Casi todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid van a tener que apretarse aún más el cinturón para funcionar este año.
De los 29 centros bajo gestión directa del reaccionario y corrupto Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), 23 han visto su presupuesto recortado para 2017, dos lo repiten y solo tres reciben más recursos.
Mientras, los hospitales de gestión privada han resultado blindados o beneficiados por la política indecente del PP.
Cinco centros están en manos de empresas a los que las arcas públicas transfieren una cantidad en virtud de los contratos o convenios firmados entre el PP y las sociedades concesionarias, siempre con intereses espúreos y ocultos entre políticos del fascio nazional y las mafias propietarias.
Solo la Fundación Jiménez de Díaz (de IDC Salud, la antigua Capio repleta de enchufados a dedo del PP) ya crece en 50 millones de euros (un 16%).
Los de Valdemoro, Móstoles –también de IDC– y Torrejón –Sanitas– calcan el dinero que se les presupuesta. El último en llegar, el de Collado Villalba decrece 1,5 millones (un 3,4%).
La Consejería argumenta que para "racionalizar y gestionar de manera eficiente, se han concentrado determinadas partidas en los servicios centrales que antes estaban presupuestadas en cada centro", mintiendo como es habitual y tratando de estúpida a la opinión pública como si fueran sus votantes retrasados. Sanidad dice que será de manera centralizada como se decida a qué hospital se asigna dinero para reparaciones extraordinarias, promoción, divulgación, la gestión de la lista de espera o de los medicamentos más caros.
Igual ocurrirá con las inversiones para los hospitales no consideradas "críticas", cuenta el Ejecutivo. Su asignación a los centros la harán "en base al análisis de prioridades".
Según se repartan los recursos, la actividad sanitaria puede verse afectada en un sentido u otro. Por ejemplo el hospital de La Paz tiene 29 millones menos en bienes y servicios.
Sin embargo, le aparecen siete millones en tratamientos de hepatitis C, a cambio de destinar nueve menos a medicamentos de alto impacto económico, antiinfecciosos y oncológicos.
El centro recibirá cuatro millones para inversiones en el edificio, frente a los 1,4 anteriores:
al fin y al cabo se le están cayendo, literalmente, los techos como hace una semana en la unidad de cardiología.
En este sentido, la situación de que un gran centro hospitalario se resquebraje es poco presentable.
Más si es debido a la falta continuada de inversión para su mantenimiento, como ha ocurrido con el 12 de Octubre.
Tras varios episodios de techos derrumbados, se destapó que los propios técnicos del hospital habían avisado sobre el deterioro progresivo y acentuado. Algunas zonas estaban sin revisar desde 1973.
Así que para 2017 la reposición y mejora de edificios se multiplica por cuatro para afrontar ese abandono.
A cambio, las partidas para material quirúrgico, medicamentos sofisticados, contra infecciones, o inmunomoduladores (usados por ejemplo en los trasplantados) han cedido terreno.
Luego hay casos en los que los documentos no detallan de dónde se han quitado fondos, ya que las cuentas de 2016 solo mostraban la cifra general sin entrar en partidas.
Es el caso del hospital Infanta Leonor, que se ha integrado con un pequeño centro llamado Virgen de la Torre.
El presupuesto actual no llega a la suma de lo que ambos centros manejaban por separado hace 12 meses.
Sin embargo, lo que se haya ahorrado habrá sido en asistencia sanitaria ya que, según la orden de fusión, "los Servicios Generales deberán ser mantenidos en paralelo en ambos hospitales dada la imposibilidad de unificación".
Esto es consecuencia de que la hostelería, los asuntos generales y la gestión ambiental del Infanta Leonor fueron "externalizados desde su constitución en una Sociedad Concesionaria".
La constructora del edificio se encargó de administrarlos a cambio de un canon anual que paga la Hacienda regional.
Los tres hospitales públicos que tienen un presupuesto algo mayor son el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón y el José Germain. Suman nueve millones de incremento. Los que se quedan igual son la empresa pública Hospital de Fuenlabrada y la fundación Hospital Alcorcón.
Pero si una vez planeado este descuento que asciende a más de 92 millones de euros las cuentas generales dicen que hay 130 millones más de dinero público a disposición de la Consejería de Sanidad para medicina especializada (5.089 frente a 4.927), ¿dónde están?
La Consejería de Sanidad ha aducido que la centralización de gastos hace que "los presupuestos individuales puedan disminuir".
Pero, además, las cuentas globales reflejan que las derivaciones a centros privados han salido beneficiadas: los "convenios con entidades privadas para asistencia sanitaria" suman 852 millones frente a los 816 de 2016.
También los conciertos "para pruebas diagnósticas por imagen (utilizados para aliviar las esperas) se han multiplicado por seis: de cuatro a 24 millones de euros.
Una nueva partida específica para "medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C" se lleva 35,8 millones, informa eldiario.es.
Otro desplome en un hospital público de la Comunidad de Madrid. El techo de escayola de la habitación 102 de la unidad de cardiología del Hospital de la Paz se ha desplomado.
Ha sido en torno a las cuatro de la madrugada. Dentro se encontraban dos pacientes que no han podido ser desalojados.
No han sufrido daños graves excepto el "susto" y "rasguños leves" uno de ellos, según ha explicado la portavoz del Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS), Maribel Domínguez.
El Tribunal Supremo ha rechazado este martes el recurso interpuesto por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, para exhumar los restos de Franco y de Primo de Rivera del Valle de los Caídos y que también había sido reclamado por organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamenta que el Tribunal Supremo haya decidido desproteger a las víctimas de la dictadura franquista.
"Que el Estado obligue a las víctimas de la dictadura a sostener con sus impuestos la tumba del dictador es una forma de maltrato, algo que jamás se consentiría con respecto a víctimas de otros delitos graves como el terrorismo", afirma el presidente de la ARMH Emilio Silva.
El grupo de constructoras a las que se les adjudicó las obras de la vía M30 -Dragados, Ferrovial, Sacyr, OHL y Acciona, entre otras- exprimieron la legislación para conseguir unos sobrecostes de las obras que en algunos casos llegaron hasta el 63% del precio inicialmente presupuestado.
Este incremento en el precio de las obras supuso pasar de una cuentas de licitación de 2.508 millones a 3.702 millones de euros.
Ni ACS ni Ferrovial, el consorcio de empresas que actualmente gestionan el mantenimiento de la infraestructura a través de Emesa, han querido hacer declaraciones sobre la información.
La Junta de Andalucía tiene una agujero de 3.385,81 millones de euros en sus cuentas correspondientes a fondos públicos que se han gastado pero que no están justificados. Un agujero que, además, no es nuevo, que se arrastra desde hace años (incluso décadas) y que no para de crecer. Los casi 3.400 millones no justificados corresponden al ejercicio de 2015 y suponen casi mil millones más de los que había tres años antes, en 2012.
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