Contaminantes emergentes pueden provocar diabetes y obesidad

Estas sustancias se incorporan a los alimentos por medio del líquido que se emplea en los riegos de los cultivos y por los empaques.
 El académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roeb García, señaló que la obesidad y la diabetes no solo son consecuencias de malos hábitos en la nutrición o por sedentarismo, también pueden ser provocados por contaminantes emergentes que llegan a través de los alimentos.
 García explicó que en las aguas subterráneas de América Latina, hay contaminantes emergentes como trazas de aspirina, ibuprofeno, diclofenaco y carbamazepina, cuyos efectos pueden ser nocivos para la salud.
 Asimismo señaló que, el ciclo se genera cuando una persona ingiere un medicamento y lo que el cuerpo no absorbe lo desecha por medio de la orina, lo cual se traslada a las aguas subterráneas.
 Los contaminantes regresan a nuestra dieta porque el 90 por ciento de las aguas tratadas con los contaminantes se utilizan para riego, por lo que son absorbidos por los cultivos y los animales, puntualizó.
 De igual forma detalló que los vestigios de las sustancias se introducen en el organismo por diferentes mecanismos que llegan al ADN.
 Hay evidencias de que la exposición a esas sustancias incrementa el riesgo de padecer obesidad y diabetes e incluso otras enfermedades, indicó.
 El académico informó que en la Facultad de Química de la UNAM se impulsan tres líneas de investigación, a fin de encontrar respuestas a varias preguntas, entre ellas qué grados de exposición representan un peligro.
telesurtv

Endeudamiento y recortes a cambio de armas

viernes, 29 de julio de 2016

Prefieren recortar y endeudar al país antes que dejar de cobrar comisiones - España paga de + por sus Armas




España paga de más por sus
grandes sistemas de armas
Viernes.29 de julio de 2016


El Tribunal de Cuentas desvela abono de sobrecostes, exceso de financiación y renuncia a cobrar penalizaciones por retrasos en programas de Defensa.


Los técnicos se opusieron a pagar 43,6 millones de gastos no previstos por el carro de combate Leopard


Se paralizaron los expedientes para penalizar con 31,7 millones a Navantia


Santa Bárbara ha recibido 18,8 millones de sobrefinanciación

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, anuló el pasado 24 de junio un contrato por 18,8 millones de euros concedido por el Ejército de Tierra a la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDSBS).
En su resolución, consideraba inaceptable que se adjudicaran, sin licitación ni publicidad, suministros y servicios de mantenimiento para el Leopard y que se presentara el encargo como una mera adenda, la número 25, al contrato de compra de dichos carros de combate, que data nada menos que de 1998, hace ya 18 años.
Lo que no explicaba la resolución es que lo que se buscaba con esta adjudicación es que la empresa no tuviese que devolver al Estado 18,8 millones de euros cobrados de más, aunque para ello se recurriera a una fórmula de dudosa legalidad.
La explicación figura en el folio 127 del Informe de Fiscalización de la Financiación Extraordinaria de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) elaborado por el Tribunal de Cuentas.
El contrato de compra de 219 carros de combate Leopard y 16 de recuperación tenía un importe total de 2.489 millones de euros, pero la empresa fabricante ha recibido ya en anticipos del Ministerio de Industria y en pagos de Defensa un total de 2.507 millones.
Tiene por tanto, constata el Tribunal de Cuentas, “un exceso de financiación de 18,8 millones”; justo el importe de la adjudicación anulada por Hacienda.
Si hubiera dudas sobre la identidad de ambas partidas, el informe explica: “Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización, pues es objeto de la Adenda 25, actualmente en negociación”.
A la postre, sin embargo, la regularización ha resultado irregular.
No es la única anomalía constatada en la mayor compra de carros de combate de la historia del Ejército español.
Defensa ha reconocido sobrecostes por un importe de 43.6 millones de euros derivados, básicamente, de los problemas que la compañía española SAPA, suministradora de las transmisiones, ha tenido con su socio tecnológico alemán Renk.


El Tribunal de Cuentas considera “indudable” que “las circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores internacionales” en programas de estas características “exceden los cauces de contratación ordinaria”, pero agrega que SAPA conocía las condiciones de suministro y las aceptó, que el contrato ya preveía un beneficio del 10% con el que cubrir esos imprevistos y que la operación contó con un 100% de financiación pública, por lo que el riesgo financiero era cero.
La Oficina del Programa Leopardo advirtió de que los sobrecostes no eran culpa de la Administración, “sino de la falta de control del contratista principal (GDSBS)”, y se opuso a la pretensión de que se quisieran cargar beneficios sobre unos gastos sobrevenidos y extraordinarios.
“No obstante lo anterior”, constata el Tribunal de Cuentas, “ni el Asesor Jurídico ni el Interventor se han opuesto a la solicitud de extracostes”, que han sido reconocidos por Defensa.


