Ingobernabilidad, inestabilidad e irresponsabilidad

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Se preguntaba Marcuse en El hombre unidimensional si los medios de comunicación de masas habían conseguido suplantar las categorías de pensamiento y acción de los individuos por las del sistema dominante. Seguramente estas fiestas tendremos una buena oportunidad para comprobar que estaba en lo cierto. Solo habrá que sentarse a la mesa y escuchar al personal repitiendo hasta la extenuación los mantras que se han venido disparando por la televisión desde el 20D.
Llamamos ingobernabilidad a la necesidad de gobernar dialogando y gobernabilidad a la carta blanca para legislar sin necesidad de dar explicaciones. Parece ser que esa es la primera consigna de los medios tras el resultado de las elecciones generales. La segunda, que ya la conocíamos desde el caso griego, es que la inestabilidad consiste en la posibilidad de que la democracia ponga coto al poder financiero, mientras que la estabilidad describe el sistema que permite beneficio económico a costa de la explotación laboral.
Las dos interpretaciones anteriores pueden parecer exageradas, pero lo cierto es que ambos calificativos han sido utilizados hasta la saciedad para describir la situación política actual cuando tan solo han pasado unos pocos días desde que el bipartidismo hiciera aguas por primera vez en tiempos de democracia. Si el obispo San Sebastián ha calificado el veredicto de las urnas como el síntoma de una sociedad enferma, me pregunto qué pensará del unipartidismo, ¿sería el bien común que tanto necesitamos? A lo mejor es que, en un cruce de cables, lo confundió con el pensamiento unidimensional.
También estamos viendo estos días cómo se hacen insistentes llamamientos a la responsabilidad, en referencia a pactos que favorezcan la gobernabilidad, es decir, gobiernos estables que no tengan que dar muchas explicaciones. En otras palabras, que la irresponsabilidad se ha convertido en algo bastante reprobable, porque consiste básicamente en provocar asociaciones muy inestables que lo único que buscan es ingobernabilidad. Unos locos que quieren que sus propuestas de cambio político se tengan en cuenta dentro del futuro gobierno. Insensatos que pensaban que en verdad lo inestable era la miseria estructural del país, la falta de control democrático, la falta de entendimiento entre territorios, la destrucción de empleo, la corrupción, la pérdida de derechos laborales, los desahucios, la violencia machista o la economía sumergida.
Además, ante este panorama, lo que favorece la estabilidad del país es impedir cualquier tipo de cesión a los secesionistas, grupo en el que los medios se han esforzado por incluir veladamente a los autodeterministas. Todos estos rupturistas –personas sin cabeza que solo piensan en destruir− impiden la gobernabilidad, volviendo la situación muy inestable porque habría que hacer muchas reuniones y dar muchas explicaciones para encontrar soluciones intermedias. Y es que la política parece consistir en acumular poder, no en repartirlo, según los partidos autodenominados serios.
La seriedad es algo que no se debe tomar a la ligera, sobre todo en periodos de inestabilidad. Tiene que ver mucho con la responsabilidad, pero se refiere más a la capacidad de poner cara de consternación cuando emergen soluciones muy diferentes. Soluciones poco serias. Porque las soluciones nuevas, en definitiva, son poco serias. Son casi inventos.
Lo nuevo es, por lo tanto, algo muy viejo, porque no asume la modernidad seria y estable y propone barrabasadas que solo traen inestabilidad e ingobernabilidad. Una irresponsabilidad de magnitud supina. Es todo un discurso redondo, sin costuras, como cuando Eddie Murphy se dirigía a sus feligreses en Un vampiro suelto en Brooklyn y todos terminaban creyendo fielmente que “el mal es bueno”.
De todo lo anterior se extrae un mensaje claro que en estas fechas navideñas los medios de masas, los partidos políticos del régimen y los poderes financieros nos desean transmitir. Un mensaje de seriedad y responsabilidad. Porque es verdad, españoles, no hemos sido ni serios ni responsables votando, y merecemos un tirón de orejas y una fuerte reprimenda. Hemos metido al país en una situación ingobernable e inestable y deberíamos asustarnos por todo el trastorno e incertidumbre que estamos causado a la clase política y financiera. Sin embargo, ellos lo solucionarán por el pueblo, pactando y dialogando, aunque sea aburridísimo. Aunque haya que apelar a la responsabilidad de los irresponsables que vienen armando ruido. Como dejando caer agónicamente que esto no se debe volver a repetir.
La democracia es que tiene un puntito alocado. Según lo pintan, quizá sea mejor volver a lo de antes, que era mucho más sano. O a lo de antes de lo de antes, que era mucho más unidimensional. ¿No?

