Un sismo llamado "deuda mala"
"Las políticas financieras están impulsando la deuda y provocando un retroceso", un terremoto "en términos de pérdidas".
Entonces, "¿cómo deshacerse de esa deuda sin provocar una gran depresión a nivel mundial que están provocando los terremotos?", se cuestionan los presentadores.
En el sistema financiero actual "no se quiere que quiebren ni los bancos ni las empresas demasiado grandes para caer, así que han conservado todas estas fracturas en el sistema, que ahora podría derrumbarse en cualquier momento", explica Stacy.
"El crédito barato es el causante de esta situación", de todos esos terremotos financieros provocados por las deudas tóxicas que se han ido acumulando en el sistema. Y al intentar esconder todo esto, al intentar ofrecer básicamente un seguro a los mercados, se ha generado esta situación que puede provocar nuevos terremotos financieros, concluyen Max y Stacy.
EVERTH THENANSHED comandante interestelar de la Federación Galáctica de planetas libres.
lunes, 26 de septiembre de 2016
Algunos perversos convencionalismos sobre las pensiones
Algunos perversos convencionalismos sobre las pensiones
Ciudadano Pérez
Rebelión
Como el organismo humano que, tras un malestar inicial, acaba por adaptarse a los cambios climáticos y a unas condiciones de vida diferentes, también los pueblos se acostumbran de modo sorprendentemente rápido a las nuevas formas de dominación. Transcurrido un tiempo, la vieja generación, que con amargura compara un presente brutal con un pasado más feliz, empieza a morirse. Tras ella, educada ya en la nueva tradición, ha ido creciendo una juventud que con inconsciente naturalidad acepta los nuevos ideales como los únicos posibles.
(Stefan Zweig)
Anoto esta reflexión del escritor vienés en su libro Castelio contra Calvino dada su vigencia en el contexto actual. Hoy se está induciendo a las generaciones jóvenes a asumir, como si fuera una ley inexorable de la naturaleza, que vivirán peor que la generación de sus padres. Y, en concreto, que no tendrán pensiones en el futuro. En efecto, agoreros de distinto signo, pelaje y condición (aunque con el común denominador de nutrirse todos en el mismo pesebre) anuncian, un día sí y otro también, el gran colapso del sistema público de pensiones en 2050.
Según estos apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2050 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas.
Porque si, tal como sugieren estos lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2050, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues, por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados.
Ante una crisis demográfica, las pensiones no serían más que una parte del problema. Porque, si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestras, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.
Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.
Porque los datos estadísticos más recientes desmontan la leyenda que se está creando sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones. Las cifras demuestran, por ejemplo, que en España hay menos personas mayores que en las principales economías de la UE y se gasta menos en pagar pensiones. Nuestro país, ocupa el séptimo lugar con mayor población de más de 65 años, pero llega al decimoquinto en gasto de pensiones.
Lo malo de todo este asunto es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores a través de sus cotizaciones.
De tales extraños convencionalismos se deriva una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos. Necesitamos sanear estas convenciones sociales con visiones más saludables. Por ejemplo, la del economista Ravi Batra, que entiende que un fuerte sistema defensivo estatal debe servir para proteger la vida, la libertad y las propiedades de las personas frente a enemigos exteriores. O expresado de otra manera: el mantenimiento de unas fuerzas armadas beneficia al individuo en esos tres aspectos principales.
Por tanto, razona Batra, “Es un principio tributario tradicional que los impuestos que uno paga deben guardar proporción con los beneficios que recibe. Dado que todos valoramos en igual medida nuestra vida y nuestra libertad, pero no somos iguales desde el punto de vista de las riquezas que poseemos, lógicamente los ricos deberían soportar al menos la tercera parte del gasto militar. O dicho con otras palabras: si el gasto de defensa proporciona tres beneficios principales, a saber, la protección de la vida, de la libertad y de la propiedad, la tercera parte de dicho gasto debe ser soportada por los dueños de las propiedades”.
Una lógica similar, según Batra, puede aplicarse a lo que gasta el Gobierno en la lucha contra la delincuencia, ya que en este caso los beneficios son muy parecidos. O sea que la tercera parte del gasto estatal en defensa y justicia debería cubrirse mediante el mencionado impuesto federal sobre la propiedad. Si bien ciertos tipos de propiedades deberían quedar exentos: las necesidades de la vida cotidiana, esto es, la vivienda habitual, el coche, el vestido, los muebles, etc. En cambio, las acciones, los títulos, las cuentas de ahorro, las fincas comerciales y demás por el estilo deberían ser objeto de un gravámen progresivo. Y la escala debería calcularse de tal modo que lo recaudado por tal concepto equivaliese al tercio del gasto en defensa y lucha contra el crimen.
Que conste que es una idea ya apuntada en 1737 por Benjamin Franklin, figura destacada en la historia de los Estados Unidos. Refiriéndose a la necesidad de mejorar el servicio de vigilancia de la ciudad de Filadelfia, Franklin considera que debe haber mayor equidad a la hora de contribuir al pago de los mismos. En este sentido, redactó un documento en el que, además de reclamar una mejor formación de los agentes, insiste “particularmente en la desigualdad de aquella tasa de seis chelines que se pagaba a los alguaciles con respecto a las condiciones económicas de aquellos que tenían que pagarla, pues un ama de casa viuda cuya propiedad, que debía ser vigilada por el respectivo alguacil, probablemente no llegaba al valor de cincuenta libras, pagaba lo mismo que el más rico de los comerciantes que tenía en sus almacenes bienes por valor de miles de libras. En general, propuse que para hacer una vigilancia más efectiva debía contratarse a hombres cualificados que se ocupasen exclusivamente de eso; y como una manera más equitativa de soportar la carga, establecer una tasa que estuviese en proporción a la propiedad”.
El sistema público de pensiones no está amenazado por la demografía, sino precisamente por el hecho de que sus fuentes de ingreso provengan únicamente de las cotizaciones de las personas laboralmente empleadas cuyo número disminuye día a día. Cada vez hay menos empleo, y gran parte del mismo se desarrola en condiciones de precariedad. A peores salarios, peores cotizaciones a la Seguridad Social.
Por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país desarrollado es decreciente. Es un hecho innegable que, a medida que avanza el progreso tecnológico se produce una avería en el artefacto social del empleo.
En el Foro de Davos 2016, las élites económicas del mundo allí reunidas manejaron un estudio que alerta sobre la destrucción de empleo a corto plazo en las 17 principales economías. Es un primer efecto inmediato de la Cuarta Revolución Industrial derivada de la. digitalización de los sistemas de producción. El documento de Davos analiza las transformaciones que la economía mundial y el mercado de trabajo padecerán en el próximo lustro. Entre sus advertencias se afirma que, a causa de la automatización, se perderán unos siete millones de empleos "de oficina". El estudio predice el desarrollo en las áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D.
Es preciso, por tanto, lograr que las empresas coticen también por los puestos de trabajo automatizados y robotizados. Junto a las fábricas que emplean robots en la producción en lugar de empleados humanos, deben cotizar también los autoservicios: hipermercados, gasolineras y cajeros automáticos. Todo ello requiere una gran movilización social que exija reformas socioeconómicas en este sentido. Mientras tanto, hay algo que los pensionistas con buena salud, sin obligaciones laborales ni temor a ser despedidos por afiliarse a un sindicato, deberían movilizarse para defender sus pensiones reivindicando la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Lo que beneficiaría tanto a los jóvenes como a la caja de la Seguridad Social.
¿Os acordáis del lema: "no soy ecologista, soy egoísta"? Pues apliquémonos el cuento.
Blog del autor: http://carnetdeparo.blogspot.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Ciudadano Pérez
Rebelión
Como el organismo humano que, tras un malestar inicial, acaba por adaptarse a los cambios climáticos y a unas condiciones de vida diferentes, también los pueblos se acostumbran de modo sorprendentemente rápido a las nuevas formas de dominación. Transcurrido un tiempo, la vieja generación, que con amargura compara un presente brutal con un pasado más feliz, empieza a morirse. Tras ella, educada ya en la nueva tradición, ha ido creciendo una juventud que con inconsciente naturalidad acepta los nuevos ideales como los únicos posibles.
(Stefan Zweig)
Anoto esta reflexión del escritor vienés en su libro Castelio contra Calvino dada su vigencia en el contexto actual. Hoy se está induciendo a las generaciones jóvenes a asumir, como si fuera una ley inexorable de la naturaleza, que vivirán peor que la generación de sus padres. Y, en concreto, que no tendrán pensiones en el futuro. En efecto, agoreros de distinto signo, pelaje y condición (aunque con el común denominador de nutrirse todos en el mismo pesebre) anuncian, un día sí y otro también, el gran colapso del sistema público de pensiones en 2050.
Según estos apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2050 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas.
Porque si, tal como sugieren estos lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2050, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues, por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados.
Ante una crisis demográfica, las pensiones no serían más que una parte del problema. Porque, si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestras, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.
Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros.
Porque los datos estadísticos más recientes desmontan la leyenda que se está creando sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones. Las cifras demuestran, por ejemplo, que en España hay menos personas mayores que en las principales economías de la UE y se gasta menos en pagar pensiones. Nuestro país, ocupa el séptimo lugar con mayor población de más de 65 años, pero llega al decimoquinto en gasto de pensiones.
