Introducción
Hace unos treinta años, un sagaz campesino colombiano me dijo: “Cuando oigo hablar de `acuerdos de paz´, escucho al gobierno afilar sus cuchillos”.
Últimamente se ha hablado mucho de acuerdos de paz en todo el mundo. En casi todas las regiones o países que sufren una guerra o una invasión se ha mencionado la posibilidad de negociar “acuerdos de paz”.
En muchos casos, estos llegaron a firmarse y todavía no han logrado acabar con los asesinatos y el caos provocados por la parte beligerante apoyada por Estados Unidos.
Vamos a repasar brevemente algunas de estas negociaciones del pasado y del presente para comprender las dinámicas de los “procesos de paz” y los resultados subsecuentes.
El proceso de paz
Actualmente están en marcha diversas negociaciones supuestamente diseñadas para lograr acuerdos de paz.
Entre ellas podemos citar:
las discusiones en Ucrania entre la junta, con sede en Kiev y respaldada por la OTAN y EE.UU., y la dirigencia de la región de Donbas, situada al este del país, opuesta al golpe y a la OTAN;
en Siria, entre la coalición saudí-EE.UU.-OTAN-terroristas armados y el gobierno sirio y sus aliados rusos, iraníes y de Hezbolá;
en Palestina, entre el régimen colonial israelí respaldado por EE.UU. y las fuerzas por la independencia palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza;
y, en Colombia, entre el régimen del presidente Santos apoyado por EE.UU. y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay otras negociaciones de paz en marcha que no han recibido atención pública.
Resultados de acuerdos de paz del pasado y del presente
A lo largo del pasado cuarto de siglo se firmaron diversos acuerdos de paz, todos los cuales llevaron a la rendición tácita de los protagonistas antiimperialistas armados y de los movimientos populares de masas.
En América Central, los acuerdos firmados en El Salvador y en Guatemala condujeron al desarme unilateral del movimiento de resistencia, la consolidación del control de la economía por la oligarquía y el crecimiento y proliferación sin trabas de bandas de narcotráfico y escuadrones de la muerte auspiciados por el gobierno.
A consecuencia de ello se produjo una escalada del terror interno. Los líderes de la resistencia consiguieron votos, entraron en el parlamento como políticos y, en el caso de El Salvador, ocuparon altos cargos.
Las desigualdades se mantuvieron o empeoraron al igual que los asesinatos, que llegaron incluso a superar las cifras del periodo previo al acuerdo de paz.
Un gran número de emigrantes, con frecuencia refugiados que huían de la violencia de las bandas armadas, entraron ilegalmente en EE.UU. Este país consolidó sus bases y sus operaciones militares en América Central, mientras la población seguía sufriendo.
Las negociaciones de paz israelí-palestinas no produjeron ningún acuerdo, pero sirvieron para proporcionar una ligera tapadera al aumento de la anexión de tierras palestinas para construir enclaves racistas “solo para judíos”, provocando asentamientos ilegales a más de medio millón de colonos judíos.
Estados Unidos respaldó por completo la farsa del proceso de paz, financiando a los líderes-vasallos corruptos palestinos y proporcionando apoyo diplomático, militar y político incondicional a Israel.
Estados Unidos-Unión Soviética: El acuerdo de paz
Se suponía que los “acuerdos de paz” entre Reagan-Bush y Gorbachov acabarían con la Guerra Fría y lograrían la paz global.
Pero, en lugar de ello, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) establecieron bases militares y regímenes clientelares por toda Europa Oriental, el Báltico y los Balcanes, saquearon los recursos nacionales y se apropiaron de las economías desnacionalizadas.
Las élites con sede en EE.UU. dominaron el régimen vasallo de Boris Yeltsin y despojaron virtualmente a Rusia de sus recursos y su riqueza.
En alianza con los oligarcas gansteriles, hundieron su economía.
El régimen postsoviético de Yeltsin compitió en las elecciones, promovió la multiplicidad de partidos y presidió un país desolado, aislado y cada vez más rodeado; al menos la elección de Vladimir Putin sirvió para “descolonizar” el aparato del Estado y reconstruir parcialmente la economía y la sociedad.
Las negociaciones de paz de Ucrania
En 2014, un golpe de Estado violento patrocinado por Estados Unidos unió a fascistas, oligarcas, generales y simpatizantes de la UE, que tomaron en control de Kiev y de la parte occidental de Ucrania. Las regiones orientales pro-democracia de Donbas y la península de Crimea organizaron la resistencia al régimen golpista.
