadanos (C's) por Barcelona al Congreso, Juan Carlos Girauta, ha atacado este lunes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por carecer de "estudios" y haber "vivido siempre de las subvenciones públicas", y ha acusado a Podemos de coaligarse en Navarra con los "amigos" de ETA.

En la rueda de prensa dentro del ciclo de candidatos catalanes organizada por la Agencia Efe, Girauta ha denunciado el "lenguaje guerracivilista" empleado este fin de semana por Colau, que  instó a Albert Rivera a "lavarse la boca" por hacer suyo el eslogan "sí se puede".

Colau también comparó a Girauta, que en 2003 y 2004 concurrió en listas electorales del PP, con las "ratas que abandonan el barco y se buscan nuevas siglas". El candidato de C's por Barcelona ha alegado que las tres veces que se presentó por el PP no aspiraba a "ningún cargo" porque de hecho concurrió en posiciones sin posibilidades de obtener escaño.

Además, se ha mostrado "muy orgulloso" de haberse presentado por el PP "en una época en que no existía C's" y los populares sufrían atentados de ETA, mientras que ahora Podemos pacta en Navarra con EH Bildu, los "amigos de los asesinos", para compartir candidatura al Senado.

Pablo Iglesias, "aplaudido" por Le Pen

Los ataques de Girauta no han ido dirigidos únicamente hacia Ada Colau. El candidato de Ciudadanos ha afirmado que la ultraderechista francesa y eurodiputada Marine Le Pen "ha aplaudido muchas veces" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus intervenciones en el Parlamento Europeo.

Girauta, que era eurodiputado por C's hasta que fue elegido cabeza de lista de la formación naranja al Congreso por Barcelona, ha señalado que el "discurso antieuropeo, antiglobalización y proteccionista" de Podemos "gusta a los populistas de todo tipo" en el Parlamento Europeo, incluido al Frente Nacional francés.

"Que se sepa: cuando Pablo Iglesias ha hablado muchas veces en el Parlamento Europeo, ha sido aplaudido con entusiasmo por Marine Le Pen", ha asegurado Girauta. Pese a los reproches, Girauta ha explicado que mantiene una "relación muy correcta" con Iglesias, de quien ha destacado que es "mucho más respetuoso personalmente" que Colau.

"A Iglesias no lo considero un tonto, sino una persona muy inteligente", ha apuntado Girauta, si bien ha advertido al candidato de Podemos a la Moncloa de que, al defender un referéndum en Catalunya como condición para un acuerdo de investidura, "se autoexcluye del juego político de los grandes".

"Si hay una cosa en la que coincidimos los otros tres partidos españoles es que no habrá un referéndum de autodeterminación en Catalunya", ha resaltado Girauta, que ha recordado que eso sólo sería posible con una reforma de la Constitución en esta dirección. Ha valorado que "seguramente" Iglesias plantea el referéndum "para que lo escuche Pedro Sánchez y para que suene bien la música en los oídos de los catalanes, porque cree que la mayoría de catalanes está encantada con esta idea".

El gasto en programas de armamento

 El gasto en programas de armamento (I)

El próximo Gobierno heredará una deuda de 21.400 millones en armamento

Los Programas Especiales de Armamento se crearon en 1997 para modernizar los recursos del Estado y costarán a España, en total, 30.076 millones de euros

Una petición de información de eldiario.es permite conocer el coste de unos programas hechos para “necesidades de defensa de hace 20 años”, según el analista Bernardo Navazo

Cuatro grandes empresas especializadas para fabricar estos dispositivos se llevarán 97 de cada 100 euros

España debe 21.389 millones de euros a empresas de armas por los 22 programas (dos sin adjudicar todavía) de armamento que se han comprometido desde 1997. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, si durante los próximos tres años el Ministerio de Defensa dedicara su presupuesto entero (5.700 millones de euros sin modificaciones) a pagar estos importes, todavía quedarían por abonar 4.300 millones de euros.

Tras varios años de informes, análisis, comparecencias, modificaciones y publicaciones, por fin se revela cuánto debe el Gobierno, a día de hoy, a la industria de defensa por los programas de armamento. Gracias a una petición de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, es posible conocer los detalles de cada uno de los programas y qué ha comprado el Gobierno con ellos.

Los Programas Especiales de Armamento se iniciaron en 1997 con el objetivo de modernizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de grandes vehículos militares, armas y municiones. Una política que se extendió en la mayoría de países europeos tras el final de la Guerra Fría.

A día de hoy, el coste total de todas las adquisiciones que ha realizado el Ministerio a través de estos programas se sitúa en 30.000 millones de euros. Equivale al 3% del PIB español.