Lo malo de todo este asunto es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores a través de sus cotizaciones.
De tales extraños convencionalismos se deriva una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos. Necesitamos sanear estas convenciones sociales con visiones más saludables. Por ejemplo, la del economista Ravi Batra, que entiende que un fuerte sistema defensivo estatal debe servir para proteger la vida, la libertad y las propiedades de las personas frente a enemigos exteriores. O expresado de otra manera: el mantenimiento de unas fuerzas armadas beneficia al individuo en esos tres aspectos principales.
Por tanto, razona Batra, “Es un principio tributario tradicional que los impuestos que uno paga deben guardar proporción con los beneficios que recibe. Dado que todos valoramos en igual medida nuestra vida y nuestra libertad, pero no somos iguales desde el punto de vista de las riquezas que poseemos, lógicamente los ricos deberían soportar al menos la tercera parte del gasto militar. O dicho con otras palabras: si el gasto de defensa proporciona tres beneficios principales, a saber, la protección de la vida, de la libertad y de la propiedad, la tercera parte de dicho gasto debe ser soportada por los dueños de las propiedades”.
Una lógica similar, según Batra, puede aplicarse a lo que gasta el Gobierno en la lucha contra la delincuencia, ya que en este caso los beneficios son muy parecidos. O sea que la tercera parte del gasto estatal en defensa y justicia debería cubrirse mediante el mencionado impuesto federal sobre la propiedad. Si bien ciertos tipos de propiedades deberían quedar exentos: las necesidades de la vida cotidiana, esto es, la vivienda habitual, el coche, el vestido, los muebles, etc. En cambio, las acciones, los títulos, las cuentas de ahorro, las fincas comerciales y demás por el estilo deberían ser objeto de un gravámen progresivo. Y la escala debería calcularse de tal modo que lo recaudado por tal concepto equivaliese al tercio del gasto en defensa y lucha contra el crimen.
Que conste que es una idea ya apuntada en 1737 por Benjamin Franklin, figura destacada en la historia de los Estados Unidos. Refiriéndose a la necesidad de mejorar el servicio de vigilancia de la ciudad de Filadelfia, Franklin considera que debe haber mayor equidad a la hora de contribuir al pago de los mismos. En este sentido, redactó un documento en el que, además de reclamar una mejor formación de los agentes, insiste “particularmente en la desigualdad de aquella tasa de seis chelines que se pagaba a los alguaciles con respecto a las condiciones económicas de aquellos que tenían que pagarla, pues un ama de casa viuda cuya propiedad, que debía ser vigilada por el respectivo alguacil, probablemente no llegaba al valor de cincuenta libras, pagaba lo mismo que el más rico de los comerciantes que tenía en sus almacenes bienes por valor de miles de libras. En general, propuse que para hacer una vigilancia más efectiva debía contratarse a hombres cualificados que se ocupasen exclusivamente de eso; y como una manera más equitativa de soportar la carga, establecer una tasa que estuviese en proporción a la propiedad”.
El sistema público de pensiones no está amenazado por la demografía, sino precisamente por el hecho de que sus fuentes de ingreso provengan únicamente de las cotizaciones de las personas laboralmente empleadas cuyo número disminuye día a día. Cada vez hay menos empleo, y gran parte del mismo se desarrola en condiciones de precariedad. A peores salarios, peores cotizaciones a la Seguridad Social.
Por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país desarrollado es decreciente. Es un hecho innegable que, a medida que avanza el progreso tecnológico se produce una avería en el artefacto social del empleo.
En el Foro de Davos 2016, las élites económicas del mundo allí reunidas manejaron un estudio que alerta sobre la destrucción de empleo a corto plazo en las 17 principales economías. Es un primer efecto inmediato de la Cuarta Revolución Industrial derivada de la. digitalización de los sistemas de producción. El documento de Davos analiza las transformaciones que la economía mundial y el mercado de trabajo padecerán en el próximo lustro. Entre sus advertencias se afirma que, a causa de la automatización, se perderán unos siete millones de empleos "de oficina". El estudio predice el desarrollo en las áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D.
Es preciso, por tanto, lograr que las empresas coticen también por los puestos de trabajo automatizados y robotizados. Junto a las fábricas que emplean robots en la producción en lugar de empleados humanos, deben cotizar también los autoservicios: hipermercados, gasolineras y cajeros automáticos. Todo ello requiere una gran movilización social que exija reformas socioeconómicas en este sentido. Mientras tanto, hay algo que los pensionistas con buena salud, sin obligaciones laborales ni temor a ser despedidos por afiliarse a un sindicato, deberían movilizarse para defender sus pensiones reivindicando la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Lo que beneficiaría tanto a los jóvenes como a la caja de la Seguridad Social.
¿Os acordáis del lema: "no soy ecologista, soy egoísta"? Pues apliquémonos el cuento.
Blog del autor: http://carnetdeparo.blogspot.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
La izquierda española ante el dilema de la Unión Europea y del euro
Intervención de Diosdado Toledano en el Foro Internacional No al euro 16 septiembre 2016 en Chianciano Terme
La izquierda española ante el dilema de la Unión Europea y del euro
Diosdado Toledano
Rebelión
El estado español, compuesto por una pluralidad de naciones y pueblos, se encuentra en un periodo de inestabilidad política, resultado de la crisis del bipartidismo que alternó en el gobierno en los últimos 30 años. El PSOE que continúa reclamándose de izquierdas, junto al PP y las formaciones nacionalistas de derecha, han compartido las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la “Troika” en los últimos años. Por consiguiente, preferimos referirnos a las izquierdas en el estado español.
La influencia del pasado franquista en la ilusión europeísta
Bajo la prolongada dictadura fascista en España, las “democracias” europeas y su nivel de bienestar y derechos sociales fueron una referencia para una mayoría de la sociedad. Tras la muerte de Franco y la transición de la dictadura a la democracia, la incorporación del estado español a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 contó con un amplio consenso social. El sueño de consolidar la democracia parlamentaria y, sobretodo, alcanzar el nivel de vida de los países europeos más desarrollados era mayoritario. Tres años más tarde la moneda española, la peseta, se incorporaba al Mecanismo de cambio del Sistema Monetario Europeo; en junio de 1991 se suscribió el Acuerdo de Schengen y con ello la apertura de fronteras; y en 1992 se firma el Tratado de Maastricht con sus cuatro requisitos de convergencia económica. Tratado que da lugar a la denominación de la Unión Europea. Ese mismo año, en la cumbre de Edimburgo, se instauró el Fondo de cohesión para los países con una renta por debajo del 90% de la media de la UE.
La terrible dictadura de Franco era el pasado, la Unión Europea aparecía como el futuro prometedor, el europeísmo se convirtió en una seña de identidad, a pesar de todos los sacrificios que comportó el proceso de integración como consecuencia de la aplicación de las condiciones de Maastricht, los efectos negativos de las políticas agrarias de la UE, el cierre de la siderurgia y los astilleros, etc. En 2005 España refrendó el proyecto de constitución europea por amplia mayoría del 77% de los votos, pero con una baja participación del 42%. Este mismo proyecto meses más tarde fue rechazado en Francia y Países Bajos…y finalmente abortado.
Del europeísmo al euroescepticismo en España. ¿Qué ha pasado?
El pasado 8 de junio, el periódico El Pais, nada sospechoso de antieuropeo, publicaba los resultados de una encuesta-estudio donde señalaba que España era uno de los países europeos donde más había crecido la opinión desfavorable a la UE, desde el 15% en 2007, al 49% en 2016. Otro de los datos de dicho estudio indicaba que en el espectro sociológico de la derecha el 59% es más favorable a la UE, mientras esa opinión es minoritaria en la izquierda sólo un 35%.
¿Qué ha pasado para que se haya producido tal cambio en la opinión en la sociedad española respecto de la UE?
El despertar de la sociedad española del sueño de una Unión Europea como marco de mayor democracia y bienestar social ha sido resultado de las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la Comisión Europea y el BCE, bajo los gobiernos del PSOE con Rodriguez Zapatero y del PP con Mariano Rajoy: destrucción de empleo hasta cerca de 6 millones de personas en paro, erosión de los derechos básicos en salud, educación y protección social como consecuencia del recorte del gasto social, involución democrática con la contrarreforma de la Constitución española del artº135 que consagra el objetivo del déficit y la deuda, reforma regresiva del sistema de pensiones que alarga la edad de jubilación a los 67 años bajo Zapatero, contrarreforma laboral que elimina derechos laborales y agrava la precariedad laboral bajo el gobierno de Rajoy, como consecuencia de todo ello, aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la indignación social, pérdida de confianza en las instituciones y por consiguiente deslegitimación creciente de estas ante la ciudadanía.
El movimiento de los indignados del 15M, en sus lemas y consignas, exteriorizó el malestar de una mayoría social que se identificó y simpatizó con este movimiento ciudadano. Lemas como “No nos representan”, “Le llaman democracia pero no lo es”, “PP, PSOE la misma “mierda es”, “No es la crisis, es el sistema”, etc., junto al rechazo de las privatizaciones y la defensa de lo público para garantizar los derechos sociales, la defensa de un proceso constituyente, etc. El 15M adquirió una conciencia crítica con la UE en la movilización contra el “Pacto europlus” y posteriormente contra la intervención del BCE, la famosa carta de Trichet, y la concesión de la reforma de la constitución española.
