Durante los diez años del periodo conocido como la Gran Recesión (que para millones de personas ha sido la Gran Depresión) el bienestar social y calidad de vida de las clases populares de España han alcanzado unos niveles de deterioro que deberían ser el principal elemento en el discurso y debate político del país y en la cobertura mediática de la realidad española. Y en cambio, no lo son.
El monotema hoy en el establishment político-mediático del país es el conflicto entre los nacionalismos, el españolista liderado por el Partido Popular, presidido por el Sr. Mariano Rajoy, y el catalanista, liderado por el gobierno de Junts Pel Sí, presidido por el Sr. Puigdemont, dirigente del partido hegemónico en el gobierno (el PDeCAT) que ha gobernado Catalunya (con el nombre de Convergencia) durante la mayor parte del período democrático.
Ambos partidos están hoy siendo investigados por casos de corrupción que implicarían financiación ilegal (caso Gürtel en el PP o caso Millet en CDC), juicios que no aparecen ni en las primeras páginas de los rotativos ni en lugares destacados de los mayores canales televisivos ni de las cadenas de radio.
En realidad, en Catalunya el caso Millet y sus conexiones con la financiación ilegal de CDC ni siquiera aparecen en las últimas páginas de los rotativos catalanes, en la televisión pública TV3, o en los canales privados.
Y en España hace unos días el inspector jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), encargada de la investigación del caso Gürtel, declaró en el Congreso de Diputados (en respuesta a las preguntas que le hicieron en una sesión de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP) que el presidente de España, el Sr. Rajoy, había recibo dinero negro (en sobres) de la Gürtel.
Y a pesar de la enorme importancia de la noticia, ningún gran periódico español (El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Vanguardia o El Periódico, entre otros) lo publicó en portada al día siguiente.
He vivido un largo tiempo en Suecia, Reino Unido y EE.UU., y he trabajado en varios países, y no me imagino que si tal hecho hubiera ocurrido en cualquiera de ellos no hubiera sido la noticia del día.
En cambio aquí, en España (incluyendo Catalunya), se ignoró, mostrando, una vez más, la escasa calidad de la democracia española y de sus mayores medios de comunicación.
La falsedad de la supuesta recuperación
Según los últimos datos disponibles, el desempleo en España ha permanecido elevadísimo en los llamados “años de la recuperación”. En 2016 el promedio fue un 18%, uno de los más elevados de la Unión Europea.
En realidad, tal porcentaje sería incluso mayor si no fuera porque 1,7 millones de españoles (jóvenes en su gran mayoría) han abandonado el país en busca de trabajo. Hoy España es uno de países que exporta mayor número de jóvenes al año.
Y lo que es incluso más alarmante es que nada menos que el 43% de las personas desempleadas (que están en paro) llevan más de un año buscando empleo.
Incluso el FMI (Fondo Monetario Internacional) ha alertado de la situación, que merece llamarse catastrófica, en la que este grupo se encuentra.
En realidad, cerca del 30% de españoles están riesgo de pobreza (casi un tercio de la población española, situación que en Catalunya es casi idéntica).
Una de las causas mayores de este crecimiento de la pobreza de la población es el gran deterioro del mercado laboral, que ha configurado un gran crecimiento del desempleo y de la precariedad, con una bajada de la tasa de ocupación sin precedentes en la época democrática.
El porcentaje de la población ocupada cayó un 20% desde 2008 a 2013. Y los salarios han descendido un 10% durante los años de la crisis 2008-2015. La mayoría de puestos de trabajo creados son temporales y precarios.
Como consecuencia de ello, las desigualdades han aumentado de una manera alarmante. España (incluyendo Catalunya) es uno de los países que tienen mayores desigualdades en la Unión Europea. Las rentas del 20% de la población con más renta son nada menos que 7,5% superiores a las del 20% de la población con menor renta, un record en la UE.
El enfado popular frente a los establishment político-mediático españoles y catalanes
Las encuestas muestran que este gran deterioro social es la preocupación mayor que señala la población
De hecho, el desempleo lleva ocupando ya por muchos años el número uno de la lista de inquietudes y problemas que tiene la población española, incluyendo la catalana.