Comprar armas para defendernos de la URSS

Tras más de dos décadas de programas de armamento, ¿qué ha comprado el Gobierno con ellos? Carros de combate, aviones, submarinos, buques de guerra, misiles o helicópteros. “Hemos recibido dispositivos para cubrir peligros de Defensa de hace 20 años”, critica Bernardo Navazo, analista de defensa.

Uno de los ejemplos de esta situación son los cazas Eurofighter, que cuando se adquirieron en 1997 solo eran operativos para ataques aire-aire. “Estaban preparados para un ataque aéreo a la Unión Soviética”, explica Pere Ortega, investigador especializado en los programas de armamento y presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz. El programa de estos aviones será el más costoso de todos, con un precio final de 10.600 millones de euros. Todavía quedan por abonar a la industria 5.800 millones.

Aunque no son los únicos artefactos con dudosa utilidad estratégica, según los analistas. En 1998 se adquirieron 235 carros de combate Leopard. Son tanques alemanes adaptados al Ejército de Tierra con capacidad para cuatro tripulantes y un peso total de 60 toneladas. Ortega se pregunta para qué quiere España estos blindados “si no puede ser invadida por Tierra”.

El Ministerio de Defensa esgrime que algunos materiales comprados "tienen una función más directa" en las operaciones de las Fuerzas Armadas y otros tienen "capacidades más disuasorias". "Todos responden a una capacidad necesaria para escenarios muy diversos", explican fuentes del Ministerio.

Coste final y pagos pendientes de los 22 programas de armamento

Dos programas están todavía sin adjudicar. Datos en millones de euros

Fuente: Ministerio de Defensa

Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, admite que los Leopard “no se encuentran a la vanguardia de lo que hoy se llamaría como prioritario” pero matiza que la concepción y fabricación de estos programas lleva aparejado “un amplio periodo de tiempo” donde las necesidades estratégicas pueden cambiar. De los 2.500 millones de euros comprometidos para estos carros de combate, todavía quedan por pagar 1.500.

“Lo que se hizo fue una política de industria de defensa más que una política real de defensa, es como empezar la casa por el tejado”, apunta Irene Lozano, ex diputada de UPyD y miembro de la comisión de Defensa en el Congreso la última legislatura.

Euforia y opacidad

“Está claro que la mayoría de estos programas tienen su origen cuando nos vinimos arriba en la burbuja”, explica Navazo, analista de Defensa. El 84% de los compromisos con la industria se hicieron entre 1997 y 2004, durante las legislaturas del Gobierno de Aznar, aunque se iniciaron cuando Felipe González era presidente del Ejecutivo. La entrada de España en la OTAN fue determinante para la promoción de estas adquisiciones.

Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, denunció en el Congreso de los Diputados que algunos programas fueron firmados a final de la legislatura popular, en 2004 y con el Gobierno en funciones. Cuatro submarinos S-80, vehículos Pizarro, helicópteros Tigre y un buque de proyección estratégica. Coste final de esos compromisos: 4.900 millones de euros. Quedan por pagar: 3.900 millones.

“Todo esto se firmó en un cuarto”, cuenta Navazo, que critica que la decisión de aprobar estos programas “la tomó muy poca gente con muy poco control externo”. Una apreciación en la que coincide con el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que concluyó en su evaluación de los programas que la “concentración de las contrataciones en el tiempo” dificultaron la aplicación de una “buena técnica contractual y un buen control financiero”.

Desde el Ministerio defienden que cada adquisición se hizo "en función de las necesidades operativas que entonces expresaba cada ejército".

Disfrazar los planes de pago de “urgente necesidad”

Desde su llegada al Gobierno, Mariano Rajoy enarboló la bandera de los recortes y la austeridad. El Congreso aprobó en sus primeros presupuestos, los de 2012, un recorte en el ministerio que dirige Pedro Morenés del 14%. Sin embargo, el gasto en Defensa al final de ese año aumentó en un 44% sobre lo previsto y, finalmente, superó en un 9,22% el total de 2011.

Una medida hecha posible a través de créditos extraordinarios y ampliaciones presupuestarias, modificaciones a golpe de decreto que consiguen aumentar, por la puerta de atrás, el dinero que el Congreso destinó al Ministerio de Defensa. El uso sistemático de este recurso durante la legislatura de Rajoy,desvelado por medios como El BOE nuestro de cada día, se han destinado en su mayoría a pagar las deudas con la industria por los programas de armamento.

Avión Eurofighter de la base aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla EFE

Un informe de UPyD, promovido por la actual candidata socialista Irene Lozano, denunció el uso de los créditos extraordinarios para hacer frente a estos pagos. Según explican, este gasto por decreto es “inconstitucional, opaco y engañoso”. Mientras que entre 2002 y 2011, la variación entre lo que se presupuesta y lo que finalmente gastó Defensa oscila entre el 12% y el 16%, con Rajoy estas desviaciones se han situado entre el 33% y el 44%, tal y como desveló eldiario.es.