Tiempo más tarde, tras el declive del movimiento 15M, y el relanzamiento de la movilización con las “Marchas de la dignidad” contra las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, y en defensa de reivindicaciones fundamentales “Pan, techo y trabajo”, “No al pago de la deuda”, etc.
La indignación y la movilización social, se expresó más tarde en el plano político en el surgimiento de nuevas formaciones políticas, los llamados partidos emergentes, especialmente Podemos, que dieron un golpe al régimen de alternancia de los dos grandes partidos PP y PSOE, el llamado bipartidismo, y abrieron un periodo marcado por la inestabilidad política, cuya expresión es la dificultad para alcanzar la gobernanza del Estado español después de las elecciones del 20D de 2015, y tras las segundas elecciones del 26Junio de este año con el reciente fracaso de la investidura presidencial de Rajoy.
Las instituciones políticas de gobierno y legislativas del histórico laberinto español, dado su carácter plurinacional, también han sufrido los efectos de la pérdida de legitimidad por la renuncia a la soberanía popular en beneficio de las instituciones europeas y las oligarquías centroeuropeas. En este contexto, las presiones de la CE en favor de una recentralización para aplicar de manera homogénea las políticas de ajuste y austeridad, ha permitido a las fuerzas nacionalistas, especialmente a la derecha conservadora catalana CiU, ahora reconvertida en PDC, agitar la presión independentista en un terreno abonado culpando exclusivamente a “España” o “Madrid” de todos los males.
En el origen de la crisis económica, social y política del estado español, encontramos a la Unión Europea, el euro, y las políticas de su oligarquía dominante para asegurarse que los países endeudados devuelvan la deuda, aunque ello signifique su destrucción. Una gran parte de la sociedad española ha hecho un diagnóstico elemental, ha constatado que la UE lejos de asegurar el progreso social y más democracia ha significado lo contrario, que el tiempo pasa sin que la UE cambie de políticas, observa que las diferencias en su seno se incrementan, que insultan, roban y maltratan al pueblo griego, y que la ciudadanía del Reino Unido ha votado salir de la UE. Todo ello confirma su creciente euroescepticismo.
La crítica a contracorriente del euro de una minoría lúcida
Izquierda Unida, cuando Julio Anguita era su Coordinador General, denunció y se opuso al Tratado de Maastricht y a sus criterios de convergencia. El equipo de economistas formado por Pedro Montes, Juan Francisco Martín Seco y Jesús Albarracín que trabajaba estrechamente con Julio, tuvo la honestidad y lucidez de anticipar las consecuencias del diseño de una Unión Monetaria, que no tenía en cuenta las asimetrías existentes entre los países más desarrollados y los de menor productividad, que no puso en marcha desde el principio una política fiscal y una Hacienda pública comunitaria que, mediante una política de redistribución justa y suficiente, evitara los desequilibrios previsibles y mutualizara la deuda entre los estados miembros. En definitiva, que atendiera las necesidades de países, como España, que debían recurrir periódicamente a la devaluación de su moneda para reequilibrar su balanza de pagos y evitar que se disparase su déficit y deuda exterior.
Este posicionamiento de Izquierda Unida fue resultado de un agrio debate con una minoría acrítica con el modelo de construcción de la UE, que finalmente rompió y se incorporó en su mayoría al PSOE.
La puesta en marcha de la moneda única, el euro, también fue objeto de la valiente crítica de este grupo de economistas. Tras su implantación se confirmó rápidamente los desequilibrios en la balanza de pagos por cuenta corriente, llegando a acumular en 2013 un pasivo frente al exterior de 2,3 billones de euro (2,3 veces el PIB), que a su vez tuvo un efecto de socialización hacia la deuda pública, que pasó del 36% del PIB en 2007 al 101% en la actualidad.
La reflexión crítica, poco a poco fue extendiéndose, en mayo de 2013 se publicó el I Manifiesto “por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana, salir del euro” suscrito por más de 2500 personas, entre la cuales el propio Julio Anguita, Pedro Montes y una pluralidad de activistas políticos y sociales. En abril de 2015 se publicó el II Manifiesto “Salir del euro” y el 13 de junio del mismo año se constituye la Plataforma por la salida del euro, y se convoca el “Primer encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa” el 10-11 de octubre en Barcelona, con el lema “Por la salida del euro y la recuperación de la soberanía”, la recopilación de las ponencias y trabajos se editaron en el libro “Librarse del euro”.
En este periodo, diversas organizaciones político-culturales como Socialismo21 y ciudadanas, como el Frente cívico, dan el paso delante de promover abiertamente la lucha por la salida del euro y la ruptura con la actual UE, ante la imposibilidad de su reforma. Otros colectivos y personalidades políticas se han ido manifestando en similar sentido, y en la primera Fase del XX Congreso del PCE celebrado este año se aprobaba una clara posición a favor de la salida del euro.
Sin embargo, este movimiento de opinión en crecimiento, todavía no ha penetrado en el espacio de la representación parlamentaria, tampoco ha ganado a sus posiciones a la mayoría de Podemos e Izquierda Unida.
¿Quién representa políticamente el creciente “euroescepticismo” en España?
Aunque fuera por oportunismo electoral, cabría pensar que, ante la dimensión alcanzada por el euroescepticismo en España, que se ha incrementado con rapidez en los últimos tiempos, surgiría una fuerza política dispuesta a representarlo, sin embargo, esto no ha sucedido, ni desde posiciones de la llamada izquierda clásica o emergente, ni tampoco de las derechas o una potencial derecha populista. Hoy por hoy, el Partido Popular agrupa desde los sectores reformistas que desde el régimen franquista apostaron por la transición a la democracia, como de sus descendientes que han crecido en el nuevo sistema, de los ámbitos conservadores de la iglesia católica, como de todos aquellos que buscaron cobijo en un partido de gobierno.
Es más, las formaciones electorales que han competido con el PP desde su derecha extrema, han puesto el acento en la crítica al aborto, en la defensa de la “unidad de España” frente a los nacionalistas periféricos, pero no se han distinguido por un populismo crítico con la UE.
Las derechas nacionalistas, PNV, CiU ahora PDC, han profesado desde el principio un apoyo al proyecto de la UE, particularmente en su evolución actual, por compartir especialmente CiU-PDC la ideología neoliberal a ultranza, o por considerar que la UE apoyará tarde o temprano su proyecto independentista frente al estado español, hipótesis que los hechos, y el temor a un contagio en el seno de sus estados miembros, hoy por hoy desmienten.
En lo que se refiere al PSOE, este partido, junto al PP, han sido los grandes promotores de la incorporación de España a la UE, a sus tratados y políticas. La gestión del gobierno socialista bajo Zapatero ha sido de subordinación y servilismo a las instituciones europeas. Fiel a la cogestión en las instituciones europeas de la alianza entre la socialdemocracia y la derecha conservadora neoliberal. En todo caso, su propuesta es la de avanzar en la integración europea, pero sin proponer medidas efectivas para hacer frente a la oposición de los poderes dominantes de la UE a la puesta en marcha una Hacienda común que redistribuya los superávits para garantizar el equilibrio económico de los países más vulnerables y endeudados, que mutualice la deuda, etc.
El posicionamiento del PSOE y Ciudadanos, y de Unidos Podemos sobre la cuestión europea en las elecciones del 26J
Antes, durante y después de la última campaña electoral, los portavoces de la Comisión Europea, presionaron públicamente a favor de corregir el déficit público, atenerse a los objetivos marcados, y abordar el consiguiente recorte presupuestario, so pena de aplicar una multa de más de 2 mil millones de euros y la congelación de los fondos de cohesión.
Ante esta ingerencia y amenaza de la Comisión Europea, la respuesta de los partidos con representación parlamentaria, fue como norma el silencio. Para encontrar una explicación, hay que leer las propuestas sobre la UE, en los acuerdos y programas del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos:
Resumidamente el PSOE y Ciudadanos proponen:
•“Avanzar en la integración económica europea: hacia un gobierno del euro”: Trabajar con todas las fuerzas políticas para forjar una posición común sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria que implique completar la Unión Bancaria, la puesta en marcha de una verdadera Unión Fiscal, incluido un Tesoro Europeo y la Unión Social. La culminación de la Unión Económica debe ir acompañada de mecanismos de refuerzo democrático y rendición de cuentas ante los ciudadanos”.
Unidos-Podemos defienden:
•Nueva senda de reducción del déficit: El próximo gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía: apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios sociales y el Estado del Bienestar para luchar contra las desigualdades.
•40. Reforma de la gobernanza económica en la UE: Impulsar una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y económicas en la Eurozona…
• 41. Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal: El gobierno de cambio impulsará en las instituciones europeas una reforma profunda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal, eliminando el 16 objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizando los objetivos de déficit…
•42. Conferencia Europea de la Deuda: Impulsar una Conferencia Europea de Deuda que ponga en la agenda política de la Unión Europea la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro…
En definitiva, todos ellos, permanecen presos de la ilusión de la reforma de la Unión Europea, en un sentido federal, fiscal, y de mutualización de la deuda. Un discurso impotente ante la UE “realmente existente”.
Los dilemas y riesgos de mantener la ilusión sobre la reforma de la UE
Las izquierdas del estado español, desde la socialdemocracia socio-liberal, a Unidos-podemos, bajo la presión y amenazas de la Comisión Europea, están emplazados a una definición, crucial para su credibilidad, y la cuestión decisiva es que hacer frente al euro y la Unión Europea.
