“El PP recurre al Constitucional el Estatuto catalán para impedir ‘un daño irreparable”. Así titulaba El País del 1 de agosto de 2006 el recurso que ante el Tribunal Constitucional presentaban los dirigentes de ese partido contra la reforma del Estatut que había sido acordada por el Parlament catalán, luego parcialmente amputada por el parlamento español y finalmente aprobada en referéndum en Catalunya.
La resolución del Tribunal Constitucional llegaría casi cuatro años después anulando 14 artículos e interpretando restrictivamente otros 27 de ese Estatut. Rajoy, Acebes y Sáenz de Santamaría, aunque no enteramente satisfechos, aplaudían esa decisión mientras Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, constataba que con ese desenlace se producía “el final de la descentralización política”.
No podía sorprender, por tanto, que pocos días después, el 10 de julio de 2010, una manifestación ciudadana recorriera las calles de Barcelona alrededor del lema unitario “Som una nació: Nosaltres decidim” para mostrar la indignación ciudadana ante esa sentencia.
La conclusión de que se había cerrado la puerta a una vía federalizante de reforma del Estado autonómico para Catalunya condujo al desarrollo de un mucho más amplio y plural movimiento soberanista e independentista que el existente hasta entonces, llegando a arrastrar incluso a una formación como Convergència, partido que hasta entonces había sido pilar necesario para la gobernabilidad del régimen y también afectado, como hemos podido comprobar luego, por diversos escándalos de corrupción. Una formación que, pese a algunos análisis interesados de uno u otro lado, sólo es una parte, y no la mayoritaria ni hegemónica, de ese movimiento.
El anuncio de la convocatoria de un referéndum el próximo 1 de octubre por el Govern de la Generalitat, con el apoyo de la mayoría del Parlament, en torno a la pregunta “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”, es en realidad la respuesta al “daño irreparable” que el PP hizo al pueblo catalán con su recurso ante el Tribunal Constitucional.
Es muy probable incluso que hoy muchos y muchas dirigentes del PP reconozcan en privado que fue ese recurso –y, sobre todo, la campaña desplegada en torno al mismo- un error por haber acabado siendo el principal responsable de haber contribuido decisivamente a un ascenso del independentismo en Catalunya a lo largo de todos estos años.
Sin embargo, a pesar de la inmediata reacción ciudadana frente a lo que Javier Pérez Royo ha denominado “ruptura del pacto constitucional” derivada de la citada sentencia, desde que el PP llegó al gobierno en noviembre de 2011 (después, por cierto, de la contrarreforma exprés del artículo 135 de la Constitución) no ha habido esfuerzo alguno por buscar un nuevo marco de negociación, como le recomendaba el propio Tribunal Constitucional en otra resolución de marzo de 2014.
Todo lo contrario: la defensa fundamentalista de la letra de la primera parte del artículo 2 de la Constitución (“la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”…, dictada por la jerarquía militar en 1978) ha sido siempre el “argumento” recurrente, acompañado de una nueva tendencia a la recentralización política y financiera e incluso de ataques a la lengua catalana con el ministro de Interior, de triste recuerdo, Fernández Díaz a la cabeza.
Mientras tanto, hemos visto desarrollarse en Catalunya manifestaciones multitudinarias y pacíficas durante todos estos años e incluso una consulta popular el 9-N de 2014 que, pese a no ser reconocida por el Estado, contó con la participación de más de dos millones de personas.
La falsa ilusión en que este movimiento cayera en la frustración y en la división ante la cerrazón del gobierno, pese a que éste ha contado siempre con el apoyo de la cada vez más extensa y beligerante caverna mediática y de los jefes de Estado europeos, ha acabado conduciendo a un rotundo fracaso.
Tampoco la tímida apertura del PSOE de Pedro Sánchez al reconocimiento de la “plurinacionalidad” ha logrado apoyos significativos en Catalunya, hasta el punto de que la propia postura de Sánchez ha vuelto a virar hacia el apoyo a la cerrazón de Rajoy tildando el referéndum de ilegal y dejando la puerta abierta a la retirada de las urnas por parte de la policía.
El problema no es el de encontrar un ”encaje” de una nación cultural en una nación política española sino el del reconocimiento en condiciones de igualdad de la identidad nacional catalana, la española y del resto de nacionalidades empezando por las ya reconocidas en la actual Constitución: gallega, vasca y andaluza.
Incluso en la sociedad española está aumentando el porcentaje de personas, sobre todo menores de 45 años, que se muestran favorables a permitir la celebración del referéndum catalán tan persistente y mayoritariamente reclamado. Éste es un avance muy significativo y que, en buena medida, se debe al concurso político de una fuerza como Podemos.
No cabe pues dejarse engañar por quienes descalifican con las peores acusaciones a esos millones de personas que de forma persistente a lo largo de todos estos años han reclamado el derecho a decidir su futuro, incluida la independencia.
Agotadas la vía federalizante del Estatut y la búsqueda de un referéndum pactado con el Estado –como se hizo en los casos de Quebec y Escocia–, sólo queda desde el punto de vista democrático reconocer la legitimidad de la convocatoria del referéndum el próximo 1 de octubre y que sea la ciudadanía catalana la que decida si quiere o no separarse del Estado español para, como sería deseable, poder llegar luego a un nuevo tipo de relación, basada en la voluntad y no en la fuerza, entre todos los pueblos del Estado español.
Consideramos, además, que nuestro apoyo es coherente con lo que se decía en el Manifiesto fundacional de Podemos ante las elecciones europeas de mayo de 2014:
“Una candidatura que, frente a unos gobiernos al servicio de la minoría del 1%, reivindique una ‘democracia real’ basada en la soberanía de los pueblos y en su derecho a decidir su futuro libre y solidariamente.
La democracia no nos da miedo a las y los demócratas; estamos encantados de que escoceses y catalanes puedan hablar y decir qué futuro desean. Por tanto, que apoye la celebración de la consulta convocada en Catalunya para el 9 de noviembre”.
Frente a quienes contemplan aterrados, desde arriba, el referéndum del 1 de Octubre como una especie de cataclismo, los y las de abajo deberíamos contemplar la escena, como un momento impostergable para la recreación democrática, la redefinición de las lógicas de la participación en política entre iguales.
Porque estamos convencidas de que la celebración libre y con todas las garantías posibles del referéndum el 1 de octubre, y no su prohibición, contribuirá –sea cual sea su resultado– a la profundización de la democracia y supondrá un estímulo para quienes fuera de Catalunya seguimos apostando por el derecho a decidir sobre todo lo que afecta a nuestras vidas y a nuestros derechos y libertades frente al régimen y a la troika.
Ha llegado el momento de abrir los candados de la transición del 78 que se justificaron con el “ruido de sables”.
El primero de esos candados es el modelo de Estado, pero quizá luego vengan otros como el fin del régimen del olvido y la impunidad de los crímenes del franquismo, la necesidad de que derechos sociales como la vivienda y el trabajo sean efectivos y obligatorios para los poderes públicos o la jefatura de estado hereditaria y congénita.
Queremos abrir candados, sí. Pero si el gobierno del partido más corrupto de Europa ha decidido con la connivencia del no tan nuevo PSOE de Pedro Sánchez poner candados a colegios electorales y secuestrar urnas en una vergonzosa proyección de dictadura orweliana, por lo menos, que no lo haga en nuestro nombre ni en nombre de la democracia.
Teresa Rodríguez es una activista y diputada por Podemos en el Parlamento de Andalucía.
Miguel Urbán Crespo es cofundador de Podemos y ahora ejerce de eurodiputado por esta formación.