Otro tema grave en España es la corrupción generalizada, que alcanza su máxima expresión en el partido gobernante en España, el PP, y en Catalunya en Convergència Democràtica, renombrada como Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT), que ha gobernado treinta de los treinta y siete años de autonomía, primero en alianza con Unió Democrática (UDC) y desde 2012 con ERC.
Estos partidos (PP y CDC) han estado en el centro de la corrupción, reflejo del maridaje que ambos partidos tienen con los poderes fácticos financieros y económicos que ejercen una enorme influencia en los mayores medios de información, tanto públicos como privados.
Ambos gobiernos han impulsado las mayores leyes neoliberales (desde las reformas laborales a las fiscales, pasando por las presupuestarias), incluyendo las que causaron las políticas de recortes del gasto público social que han causado la Gran Crisis Social.
La ocultación del tema social por parte del tema nacional
Estos partidos, que coinciden en la mayoría de sus políticas económicas y sociales (debido a su pertenencia a las familias políticas conservadores y neoliberales), lideran los movimientos nacionalistas de signo contrario y cuyo conflicto (deliberadamente diseñado) ha ido centrando el debate político, creando tensiones, con el objetivo altamente exitoso de ocultar su responsabilidad tanto en la aplicación de las políticas neoliberales (causantes, repito, de la Gran Crisis Social) como en la corrupción masiva de sus partidos.
Como consecuencia de ello, este mes, por primera vez, la preocupación por el tema del conflicto España-Catalunya por parte de la población ha sido mayor que el de la corrupción (último CIS disponible), mostrando que han sido exitosos en su intento de dejar en segundo plano mediático la crisis social y la corrupción.
Como indiqué al principio, el llamado Tema Nacional ha ocultado y ha hecho desaparecer el Tema Social.
Ello ha ido acompañado de un incremento de la distancia y desconfianza entre las clases populares y los establishments político-mediáticos, lo cual puede determinar una gran abstención que favorecería a las fuerzas conservadoras y neoliberales que ejercen una gran influencia en los medios de información.
Vean TVE (en Madrid) y TV3 (en Barcelona) y verán lo que indico.
Esta desmovilización podría revertirse en España bien a través de la movilización de las banderas (defendiendo la unidad de España frente a su ruptura), como están intentando hacer nacionalistas españolistas, o mediante la denuncia social, reajustando el eje del conflicto para que se transite de un conflicto nacional a un conflicto social, recuperando el eje izquierda/derecha, algo de difícil realización pues el PSOE se ha convertido en pieza clave del bloque del nacionalismo españolista y ERC lo ha pasado a ser del bloque nacionalista catalanista; el primero apoyando al PP y al 155, y el segundo apostando por la independencia unilateral.
La situación en Catalunya
Esta distancia hacia el establishment político-mediático existe también en Catalunya, aunque en grado algo menor, como consecuencia de la percepción -promovida por los independentistas- que la crisis social se debe a la pertenencia de Catalunya a España.
De ahí la impresión que si Catalunya se separara de España, podría elaborar políticas públicas destinadas a resolver la crisis.
Tal argumento, sin embargo, ignora que dichas políticas fueron aprobadas en las Cortes Españolas por los dos partidos, el PP y el PDeCAT, que hoy lideran el conflicto de las banderas.
Ambos partidos nacionalistas (el españolista y el catalanista) pertenecen a la sensibilidad conservadora y neoliberal que ha impuesto tales políticas.
Que debería hacerse
En realidad, hoy tanto el Estado como la Generalitat de Catalunya tendrían que haber hecho casi lo opuesto a lo que han estado haciendo.
El problema mayor de España y Catalunya es la enorme desigualdad en la distribución de las rentas; las rentas del capital han ido creciendo muy rápidamente a costa de una gran reducción de las rentas del trabajo, creando un enorme problema de falta de demanda doméstica, causa de la escasa ocupación, problema acentuado con el descenso del gasto público y de la inversión. Hoy incluso el FMI admite que los salarios son demasiado bajos y la austeridad ha sido excesiva.
Y a pesar de ello los economistas del PP, del PSOE, de ERC y del PDeCAT continúan en la ortodoxia neoliberal.
Hoy se debería producir un aumento de los salarios y un gran crecimiento de la ocupación, con políticas de creación de empleo en áreas muy deficitarias tales como la transición energética, la economía verde y el Estado del Bienestar.
Y el Estado tendría que gastar mucho más, como bien señala Mark Weisbrot. El gobierno español debería endeudarse más, pues los intereses de los bonos (a 10 años) son solo un 1,6%, inferiores a la inflación. El Estado debería invertir en más empleo y un buen empleo en las áreas sociales.
Pero muestra el grado de derechización del país, consecuencia del dominio del tema nacional, que se consideren “radicales”, “antisistema” u otras frivolidades propuestas típicamente reformistas encaminadas a empoderar a las clases populares para corregir el enorme desequilibrio que hoy existe entre las fuerzas político-mediáticas del capital frente a las del trabajo.
La enorme visibilidad del tema nacional ha empoderado a las derechas en España y debilitado a las izquierdas, que deberían enfatizar el tema social redefiniendo el tema nacional, indicando que el punto central de cada nación son los intereses de las clases populares, que son la mayoría de la población, para las cuales el tema social –su calidad de vida y bienestar social- es el tema más importante.
Se tiene que desarrollar un patriómetro que pueda medir el grado de patriotismo y compromiso identitario de una fuerza política midiendo cómo contribuyen sus intervenciones a la felicidad de las clases populares. Y ahí las fuerzas conservadoras y neoliberales ya han mostrado sus grandes insuficiencias.
La evidencia de que en España los “súper patriotas” a ambos lados del Ebro son también los más corruptos y los que han aplicado las políticas antisociales es abrumadora. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Fuente Público
La desunión de las izquierdas es uno de los mayores problemas políticos que tienen Catalunya y España.
Y es en parte responsable de la continuación de la enorme crisis social que existe a lo largo del territorio español.
En realidad no parece haber plena conciencia en amplios círculos políticos y mediáticos españoles (incluyendo catalanes) de la profundidad de tal crisis que se presenta a los dos lados del Ebro.
El PP de Esperanza Aguirre en Madrid diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.
El Partido Popular, su tesorera, Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el de informática, José Manuel Alarcón, no se librarán del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tenía en la sede del partido su extesorero Luis Bárcenas.
La declaración del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el comisario José Luis Olivera, ha pretendido reducir hasta la nada los indicios de delito que el inspector Manuel Morocho, jefe de la investigación Gürtel sobre financiación ilegal del PP, puso de manifiesto ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre el cobro de sobresueldos por parte de los exministros Federico Trillo, Javier Arenas o Francisco Álvarez Cascos o, incluso, del propio presidente Mariano Rajoy.
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su entorno han evidenciado a lo largo de toda la investigación por el conocido como ‘caso Lezo’ la capacidad de influencia que disponía González, a pesar de haber abandonado la primera línea de la política.
Existen en España un total de 428.000 millonarios, un 15,6% más que en 2016 (370.000 personas). Es así el país número 12 con más grandes fortunas de todo el mundo y con uno de los mayores índices de desigualdad y, por consiguiente, de injusticia social y corrupción.
Somos pobres porque los ultrarricos llevan los beneficios a paraísos fiscales. Un informe del año pasado de la consultora The Boston Consulting Group estimó la cifra en 10 billones de dólares, mientras que el publicado en NBER calculó que equivalía a US$ 7,8 billones.
Hasta 300 agentes de élite, hombres-comando al nivel de los marines estadounidenses, estaban preparados el pasado 10 de octubre, cuando Carles Puigdemont declaró la independencia para suspenderla 8 segundos después, para entrar en el Parlament si el Govern se enrocaba dentro tras una DUI.