El informe llama la atención sobre un hecho insólito:

Santa Bárbara es una empresa privada, propiedad 100% de la estadounidense General Dynamics Corporation (GDC), pero el programa Leopard se sigue rigiendo por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el antiguo Instituto Nacional de Industria (el INI, holding de las empresas públicas) que data de 1981 y “contiene un régimen jurídico más beneficioso para el contratista que si se hubiera aplicado la normativa general”.

Y eso a pesar de que, por un mandato legal que nunca se ha cumplido, el convenio debió liquidarse hace años.
Si ya es sorprendente que empresas privadas se comporten como públicas, no lo es menos que públicas lo hagan como privadas.
El Tribunal de Cuentas se extraña de que el convenio entre Defensa y el astillero público Navantia incluya un margen de beneficio de entre el 4 el 12% en los presupuestos de los buques que se le encargan.
El informe alega que el ánimo de lucro, “principal incentivo para el empresario particular”, no tiene sentido en una sociedad pública, que está obligada a aceptar los encargos que le hace el Estado y solo puede facturar los costes reales, De lo contrario, advierte, podría considerarse “un exceso de financiación pública”.
Defensa ha tomado nota de esta advertencia y ha replicado que, en su nuevo convenio con Navantia, el concepto beneficio se sustituye por el de “margen industrial”, para hacer frente a los “riesgos relativos” a la ejecución de los programas.

En esos riesgos no se incluye la revisión de precios, que ha supuesto aumentar en 133,6 millones (casi un 30%) el coste de cuatro Buques de Acción Marítima (BAM).
La entrega a la Armada de estos cuatro barcos ha sufrido un retraso total de 78 meses, lo que dio lugar a la apertura de expedientes para imponer las penalizaciones contempladas en los contratos, por un importe total de 31,7 millones de euros.

Sin embargo, “por una causa que no se ha justificado”, constata el Tribunal de Cuentas, los expedientes se paralizaron sin que se impusiera sanción alguna.
Defensa ha negado que existiera aquiescencia por parte de la Armada para no imponer sanciones y ha anunciado que se reactivará el grupo de trabajo dedicado a discutir con Navantia su importe, aunque alguno de los expedientes, que data de 2011, puede haber caducado.
Quien no se retrasó en la entrega fue el consorcio fabricante del avión de combate europeo Eurofighter.
Además de los 47 cazas ya en servicio en el Ejército del Aire, hay otros 12 almacenados durante tres años en la base aérea de Los Llanos (Albacete), que España no ha querido recepcionar oficialmente para que no computen en el déficit público.
Además, tres helicópteros NH-90 están depositados “temporalmente” en las instalaciones de Eurocopter en Albacete hasta que el Ejército de Tierra disponga del personal, los equipos y las instalaciones necesarias para hacerse cargo de ellos.
El riesgo de la falta de personal para controlar contratos por 30.000 millones
El Tribunal de Cuentas reconoce que la reestructuración del Ministerio de Defensa abordada en 2014 supuso un “importante esfuerzo de centralización y simplificación” de las estructuras de gestión de los grandes programas de armamento, hasta entonces “altamente compartimentada y en ocasiones redundante”, lo que “derivaba en una dispersión de competencias e impedía un seguimiento y control adecuado”.
Ahora advierte de otro riesgo: la infradotación de medios humanos. Ninguna de las oficinas de los grandes programas, que gestionan en total unos 30.000 millones, tiene su plantilla al completo, hasta el punto de que más del 40% del personal pertenece a la empresa pública Isdefe.
A ello se suma la alta rotación de los militares y el hecho, que el tribunal ve con estupor, de que los adscritos a las agencias internacionales se vean relegados en su carrera profesional.
Como ejemplo, advierte de que la ausencia de representantes españoles en la oficina internacional del programa del misil Iris T (en el que España gasta 282,4 millones) “conlleva una pérdida significativa, cuando no decisiva, sobre su gestión y conocimiento”.








EL RIESGO DE LA FALTA DE PERSONAL PARA CONTROLAR CONTRATOS POR 30.000 MILLONES





El Tribunal de Cuentas reconoce que la reestructuración del Ministerio de Defensa abordada en 2014 supuso un “importante esfuerzo de centralización y simplificación” de las estructuras de gestión de los grandes programas de armamento, hasta entonces “altamente compartimentada y en ocasiones redundante”, lo que “derivaba en una dispersión de competencias e impedía un seguimiento y control adecuado”.