Corrupción: aquí no ha pasado nada

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De la regeneración a la impunidad: la investigación de casos de corrupción en los que están implicados políticos, especialmente del Partido Popular, se topa con la inacción de la Justicia o con reformas legales que dificultan las condenas.


El 16 de abril era detenido Rodrigo Rato. La foto se convirtió en una de las imágenes del año. Lo que no mostraba la instantánea es que fue liberado pocas horas después y que las reformas penales de este año hacen todavía más difícil que termine pagando por su gestión en Bankia.
Para el 40,1% de los españoles, la corrupción sigue siendo el segundo problema que más le preocupa, una cifra lejana al 63,8% que llegó a alcanzar justo un año antes, según el CIS.
Después de una legislatura marcada por los casos de Bárcenas, Gürtel o Bankia, protagonizados sobre todo por el Partido Popular, pero también por el PSOE y CiU, el anunciado paquete de medidas contra la corrupción aprobado en marzo de este año se quedó en un titular vacío: prohibición de donaciones a partidos por parte de empresas, pero vía libre a sus fundaciones; o una Ley de Transparencia que entró en vigor el 10 de diciembre para comunidades autónomas y ayuntamientos, pero que no cumple los estándares internacionales ni de los países del entorno.
En este año 2015, el Gobierno ha aprobado otras medidas menos reivindicadas, pero también relacionadas con la corrupción, aunque más bien para que deje de aparecer en los medios o dificultar su investigación: la aprobación de la reforma de la Ley de Enjui­ciamiento Criminal, en vigor desde el 6 de diciembre, con la que los 'imputados' pasan ahora a ser 'investigados' o 'encausados', a la vez que se reducen los plazos de instrucción.
También la Justicia ha dejado aparcado uno de los casos paradigmáticos de la legislatura, el relacionado con las cuentas b del Partido Popular apa­recidas en los papeles de Bár­cenas.
El 23 de marzo de 2015, el juez Pablo Ruz daba por concluida la instrucción sin investigar los posibles delitos de cohecho cometidos por las empresas donantes, ni mencionar las posibles responsabilidades penales de los cargos del PP más allá de los gerentes o tesoreros del partido. Del "Ma­riano, Mariano, no llegas al verano" de enero de 2013 se pasó al "Winter is coming".