Los partidos de gobierno que han gestionado las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la Troika, sin abordar la cuestión de fondo, han sufrido un gran desgaste social y electoral. La crisis de hegemonía del bipartidismo es inseparable de esta cuestión.
PSOE y PP, han sufrido la pérdida de parte sustancial de su espacio electoral, en beneficio de Podemos y Ciudadanos.
El propio PSOE, ante los cantos de sirena del Partido Popular para formar la “Gran coalición”, recuerda el suicidio del Pasok en Grecia, siente el aliento en su nuca de Podemos, y ha hecho fracasar el intento de la derecha española de formar gobierno.
Tras el “Brexit” la agudización de la crisis política en la UE, hace menos creíble socialmente el discurso “reformista de izquierdas” de la UE.
Mientras, se acercan las nuevas tormentas de la crisis económica internacional y europea, la situación económica-social en España sigue siendo muy grave, el desempleo supera el 20%, la pobreza y la desigualdad aumentan, los factores favorables que explican el crecimiento económico en España -en la actualidad en regresión- pueden agotarse en cualquier momento.
Las formaciones políticas que se proponen gobernar, o realizar una oposición efectiva y movilizadora socialmente, no pueden seguir mirando hacia otro lado ante las políticas neoliberales de la UE. Deben liberarse de la presión de los poderes económicos-políticos y mediáticos que defienden por su propio interés el “status quo” de la UE. Deben romper con las ataduras cuasi religiosas e irracionales con una Unión Europea irreformable.
La presión y chantaje de la Comisión Europea sobre el déficit público y efectuar un recorte presupuestario en 2017 de más de 15.000 millones, que previsiblemente reducirá el gasto social, junto con el agotamiento a corto plazo del fondo de reserva de las pensiones y la consiguiente amenaza de nueva contrarreforma, aboca a severos conflictos sociales.
La cuestión nacional prosigue su tensión, agravada por la renuncia a la soberanía popular en el estado español, y por tanto sin los instrumentos económicos para dar una solución a los problemas reales que “calientan” este conflicto histórico.
La inestabilidad política prolongada, sin soluciones que vayan al fondo de la cuestión: salida del euro, el impago y reestructuración de la deuda, desconexión de la UE, reorganización de la cooperación económica en condiciones justas y de igualdad con los países del Sur de Europa, u otros, puede entrar en una espiral de mayor crisis y convulsiones con el paso del tiempo.
Los riesgos de descomposición política y social, de desesperanza de la ciudadanía ante la frustración de padecer políticas de mayor ajuste y austeridad, que agravan la situación económica, y abocan a estados fallidos, como vemos en Grecia, pueden extenderse a otros países.
El riesgo de degradación de la situación económica, acumulará un enorme coste, y hará más difícil la salida inevitable de la Unión Europea antisocial.
El riesgo, que tarde o temprano, la derecha populista se reorganice siguiendo la estela del Frente Nacional, u otras formaciones similares, no puede subestimarse.
Hay que dar un paso al frente, y como siempre a lo largo del curso de la historia, hay que cortar el correspondiente “nudo gordiano”, “cruzar el Rubicón”, o asaltar el Palacio de Invierno. En estos momentos, y tras la senda abierta por el Brexit, la izquierda transformadora debe levantar la bandera de la recuperación de la soberanía popular, salir del euro y de esta Unión Europea, forjando una amplia alianza emancipatoria con todas las fuerzas políticas y sociales democráticas que compartan este objetivo.
Probablemente, la salida del euro no es suficiente para alcanzar la transformación socialista, pero sin duda, es una condición “sine qua non”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
La izquierda española ante el dilema de la Unión Europea y del euro
Diosdado Toledano
Rebelión
El estado español, compuesto por una pluralidad de naciones y pueblos, se encuentra en un periodo de inestabilidad política, resultado de la crisis del bipartidismo que alternó en el gobierno en los últimos 30 años. El PSOE que continúa reclamándose de izquierdas, junto al PP y las formaciones nacionalistas de derecha, han compartido las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la “Troika” en los últimos años. Por consiguiente, preferimos referirnos a las izquierdas en el estado español.
La influencia del pasado franquista en la ilusión europeísta
Bajo la prolongada dictadura fascista en España, las “democracias” europeas y su nivel de bienestar y derechos sociales fueron una referencia para una mayoría de la sociedad. Tras la muerte de Franco y la transición de la dictadura a la democracia, la incorporación del estado español a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 contó con un amplio consenso social. El sueño de consolidar la democracia parlamentaria y, sobretodo, alcanzar el nivel de vida de los países europeos más desarrollados era mayoritario. Tres años más tarde la moneda española, la peseta, se incorporaba al Mecanismo de cambio del Sistema Monetario Europeo; en junio de 1991 se suscribió el Acuerdo de Schengen y con ello la apertura de fronteras; y en 1992 se firma el Tratado de Maastricht con sus cuatro requisitos de convergencia económica. Tratado que da lugar a la denominación de la Unión Europea. Ese mismo año, en la cumbre de Edimburgo, se instauró el Fondo de cohesión para los países con una renta por debajo del 90% de la media de la UE.
La terrible dictadura de Franco era el pasado, la Unión Europea aparecía como el futuro prometedor, el europeísmo se convirtió en una seña de identidad, a pesar de todos los sacrificios que comportó el proceso de integración como consecuencia de la aplicación de las condiciones de Maastricht, los efectos negativos de las políticas agrarias de la UE, el cierre de la siderurgia y los astilleros, etc. En 2005 España refrendó el proyecto de constitución europea por amplia mayoría del 77% de los votos, pero con una baja participación del 42%. Este mismo proyecto meses más tarde fue rechazado en Francia y Países Bajos…y finalmente abortado.
Del europeísmo al euroescepticismo en España. ¿Qué ha pasado?
El pasado 8 de junio, el periódico El Pais, nada sospechoso de antieuropeo, publicaba los resultados de una encuesta-estudio donde señalaba que España era uno de los países europeos donde más había crecido la opinión desfavorable a la UE, desde el 15% en 2007, al 49% en 2016. Otro de los datos de dicho estudio indicaba que en el espectro sociológico de la derecha el 59% es más favorable a la UE, mientras esa opinión es minoritaria en la izquierda sólo un 35%.
¿Qué ha pasado para que se haya producido tal cambio en la opinión en la sociedad española respecto de la UE?
El despertar de la sociedad española del sueño de una Unión Europea como marco de mayor democracia y bienestar social ha sido resultado de las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la Comisión Europea y el BCE, bajo los gobiernos del PSOE con Rodriguez Zapatero y del PP con Mariano Rajoy: destrucción de empleo hasta cerca de 6 millones de personas en paro, erosión de los derechos básicos en salud, educación y protección social como consecuencia del recorte del gasto social, involución democrática con la contrarreforma de la Constitución española del artº135 que consagra el objetivo del déficit y la deuda, reforma regresiva del sistema de pensiones que alarga la edad de jubilación a los 67 años bajo Zapatero, contrarreforma laboral que elimina derechos laborales y agrava la precariedad laboral bajo el gobierno de Rajoy, como consecuencia de todo ello, aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la indignación social, pérdida de confianza en las instituciones y por consiguiente deslegitimación creciente de estas ante la ciudadanía.
El movimiento de los indignados del 15M, en sus lemas y consignas, exteriorizó el malestar de una mayoría social que se identificó y simpatizó con este movimiento ciudadano. Lemas como “No nos representan”, “Le llaman democracia pero no lo es”, “PP, PSOE la misma “mierda es”, “No es la crisis, es el sistema”, etc., junto al rechazo de las privatizaciones y la defensa de lo público para garantizar los derechos sociales, la defensa de un proceso constituyente, etc. El 15M adquirió una conciencia crítica con la UE en la movilización contra el “Pacto europlus” y posteriormente contra la intervención del BCE, la famosa carta de Trichet, y la concesión de la reforma de la constitución española.
Tiempo más tarde, tras el declive del movimiento 15M, y el relanzamiento de la movilización con las “Marchas de la dignidad” contra las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, y en defensa de reivindicaciones fundamentales “Pan, techo y trabajo”, “No al pago de la deuda”, etc.
La indignación y la movilización social, se expresó más tarde en el plano político en el surgimiento de nuevas formaciones políticas, los llamados partidos emergentes, especialmente Podemos, que dieron un golpe al régimen de alternancia de los dos grandes partidos PP y PSOE, el llamado bipartidismo, y abrieron un periodo marcado por la inestabilidad política, cuya expresión es la dificultad para alcanzar la gobernanza del Estado español después de las elecciones del 20D de 2015, y tras las segundas elecciones del 26Junio de este año con el reciente fracaso de la investidura presidencial de Rajoy.
Las instituciones políticas de gobierno y legislativas del histórico laberinto español, dado su carácter plurinacional, también han sufrido los efectos de la pérdida de legitimidad por la renuncia a la soberanía popular en beneficio de las instituciones europeas y las oligarquías centroeuropeas. En este contexto, las presiones de la CE en favor de una recentralización para aplicar de manera homogénea las políticas de ajuste y austeridad, ha permitido a las fuerzas nacionalistas, especialmente a la derecha conservadora catalana CiU, ahora reconvertida en PDC, agitar la presión independentista en un terreno abonado culpando exclusivamente a “España” o “Madrid” de todos los males.
