Por Pablo García
Los socialistas votan contra su propio informe con la izquierda y los verdes por las enmiendas de conservadores y liberales para restringir la transparencia sobre el acuerdo, que negocia la UE con 22 países, entre ellos EEUU, Australia, Corea del Sur y Pakistán.
La eurodiputada francesa ponente del texto denuncia la “agenda ultraliberal” del Acuerdo sobre Servicios, mucho más ambicioso que el TTIP, y los beneficios para las multinacionales en detrimento de las pymes.
El TiSA (Trade in Services Agreement), el Acuerdo de libre comercio sobre servicios que la UE negocia casi en secreto con otros 22 estados desde 2012 y que tiende a promover la liberalización masiva de servicios como la banca o el transporte, empieza a toparse con resistencias internas insalvables. Filtrado por Wikileaks en 2014 y reconocido casi un año después por la Comisión Europea, el TiSA es mucho más ambicioso que el polémico TTIP y ahora mismo en el Parlamento Europeo hay una mayoría de socialistas, izquierdistas y ecologistas que amenazan con bloquear cualquier resolución.
Este bloqueo ya se ha dado en la crucial comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) de la Eurocámara, donde la ponente del informe de opinión sobre el TiSA, la socialista francesa Virginie Rozière, ha votado contra su propio informe arrastrando a la izquierda del GUE y a los verdes. La negativa de la eurodiputada se produce por la introducción de enmiendas por parte de la derecha y de los liberales para restringir la transparencia y volver al antiguo sistema de arbitraje inversor-estado (ISDS) que ha sido incluso descartado del TTIP, según explica la propia Rozière a este medio.
Según portavoces del Parlamento Europeo, ver a un eurodiputado votar contra su propio informe no es algo habitual. “Viendo los problemas de transparencia que afectan al TTIP y viendo que el TiSA se ha presentado ante la sociedad de manera aún mucho más opaca, quisimos resolver el problema del acceso a documentos que encuentra la ciudadanía”, señala la socialista francesa. “Pero la negociación con la derecha europea fue ruda”.
En la enmienda del informe de opinión, Rozière incorporó la frase “aumento del acceso a la información a lo largo del proceso” a los ciudadanos y a las empresas; pero los populares, liberales y conservadores europeos antepusieron su propia enmienda, pidiendo que los documentos abiertos sean los “relevantes” y que éstos sean enviados “a los comités competentes del Parlamento Europeo” exclusivamente.
Si el TTIP ha sido acusado de opacidad por restringir sus documentos y la Comisión Europea, que negocia en exclusiva con Estados Unidos este acuerdo en nombre de la UE, ha tenido que cambiar sobre la marcha las normas de acceso a los textos confidenciales, el TiSA, que discute la Comisión igualmente, se presenta como algo mucho más oscuro. Salió a la luz por una filtración de Wikileaks en junio de 2014, como recogió Público, aunque el número de países implicados ha pasado de medio centenar a 23. Además de los 28 estados miembros de la UE y EEUU, aparecen Australia, Islandia, Japón, Corea del Sur, Colombia o México e incluso Pakistán.
Todos estos países pertenecen a la OMC. El objetivo reconocido es el intercambio comercial de los “servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el transporte marítimo y de los trabajadores que se desplazan temporalmente al extranjero para proporcionar servicios”, según la web de la Comisión Europea. Con el TiSA, lamenta Rozière, “se permitirá a las grandes multinacionales entrar en el mercado europeo sin que las pymes tengan las mismas oportunidades con los demás países socios. Es una agenda ultraliberal”.
“Inadmisible”
“Hasta ahora existe muy poca información sobre las negociaciones”, critica Lola Sánchez, de Podemos. Esta eurodiputada también dirige otro informe de opinión en otra comisión. “Debemos exigir más información porque es inadmisible que hasta ahora haya sido WikiLeaks quien haya informado y no la propia Comisión Europea”.
“Es la prueba de que estamos a favor de un acuerdo, pero no de cualquier acuerdo”, dice Sergio Gutiérrez, eurodiputado del PSOE y miembro de la Comisión IMCO. “Como en el TTIP, pedimos transparencia, arbitraje público, garantías sociales y protección al consumidor”. En el PPE nadie ha querido hacer comentarios sobre este asunto.
Otro de los choques entre socialistas y populares en torno al TiSA se debe a los mecanismos de intermediación de conflictos entre una multinacional y un estado. Los segundos apostaron por acoplar en el informe “un sólido mecanismo para arbitrar las diferencias, el cual debe garantizar que las partes implicadas respeten sus compromisos y respeten también las reglas”. Se trata de una referencia directa al polémico ISDS, formado generalmente por árbitros procedentes del sector privado y que la Comisión Europea ha tenido que cambiar en del TTIP siguiendo la orden del Parlamento Europeo. El nuevo modelo que Bruselas presentará se denomina Investment Court System (ICS), y aún no ha sido negociado con EEUU pero tendrá, en principio, un barniz público.
La tramitación parlamentaria del informe de opinión del TTIP, aprobada en julio en medio de la crisis griega, tuvo momentos de tensión y debió ser postergada un mes por las disidencias de algunos socialistas. Al final el TTIP recibió los votos en contra de los socialistas franceses o belgas, pero fue respaldado por la mayoría del S&D, entre ellos el PSOE. La Eurocámara no puede negociar, pero sí tumbar el resultado de la negociación, cuando esta concluya. Con el TiSA sucede lo mismo, aunque este acuerdo aún está en la fase preliminar.
