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- febrero 28º, 2017
En la madrugada del 10 de enero, un grupo de hombres armados secuestraron a José Yilmer Cartagena en un mercado en El Cerro, un pueblo en el noroeste de Colombia.
El próximo día su cuerpo fue hallado en una carretera.
El cadaver mostraba señales de tortura: tenía más de 32 heridas de cuchilladas, su garganta tenía cortaduras en cuatro lugares y su lengua fue cortada en pedazos.
Cartagena era el vicepresidente de una organización que ha luchado para la devolución de tierras a los campesinos que perdieron sus bienes durante la guerra civil colombiana.
También fue miembro del partido político izquierdista Marcha Patriótica.
Ahora han silenciado a su voz de la misma manera que han hecho con otros 40 activistas que han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado noviembre.
Líderes guerrilleros y organizaciones de derechos humanos atribuyen estas muertes a grupos paramilitares de la derecha. Dicen que los asesinatos de estos activistas podrían desestabilizar, e incluso destruir, el acuerdo de paz que tomó cuatro duros años en finalizar.
“Están matando a los líderes que deben implementar el acuerdo de paz en sus regiones”, me dijo León Fredy Muñoz, director de Fenalpaz, una ONG que trabaja con organizaciones rurales. “También están mandando un mensaje claro de que tratarán de matar a cualquier persona que se ponga en su camino”.
De acuerdo con la organización de Muñoz, muchos de los activistas que han sido asesinados en Colombia han estado trabajando en temas como la reforma agraria o la protección al medio ambiente. Su trabajo los pone frente a frente con empresas locales y multinacionales que quieren desarrollar proyectos de infraestructura o grandes proyectos agroindustriales en las zonas rurales.
Activistas como Cartagena también han estado trabajando para asegurarse que el gobierno implemente las normas del acuerdo de paz que prometen devolver la tierra a las personas que tuvieron que huir del campo durante la guerra.
Defensores de los derechos humanos dicen que los paramilitares están asesinando a los activistas para que la gente no regrese a los terrenos y para que puedan desarrollar sus propias empresas ilegales, como minas de oro y campos de coca.
“En Colombia tenemos la mala fortuna de ser ricos en recursos naturales y los esfuerzos para controlarlos han resultado en violencia, desplazamiento y sangre”, me dijo Margarita Herrera, una activista de Agua Vive, un grupo que defiende los derechos del agua y de la tierra de la comunidad.
Herrera y su colega Ángela Moreno dijeron que fueron amenazadas después de que intentaron detener un proyecto hidroeléctrico cerca de la ciudad de San Carlos, un pueblo afuera de Medellín.
“Estaba caminando a la casa con mis dos hijas y cuando abrí la puerta, dos hombres en una motocicleta aceleraron hacia nosotras”, dijo Moreno. “Los hombres me dijeron que dejara de dar información o que iba acabar como mis hermanos”.
Sus tres hermanos fueron asesinados por milicias hace varios años.
Muñoz, el director de Fenalpaz, dijo que las amenazas y los asesinatos podrían tener un doble efecto sobre el proceso de paz con las FARC.
Para empezar, Muñoz afirmó que los asesinatos podrían ser interpretadas por la guerrilla como una señal de que las políticas izquierdistas todavía se encontrarán con una respuesta armada. Eso podría impulsar algunos guerrilleros a salir de los campamentos transitorios del gobierno en donde ahora viven y se están preparando para renunciar a las armas.
En segundo lugar, dijo que los asesinatos podrían provocar una nueva lucha armada por la gente que esta siendo perseguida.
“¿Qué más pueden hacer?”, preguntó Muñoz.
El gobierno de Colombia afirma que los grupos armados que operan en las zonas rurales son narcotraficantes sin agenda política. También han anunciado que están invirtiendo recursos para erradicarlos.
Pero las FARC y varios grupos de la izquierda argumentan que estas facciones son los sucesores de grupos de la derecha de los años 90 y principios de 2000 que defendían los intereses de los grandes propietarios y las empresas mineras.
Los líderes de las FARC han dicho que este grupo es “el obstáculo principal” para lograr la paz en Colombia.
León Muñoz no tiene ninguna duda de que la violencia política sigue existiendo en Colombia. Él ha sobrevivido seis intentos de asesinato en los últimos cuatro años.
El último ocurrió hace cinco meses, cuando un grupo de hombres armados lo siguieron y le dispararon a su camioneta. “Si el carro no fuera antibalas, me hubieran matado”, dijo.
Muñoz está preocupado de que cuando las FARC salgan de los campamentos y hagan la transición a la vida civil, grupos paramilitares ocuparán las zonas rurales antes controladas por las guerrillas y sacarán a los activistas y pequeños agricultores.
Sin embargo, dijo que seguirá haciendo su trabajo y denunciará asesinatos como el de José Cartagena.
“Se han llevado tanto de nosotros que también nos quitaron el miedo”, dijo Muñoz. “Creo que es mejor vivir y morir por algo que por nada”.
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