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LA FALSIFICACIÓN DE JUGUETES CAUSA PÉRDIDAS ANUALES DE 1.400 MILLONES EN LA UE
La falsificación de juguetes provoca pérdidas anuales a los
fabricantes de la Unión Europea (UE) por 1.400 millones de euros, según calcula
un estudio de la Euroagencia de la Propiedad Industrial e Intelectual, la OAMI.
El
informe de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en
Alicante, revela que el 12,3 por ciento de las ventas del sector de juegos y
juguetes en el mercado europeo se pierden debido a las falsificaciones, que
llegan, según Bruselas, de China en el 97 por ciento de los casos y en el 2 por
ciento de la vecina Hong-Kong.
MERKEL ADVIERTE DE QUE LA CRISIS ECONÓMICA NO PUEDE DARSE POR SUPERADA .
Agencia EFE
La canciller de Alemania, Angela Merkel,
advirtió hoy de que pese a los "éxitos" y al "crecimiento
económico en Portugal, España y especialmente en Irlanda", no hay que
bajar la guardia en la UE porque la crisis "no se ha superado
completamente".
Ante el millar de delegados que asisten en la ciudad de
Karlsruhe al congreso federal de la Unión Cristianodemócrata (CDU), partido que
preside desde 2000, Merkel afirmó que seguirá defendiendo la necesidad de
mantener la competitividad y las cuentas públicas saneadas como vía para crear
los puestos de trabajo que necesitan "urgentemente" algunos países
europeos.
La luz, un 16,2% más cara
La luz, un 16,2% más cara con
el Gobierno de Rajoy que en la anterior legislatura
nada menos que 500 euros para el usuario
medio.
El kW de potencia contratada ha subido
un 64,6%, mientras que el kWh de energía consumida lo ha hecho un 7,2%
La factura de la luz durante el Gobierno
de Mariano Rajoy ha sido un 16,2% más cara que en la anterior
legislatura. La subida ha representado nada menos que 500 euros para el usuario
medio. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por FACUA-Consumidores
en Acción sobre todas las tarifas eléctricas vigentes durante los dos últimos
periodos de Gobierno.
FACUA ha analizado todas las tarifas aprobadas durante
la segunda legislatura de Zapatero frente a las del Gobierno
de Rajoy. Para realizar la comparativa, la asociación ha prorrateado las
tarifas sobre la base del importe medio mensual del kW de potencia contratada,
el kWh de energía consumida y de la factura del usuario medio.
Así, a lo largo de esta legislatura el usuario medio
ha pagado una factura de 75,64 euros mensuales (impuestos indirectos
incluidos), frente a los 65,10 euros que abonó de media durante la legislatura
anterior. Un incremento de 10,54 euros mensuales que ha representado un total
de 495,38 euros.
En lo que se refiere al precio del kW de potencia
contratada, con Rajoy ha supuesto una media de 3,49 euros (siempre
con los impuestos incluidos), un 64,6% por encima de los 2,12 euros de la
segunda legislatura de Zapatero.
En cuanto al kWh de energía consumida, el precio medio
durante esta legislatura ha sido de 16,47 céntimos, un 7,2% más caro que en la
anterior, cuando representó 15,36 céntimos.
FACUA reclama al futuro Gobierno
que fije precios máximos
FACUA denuncia la injustificada carestía de la luz en
España, fruto de un mercado mayorista que favorece la especulación con los
precios, hinchados por el oligopolio de las grandes eléctricas.
La asociación reclama al futuro Gobierno que
intervenga el sector con una tarifa totalmente regulada que se fije
periódicamente sobre la base de los costes reales de la producción energética.
Así, demanda a los partidos que concurrirán a las Elecciones Generales que se
comprometan a dar un giro de 180 grados en la política energética para acabar
con los desproporcionados precios que sufren los consumidores y los
elevadísimos índices de pobreza energética y cortes por falta de capacidad de
pago.