Ahora advierte de otro riesgo: la infradotación de medios humanos.
Ninguna de las oficinas de los grandes programas, que gestionan en total unos 30.000 millones, tiene su plantilla al completo, hasta el punto de que más del 40% del personal pertenece a la empresa pública Isdefe.
A ello se suma la alta rotación de los militares y el hecho, que el tribunal ve con estupor, de que los adscritos a las agencias internacionales se vean relegados en su carrera profesional.
Como ejemplo, advierte de que la ausencia de representantes españoles en la oficina internacional del programa del misil Iris T (en el que España gasta 282,4 millones) “conlleva una pérdida significativa, cuando no decisiva, sobre su gestión y conocimiento”.

Miguel González
El País







WEB DE PROMOCIÓN ALTERNATIVA

La luz la roban en España los que más tienen

El 96% del fraude eléctrico en 2015 fue causado por empresas y por particulares con un elevado nivel de consumo, suponiendo un encarecimiento en la factura eléctrica total de 150 millones de euros, mientras que menos del 1% se puede imputar a familias con bajos recursos, según datos de Endesa.

En concreto, la energética señala que el 80% de este tipo de fraude en España correspondió con empresas de diversos sectores industriales y de servicios, mientras que del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

Además, teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, la eléctrica estima que, “en contra de lo que muchas veces se piensa”, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos, concentrándose la mayor parte en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.

La eléctrica destaca que estos datos indican que el fraude es, “por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de los demás consumidores”.

Asimismo, destaca que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico costó unos 150 millones de euros a los consumidores españoles de electricidad en 2015.

En términos físicos, según estimaciones de Endesa, este fraude ascendió a 3,5 teravatios hora (TWh), es decir, una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de la ciudad de Sevilla y de toda su área metropolitana.

La eléctrica recuerda que el fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también “un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador”, ya que las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.

Endesa está realizando acciones efectivas contra el fraude con el apoyo de equipos especializados y aplicando avances tecnológicos en sus redes inteligentes, junto con herramientas como el Data Mining. Todo ello ha permitido detectar más de 83.522 casos de fraude en 2015, lo que supone casi un 25% más que en 2014, recuperando 600 millones de kWh.

© Proporcionado por Prisa Noticias

De la ficción a la realidad: el Ejército ruso ya dispone de armas láser

El funcionamiento de esta clase de armas se basa en principios físicos y procesos que no habían sido utilizados antes en la fabricación de armamento.

Imagen Ilustrativa. Captura de pantalla de la película 'Star War: el despertar de la fuerza' (2015)

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Este martes, el viceministro de Defensa de Rusia, Yuri Borísov, anunció la entrega de armas láser al Ejército ruso durante una ceremonia con motivo de los 70 años del Centro Nuclear Federal de Rusia, informó RIA Novosti.

Borísov recalcó que no se trata de equipo experimental ni de prototipos y que los dispositivos ya son parte del arsenal de las Fuerzas Armadas rusas. "No es nada exótico, no es experimental ni es un prototipo. Nosotros ya hemos adoptado varias muestras de esta arma láser", aseguró.

El viceministro explicó que el funcionamiento de esta clase de armas se basa en nuevos principios físicos que no habían sido utilizados previamente en la fabricación de armas convencionales o de destrucción masiva. Dependiendo de su principio de acción, se pueden dividir en armas láser, de radiofrecuencia, cinéticas entre otras, agregó.

Borísov afirmó que la implementación de este tipo de arsenal demuestra en gran medida hacía dónde se dirigen las Fuerzas Armadas rusas en el marco del nuevo programa estatal de armamento que el país viene desarrollando y que se espera culmine antes de 2025."Las armas basadas en nuevos principios físicos ya son una realidad. La tecnología ya existía antes, pero solo hasta ahora ha comenzado a usarse en armamento", subrayó.

© Organización Autónoma sin Fines de Lucro

He aquí la prueba que EEUU financia a terroristas

Video: Hallan un arsenal de armas de EE.UU. en manos de terroristas

El Ejército sirio ha hallado un arsenal de armas procedente de EE.UU. y algunos países de la OTAN que estaba en manos del Frente Al Nusra, organización terrorista reconocida como tal a nivel mundial.

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Después de la retirada de los terroristas del Frente Al Nusra de la localidad de Beni Zeid en el área de Alepo, los militares sirios han hallado en una vivienda un arsenal de armas y municiones procedentes de países de la OTAN.

Todas estas modernas armas y municiones fueron utilizadas por los terroristas en los combates y en atentados.

Prácticamente todas las armas modernas abandonadas por los terroristas son de producción occidental: de EE.UU., Alemania, e incluso de la República Checa.

Algunas armas halladas son: un mortero de infantería de 57 mm de calibre fabricado en Alemania; un misil guiado antitanque M83 SADAR, de producción estadounidense y usado por el Cuerpo de Marines de este país, un lanzador de misiles antitanque TOW 2A, también norteamericano; y un lanzagranadas de producción checa.