Crimea votó unánimemente la unión con Rusia.
Los centros industriales del este de Ucrania (Donbas) formaron milicias populares para resistir a las fuerzas armadas y los paramilitares neonazis de la junta respaldada por EE.UU.
Después de unos años de caos y habiendo llegado a una situación de punto muerto, se inició un “proceso de negociación” que no impidió que el régimen de Kiev continuara atacando al Donbas.
El “intento de paz” se convirtió en la base del “Acuerdo de Minsk”, negociado por Francia, Rusia y Alemania, mediante el cual la junta de Kiev pretendía el desarme del movimiento de resistencia, la reocupación del Donbas y de Crimea y la eventual destrucción de la autonomía cultural, política, económica y militar del este de Ucrania, de mayoría étnica rusa.
En consecuencia, el “Acuerdo de Minsk” ha sido poco más que un plan fracasado para lograr la rendición.
Mientras tanto, el saqueo masivo de la economía de la nación perpetrado por la junta de Kiev ha convertido Ucrania en un Estado fallido en el que 2,5 millones de habitantes se han trasladado a Rusia y muchos otros miles han emigrado a Occidente a cavar patatas en Polonia o se han incorporado a los burdeles de Londres y Tel Aviv.
La juventud desempleada restante ha quedado con la sola opción de vender sus servicios a las tropas de choque de los paramilitares fascistas de Kiev.
Colombia: ¿Acuerdo de paz o cementerio?
Si examinamos sus encarnaciones pasadas y la experiencia presente, resulta prematuro celebrar el “acuerdo de paz” de las FARC colombianas y el presidente Santos.
En las últimas cuatro décadas, los regímenes oligárquicos colombianos, apoyados por el ejército, los escuadrones de la muerte y Washington han convocado innumerables “comisiones de paz”, inaugurado negociaciones con las FARC y procedido a romperlas para relanzar guerras a gran escala, utilizando los “acuerdos de paz” como un pretexto para diezmar y desmoralizar a los activistas políticos.
En 1984, el que era presidente Belisario Betancourt firmó un acuerdo de paz con las FARC conocido como el “Acuerdo Uribe” por el cual miles de activistas y simpatizantes de las FARC se desmovilizaron, fundaron un partido legal, la Unión Patriótica (UP), y entraron en el juego electoral.
En las elecciones de 1986, candidatos de la UP fueron elegidos senadores, congresistas, alcaldes y concejales y su candidato presidencial consiguió más del 20% del voto nacional.
En los siguientes cuatro años, de 1986 a 1989, más de 5.000 dirigentes, cargos electos y candidatos presidenciales de la UP fueron asesinados en una campaña nacional de terror.
Decenas de miles de campesinos, trabajadores del petróleo y jornaleros de las plantaciones fueron asesinados, torturados y empujados al exilio.
Los escuadrones paramilitares de la muerte y los ejércitos privados de los terratenientes, aliados con las Fuerzas Armadas de Colombia, asesinaron a miles de líderes sindicales, periodistas, trabajadores y familiares.
La “estrategia paramilitar” del ejército contra no combatientes y civiles de las aldeas había sido desarrollada en los sesenta por el general del ejército estadounidense William Yarborough, comandante del centro especial de la guerra del ejército estadounidense y creador de las fuerzas especiales conocidas como “boinas verdes”.
A los cinco años de su creación, la Unión Patriótica había desaparecido: sus miembros supervivientes se habían exiliado o pasado a la clandestinidad.
En 1990, el recién elegido presidente César Gaviria proclamó el inicio de nuevas negociaciones de paz con las FARC.
A los pocos meses de su anuncio, el presidente ordenó el bombardeo de la “Casa Verde”, donde se alojaban dirigentes de las FARC y un equipo negociador.
Afortunadamente, pudieron escapar antes del ataque traicionero.
El presidente Andrés Pastrana (1998-2001) demandó nuevas negociaciones de paz con las FARC que se llevarían a cabo “en una zona desmilitarizada”. Las conversaciones se iniciaron en la región selvática de El Caguan en noviembre de 1998.
El presidente Pastrana había negociado con las FARC y activistas sociales numerosas promesas, concesiones y reformas pero, al mismo tiempo, había firmado un acuerdo multimillonario de ayuda militar por diez años con el presidente Clinton, conocido como “Plan Colombia”.
Esta práctica de “dobles relaciones” culminó con el inicio por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia de una “política de tierra quemada” contra las “zonas desmilitarizadas” bajo el recién elegido presidente Álvaro Uribe, relacionado con los escuadrones de la muerte.
