El profesor de relaciones internacionales, Jaume Castan Pinos, critica a la Corte Penal Internacional, que nunca ha intentado juzgar ninguna de las guerras de agresión de EE.UU en las últimas décadas.
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“Los presidentes de Estados Unidos actuaron con total impunidad no solamente en Afganistán, sino también en Irak”, ha afirmado el profesor de relaciones internacionales, Jaume Castan Pinos, a RT. El experto indica que el país norteamericano también “bombardeó a sus anchas” Serbia durante la guerra de Kosovo, porque sabía que “gozaba de plena impunidad”, y critica que actúe así en sus “guerras de agresión”.
El analista señala que ninguna de las acciones bélicas ordenadas por los expresidentes norteamericanos Bill Clinton o George W. Bush o por el saliente Barack Obama ha sido nunca juzgada por la Corte Penal Internacional (CPI), lo que demuestra que ese tribunal “no trata a todos por igual”.
Según Jaume Castan Pinos, lo que produce la CPI “no es una Justicia universal”. Considera que “no existe un imperio de la ley, sino una ley del imperio”. Al juicio del profesor, el tribunal de La Haya está sumido en “una profunda crisis”.
La reciente decisión de Rusia de abandonar la CPI por no ser un órgano “verdaderamente independiente” no es más que “otra vuelta de tuerca hacia la desconstrucción” de esta institución, agrega el analista, que subraya que la crisis del organismo está en “la naturaleza de sus actuaciones”.
A las afueras de la ciudad cubana de Santa Clara se levanta un mausoleo imponente. El lugar, alejado de los tours turísticos habituales, parece tranquilo.
Demasiado incluso para lo que el monumento alberga, y es que son pocos fuera de Cuba los que saben que aquí descansan los restos del más celebre guerrillero latinoamericano. Nos referimos, por supuesto, a Ernesto Che Guevara.
En el memorial, levantado por orden del gobierno cubano, se pueden leer múltiples inscripciones, desde el ya clásico “Hasta la victoria siempre”, hasta otras citas del revolucionario de diversa índole. No obstante, entre todas ellas hay una que encierra una advertencia especial:
¨Estaba en aquellos momentos en Guatemala, la Guatemala de Arbenz. Entonces me di cuenta de una cosa fundamental, para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución.¨
Fotografías del memorial y la citada inscripción
Puede que a primera vista la cita no nos diga nada. Lejos queda ya la Guatemala de Jacobo Arbenz. Sin embargo, en ella se encierra una lección política que toda una generación de la izquierda latinoamericana aprendió en el año 1954: contra el imperialismo estadounidense sólo cabía la lucha armada.
Nos centraremos precisamente en aquel momento histórico, analizando la conocida como revolución guatemalteca y las consecuencias que el abrupto fin de la misma tuvo en la determinación y el pensamiento de los que serían líderes de la revolución cubana.
Guatemala, cuando la revolución significa democracia
Ser profesor de historia en Guatemala debe ser una de las profesiones más tristes del mundo. El país, independiente desde 1847 cuando se separaba de manera definitiva de la Federación Centroamericana, ha conocido a los más despóticos y crueles dictadores. Represión y miseria están grabadas de manera imborrable en la memoria colectiva.
Son pocos los momentos en los que los guatemaltecos se han permitido soñar con un futuro mejor; es por ello que el 20 de octubre de 1944 es una fecha especial.
Aquella jornada un nutrido grupo de estudiantes universitarios, maestros, trabajadores y un sector de jóvenes oficiales del ejército, entre los que se encontraba Jacobo Arbenz, enterraban de manera definitiva la dictadura del general Ubico.
Imágenes de las manifestaciones que precedieron a la caída del general Ubico.
El golpe, aunque de carácter eminentemente blanco, mestizo y urbano, es decir ajeno a la situación de la mayor parte campesina e indígena del país, suponía una auténtica revolución. Al fin y al cabo los sublevados pretendían convocar elecciones libres y promulgar una Constitución democrática, toda una novedad en Guatemala.