“Si tienes un calendario de pagos perfectamente definido, no puedes justificar un crédito extraordinario por urgente y extraordinaria necesidad”, avisa Navazo, analista de Defensa y autor del informe. Las ampliaciones del presupuesto de Defensa durante la legislatura de Rajoy suman 8.717 millones por encima de lo que se aprobó. Ni a través de ese mecanismo ha conseguido reducir de forma significativa la deuda con la industria.

Cuatro empresas se llevan 97 de cada 100 euros

“El modelo industrial sobre el que se fundamenta la provisión de armamento y material en España descansa sobre tres empresas principales, proveedoras históricas de los grandes sistemas de armas del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”. Así se pronunció Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, en una comparecencia sobre los programas de armamento en el Congreso. Se refería a Navantia, Santa Bárbara Sistemas y EADS Casa (Airbus), las tres empresas, junto con ITP, que se han llevado 97 de cada 100 euros de los programas de armamento.

“No hay que entender a estas empresas como entes independientes de las fuerzas armadas”, explica Navazo. Precisamente, las tres comparten un pasado como empresas públicas. Navantia, antes Izar, es la primera empresa de construcción naval militar en España. Actualmente es 100% pública y propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es la adjudicataria de todos los buques fragatas y submarinos adquiridos a través de los programas de armamento. Los pagos comprometidos suman 6.522 millones de euros.

Santa Bárbara Sistemas es la rama industrial del Ejército de Tierra. Nació como empresa en 1960 al reagruparse varias fábricas industriales del ejército franquista. Fue de propiedad pública hasta que fue privatizada por el Gobierno de Aznar en 2001 y vendida al grupo europeo General Dynamics. Especializado en grandes vehículos blindados, es la adjudicataria de los carros de combate Leopard y Pizarro y los misiles antitanque Spike por 3.856 millones de euros.

Nacida como Construcciones Aeronáuticas, S.A. en 1923, inaugurando dos fábricas de aviones durante esa década: una en Getafe y otra en Cádiz. Tras el final de la Guerra Civil, estrecha sus lazos con el Estado franquista, que adquiere el 33% de la empresa en 1943 y amplia su participación hasta ser propiedad casi estatal en los años posteriores. Al igual, que Santa Bárbara, fue privatizada en 1999, durante el Gobierno de Aznar, para pasar a formar parte del Grupo Interés EconómicoAirbus y pasa a denominarse EADS CASA. Ahora es la principal empresa española en el sector aeroespacial. Sus compromisos con defensa suman casi 19.000 millones de euros junto con Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP).

Nuevo Gobierno, ¿nueva solución?

Este año se adjudicarán dos nuevos programas de armamento, según los datos suministrados por el Ministerio de Defensa. De cuantías menores, el Gobierno se comprometerá a la compra de fragatas F-110 y vehículos acorazados VCR 8x8. Unas adquisiciones de las que se tendrá que abstener el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, según adelantó el BOE nuestro de cada día, por su relación con empresas que se podrían presentar al concurso.

Sin embargo, esta podría ser la última vez que Morenés se tuviera dar un paso atrás en unas compras de ese calibre. Las próximas elecciones del 20-D traerán un nuevo arco parlamentario. Por primera vez, dos fuerzas políticas que no han participado en la adquisición de los programas de armamento tendrán una voz importante en el Congreso, según vaticinan las encuestas.

Hasta ahora, la solución del PP durante la legislatura ha sido renegociar la deuda con las empresas (menos dispositivos a más coste) y hacer frente a los pagos mediante créditos extraordinarios. En los programas electorales de las cuatro principales formaciones para el 20-D, solo Podemos y C’s proponen medidas específicas para los programas de armamento. PP no hace mención en su programa y el PSOE no se refiere explícitamente a estas grandes contrataciones.

Un modelo alemán de tanque Leopard 2 similar a los comprados por España

“Aunque sea indemnizando a las empresas, España saldría beneficiada”, propone Pere Ortega, del Centro Delàs de Estudios por la Paz, sobre la posibilidad de cancelar parte de los programas que todavía no han sido entregados. Aunque otros analistas como Navazo coinciden en la existencia de esta posibilidad, los programas electorales de C’s y Podemos de lo máximo que hablan es de una renegociación con la industria. Para Fonfría, investigador y colaborador del Ministerio de Defensa, la cancelación “no suele ser una solución por los costes financieros en los que se incurre”.

A la espera de que se celebren las elecciones, la deuda puede ser insostenible según el actual programa de pagos.  “Como se ha hecho en otros países, lo fundamental es que te sientas a negociar con la industria ya que el Estado es el principal cliente”, advierte Lozano. Hasta entonces, España seguirá pagando la deuda a las empresas de armas hasta 2030.