En el origen de la crisis económica, social y política del estado español, encontramos a la Unión Europea, el euro, y las políticas de su oligarquía dominante para asegurarse que los países endeudados devuelvan la deuda, aunque ello signifique su destrucción. Una gran parte de la sociedad española ha hecho un diagnóstico elemental, ha constatado que la UE lejos de asegurar el progreso social y más democracia ha significado lo contrario, que el tiempo pasa sin que la UE cambie de políticas, observa que las diferencias en su seno se incrementan, que insultan, roban y maltratan al pueblo griego, y que la ciudadanía del Reino Unido ha votado salir de la UE. Todo ello confirma su creciente euroescepticismo.
La crítica a contracorriente del euro de una minoría lúcida
Izquierda Unida, cuando Julio Anguita era su Coordinador General, denunció y se opuso al Tratado de Maastricht y a sus criterios de convergencia. El equipo de economistas formado por Pedro Montes, Juan Francisco Martín Seco y Jesús Albarracín que trabajaba estrechamente con Julio, tuvo la honestidad y lucidez de anticipar las consecuencias del diseño de una Unión Monetaria, que no tenía en cuenta las asimetrías existentes entre los países más desarrollados y los de menor productividad, que no puso en marcha desde el principio una política fiscal y una Hacienda pública comunitaria que, mediante una política de redistribución justa y suficiente, evitara los desequilibrios previsibles y mutualizara la deuda entre los estados miembros. En definitiva, que atendiera las necesidades de países, como España, que debían recurrir periódicamente a la devaluación de su moneda para reequilibrar su balanza de pagos y evitar que se disparase su déficit y deuda exterior.
Este posicionamiento de Izquierda Unida fue resultado de un agrio debate con una minoría acrítica con el modelo de construcción de la UE, que finalmente rompió y se incorporó en su mayoría al PSOE.
La puesta en marcha de la moneda única, el euro, también fue objeto de la valiente crítica de este grupo de economistas. Tras su implantación se confirmó rápidamente los desequilibrios en la balanza de pagos por cuenta corriente, llegando a acumular en 2013 un pasivo frente al exterior de 2,3 billones de euro (2,3 veces el PIB), que a su vez tuvo un efecto de socialización hacia la deuda pública, que pasó del 36% del PIB en 2007 al 101% en la actualidad.
La reflexión crítica, poco a poco fue extendiéndose, en mayo de 2013 se publicó el I Manifiesto “por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana, salir del euro” suscrito por más de 2500 personas, entre la cuales el propio Julio Anguita, Pedro Montes y una pluralidad de activistas políticos y sociales. En abril de 2015 se publicó el II Manifiesto “Salir del euro” y el 13 de junio del mismo año se constituye la Plataforma por la salida del euro, y se convoca el “Primer encuentro de Movimientos Emancipatorios de los Pueblos del Sur de Europa” el 10-11 de octubre en Barcelona, con el lema “Por la salida del euro y la recuperación de la soberanía”, la recopilación de las ponencias y trabajos se editaron en el libro “Librarse del euro”.
En este periodo, diversas organizaciones político-culturales como Socialismo21 y ciudadanas, como el Frente cívico, dan el paso delante de promover abiertamente la lucha por la salida del euro y la ruptura con la actual UE, ante la imposibilidad de su reforma. Otros colectivos y personalidades políticas se han ido manifestando en similar sentido, y en la primera Fase del XX Congreso del PCE celebrado este año se aprobaba una clara posición a favor de la salida del euro.
Sin embargo, este movimiento de opinión en crecimiento, todavía no ha penetrado en el espacio de la representación parlamentaria, tampoco ha ganado a sus posiciones a la mayoría de Podemos e Izquierda Unida.
¿Quién representa políticamente el creciente “euroescepticismo” en España?
Aunque fuera por oportunismo electoral, cabría pensar que, ante la dimensión alcanzada por el euroescepticismo en España, que se ha incrementado con rapidez en los últimos tiempos, surgiría una fuerza política dispuesta a representarlo, sin embargo, esto no ha sucedido, ni desde posiciones de la llamada izquierda clásica o emergente, ni tampoco de las derechas o una potencial derecha populista. Hoy por hoy, el Partido Popular agrupa desde los sectores reformistas que desde el régimen franquista apostaron por la transición a la democracia, como de sus descendientes que han crecido en el nuevo sistema, de los ámbitos conservadores de la iglesia católica, como de todos aquellos que buscaron cobijo en un partido de gobierno.
Es más, las formaciones electorales que han competido con el PP desde su derecha extrema, han puesto el acento en la crítica al aborto, en la defensa de la “unidad de España” frente a los nacionalistas periféricos, pero no se han distinguido por un populismo crítico con la UE.
Las derechas nacionalistas, PNV, CiU ahora PDC, han profesado desde el principio un apoyo al proyecto de la UE, particularmente en su evolución actual, por compartir especialmente CiU-PDC la ideología neoliberal a ultranza, o por considerar que la UE apoyará tarde o temprano su proyecto independentista frente al estado español, hipótesis que los hechos, y el temor a un contagio en el seno de sus estados miembros, hoy por hoy desmienten.
En lo que se refiere al PSOE, este partido, junto al PP, han sido los grandes promotores de la incorporación de España a la UE, a sus tratados y políticas. La gestión del gobierno socialista bajo Zapatero ha sido de subordinación y servilismo a las instituciones europeas. Fiel a la cogestión en las instituciones europeas de la alianza entre la socialdemocracia y la derecha conservadora neoliberal. En todo caso, su propuesta es la de avanzar en la integración europea, pero sin proponer medidas efectivas para hacer frente a la oposición de los poderes dominantes de la UE a la puesta en marcha una Hacienda común que redistribuya los superávits para garantizar el equilibrio económico de los países más vulnerables y endeudados, que mutualice la deuda, etc.
El posicionamiento del PSOE y Ciudadanos, y de Unidos Podemos sobre la cuestión europea en las elecciones del 26J
Antes, durante y después de la última campaña electoral, los portavoces de la Comisión Europea, presionaron públicamente a favor de corregir el déficit público, atenerse a los objetivos marcados, y abordar el consiguiente recorte presupuestario, so pena de aplicar una multa de más de 2 mil millones de euros y la congelación de los fondos de cohesión.
Ante esta ingerencia y amenaza de la Comisión Europea, la respuesta de los partidos con representación parlamentaria, fue como norma el silencio. Para encontrar una explicación, hay que leer las propuestas sobre la UE, en los acuerdos y programas del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos:
Resumidamente el PSOE y Ciudadanos proponen:
•“Avanzar en la integración económica europea: hacia un gobierno del euro”: Trabajar con todas las fuerzas políticas para forjar una posición común sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria que implique completar la Unión Bancaria, la puesta en marcha de una verdadera Unión Fiscal, incluido un Tesoro Europeo y la Unión Social. La culminación de la Unión Económica debe ir acompañada de mecanismos de refuerzo democrático y rendición de cuentas ante los ciudadanos”.
Unidos-Podemos defienden:
•Nueva senda de reducción del déficit: El próximo gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía: apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios sociales y el Estado del Bienestar para luchar contra las desigualdades.
•40. Reforma de la gobernanza económica en la UE: Impulsar una reforma de las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y económicas en la Eurozona…
• 41. Reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal: El gobierno de cambio impulsará en las instituciones europeas una reforma profunda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y del Pacto Fiscal, eliminando el 16 objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizando los objetivos de déficit…
•42. Conferencia Europea de la Deuda: Impulsar una Conferencia Europea de Deuda que ponga en la agenda política de la Unión Europea la reestructuración coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro…
En definitiva, todos ellos, permanecen presos de la ilusión de la reforma de la Unión Europea, en un sentido federal, fiscal, y de mutualización de la deuda. Un discurso impotente ante la UE “realmente existente”.
Los dilemas y riesgos de mantener la ilusión sobre la reforma de la UE
Las izquierdas del estado español, desde la socialdemocracia socio-liberal, a Unidos-podemos, bajo la presión y amenazas de la Comisión Europea, están emplazados a una definición, crucial para su credibilidad, y la cuestión decisiva es que hacer frente al euro y la Unión Europea.
Los partidos de gobierno que han gestionado las políticas de ajuste y austeridad impuestas por la Troika, sin abordar la cuestión de fondo, han sufrido un gran desgaste social y electoral. La crisis de hegemonía del bipartidismo es inseparable de esta cuestión.
PSOE y PP, han sufrido la pérdida de parte sustancial de su espacio electoral, en beneficio de Podemos y Ciudadanos.
El propio PSOE, ante los cantos de sirena del Partido Popular para formar la “Gran coalición”, recuerda el suicidio del Pasok en Grecia, siente el aliento en su nuca de Podemos, y ha hecho fracasar el intento de la derecha española de formar gobierno.
Tras el “Brexit” la agudización de la crisis política en la UE, hace menos creíble socialmente el discurso “reformista de izquierdas” de la UE.
Mientras, se acercan las nuevas tormentas de la crisis económica internacional y europea, la situación económica-social en España sigue siendo muy grave, el desempleo supera el 20%, la pobreza y la desigualdad aumentan, los factores favorables que explican el crecimiento económico en España -en la actualidad en regresión- pueden agotarse en cualquier momento.