La administración estadounidense y su embajada, que normalmente hubieran impedido de raíz una situación así, se encontraban en aquellos momentos demasiado ocupadas en poner fin a la Segunda Guerra Mundial.
Poco importaba el devenir político de un pequeño país de América Central.
A los pocos días de la sublevación popular fue constituida una Junta Revolucionaria de Gobierno y las ansiadas elecciones pronto tuvieron lugar. El ganador, el profesor Juan José Arévalo, que había pasado un largo periodo de exilio en Argentina asumía la tarea de transformar un país semifeudal en un estado moderno.
En la fotografía Juan José Arévalo tras salir victorioso de los comicios electorales.
Las esperanzas puestas en el nuevo gobierno, en el que Arbenz se hacía cargo del ministerio de Defensa, eran altas, y por ello este se puso al trabajo lo más rápidamente posible. Desde un inicio los presupuestos en sanidad y educación sufrieron importantes incrementos. Todos los ciudadanos por primera vez en su historia eran libres para organizarse en partidos y asociaciones políticas.
Quedaba totalmente prohibida la censura, incluso a pesar de los virulentos ataques que Arévalo y sus ministros sufrían desde prensa y radio.
En torno a la cuestión laboral se promulgó un Código del Trabajo donde patronos, campesinos y gobierno discutirían en igualdad de condiciones en torno a las leyes laborales y los posibles aumentos salariales.
Los poderosos latifundistas que hasta entonces habían hecho y deshecho a su antojo consideraron la nueva legislación en la línea de las más duras leyes soviéticas. No obstante, el gobierno arevalista lograría aumentar el salario mínimo de cinco a ochenta centavos diarios. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos en Guatemala percibían este salario en torno al setenta por cierto de los empleados para unos precios cercanos a los estándares de los Estados Unidos.
Por último, respecto a la cuestión laboral, añadir el reconocimiento del derecho a huelga.
En el ámbito internacional, podemos destacar que fueron dos los ejes básicos del nuevo gobierno de Arévalo. Por un lado, el fuerte compromiso democrático del presidente tuvo clara continuidad en las relaciones exteriores del país., no reconociendo a aquellos gobiernos resultantes de golpes de estado con el objetivo de ayudar al aislamiento internacional de las diferentes dictaduras militares.
Buen ejemplo de esta política será el no reconocimiento del régimen del general Francisco Franco, manteniendo relaciones sólo con los representantes en el exilio de la República española.
Por otro lado, el pequeño país centroamericano fue testigo de cómo poco a poco su política exterior se veía condicionada por el nuevo marco internacional de la Guerra Fría. En una región considerada por Washington como su patio trasero había poco espacio para una política exterior independiente.
Las decisiones del gobierno Arévalo, tanto internas como externas, eran cada vez menos acordes con los intereses norteamericanos.
La administración Truman, en su obsesión anticomunista, no dudó en poner bajo observación todos los movimientos que emprendía el presidente guatemalteco. Los más avezados en la historia latinoamericana ya sabrán que cuando los Estados Unidos ponen bajo vigilancia a alguien es difícil que no acabe en desgracia.
La coyuntura internacional que había sido favorable al triunfo de la revolución se tornaba ahora en contra de la misma. Aunque el presidente Arévalo se empeñara en afirmar que quería convertir a Guatemala en un país capitalista, moderno y próspero, es decir, nada parecido a un estado socialista.
Esto no le protegía de los más agresivos ataques por parte de la oligarquía local y la embajada norteamericana, dispuesta a cualquier cosa para proteger los intereses de las empresas estadounidenses en el país.
No debemos olvidar que en aquellos años la principal empresa de Guatemala era la empresa “frutícola” United Fruit Company. Y decimos “frutícola” porque además de ser la mayor propietaria de tierras, también era dueña de los ferrocarriles, la electricidad, las líneas telegráficas y el principal puerto del país. Un estado dentro de otro estado.
Principales plantaciones de la United Fruit Company en Centroamérica a inicios de la revolución.
El propio presidente reconocería en su discurso de despedida que había sido víctima de treinta y dos intentonas golpistas promovidas por la United Fruit Company y distintos oligarcas locales.
Guatemala son sus campesinos
Fotografía de Jacobo Arbenz dirigiéndose a los guatemaltecos tras asumir la presidencia.
La continuidad del espíritu reformista de 1944 se tornaba cada vez más compleja. No obstante, en las elecciones de 1950 los guatemaltecos, esperanzados ante el rumbo del país, volvían a dar su apoyo a los revolucionarios.
El antiguo ministro de Defensa de Arévalo, Jacobo Arbenz, se convertía ahora en presidente.
Arbenz, que a diferencia de su predecesor había pasado toda su vida en Guatemala, asumía la presidencia con una clara determinación: llevar la revolución al campo guatemalteco. La mayoría de la población del país era campesina, y estos, a diferencia de los sectores urbanos, no disfrutaban aún de las reformas del gobierno Arévalo.
La propiedad de la tierra seguía condensada en muy pocas manos (la United Fruit Company y un pequeño grupo de ricos terratenientes poseían más del 70% del territorio nacional). Miles de “sin tierras” se encontraban sometidos a un régimen de servidumbre que no les permitía optar más allá que a una vida de supervivencia.
Si se quería hacer de Guatemala un próspero país capitalista se debía incorporar a esta masa de campesinos de manera efectiva a la economía nacional. ¿Cómo?
El presidente Arbenz creó con todas las fuerzas políticas grupos de trabajo y discusión en torno a la cuestión. Y aunque el interés de la mayor parte de los partidos políticos no era demasiado grande, exceptuando al pequeño Partido Comunista de Guatemala, Arbenz llegó a claras conclusiones.
Por ejemplo, los grandes latifundistas y en especial la United Fruit Company, dejaban sin cultivar la mayor parte de sus tierras (se estima que la UFC tan solo daba uso entre al 8% y al 10% de sus fincas). Ante esto, una solución posible era que se redistribuyesen estas tierras y el gobierno se las diese a los campesinos para que las cultivasen.
O, como otra opción, si estos grandes propietarios obtienen ingentes beneficios del agro guatemalteco, que empiecen a pagar impuestos y el gobierno podrá mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
Por fin, el 17 de junio de 1952 se aprobaba el histórico decreto 900 que recogía la Ley de Reforma Agraria. Los frutos de la misma no se harían esperar, y ya en 1953 332.150 hectáreas habían sido expropiadas, todas, eso sí, con su correspondiente indemnización. Al mismo tiempo, cientos de campesinos comenzaban a recibir las ansiadas tierras.
La determinación del presidente Arbenz era clara, sin embargo, a medida que crecía el apoyo al gobierno en el campo guatemalteco más hostil se volvía la posición de la administración norteamericana, acostumbrada a tratar con caudillos fácilmente sobornables. En Washington ya se empezaba a hablar del caso Arbenz, agravando la situación el hecho de que ese mismo año se hacía cargo del Departamento de Estado John Foster Dulles, antiguo abogado y socio de la United Fruit Company.
El destino de Guatemala parecía cada vez más incierto. La prensa y radio, alentadas desde la embajada estadounidense, acusaban a diario al gobierno de ser un mero agente del comunismo internacional y la puerta de entrada de Moscú en la región.
No obstante, Arbenz mostraba una determinación inquebrantable, preparando ahora reformas para romper los monopolios eléctrico y ferroviario, también de la UFC. Si no lograba un abaratamiento de los costes en estos sectores, iba a ser muy difícil el desarrollo comercial e industrial del país. La deseada soberanía económica nacional necesitaba de estructuras estatales que favorecieran a los nuevos productores.
Puertos y líneas de ferrocarril pertenecientes a la United Fruit Company
La CIA contra Arbenz
Con este cuadro general de la situación es bastante sencillo comprender el empeño de la organización de inteligencia norteamericana en derrocar al gobierno revolucionario. Guatemala no podía convertirse en un modelo para otros países de la región.
En mayo de 1954 empezaron a sobrevolar Ciudad de Guatemala los primeros aviones “rebeldes”. Estos, provenientes de la vecina Honduras, lanzan octavillas donde se alienta al ejército a la rebelión contra Arbenz. Aunque los leales al presidente saben que este es el menor de sus problemas, a estas alturas ya era de conocimiento público que se preparaba una invasión del país.
Dibujo que recoge uno de los mensajes que más usualmente llevaban las octavillas.
La CIA había entregado al coronel Castillo Armas, un traidor fugado de prisión, una ingente cantidad de dinero para organizar la invasión terrestre. Armas, dotado con grandes medios, no tardó en congregar en torno a sí un escuadrón de lo más variopinto. Había expresidiarios colombianos, narcotraficantes puertorriqueños, y un largo etcétera que bien valía para repasar toda la actividad criminal latinoamericana.
El gobierno de Guatemala, consciente de la gravedad de la situación, trató de ofrecer un “pacto de amistad” que rápidamente fue rechazado por Honduras.
Durante los primeros días del mes siguiente, nuevamente aviones extranjeros sobrevuelan distintos puntos de Guatemala, aunque esta vez lanzando armamento con el que se pretendía equipar a los desleales al gobierno. No obstante, los campesinos agradecidos al presidente se hacen rápidamente con las armas y las ponen a disposición de los sectores castrenses todavía fieles al proyecto revolucionario.
El 18 de junio la situación se precipita y Castillo Armas declara desde Tegucigalpa abierta “la rebelión nacional contra el gobierno comunista”. John Foster Dulles, al corriente de todo, espera ansioso los partes desde Washington y en la Ciudad de Guatemala, el embajador norteamericano Peurifoy ya tiene dispuestas las listas con los dirigentes políticos que deben ser detenidos y asesinados.
Por su parte, Arbenz decide reunirse con la plana mayor del ejército, aunque las evidentes infiltraciones de la CIA en el mismo le hacen temer lo peor. Sólo el pueblo puede salvar al gobierno, y aunque más de 5000 personas se organizaron rápidamente en los alrededores de la capital para defender al gobierno, poco podían hacer estos frente a las fuerzas de invasión y un ejército guatemalteco que mira hacia otro lado.
Una semana más tarde, el 27 de junio de 1954, un Arbenz acorralado decide hacer pública una grabación radiofónica en la que se recoge su renuncia a la Presidencia de la República. Una Junta Militar con el visto bueno de Washington se hace con el poder. Guatemala volvía a ser un régimen satélite de los Estados Unidos.
La represión política y el asesinato selectivo volverían a estar a la orden del día; los logros conseguidos por la revolución son en pocos meses un recuerdo del pasado. Mientras, la CIA y el Departamento de Estado se felicitan por el éxito de la operación.
“Yo vi la caída de Jacobo Arbenz. La lucha comienza ahora”
La serie de reformas políticas emprendidas por el gobierno de Jacobo Arbenz no sólo pusieron a Guatemala bajo el foco de los Estados Unidos, también una nueva generación de militantes de izquierdas latinoamericanos tomaron buena cuenta de la situación guatemalteca. Muchos de estos jóvenes veían en el pequeño país un ejemplo de soberanía e independencia a imitar en todo el continente.
Entre ellos destaca la figura de Ernesto Che Guevara, el cual, tratando de poder ejercer como médico de estado, se había desplazado al país para conocer de primera mano la situación. Comprometido con el gobierno de Arbenz, vivió con preocupación todos los ataques contra la figura del presidente, siendo clave el devenir guatemalteco en su desarrollo político.
Tanto seria así que cuando Castillo Armas anunció su “rebelión nacional” no dudaría un todavía joven Guevara en ofrecerse como voluntario para defender la capital.
Sin embargo, ya sabemos cómo acabó la historia.
El Che, tras pasar unas semanas en la clandestinidad y más adelante cobijado en la embajada argentina, lograría por fin partir al exilio en México con muchos de sus nuevos compañeros. La derrota dejaría una profunda huella en el revolucionario, que plantearía por primera vez en sus escritos la necesidad de que el pueblo tomara las armas contra el imperialismo americano.
Como bien concluía su análisis: ¨Yo vi la caída de Jacobo Arbenz. La lucha comienza ahora¨. Estados Unidos había derrotado la experiencia revolucionaria guatemalteca, pero su mayor pecado era otro, había convencido a toda una generación de que la lucha armada era el único camino. Las guerrillas se convertirían en poco tiempo en el instrumento predilecto de lucha de la izquierda latinoamericana. Años más tarde, otro compañero de Ernesto Che Guervara, Fidel Castro, expresaría lo siguiente:
“El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino que es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar”
Una carta pública y una rebelión en ciernes: un grupo de cardenales ha expresado preocupación por las enseñanzas del papa Francisco y lo ha acusado de causar confusión en asuntos clave para la doctrina católica.
En una carta dada a conocer esta semana, cuestionan al Pontífice por su exhortación apostólica Amoris laetitia(“La alegría del amor”), un documento que intenta abrir nuevos caminos para los divorciados católicos y delinear una Iglesia más tolerante en aspectos relacionados con la familia.
En rigor, la misiva no es nueva: la enviaron en septiembre, con cinco preguntas concretas que requerían sólo un “sí” o un “no” como respuesta por parte del Papa para aclarar lo que los cardenales consideran dudas o imprecisiones que tocan directamente“la integridad de la fe católica”.
Pero lo que resulta inédito es que ahora hayan decidido hacerla pública.
Los cuatro altos prelados, representantes de los sectores más conservadores del catolicismo, apuntan que Francisco ha generado “grave desorientación y gran confusión entre muchos creyentes”.
Y le piden solución para las “interpretaciones contradictorias” que se desprenden de su tratado sobre el amor.
Avalada por cuatro cardenales -funcionarios del más alto rango de la jerarquía eclesiástica-, la carta representa una muestra abierta de rebeldía, que refleja el descontento de los tradicionalistas en el seno de la Iglesia.
Los firmantes son tres cardenales retirados: los alemanes Walter Brandmüller y Joachim Meisner, y el italiano Carlo Caffarra; más el estadounidense Raymond Leo Burke, el único en funciones aunque degradado en 2014 de un alto cargo en la Signatura apostólica y crítico asiduo del actual Papa.
Afirman que eligieron difundirla después de esperar dos meses por una respuesta del Pontífice que nunca llegó.
Pero detrás del comunicado se vislumbra una confrontación mayor entre facciones del catolicismo que ya se había esbozado al momento de la publicación de Amoris laetitia, en abril de este año. Este tratado, de 260 páginas, es una guía de la vida en familia que propone una aceptación por parte de la Iglesia de algunas realidades de la vida moderna.
En él se pide una mirada compasiva, en lugar de crítica, de las “familias heridas” o divididas, y se exhorta a los sacerdotes a tratar con compasión, por ejemplo, a los católicos divorciados y vueltos a casar, alegando que “nadie puede ser condenado para siempre”.
La exhortación había sido muy esperada entre los 1.300 millones de católicos del mundo y fue una de las jugadas fuertes del Papa para darle su impronta a una Iglesia que pueda considerarse más abierta e inclusiva.
Sin embargo, grupos de teólogos y obispos reclamaron entonces que la Amoris laetitia estaba plagada de imprecisiones que daban lugar a interpretaciones contradictorias de la doctrina.
Ahora, el momento en que los cuatro cardenales eligieron dar a conocer su carta no es casual, señalan expertos en temas vaticanos: ocurre poco después de que se filtró una comunicación del Papa con los obispos de su natal Buenos Aires, en la que el líder sugería una interpretación de su documento pastoral que había sido considerada“herética” por uno de los cardenales signatarios.
En particular, el polémico capítulo ocho de Amoris laetitia, que habla de la posibilidad de que los divorciados que vuelven a contraer matrimonio civil, sin haber conseguido la anulación de su unión religiosa, puedan recibir la comunión.
Esto no lo ha permitido la iglesia por siglos, por considerar quetodo intento de vivir en pareja tras una separación representa una unión “irregular” y un acto de adulterio, salvo que se abstengan de tener relaciones sexuales y convivan “como hermano y hermana”.
El documento papal no cambia la doctrina, pero abre las puertas a que los obispos de cada país la interpreten de acuerdo a la cultura local y contemplen cada caso particular.
Si hay factores que limitan la “responsabilidad y culpabilidad” del divorciado, escribió el Papa, entonces “la Amoris laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía”.
“No hay otra interpretación”, remató Francisco en su carta a los obispos argentinos, considerada una nota al pie de la exhortación apostólica.
La carta de los cardenales díscolos, difundida el lunes, interroga precisamente al Papa sobre esta cuestión.
Lo hace mediante dubias, preguntas teológicas que requieren una respuesta negativa o positiva, sin más, y que son un mecanismo para resolver dilemas referidos a los sacramentos o a normas morales absolutas.
La primera dubia cuestiona si, contra lo que habían establecido Papas anteriores, “ahora es posible absolver” o “dar la santa comunión a una persona que, aunque atado por un vínculo matrimonial, vive con otra persona como marido y mujer”, lo que contradice expresamente una encíclica de 1981 del Papa Juan Pablo II.
La falta de respuesta del Pontífice a esta y otras cuatro preguntas llevó a la decisión de hacer pública su preocupación, señalan los cardenales, según les dicta su “conciencia de responsabilidad pastoral”.
Pero niegan que se trate de un ataque “conservador” contra los sectores“progresistas” de la Iglesia, ni de un “intento de hacer política en la Iglesia” o sublevarse frente al Papa, con quien los une “un afecto colegiado”.
Sin embargo, la lectura política del reclamo que cobró estado público no tardó en llegar. Ocurrió con la carta ahora, pero había ocurrido antes con la Amoris laetitia.
Entre los teólogos más conservadores, se sostiene la idea de que las enseñanzas modernizadas del Papa sobre las familias y los divorciados católicos son en parte“sacrílegas” y “pueden justificadamente ser consideradas heréticas”, como señala Steve Skojec, cofundador y director de la publicación católica One Peter Five.
Lo ven como un movimiento del Papa tendiente a relajar las normas morales que debilitará los fundamentos de la Iglesia.
Otros, en tanto, consideran que la polémica Amoris laetitia no tiene peso suficiente, ni mucho menos lo tiene la carta filtrada a los obispos porteños, como para alimentar una revuelta entre cardenales.
Y apuntan que ambas deben ser leídas en línea con la tradición católica preexistente.
Lo cierto es que la carta no es la primera interpelación al líder del catolicismo: en julio, 45 teólogos y eclesiásticos firmaron otra misiva, dirigida al Colegio Cardenalicio, en el que pedían clarificaciones a Francisco.
Y las cuestiones relacionadas con el divorcio -así como con la homosexualidad, la educación sexual, la inequidad económica, la responsabilidad frente al cambio climático y otros temas ríspidos para la jerarquía católica- están destinadas a dejar al desnudo la línea de fractura entre el Papa y los sectores más conservadores bajo su tutela.
“El Papa no ha cambiado la doctrina, sino que ha abierto puertas para una mayor conexión con los católicos en asuntos como el divorcio y para la consideración de casos particulares”, apunta la periodista Caroline Wyatt, por muchos años encargada de temas religiosos en la BBC.
“Pero los tradicionalistas dirán que el Papa abre un camino al caos futuro, al introducir la idea de que eso de ‘una misma talla sirve para todos’ dentro de la Iglesia podría no ser la manera de avanzar”.
En el otro extremo, apunta Wyatt, siempre estarán los liberales, también descontentos pero en este caso porque no se ha hecho suficiente en el postergado proceso de modernización del catolicismo: esperan “algo que el Papa nunca será capaz de entregar”.
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