A lo largo de los siguientes ocho años, el presidente Uribe empujó al exilio interno a cerca de cuatro millones de campesinos colombianos.
Gracias a la financiación de cientos de miles de millones por parte de Washington, Uribe pudo duplicar el volumen de las fuerzas armadas hasta superar los 350.000 hombres, a la vez que incorporaba a miembros de los escuadrones de la muerte al ejército. Asimismo, supervisó la formación de nuevos grupos paramilitares.
Hacia 2010, el número de guerrilleros de las FARC había descendido de 18.000 combatientes a menos de 10.000, se habían producido cientos de bajas civiles y millones de personas perdieron su hogar.
En 2010, el antiguo ministro de defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, fue elegido presidente.
En 2012, Santos inició otro “proceso de paz” con las FARC, que fue firmado finalmente a finales de 2016.
Según este nuevo acuerdo negociado en Cuba, cientos de oficiales implicados en torturas, asesinatos y desplazamientos forzosos de campesinos recibirían inmunidad mientras que las guerrillas de las FARC tendrían que enfrentarse a juicio.
El gobierno prometió la reforma agraria y el derecho al retorno a los campesinos desplazados y sus familias.
No obstante, cuando los campesinos regresaban para reclamar sus tierras, eran expulsados o incluso asesinados.
Los dirigentes de las FARC aceptaron la desmovilización y el desarme unilateral que tendría que realizarse en junio de 2017.
El ejército y sus aliados paramilitares conservarían sus armas y obtendrían el control total sobre las zonas previamente liberadas por las FARC.
El presidente Santos aseguró que el “acuerdo de paz” incluiría una serie de decretos presidenciales para privatizar los recursos minerales y petroleros del país y convertir las pequeñas granjas familiares en plantaciones para la agroexportación.
A los campesinos-rebeldes desmovilizados se les ofreció parcelas de tierra yerma y marginal, sin recibir apoyo del gobierno ni fondos para carreteras, aperos, semillas, fertilizantes, ni siquiera para construir las escuelas o viviendas necesarias para la transición.
Aunque algunos de los líderes de las FARC obtuvieron escaños en el Congreso y la libertad para presentarse a las elecciones sin ser hostigados, las bases jóvenes de la guerrilla y los campesinos quedaban sin muchas alternativas, a no ser la de unirse a los paramilitares o las bandas de narcotráfico.
En resumen, este repaso histórico demuestra que sucesivos presidentes y regímenes colombianos han violado sistemáticamente todos los acuerdos de paz, asesinado a los rebeldes firmantes y mantenido el control de la economía y la mano de obra por parte de las élites.
Antes de la actual elección, Santos presidió la década más letal siendo ministro de defensa con Uribe.
Por su intermediación para lograr la paz de los cementerios para decenas de miles de campesinos y activistas colombianos, el presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
En la Habana, los líderes y negociadores de las FARC recibieron los elogios del presidente cubano Raúl Castro, el presidente Obama, el presidente Maduro de Venezuela y la gran mayoría de “progresistas“ y derechistas de Norteamérica, Sudamérica y Europa.
La sangrienta historia de Colombia, con sus asesinatos generalizados de activistas por los derechos humanos y líderes campesinos, ha continuado incluso cuando se estaban firmando los documentos que señalaban el Acuerdo de Paz.
Durante el primer mes de 2017, los escuadrones de la muerte, vinculados a la oligarquía y el ejército, asesinaron a cinco activistas por los derechos humanos.
En 2015, cuando las FARC negociaban varias clausulas del acuerdo, más de 120 campesinos y activistas fueron asesinados por los grupos paramilitares que continuaban actuando libremente en zonas controladas por el ejército de Santos.
La maquinaria propagandística de los medios de comunicación de masas continúa repitiendo la mentira de que “más de 200.000 personas perdieron la vida a manos de la guerrilla y el ejército”, cuando la inmensa mayoría de los asesinatos fueron cometidos por el gobierno y sus aliados, los escuadrones de la muerte; una calumnia que los líderes guerrilleros no han sabido desmontar.
El prominente investigador jesuita Javier Giraldo ha documentado minuciosamente el hecho de que más de tres cuartas partes de dichas muertes fueron obra del ejército y los paramilitares.
Se nos pide que creamos que los regímenes presidenciales que han asesinado y continúan asesinando a más de 150.000 trabajadores, campesinos, líderes indígenas y profesionales colombianos se han convertido de un día para otro en socios amantes de la justicia para conseguir la paz.
