Como si fuera 1984: Reino Unido aprueba nueva Ley de Vigilancia Extrema de Internet, peor que en una Autocracia
El proyecto de ley amplía las posibilidades de 'hackear' todos estos dispositivos. Esto significa y nadie hace hincapié en ello, que no solamente pueden hacerse con el control de tu dispositivo, sino que también cabe la posibilidad de poder introducir en él cualquier dato o información que les convenga.
De tal forma, que puedes perfectamente ser acusado de cualquier cosa que les venga bien a la policía, con pruebas falsas previamente colocadas en secreto y sin tu consentimiento en tu móvil u ordenador.
Solo por esa posibilidad, por extraña y peregrina que pueda parecer a algunos, cualquier evidencia probatoria basada en lo encontrado en tus dispositivos, debería ser desechada por cualquier juez imparcial del mundo. Y más si practicas cualquier tipo de activismo político o social.
Armak de Odelot
Como si fuera 1984: Reino Unido aprueba nueva ley de vigilancia extrema de internet
El gobierno del Reino Unido ha aprobado nuevos poderes de vigilancia que opositores han tachado de “peligrosos” y “terroríficos”, indica Zack Whittaker, del sitio web ZDNet.
La nueva ley fue presentada en mayo de 2012 por la entonces secretaria de Interior Theresa May y sobrevivió a dos intentos previos de ratificación por numerosos conflictos con la anterior coalición gobernante.
Cuatro años más tarde, con May ejerciendo el cargo de primera ministra, ambas cámaras del parlamento dieron luz verde al proyecto.
Cuatro años más tarde, con May ejerciendo el cargo de primera ministra, ambas cámaras del parlamento dieron luz verde al proyecto.
Organizaciones promotoras de libertades civiles han criticado el libelo, argumentando que a partir de ahora el gobierno podrá “registrar todo lo que hacemos en internet”.
La ley obliga a los proveedores de internet a grabar cada año el historial de sus clientes en tiempo real, poniendo la información a disposición de numerosas reparticiones del Estado.
También concede un poder a las agencias de inteligencia para hackear computadores y aparatos electrónicos de ciudadanos, exceptuando a periodistas y otros profesionales, que contarán con protecciones marginales.
Según el director de Open Rights Group, Jim Killock, se trata de la iniciativa “de vigilancia más extrema que haya sido aprobada en democracia”, lo que generó incluso el rechazo de representantes de Naciones Unidas y empresas privadas.
Hay, eso sí, algunas garantías, ya que un actor judicial independiente deberá autorizar expresamente los registros, cuyo uso estará fiscalizado por un comisionado especial de investigaciones.
El gobierno ha dicho insistentemente que la ley no es nueva sino una mera actualización de la antigua Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), revelada durante el escándalo de Edward Snowden, que permitía intervenir las redes.
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