Brutal aumento de márgenes
FACUA considera un escándalo que el Gobierno de Rajoy haya
ayudado al brutal aumento de márgenes de beneficio logrado por las grandes
eléctricas. El nuevo sistema de fijación de precios impuesto por el Ministerio
de Industria en marzo de 2014 (sustituyendo la TUR por la tarifa PVPC) ha
provocado que los márgenes crezcan un 30%, según ha revelado Informe de
supervisión del mercado minorista de la electricidad en 2014 elaborado
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La asociación denuncia que el Gobierno
de Rajoy no sólo no ha hecho nada para poner fin a las
desproporcionadas tarifas de la luz, sino que al igual que los anteriores
ejecutivos de PSOE y PP ha desarrollado políticas al servicio de los intereses
del oligopolio energético.
Junto a unos precios que ponen a España entre los
países con mayor pobreza energética de la Unión Europea, el Gobierno ha mirado
hacia otro lado ante los fraudes masivos que están cometiendo las grandes
eléctricas, denuncia FACUA. Entre ellos, la aplicación de tarifas ilegales
por el alquiler de los nuevos contadores y la modificación de
contratos de cientos de miles de usuarios con la promesa de tarifas más económicas
que en realidad son más caras.
El PP de Madrid lleva desde 2008 descapitalizando el Canal de Isabel II
La
previsión presupuestaria para 2016 refleja una disminución en las inversiones y
un impresionante aumento de la deuda.
El reciente anuncio de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid sobre la congelación de tarifas de agua para el año
2016 y del refuerzo de la Bonificación por Exención Social, así
como lacifra destinada a inversiones para la red de abastecimiento
en la región, continúa poniendo en tela
de juicio la gestión del ejecutivo madrileño en lo relativo al Canal de Isabel
II y el futuro de la empresa.
Las halagüeñas previsiones del gobierno de la
Comunidad de Madrid en cuanto al aumento de los posibles beneficiarios de la
bonificación por exención social extendida ahora a todos los perceptores de la
Renta Mínima de Inserción, no dejan de sorprender a la Plataforma contra la
Privatización del Canal de Isabel II que entiende que el actual modelo
de bonificaciones al consumo de agua no ampara en modo alguno a la ciudadanía
madrileña con dificultades económicas para hacer frente a la factura
del agua y por tanto en riesgo de sufrir un corte o condena de suministro.
La ejecución de un corte o condena por impago de las
facturas supone además un incremento en la deuda del usuario que ha de hacer
frente a los gastos de restablecimiento del servicio y
que pueden llegar a alcanzar 870 Euros, cantidad imposible de afrontar para un
beneficiario de la RMI cuyo ingreso máximo mensual no supera los 563 Euros.
El exponencial aumento en los cortes de suministro a
raíz de la creación de la Sociedad Anónima en el año 2012, no sólo pone en
evidencia la efectividad de un sistema de bonificaciones que parece más
dirigido a rentas bajas que a familias en situación de exclusión social, sino
que trasluce el giro en la gestión de la empresa cada vez
más orientada a la consecución de beneficios que a la prestación de un
servicio público y de calidad.
La Plataforma denuncia que se estará conculcando el
derecho humano al agua potable y al saneamiento, hasta tanto el gobierno
madrileño no se comprometa a paralizar los cortes para todas aquellas personas
en situación de emergencia social y a rediseñar un sistema de bonificaciones al
consumo verdaderamente efectivo y acorde a la situación económico-social de la
población madrileña.
Más llamativo aún es el triunfalismo del que ha hecho
gala el gobierno de Cifuentes al presentar sus previsiones de inversión para la
red de agua madrileña.
Los 213 millones de Euros destinados a inversiones en
infraestructuras supone un 6,5% de disminución respecto de la cifra
presupuestada para el año 2015 y nada menos queun 32% menos con respecto a
los casi 315 millones de euros invertidos en 2012, año en el que empezó a
operar Canal de Isabel II Gestión SA.
Paralelamente, el desmedido
aumento en los gastos financieros presupuestados para 2016, que
llegan a cuadruplicarse con respecto a los estimados para 2015, no dejan lugar
a dudas sobre la progresiva descapitalización que el Partido Popular ha llevado
a cabo desde que en 2008 Esperanza Aguirre anunciara la privatización del Ente.
La Plataforma contra la Privatización del Canal de
Isabel II, denuncia una vez más la línea de continuidad con respecto al
anterior gobierno en lo que respecta a la gestión del Canal de Isabel II, una
empresa en persistente decadencia y en serio riesgo de sostenibilidad
financiera.
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