Las formaciones políticas que se proponen gobernar, o realizar una oposición efectiva y movilizadora socialmente, no pueden seguir mirando hacia otro lado ante las políticas neoliberales de la UE. Deben liberarse de la presión de los poderes económicos-políticos y mediáticos que defienden por su propio interés el “status quo” de la UE. Deben romper con las ataduras cuasi religiosas e irracionales con una Unión Europea irreformable.
La presión y chantaje de la Comisión Europea sobre el déficit público y efectuar un recorte presupuestario en 2017 de más de 15.000 millones, que previsiblemente reducirá el gasto social, junto con el agotamiento a corto plazo del fondo de reserva de las pensiones y la consiguiente amenaza de nueva contrarreforma, aboca a severos conflictos sociales.
La cuestión nacional prosigue su tensión, agravada por la renuncia a la soberanía popular en el estado español, y por tanto sin los instrumentos económicos para dar una solución a los problemas reales que “calientan” este conflicto histórico.
La inestabilidad política prolongada, sin soluciones que vayan al fondo de la cuestión: salida del euro, el impago y reestructuración de la deuda, desconexión de la UE, reorganización de la cooperación económica en condiciones justas y de igualdad con los países del Sur de Europa, u otros, puede entrar en una espiral de mayor crisis y convulsiones con el paso del tiempo.
Los riesgos de descomposición política y social, de desesperanza de la ciudadanía ante la frustración de padecer políticas de mayor ajuste y austeridad, que agravan la situación económica, y abocan a estados fallidos, como vemos en Grecia, pueden extenderse a otros países.
El riesgo de degradación de la situación económica, acumulará un enorme coste, y hará más difícil la salida inevitable de la Unión Europea antisocial.
El riesgo, que tarde o temprano, la derecha populista se reorganice siguiendo la estela del Frente Nacional, u otras formaciones similares, no puede subestimarse.
Hay que dar un paso al frente, y como siempre a lo largo del curso de la historia, hay que cortar el correspondiente “nudo gordiano”, “cruzar el Rubicón”, o asaltar el Palacio de Invierno. En estos momentos, y tras la senda abierta por el Brexit, la izquierda transformadora debe levantar la bandera de la recuperación de la soberanía popular, salir del euro y de esta Unión Europea, forjando una amplia alianza emancipatoria con todas las fuerzas políticas y sociales democráticas que compartan este objetivo.
Probablemente, la salida del euro no es suficiente para alcanzar la transformación socialista, pero sin duda, es una condición “sine qua non”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Conseguirán acabar con el planeta el trumpismo, el brexit y el excepcionalismo geopolítico?
¿Conseguirán acabar con el planeta el trumpismo, el brexit y el excepcionalismo geopolítico?
Michael T. Klare
TomDispatch.com
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Introducción de Tom Engerhardt
El hombre que podría llegar a ser presidente no deja de repetir que el cambio climático es un “complicado engaño que resulta muy caro" , incluso que se trata de un invento “chino” destinado a debilitar la economía estadounidense. Que no son más que “gilipolleces” y “pseudociencia” (en todo lo cual parece ser un experto). Ha dicho este tipo de cosas numerosas veces, siempre en tono burlón, siempre de forma desdeñosa. Sólo recientemente, en su discurso de Phoenix sobre la inmigración, al hablar de su amor hacia los mexicanos y de que esos cabrones van a tener que pagar el dichoso muro, se expresó de esta manera: “Sólo las elites de los medios que no tienen contacto con la realidad piensan que el mayor problema a que se enfrenta EEUU… no es el nuclear, no es el ISIS, no es Rusia, no es China, es el calentamiento global”. ¡Estúpidos! No tienen ni idea de nada. Ni siquiera saben que hay un aspecto fundamental, una única excepción a la posición ante el cambio climático del Donald: el golf.
Aunque el calentamiento del planeta a causa de los combustibles fósiles pudiera no ser más que una fantasía, aunque salvar la industria del carbón, construir oleoductos y revertir todo lo que Obama hizo en la Casa Blanca para promover sistemas energéticos alternativos estará en el orden del día, resulta que el cambio climático amenaza una sola cosa. Y esa cosa es algo crucial para la vida humana tal y como la conocemos: un juego de 18 hoyos en un campo de golf de la costa. Para evitar eso protección, obviamente bajo control. Esta es sin duda la causa de que el hombre que no tiene temor alguno respecto al ahogamiento de las comunidades costeras haya solicitado , a través de su compañía Trump International Golf Links & Hotel Ireland, un permiso para construir unas “obras en la costa para prevenir la erosión en su campo de golf junto al mar en el Condado Clare”, en base a… sí… el peligro de que aumenten los niveles del mar. Estamos hablando de “200.000 toneladas de roca distribuidos a los largo de tres kilómetros de playa”. Y si finalmente se le concede el permiso, el resultado será seguramente un “gran muro”, uno de sus “bellos muros” que no dejará que una sola gota de agua del mar emigre al suelo irlandés.
Una pequeña pista para Mr. Trump, en caso de que se convierta en presidente. Desde el Despacho Oval podría considerar conceder exenciones parecidas para la construcción de muros en zonas fundamentales de la costa de Florida que ya están experimentando un grave aumento en lo que se ha denominado “inundaciones en días soleados”. Esos muros protegerían propiedades costeras importantes como Mar-a-Lago, su mejor club privado en Palm Beach, porque de otro modo se encontrará en cuestión de tres décadas “bajo al menos un pie de agua durante 210 días al año debido a las inundaciones de las mareas”. Eso o ponerse a impulsar un deporte denominado golf acuático.
En cuanto al resto de nosotros para quienes esos muros, presuntamente, no van a construirse, siempre podremos volar al interior donde podríamos convertirnos… glup… en refugiados climáticos . (En ese caso, ya saben que, probablemente, Trump va a decir que es necesario que se nos haga una investigación extrema de antecedentes ). Y mientras esperan las inundaciones, les sugiero que tomen en consideración lo que el valioso experto en energía de TomDispatch, Michael Klare, tiene que decir sobre el aumento de versiones tipo Donald a nivel mundial y lo que eso significa para la salud de nuestro planeta. Tom.
***
En un año de calor sin precedentes en un planeta abrasado, con océanos que se calientan velozmente, casquetes polares que se derriten velozmente y niveles del mar que aumentan velozmente, la ratificación del acuerdo de la Cumbre del Clima de París en diciembre de 2015 –endosado ya por la mayoría de las naciones- debería ser de una obviedad total. Eso no les dice gran cosa sobre nuestro mundo. La geopolítica global y el posible vuelco hacia la derecha en muchos países (incluida una potencial elección de última hora en EEUU que podría colocar a un negador del clima en la Casa Blanca) implican malas noticias para el destino de la Tierra. Merece la pena explorar qué es lo que podríamos encontrarnos.
Los delegados presentes en esa cumbre del clima estuvieron en general de acuerdo respecto a la cientificidad del cambio climático y la necesidad de limitar el calentamiento global de 1,5 a 2,0 grados Celsius (o 2,6 a 3,5 grados Fahrenheit) antes de que se produzca una catástrofe planetaria. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo en muchos otros aspectos. Algunos países claves están en conflicto abierto con otros Estados (Rusia con Ucrania, por ejemplo) o son profundamente hostiles entre sí (como ocurre entre la India y Pakistán o EEUU e Irán). En reconocimiento de esas tensiones y divisiones, los países reunidos redactaron un documento final que sustituía los compromisos vinculantes por la obligación de cada Estado signatario de adoptar un plan único, o “contribución determinada a nivel nacional” (NDC, por sus siglas en inglés), para detener las emisiones de gas de efecto invernadero que alteran el clima.
La consecuencia es que el destino del planeta depende de la muy cuestionable disposición de cada uno de esos países a cumplir esa obligación, sin que importe lo muy agrias o belicosas que puedan ser sus relaciones con otros signatarios. Lo que pasa es que esa parte del acuerdo se ha visto ya zarandeada por los vientos contrarios de la geopolítica y es probable que tenga que enfrentar cada vez mayores turbulencias en los próximos años.
Que la geopolítica jugará un papel decisivo a la hora de determinar el éxito o fracaso del Acuerdo de París se ha hecho más que evidente en el breve tiempo transcurrido desde su promulgación. Aunque se han hecho algunos progresos hacia su adopción formal –el acuerdo entrará en vigor sólo después de que al menos 55 países, que suman al menos el 55% de las emisiones de gases invernadero, lo hayan ratificado-, también se ha tropezado con inesperados obstáculos políticos, un indicio de las dificultades que están por llegar.
Por el lado positivo, en un impresionante golpe diplomático, el presidente Obama persuadió al presidente Xi Jinping de que firmara el acuerdo con él en un reciente encuentro del grupo G-20 de países industrializados en Hangzhou. Juntos, los dos países son responsables del impresionante 40% de las emisiones globales. “A pesar de nuestras diferencias en otras cuestiones”, señaló Obama durante la ceremonia de firma, “confiamos en que nuestra disposición para trabajar juntos en esta cuestión inspire nuevas acciones más ambiciosas por todo el mundo”.
Brasil, el séptimo mayor emisor del planeta, lo acaba de firmar también, y una serie de países, incluidos Japón y Nueva Zelanda, han anunciado su intención de ratificar pronto el acuerdo. Se espera que muchos otros hagan lo mismo antes de la próxima cumbre importante del clima, organizada por la ONU en Marrakesh, Marruecos, el próximo noviembre.
Sin embargo, en el lado negativo, el sorprendente voto a favor del brexit en Gran Bretaña ha complicado la tarea de asegurar la aprobación del acuerdo por la Unión Europea, porque la solidaridad europea en la cuestión climática –un factor importante en el éxito de las negociaciones de París- no puede ya asegurarse. “Existe un riesgo de que esto pueda echar por tierra el Acuerdo de París”, sugiere Jonathan Grant, director de sostenibilidad en PricewaterhouseCoopers.
La campaña a favor del brexit estuvo encabezada por políticos que también eran críticos importantes de la ciencia del cambio climático y fuertes opositores a los esfuerzos para promover una transición de los combustibles a base de carbono a fuentes verdes de energía. Por ejemplo, el presidente de la campaña por la salida de la UE, el exministro de Economía Nigel Lawson, es también presidente de la Global Warming Policy Foundation , un think-tank dedicado a sabotear los esfuerzos del gobierno para acelerar la transición a la energía verde. Muchos otros defensores del brexit, incluidos los exministros conservadores John Redwood y Owen Paterson, eran también decididos negadores del cambio climático.
Al explicar los fuertes vínculos entre estos dos campos, los analistas señalaron en el Economist que ambos se oponen a acatar las normas y leyes internacionales: “A los brexiteers les desagradan las normativas de la UE y saben que cualquier acción eficaz para abordar el problema del cambio climático necesitará de algún tipo de cooperación global: impuestos sobre el carbono u objetivos vinculantes relacionados con los emisiones. Esto último sería una decisión de la UE y Gran Bretaña tendría aún menos que decir en cualquier acuerdo global que implique a unas 200 naciones que en un régimen de la UE que afecte a 28”.
Tengan en cuenta también que es probable que Angela Merkel y François Hollande, los dirigentes de las otras dos anclas de la UE, Alemania y Francia, que están siendo asediados por los partidos antiinmigrantes de derecha, se muestren igualmente hostiles a un acuerdo de este tipo. En lo que podría ser el elemento de conflicto de la historia, esta misma línea de pensamiento, la combinación del nacionalismo desenfrenado, la negación del cambio climático, la feroz hostilidad ante la inmigración y el apoyo inquebrantable a la producción interna de combustibles fósiles, anima también la campaña de Donald Trump a la presidencia estadounidense.
En su primer discurso importante sobre la energía, pronunciado en mayo, Trump –que ha dicho que el calentamiento global es un engaño chino - prometió “cancelar el acuerdo del clima de París” y eliminar las diversas medidas anunciadas por el presidente Obama para asegurar que EEUU cumpla con sus disposiciones. Haciéndose eco de los puntos de vista de sus homólogos del brexit, se quejó de que “este acuerdo da control a los burócratas extranjeros sobre cómo podemos utilizar la energía en nuestra tierra, en nuestro país. De ninguna de las maneras”. También prometió reavivar la construcción del oleoducto Keystone XL (que llevaría las arenas bituminosas canadienses de carbono pesado a las refinerías en la Costa del Golfo de EEUU), revertir cualquier actuación para frenar el cambio climático de la administración Obama y promover la industria del carbón. “Disposiciones para cerrar cientos de plantas eléctricas que utilizan carbón y bloquean la construcción de las nuevas… ¿no es una estupidez?”, dijo en torno de burla.
En Europa, los partidos ultranacionalista de derechas están auspiciando una oleada de islamofobia, sentimientos contra los inmigrantes y desagrado hacia la UE. Por ejemplo, en Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy anunció su intención de postularse de nuevo al puesto, prometiendo controles incluso más estrictos sobre inmigrantes y musulmanes y un mayor enfoque en la “identidad” francesa. Y aún más a la derecha, la rabiosamente antimusulmana Marine Le Pen está también en la carrera al frente de su Partido del Frente Nacional. Otros candidatos afines han conseguido importantes avances en las elecciones nacionales en Austria y, más recientemente, en una elección estatal en Alemania que sorprendió al partido gobernante de Merkel. En cada uno de los casos, consiguieron reforzar sus posiciones rechazando los relativamente tímidos esfuerzos de la UE para reubicar a los refugiados de Siria y otros países asolados por la guerra. Aunque el cambio climático no es una cuestión definitoria en estos contextos como lo es en EEUU y Gran Bretaña, la creciente oposición a todo lo que vaya asociado con la UE y su sistema de normativas plantea una amenaza obvia a los futuros esfuerzos a nivel continental para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En otros lugares del mundo, se están extendiendo hilos parecidos de pensamiento, planteando serias dudas respecto a la capacidad de los gobiernos para ratificar el Acuerdo de París o, lo que es más importante, para cumplir sus estipulaciones. Veamos, por ejemplo, el caso de la India.
El primer ministro Narendra Modi, del Partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés) ha manifestado su apoyo al acuerdo de París y prometido llevar a cabo una inmensa expansión de la energía solar. Tampoco ha hecho ningún secreto de su determinación de promover el crecimiento económico a cualquier coste, incluyendo en gran medida un aumento de la dependencia de la electricidad alimentada por carbón. Eso implica una serie de problemas. Según la Energy Information Administration del Departamento de Energía de EEUU, es probable que la India duplique su consumo de carbón en los próximos 25 años, convirtiéndose en el segundo mayor consumidor de carbón del mundo después de China. Combinado con un aumento en el consumo del petróleo y gas natural, ese incremento en el uso del carbón triplicaría las emisiones de dióxido de carbono de la India en un momento en que se espera que la mayoría de los países (incluidos EEUU y China) experimenten un pico o disminución en las suyas.
El primer ministro Modi es muy consciente de que su devoción hacia el carbón ha generado resentimiento entre los medioambientalistas que en la India y otros lugares están tratando de reducir el crecimiento de las emisiones de carbono. Sin embargo, insiste en que la India, como país en desarrollo importante, debería disfrutar de un derecho especial a conseguir el crecimiento económico en la forma en que pueda, aunque esto signifique poner en peligro el medio ambiente. “El deseo de mejorar el destino de uno ha sido la principal fuerza impulsora del progreso humano”, afirmó su gobierno en su compromiso de reducción de emisiones en la cumbre del clima de París. “No se debe hacer sentir culpabilidad a las naciones que están ahora luchando para conseguir tal ‘derecho a crecer’ para sus grandes poblaciones a través de sus agendas de desarrollo cuando intentan cumplir esta aspiración legítima”.
Es igualmente probable que Rusia ponga sus necesidades económicas internas (y el deseo de seguir siendo una gran potencia a nivel militar y a otros niveles) por delante de sus obligaciones frente al cambio climático global. Aunque el presidente Vladimir Putin asistió a la cumbre de París y aseguró a las naciones allí reunidas que Rusia cumpliría con el acuerdo, también ha dejado claro como el agua que su país no tiene intención alguna de renunciar a su dependencia de las exportaciones de petróleo y gas natural para una gran parte de sus ingresos nacionales. Según la Energy Information Administration, el gobierno de Rusia depende de esas exportaciones para un asombroso 50% de sus rentas operativas, una porción que no se atreve a poner en peligro en un momento en que su economía –golpeada ya por las sanciones de EEUU y la UE- está en una recesión profunda. Para asegurar el flujo continuado de ingresos procedentes de los hidrocarbonos, Moscú ha anunciado planes por valor de miles de millones de dólares para desarrollar nuevos campos de gas y petróleo en Siberia y el Ártico, aunque esos esfuerzos vayan en contra de sus compromisos para reducir futuras emisiones de carbono.
De la reforma y renovación a la rivalidad.
Tal excepcionalismo nacionalista podría convertirse en algo parecido a la norma si Donald Trump gana en noviembre u otras naciones se unen a quienes están ya ansiosos por poner las necesidades de agenda de crecimiento doméstica basada en los combustibles fósiles por delante de los compromisos con el cambio climático global. Con esto en mente, consideren la evaluación de las futuras tendencias energéticas que el gigante noruego de la energía Statoil hizo recientemente. En esa evaluación aparece un escenario escalofriante centrado únicamente en este tipo de futuro distópico.
El segundo mayor productor de gas natural en Europa después de Gazprom de Rusia, Statoil, publica anualmente Energy Perspectives, un informe que explora las posibles futuras tendencias de la energía. Ediciones anteriores incluían escenarios etiquetados como de “reforma” (predicados a partir de esfuerzos internacionales coordinados, aunque graduales, para cambiar de los combustibles de carbono a la tecnología de la energía verde) y “renovación” (postulando una transición más rápida). Sin embargo, la edición de 2016, añadió un nuevo y sombrío giro : “rivalidad”. Describe el futuro con un realismo pesimista en el que el enfrentamiento internacional y la competición geopolítica desalientan de una cooperación significativa en el campo del cambio climático.
Según el documento , la nueva sección está “impulsada” por los acontecimientos del mundo real, es decir, por “una serie de crisis políticas, proteccionismo al alza y una fragmentación general del sistema estatal, lo que da como resultado un mundo multipolar que se desarrolla en direcciones diferentes. En tal escenario, cada vez hay más desacuerdo respecto a las reglas del juego y una disminución de la capacidad para gestionar las crisis en los ámbitos político, económico y medioambiental”.
En ese futuro, Statoil sugiere que las principales potencias demostrarán que están más preocupadas por satisfacer sus propias necesidades energéticas y económicas que en favorecer esfuerzos colectivos que traten de ralentizar el ritmo del cambio climático. Para muchas de ellas, esto significará maximizar las opciones de combustibles más baratas y más accesibles de que dispongan, a menudo los suministros internos de combustibles fósiles. En tales circunstancias, sugiere el informe, el uso del carbón aumentaría, no se reduciría, y su porción en el consumo global energético se incrementaría realmente del 29% al 32%.
En un mundo así, olvídense de las “contribuciones determinadas a nivel nacional” acordadas en París y piensen en cambio en un planeta cuyo medio ambiente será cada vez menos ecológico para la vida según hoy la conocemos. En ese escenario de rivalidad, expone Statoil, “la cuestión del clima tiene una baja prioridad en la agenda reguladora. Aunque se atiendan los problemas de contaminación local, los acuerdos internacionales a gran escala sobre el clima no se verán favorecidos. Como consecuencia, las actuales NDC se están llevando a cabo sólo parcialmente. Las ambiciones financieras climáticas no se cumplen y la política de precios del carbono para estimular las reducciones eficientes de costes en los países y a través de las fronteras nacionales es limitada”.
Al proceder de una importante compañía de combustibles fósiles, esta visión de cómo los acontecimientos podrían desarrollarse en un planeta cada vez más conflictivo tiene una peculiar lectura al ser más afín a Eaarth –retrato distópico de Bill McKibben sobre un mundo arrasado por el cambio climático- que las visiones generadas por la industria común sobre el futuro de la salud y prosperidad mundial. Y aunque la “rivalidad” es sólo uno de los diversos escenarios que los escritores de Statoil consideraron, encontraron claramente que es desconcertantemente convincente. De ahí que en una sesión informativa sobre el estudio, el economista-jefe de la compañía Eirik Waerness indicara que la inminente salida de Gran Bretaña de la UE era exactamente el tipo de evento que se ajusta al modelo propuesto y que podría multiplicarse en el futuro.
Cambio climático en un mundo de excepcionalismo geopolítico
De hecho, el futuro ritmo del cambio climático vendrá determinado tanto por factores geopolíticos como por los desarrollos tecnológicos en el sector energético. Resulta aún evidente que se está progresando enormemente en la bajada especialmente del precio de las energías eólica y solar –mucho más de lo que unos cuantos analistas anticipaban hasta hace poco-, la voluntad política de convertir esos avances en un cambio global significativo metiendo en cintura las emisiones de carbono antes de que el planeta pueda transformarse de forma inalterable, como los autores de Statoil sugieren, está desmaterializándose ante nuestros ojos. Si así sucede, no se equivoquen: estaremos condenando a los futuros habitantes de la Tierra, a nuestros propios hijos y nietos al desastre absoluto.
Como indica el escasamente proclamado éxito del presidente Obama en Hangzhou, tal destino no está grabado en piedra. Si pudo persuadir al líder ferozmente nacionalista de un país preocupado por su futuro económico para que se uniera a él firmando el acuerdo del clima, son posibles más éxitos de ese tipo. No obstante, su capacidad para conseguir esos resultados disminuye cada semana y muy pocos líderes de su estatura y determinación parecen estar esperando tomar el relevo.
Para evitar la Eaarth (que tanto Bill McKibben como los autores de Statoil imaginan) y preservar un planeta acogedor en el que la humanidad crezca y prospere, los activistas del clima tendrán que dedicar al menos tanta energía y atención al ámbito político internacional como al sector tecnológico. En este punto, la elección de líderes verdes que impidan que los negadores (o ignorantes) del cambio climático ocupen puestos destacados y la oposición a los ultranacionalismos que fomentan los combustibles fósiles es la única vía realista para un planeta habitable.
Michael T. Klare es profesor de estudios por la paz y la seguridad mundial en el Hampshire College y colaborador habitual de TomDispatch.com. Es autor de The Race for What's Left: The Global Scramble for the World's Last Resources (Metropolitan Books) y en edición de bolsillo (Picador). La versión documental de su libro Blood and Oil está disponible en Media Education Foundation . Contactos: michaelklare.com. En Twitter: @mklare1.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/176186/
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¿QUÉ ESTÁ BUSCANDO LA "DINASTÍA CAPRILES" EN ESPAÑA?
La repentina fiebre inversionista de la familia Capriles en España
¿QUÉ ESTÁ BUSCANDO LA "DINASTÍA CAPRILES" EN ESPAÑA?
De facto, - escribe nuestro corresponsal en Madrid Aday Quesada - la economía venezolana no sólo continúa fuertemente controlada por la misma oligarquía que históricamente ha detentado la propiedad de los medios de producción, sino que ha ingresa en sus arcas más capitales que nunca.
Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en la "dinastia Capriles", la familia del actual lider de la oposicion, cuyos movimientos inversionistas en España estan empezando a alarmar no solo a los sectores simpatizantes del proceso bolivariano, sino tambien a las grandes inmobiliarias españolas
POR ADAY QUESADA / CORRESPONSAL EN MADRID DE CANARIAS SEMANAL
De facto, la economía venezolana no sólo continúa fuertemente controlada por la misma oligarquía que históricamente ha detentado la propiedad de los medios de producción en ese país, sino que puede afirmarse, además, que en el curso de los últimos años, a través de diversas vías y técnicas ilegítimas, ha ingresado en sus arcas más dinero que nunca antes en la historia de Venezuela.
Una prueba de que ello es así, lo pone de manifiesto el emporio económico que posee la familia Capriles.
Aunque en el exterior este apellido sea más conocido por el papel político desempeñado por Henrique Capriles Radonski, líder de la "derecha civilizada" venezolana - Pablo Iglesias dixit - la familia Capriles dentro de Venezuela es realmente conocida por el enorme potencial económico que controlan quienes la integran.
"Inversiones Capriles", constituye el núcleo patrimonial que gestiona una fortuna con enormes inversiones en el sector inmobiliario y en importantes activos financieros.
La familia Capriles parece comportarse como una suerte de hiedra reptante, que sitúa a los miembros más jóvenes y destacados de su genealogía, en lugares claves de la sociedad y la economía venezolana, a la misma vez que crece de manera imparable
La dinastía familiar, que fue creada por un empresario de origen judío,Miguel Capriles Ayala, tiene su poder ramificado en múltiples actividades económicas en el país caribeño.
La empresa "Mercantil Servicios Financieros", que hoy ocupa el segundo lugar en importancia entre los grupos financieros privados venezolanos, es a su vez propietaria de compañías tales como del poderoso "Banco Mercantil", nada menos que la primera aseguradora de todo el país.
Pero la fortuna de la dinastia Capriles no se circunscribe a las fronteras venezolanas.
Los Capriles son Igualmente propietarios de uno de los tres primeros bancos comunitarios en el sur de Florida, el "Mercantil Commercebank".
No deja de resultar curioso que en el país donde su oposición ataca al gobierno por supuestamente "cercenar la libertad de expresión", una parte importante de la riqueza que amasa la familia, provenga precisamente de la"Cadena Capriles", el principal grupo privado de medios de comunicación venezolano, propietario a su vez de los periódicos más vendidos del país,"Últimas Noticias" y "El Mundo".
QUÉ BUSCA LA "DINASTÍA CAPRILES" EN ESPAÑA
Pero en el curso de estos meses está resultando particularmente interesante constatar que los últimos movimientos inversionistas en el exterior del "clan de los Capriles", hayan sido detectados precisamente en España, lugar en el que tanto apoyo político está recibiendo la oposición antichavista venezolana, tanto por parte del Partido Popular, como del PSOE y de Cs, acompañados asimismo por lacobarde abstención de la formación "emergente" Podemos .
Pese a la discreción utilizada en sus movimientos inversionistas por la dinastia Capriles, ya ha dejado de ser un secreto mal guardado que los Capriles están realizando importantísimas inversiones en el Estado español.
Según informan los medios especializados del sector, el encargado de gestionarlas está siendo Miguel Ángel Capriles López, un primo hermano del líder ultraconservador Henrique Capriles Radonski
Justamente el pasado lunes fue nombrado Capriles López, nada menos que consejero de la antigua Caja de Ahorros gallega, -hoy NCG Banco- que como se recordará tras ser rescatada con fondos públicos, fue vendida finalmente hace tres años al banquero venezolano Juan Carlos Escotet, propietario de Banesco.
Los Capriles ya han puesto, pues, su primera pica
en Flandes en el sector bancario español.
Pero la actividad financiera de los Capriles no concluye ahí. Según informaba esta pasada semana un digital madrileño, Miguel Angel Capriles el flamante consejero de NCG, se ha hecho igualmente con la propiedad de varios edificios singulares en el mismísimo centro de Madrid.
De acuerdo con las mismas fuentes, el importe de tales Inversiones asciende a varias decenas de millones de euros. Entre los empresarios madrileños ha empezado a cundir el pánico, pues las ofertas generosamente multimillonarias de los Capriles están empezando a "romper el mercado" con precios al alza.
La repentina fiebre inversionista de esta familia "opositora" venezolana enEspaña no ha dejado de suscitar dudas y temores ¿Qué es lo que busca enEspaña la oposición "escuálida" caribeña?
¿Se trata tan sólo de sacar capitales por la puerta trasera de Venezuela?
¿O hay otras operaciones encubiertas tras esas dadivosas inversiones ?
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