Nueva sentencia del Supremo contra los clubes de cannabis

Nueva sentencia del Supremo contra los clubes de cannabis



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El pasado lunes 28 de diciembre el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia por la que condenaba al presidente y a la secretaria de la asociación cannábica Pannagh a penas de un año y ocho meses de cárcel y una multa de 250.000 euros, y a seis meses y un día de prisión para dos socios que trabajaban en la asociación. “Es una sentencia plagada de errores y contradicciones”, afirma un comunicado de Pannagh en el que resaltan que la sentencia impone una cuantiosa multa a pesar de que considera probado que no hubo enriquecimiento por parte de la asociación. El caso de Pannagh llegó al Tribunal Supremo por un recurso presentado por la Fiscalía después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia absolviera a los miembros de la asociación de un delito de tráfico de drogas.
Ésta es la tercera sentencia emitida por el Supremo sobre los clubes de cannabis, todas condenatorias, después de que la Fiscalía decidiera aumentar las penas solicitadas –añadiendo el delito de pertenencia a organización criminal– para que superasen los cinco años. De esta manera, los casos sobre los clubes de cannabis, que hasta entonces iban a los juzgados de lo penal –y, tras presentar recurso contra la sentencia, a las Audiencias Provinciales, donde generalmente eran absueltos– pasan ahora a juzgarse en las Audiencias Provinciales –y, tras presentar recurso contra la sentencia, al Tribunal Supremo, donde todos los casos están acabando en condena–.
Ésta es la tercera sentencia emitida por el Supremo sobre los clubes de cannabisEn octubre, el Supremo dictó condena contra los miembros de la asociación Ebers con penas de entre tres y cinco meses de cárcel, rebajadas al considerar “error de prohibición vencible” –eximiente que rebaja la responsabilidad penal por no saber que la actividad de la que se acusa es ilegal–. Asimismo, en diciembre, la asociación Three Monkeys fue la siguiente, con penas de 8 meses para el presidente y el tesorero de la asociación.
“Es una maniobra jurídico política típica de este país donde no hay separación de poderes”, explica Martín Barriuso, presidente de Pannagh, quien señala también cómo desde la asociación se solicitó amparo a instituciones como el Ararteko (Defensor del Pueblo de País Vasco) y el Parlamento Vasco. “La Fiscalía empezó a acusar de un delito del que no había acusado hasta entonces, para acudir al Supremo, y el Supremo remata la jugada con una sentencia claramente política donde no le importa saltarse los hechos probados. Nos han mandado un aviso muy claro a navegantes: como os mováis os mandamos a la cárcel y mientras os dejamos arruinados”, continúa.
La sentencia contra Pannagh “se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona”, explican desde la asociación. “La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas”, añaden. Otras contradicciones que apuntan en la sentencia del Supremo es en cuanto a la “falta de control” en cuanto al consumo, hecho ya desmentido en la sentencia de la Audiencia Provincial, que recogía cómo sí hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entrega la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondía con la previsión de consumo del socio partícipe”. También en cuanto a los responsables y usuarios de la asociación, que en los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial se señala que es la propia asociación, una “entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados”, como subraya Barriuso. A pesar de que el Supremo no tiene permitido alterar los hechos probados por la Audiencia, en su sentencia afirma que “un reducido núcleo de personas organiza y dirige la estructura asociativa; disponen preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, distribución, control, cultivo,... y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”.
“Nos acusan de haber actuado con temeridad, y nuestra temeridad ha sido confiar en el Estado de derecho. Dicen que es irrelevante que nos quisiéramos lucrar o no”, explica Barriuso. “Si van a actuar igual tanto si hay lucro como si no, están animando a los narcotraficantes, los que van a quedar son los que ganan dinero. Nosotros lo hemos hecho todo a las claras, con resoluciones judiciales a nuestro favor, haciendo público lo que hacíamos. Nos han intervenido, archivado los casos, y devuelto la marihuana. Hemos pagado impuestos, hemos actuado completamente dentro de la legalidad, y ahora dicen que no hemos hecho lo suficiente para indagar si cometíamos una ilegalidad”, señala el presidente de Pannagh.
 
"Si piensan que con la condena a Pannagh van a desactivar el movimiento cannabico, van listos"
Los cuatro condenados de Pannagh han anunciado que presentarán un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo antes de acudir al Constitucional al considerar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También que acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si es necesario. Mientras, Barriuso explica que pedirán la suspensión de pena y, llegado el caso, ayuda “porque la condena nos supone perder nuestras casos a los dos [condenados con mayores penas] y quedamos en la insolvencia a perpetuidad”. Tampoco descartan pedir un indulto. “Vamos a seguir peleando en todos los frentes, no es el fin de la batalla para nada. Si se piensan que como movimiento social y político nos van a desactivar, lo tienen claro. No vamos a permitir que una realidad social de este calibre, y que ha generado alternativas que si se hubieran regulado habrían sido muy positivas, acabe por la vía de la represión”, añade.
La estrategia punitiva a través del Tribunal Supremo contra los clubes de cannabis coincide también con la campaña por la regulación del cannabis emprendida para las pasadas elecciones por alrededor de 30 organizaciones de personas consumidoras de esta sustancia unidas en la plataforma Regulación Responsable. Esta organización reclama la regulación de esta sustancia en base a cinco pilares: el autoconsumo, la venta comercial –en cañamerías al estilo de los estancos de tabaco–, el consumo terapéutico, la educación y prevención de riesgos como objetivo transversal, y el consumo compartido –o clubes de cannabis–, aunque esta propuesta está actualmente consensuándose entre sus bases mediante un proceso participativo.
“La mayoría de los partidos están dispuestos y ven con buenos ojos abrir un debate sobre la regulación del cannabis”, explicaba a Diagonal Gemma Lago, portavoz de la Plataforma Regulación Responsable, en un reportaje publicado en octubre de 2015. En el programa de los partidos de cara a las elecciones, según recopila la plataforma, Unidad Popular-IU, Podemos y Ciudadanos recogían la regulación del cannabis. También el PSOE prometía promover el debate en este sentido. Mientras, el PP apostaba por la prevención y el control. “Al final, es todo marketing”, opina Paco Mascaraque, de la revista Yerba y activista por la regulación del cannabis. “La verdad es que si los partidos políticos tuvieran una clara decisión de regular un tema que afecta a varios millones de personas en España, lo habrían hecho”, concluye.
“Esto es responsabilidad de los dos partidos que han gobernado en España a turnos y que han mantenido un Código Penal con ambigüedades inadmisibles en un Estado que se dice de derecho, especialmente el PSOE, que va de progre, pero aprobó la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, y el Código Penal del 85. Ahora su líder dice que de legalizar el cannabis ni hablar. Tiene que haber un debate en el parlamento para aclarar la situación, porque no puEde ser que uno actúe pensando que está en la legalidad durante diez o quince años y de repente leen las leyes de otra manera, la que les interesa, y te condenan”, afirma Barriuso

Diputats ganduls

Diputats ganduls o Diputats mandrosos:
no van al Congrés a recollir la seva acta Rajoy, aplaudit pel Grup Popular del Congrés. Rajoy, aplaudit pel Grup Popular del Congrés. Pedro Gómez de la Serna va decidir ahir, dimarts, acudir personalment al Congrés dels Diputats per lliurar, ja omplerta, la seva credencial com a diputat, que en el seu nom havia recollit el dia anterior un procurador. Pretenia, d'aquesta manera, generar soroll mediàtic per així intentar evitar el que es va confirmar a la tarda: la seva no adscripció al Grup Popular per haver cobrat comissions ostentant un càrrec públic en l'anterior legislatura.Gómez de la Serna ha estat gairebé l'única visita que els responsables d'Administració del Congrés han rebut per part de diputats electes, des que dimecres passat s'obrís el termini per a sol·licitar la credencial i després lliurar-la amb les dades de cada un. Per la cambra baixa només s'ha deixat veure, a més de l'ex diputat popular, Jordi Xuclà. El representant de Democràcia i Llibertat (antiga Convergència) es va convertir, fa uns dies, en el primer parlamentari -i fins ahir l'únic- que ha sol·licitat, en persona, la seva acta per a la nova legislatura. La resta han enviat a les oficines de l'hemicicle a assistents dels grups parlamentaris o procuradors, però "cap més ha decidit presentar-se aquí per realitzar la tramitació directament". Una circumstància que, segons personal de la Cambra, resulta insòlita, ja que en altres inicis de legislatura sempre hi ha hagut més activitat. Les fonts consultades vinculen aquesta mandra, "desídia" diuen, a les dates en què s'han celebrat les eleccions ia unes vacances de Nadal que cap diputat, nou o veterà, es vol perdre

Diputados holgazanes

Diputados perezosos: no acuden al Congreso a recoger su acta Rajoy, aplaudido por el Grupo Popular del Congreso.

Rajoy, aplaudido por el Grupo Popular del Congreso. Pedro Gómez de la Serna decidió ayer, martes, acudir personalmente al Congreso de los Diputados para entregar, ya rellenada, su credencial como diputado, que en su nombre había recogido el día anterior un procurador.

Pretendía, de esta forma, generar ruido mediático para así intentar evitar lo que se confirmó por la tarde: su no adscripción al Grupo Popular por haber cobrado comisiones ostentando un cargo público en la anterior legislatura.Gómez de la Serna ha sido casi la única visita que los responsables de Administración del Congreso han recibido por parte de diputados electos, desde que el pasado miércoles se abriese el plazo para solicitar la credencial y luego entregarla con los datos de cada uno.

Por la Cámara Baja solo se ha dejado ver, además del ex diputado popular, Jordi Xuclà. El representante de Democràcia i Llibertat (antigua Convergencia) se convirtió, hace unos días, e n el primer parlamentario -y hasta ayer el único- que ha solicitado, en persona, su acta para la nueva legislatura.

El resto han enviado a las oficinas del hemiciclo a asistentes de los grupos parlamentarios o a procuradores, pero “ ninguno más ha decidido presentarse aquí para realizar la tramitación directamente”.

Una circunstancia que, según personal de la Cámara, resulta insólita, ya que en otros inicios de legislatura siempre ha habido más actividad. Las fuentes consultadas vinculan esta pereza, “desidia” dicen, a las fechas en las que se han celebrado las elecciones y a unas vacaciones de Navidad que ningún diputado, nuevo o veterano, se quiere perder.