En los tres primeros meses de este año, activistas defensores del acuerdo de paz con las FARC siguen siendo el objetivo y siguen siendo asesinados por los paramilitares supuestamente desmovilizados.
Los líderes de los movimientos sociales denuncian un aumento de la violencia por parte de las fuerzas del ejército y sus aliados.
Incluso los monitores de los acuerdos de paz y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos admiten que la violencia estatal y paramilitar está destruyendo cualquier estructura pensada por el presidente Santos para implementar las reformas.
A medida que las FARC se retiran de las regiones bajo control popular, los campesinos que pretenden acogerse a la reforma agraria se convierten en objetivo de los ejércitos privados.
El régimen de Santos está más interesado en proteger las apropiaciones masivas de tierras de los grandes consorcios mineros.
Mientras los asesinatos de partidarios de las FARC y activistas de derechos humanos se multiplican, mientras el presidente Santos y Washington intentan aprovecharse de una guerrilla desarmada y desmovilizada, el “histórico acuerdo de paz” se convierte en un gran engaño diseñado para expandir el poder imperial.
Conclusión: Epitafio para los acuerdos de paz
Una y otra vez, en todo el mundo, las negociaciones y los acuerdos de paz orquestados por el Imperio han tenido un solo objetivo: desarmar, desmovilizar, derrotar y desmoralizar a los luchadores de la resistencia y a sus aliados.
Los “acuerdos de paz”, tal y como los conocemos, sirven para rearmar y reagrupar a las fuerzas respaldadas por Estados Unidos tras los contratiempos tácticos de la lucha de guerrillas.
Su objetivo es dividir a la oposición (la llamada “táctica del salami”) y facilitar la conquista.
La retórica de paz utilizada en estas “negociaciones de paz” significa básicamente el “desarme unilateral” de los luchadores de la resistencia, la rendición del territorio y el abandono de los simpatizantes civiles.
Las denominadas “zonas de guerra”, que contienen tierras fértiles y valiosas reservas minerales, se “pacifican” siendo absorbidas por el régimen “amante de la paz”.
Ello contribuye a sus programas de privatización y a la promoción del saqueo por parte del “Estado desarrollista”.
Los arreglos de paz negociados están supervisados por las autoridades estadounidenses, que elogian y loan a los líderes rebeldes cuando firman los acuerdos que serán implementados por regímenes vasallos del poder imperial…
Este último se asegurará de que no se produzca ningún realineamiento en política exterior ni ningún cambio estructural socioeconómico.
Algunos acuerdos de paz permiten que los antiguos dirigentes guerrilleros compitan y en algunos casos ganen elecciones como representantes marginales, mientras su base de apoyo es diezmada.
En la mayor parte de los casos, durante el proceso y especialmente tras la firma del “acuerdo de paz”, las organizaciones y movimientos sociales y sus seguidores del campesinado y la clase trabajadora, así como los activistas por los derechos humanos, acaban siendo objetivo a abatir por el ejército y los escuadrones de la muerte paramilitares que operan en connivencia con las bases militares del gobierno.
Con frecuencia, los aliados internacionales de los movimientos de resistencia les han animado a negociar acuerdos de paz para demostrar a Estados Unidos que son responsables, con la esperanza de de mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales.
No hace falta decir que las “negociaciones responsables” simplemente servirán para reforzar la determinación del poder imperial para presionar futuras concesiones y estimular agresiones militares y nuevas conquistas.
Los “acuerdos de paz” justos se basan en el desarme mutuo, el reconocimiento de la autonomía territorial y la autoridad de la administración insurgente local sobre las reformas agrarias acordadas, al tiempo que mantienen los derechos sobre los recursos minerales y el control de la seguridad militar-pública.
Los acuerdos de paz deberían ser el primer paso de una agenda política implementada bajo el control del ejército rebelde independiente y monitores civiles.
El desastroso resultado del desarme unilateral es producto de la no implementación de una política exterior y cambios estructurales progresistas e independientes.
Las negociaciones de paz presentes y pasadas, basadas en el reconocimiento de la soberanía de un Estado independiente vinculado a los movimientos de masas, siempre han terminado con Estados Unidos rompiendo los acuerdos.
Los genuinos “acuerdos de paz” son contrarios a la meta imperial de conquistar mediante la mesa negociadora lo que no pudieron ganar mediante la guerra.
James Petras
Sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos.
Artículo original en inglés:
