Transcripción ampliada de la intervención realizada el 17 de septiembre en Sant Feliu del Baix Llobregat, organizada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en la que también intervino Mireia Vehí, diputada en el Parlament por la CUP-CC. Terminando la transcripción se han producido 14 detenciones de personas acusadas de ser demócratas, decenas de registros e incautaciones de documentos y propaganda.
Compañeras, compañeros, un diluvio de amenazas, prohibiciones, registros y anulaciones de derechos y libertades está cayendo sobre el pueblo de Catalunya. El pasado 11 de Septiembre, en la Diada celebrada en el abarrotado Fossar de les Moreres, ya dijimos que debíamos prepararnos para resistir la represión que se endurecería contra el pueblo catalán. Ahora, una semana después, en esta plaza pública también abarrotada, reiteramos nuestro incondicional apoyo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la libertad del Principat y de los Països Catalans.
Hasta este día 17 de Septiembre el Estado ha utilizado a baja presión el lanzallamas del Artículo 155 de la Constitución monárquica, pero ha dudado en meterle máxima presión porque no os arrodilláis con el documento nacional de identidad español en la boca.
También ha despertado de su plácida somnolencia al rebaño intelectual que pace en el pesebre de las subvenciones y de la industria político-cultural, para que, a coro, arremeta contra vuestros derechos, que son los de todos. Como dijimos en la Diada, la apisonadora y la trituradora estatal de las que hablábamos en el Fossar se están activando al máximo.
Sin embargo, por razones que sería largo exponer ahora, muchas personas de buena fe creían que el avance a la democracia, a la soberanía y tal vez a la independencia, sería bastante tranquilo, sin problemas, porque al final el Estado español aceptaría la voluntad catalana pacíficamente expresada.
Y tened en cuenta que ahora mismo hablo de «democracia» y «soberanía» en abstracto, sin decir nada de su contenido y esencia de pueblo trabajador oprimido nacionalmente, de mujeres sometidas a la triple explotación, de juventud popular empobrecida y precarizada, etc., porque estaros seguros que las violencias del Estado golpearán hasta los rincones más ocultos de esta Catalunya trabajadora según el independentismo desarrolle su contenido socialista, y golpearán con el apoyo decidido de la burguesía autóctona anti independentista y reaccionaria hasta la médula.
Teniendo todo esto en cuenta, no podemos dejar pasar este gran acto de masas para reflexionar públicamente sobre las lecciones de la historia especialmente válidas para el presente catalán. Veremos dos procesos vascos diferentes pero idénticos, y que por ello mismo pueden iluminar cada uno a su modo el presente catalán.
Veremos la represión del proceso pacífico de masas que se autoorganizó para recuperar las libertades vascas en el verano de 1934 bajo la represión de la II República, y luego veremos el conocido como Plan Ibarretxe de comienzos del siglo XXI que se inscribe como una maniobra sectaria y oportunista para sacar tajada partidista en el huracán represivo lanzado por el PP contra Euskal Herria desde 1997.
La II República no hizo nada por facilitar el diálogo con los partidos e instituciones vascas para reinstaurar los derechos del País, al contrario: por ejemplo, en 1932 un joven donostiarra fue condenado a 21 años de cárcel por hablar en euskara en un juicio. Peor aún, en 1934 el Ministerio de Hacienda intentó aplicar impuestos al País contrarios a la legalidad del Concierto Económico.
Además, la II República seguía manteniendo la interinidad de las Diputaciones pese a las rondas electorales que se habían celebrado. Las fuerzas, organizaciones y partidos vascos habían comprobado de nuevo que tres años de democracia republicana estaban endureciendo las represiones. Existe una inquietante semejanza de fondo entre los controles coercitivos de la II Republica sobre las Diputaciones y el Concierto Económico y el actual Art. 155 aplicado contra Catalunya.
Ante esas agresiones cada vez más graves, 200 municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que representaban a 823.216 de los 881.000 habitantes de los tres territorios, se autoorganizaron en Comisión Interina y el 5 de Julio de 1934 decidieron celebrar elecciones el 12 de Agosto para resolver los dos problemas entonces cruciales: la interinidad impuesta por el Estado que anulaba de facto la soberanía de las Diputaciones vascas, y mostrar la defensa del Concierto Económico.
La II República declaró ilegal las elecciones del 12 de Agosto y puso en marcha todas sus fuerzas represivas materiales y culturales. El 6 de Agosto, la Comisión Interina se reafirmó en celebrar las elecciones del día 12 a pesar de la ocupación militar del País.
Las fuerzas armadas españolas entraron en los Ayuntamiento, detuvieron a más de sesenta alcaldes y gran número de concejales. La respuesta popular fue organizar las elecciones en la calle, en locales o en otros sitios. En Bizkaia había 115 Ayuntamientos y se levantaron 100 actas electorales ya realizadas, de modo que el alcalde de Bilbao ridiculizó en un comunicado la versión del Gobernador Civil de Bizkaia que aseguraba que las elecciones habían sido un fracaso.
El 21 de Agosto la Comisión Interina publicó todos los resultados, demostrando la rotunda victoria pese a la implacable ocupación militar. La Comisión de Alcaldes de Nafarroa no pudo reunirse en el Ayuntamiento de Lizarra por estar ocupado por la Guardia Civil, escondiéndose en el monte para lanzar un Manifiesto de protesta y de apoyo a los derechos populares.
La Comisión Interina se transformó en Comisión Municipal Permanente del País Vasco, para avanzar en el doble objetivo arriba visto. La represión española se obsesionó con detener a la Comisión Permanente que tuvo que actuar en la clandestinidad porque miembros suyos eran detenidos y trasladados a cárceles, incluida la de Burgos.
La II República no podía tolerar la democracia municipal vasca. La Comisión Permanente demostró la eficacia de sus métodos de seguridad y su poder de masas cuando convocó una Asamblea para el 2 de Septiembre en Zumárraga en la que se oficializarían las Comisiones elegidas el pasado 12 de Agosto.
La Asamblea de Zumárraga fue prohibida, pero la Comisión Permanente aseguró que se realizaría de cualquier manera. Hubo algún intento de negociar con las fuerzas represivas para evitar males mayores, e incluso una añagaza de concesiones del Estado a cambio de su suspensión.
Pero mientras tanto se había endurecido el ataque al Concierto Económico con doce leyes y decretos vigentes contrarios al Concierto, lo que demostraba que España seguía atacando las libertades. La II República estaba aplicando en silencio el Art. 155 avant la lettre lo que irritó aún más al pueblo que no hubiera aceptado una marcha atrás de Comisión Permanente, desconvocando la Asamblea de Zumárraga.
La ciudad fue cercada, carreteras, vías férreas y caminos que llevaban a Zumárraga fueron cortados por las fuerzas armadas. Se detenía a gente en estaciones tan lejanas como la de Bilbao. Pero muchas personas sortearon los controles y se realizó la Asamblea en medio de un clima de tensión por la amenazante presencia de fuerzas represivas que, sin embargo, no atacaron. Catalunya estuvo presente en Zumárraga mediante una delegación de solidaridad internacional que asumió los mismos riesgos que los vascos y vascas.
La represión no se detuvo después de la Asamblea, sino que se endureció en cuatro aspectos: uno, múltiples prohibiciones de actos; dos, advertencia del Gobierno de que «Si el pueblo se levanta la Fuerza tiene órdenes de disparar contra los parlamentarios, no contra el pueblo»; tres, detenciones de dirigentes, alcaldes y concejales que fueron trasladados en cuatro camionetas a la cárcel de Burgos; y cuatro, el asesinato de otro dirigente del PNV, Manuel de Andrés, por terroristas de la Falange.
En verano de 1934 la II República apretó las clavijas de su doctrina y del sistema represivo contra Euskal Herria, integrando tácticas, métodos y recursos, incluso cambiando de estrategia cuando fuera necesario para obtener los mismos objetivos. Faltaba menos de dos años para la sublevación franquista.
Mientras los conjurados organizaban la inminente masacre sin apenas ser molestados por el Gobierno que empezaba a disponer de suficiente información, éste arremetía contra las clases y pueblos explotados: aplastó a cañonazos la Revolución de Octubre de 1934. Poco antes, en 1933, la II República había masacrado al pueblo gaditano de Casas Viejas.
Desde 1997 la represión dio otro salto en el proceso de ilegalizaciones de la izquierda abertzale, arremetiendo desde 2003 contra sus organizaciones electorales, contra lo que siempre se denominaba como Herri Batasuna, y que luego debió buscar otras «franquicias legales» para seguir haciendo política institucional.
Fue en ese contexto de destrucción de derechos iniciado manifiestamente con el cierre del diario EGIN en 1998 y en 2003 del diario Euskaldunon Egunkaria, cumpliendo el plan de «Todo es ETA» diseñado por Baltasar Garzón, cuando la facción entonces dominante en el PNV y el lehendakari Ibarretxe pretendieron culminar un plan de reforma del Estatuto de Autonomía de la CAV con tres objetivos:
Uno, el PNV creía que la izquierda abertzale se estaba diluyendo tras tantos años de persecuciones y que podría quedarse con muchos de sus votos agotados o desilusionados si les prometía como señuelo un nuevo Estatuto, más lleno de contenido.
Dos, adecuar el Estatuto a las nuevas necesidades de una economía relativamente industrializada con mediana tecnología y mediana productividad del trabajo, en un capitalismo estatal que había optado por supeditar la industria creadora de valor al turismo, al ladrillo y los servicios, a la economía sumergida, la corrupción, etcétera.
Y tres, cerrar para siempre la esperanza y la conciencia de amplios sectores populares de que la independencia era la única salida, era una necesidad, abandonando esa reivindicación «superada» y rechazando toda posibilidad de referéndum haciendo del Estatuto y de un «nuevo foralismo» la solución permanente.
En las elecciones de mayo de 2001 la alianza PNV-EA logró 604.222 votos, la alianza españolista 580.128, y la izquierda abertzale sólo 143.139. La burguesía creía que forzando las promesas estatutarias terminaría por desangra a la izquierda abertzale y podría atraerse a sectores de la juventud que dudaban entre el Estatuto vasco y la Constitución monárquica.
Los resultados electorales así lo sugerían. El PNV no perdió el tiempo y el Plan Ibarretxe fue anunciado en el Parlamento en Septiembre de ese año, presentándose en Octubre de 2003 y siendo aprobado con mayoría absoluta en Diciembre de 2004. Una especie de fruta del paraíso lentamente estrujada para extraerle más jugo.
En Enero de 2005 el Plan fue llevado al Parlamento español que lo rechazó con 313 votos en contra, incluidos los de Izquierda Unida, 29 a favor y 2 abstenciones, las de ICV. El argumentario de quienes se «cepillaron» en Madrid el proyecto del Parlamento vasco adelantaba las mismas tesis que de quienes ahora niegan la legitimidad democrática de referéndum catalán del 1 de Octubre: arruinar la economía, «romper España», impulsa al independentismo más radical, es unilateral porque no respeta la democracia española que es de rango superior, escinde en dos a la sociedad anulando los derechos de la mayoría que no es independentista, romper con la Unión Europea, etcétera.
El Plan Ibarretxe fue abandonado sin contemplaciones al poco tiempo por la burguesía autonomista al ver su doble fracaso y su relativa victoria: pese a todo, la izquierda abertzale no se desplomó, y además el Estado español no sólo hundió el Plan, sino que advirtió de que impondría fuertes castigos económicos y políticos si el PNV no se echaba para atrás.
La intransigencia del Estado llegó al nivel de amenazar con el procesamiento en 2006 de Ibarretxe y dos dirigentes del PSOE, López y Ares, por sus reuniones con miembros de la izquierda abertzale. La victoria relativa consistió en que la reivindicación independentista fue definitivamente borrada de la conciencia de la mayor parte de la base del partido, aunque no de las bases de la izquierda abertzale.
Hubo una áspera lucha interna en el PNV que reflejaba los cambios en la burguesía vasca que a su vez reflejaban la financiarización del capitalismo mundial, y la permanente dureza del nacionalismo español.
Desde hacía unos años y como parte del auge del capital financiero, dentro de la cúpula del PNV había ido ascendiendo la facción más oportunista y cínica, más acorde con el neoliberalismo, representada por Imaz que llegó a la presidencia del partido en enero de 2004, que depuró a Ibarretxe y envió a Arzallus al altar de los ídolos inservibles. Para entonces, más y más sectores de la mediana y pequeña burguesía que habían optado por EA se planteaban ya volver de nuevo al PNV, como se demostraba en cada proceso electoral.
La burguesía dio la patada al Plan Ibarretxe implorando la protección española además de por los servicios económicos que le otorga el Estado, también porque le protegía de la fuerza del sindicalismo vasco, por su anclaje creciente en el pueblo trabajador, por el debilitamiento imparable del sindicalismo reformista y españolista.
Al margen de los altibajos electorales y superando una a una todas las represiones salvajes, el pueblo trabajador, es decir, el independentismo con conciencia nacional de clase proletaria, resistía a la estrategia de desindustrialización, de liquidación de la «cultura del hierro» que había sido su oxígeno desde finales del siglo XIX.
No detallamos ahora la planificada destrucción de las bases objetivas y subjetivas del pueblo trabajador de la fase de la segunda y tercera revolución industrial, y sus efectos en la lucha nacional de clase, entre ellos el giro estratégico de una parte de la izquierda abertzale.
El desmantelamiento industrial aplicado desde finales de los ’70 obedeciendo órdenes del imperialismo no conseguía a inicios del siglo XXI liquidar definitivamente la conciencia obrera y popular. La gran burguesía hacía más de un siglo que se sentía española, y la mediana y el grueso de la pequeña burguesía comprendieron que el abandono del Plan Ibarretxe era beneficioso para ellas.
Vosotras y vosotros conocéis mejor que yo cómo va la lucha de clases en Catalunya, la lucha de las mujeres, del precariado, de las y los asalariados todavía fijos, de la fuerza de trabajo sumergida y emigrante, de la juventud sin futuro, de las y los parados, de la «tercera edad», etcétera,
Cómo y por qué se ha roto la extinta CiU, por qué el sector autonomista y de orden del CiU no ha podido sujetar en corto al sector del Puigdemont. Por qué este sector formado más por la mediana y sobre todo pequeña burguesía no se ha plegado a España como sí lo hizo la mayoría de esas mismas fracciones de clase en Euskal Herria, que han ido abandonando EA para volver al PNV. O dicho de otro modo, por qué Puigdemont dirige una fuerza que mantiene su dignidad y su conciencia y por qué el PNV sigue protegiéndose detrás del Estado, del que incluso forma parte en alguna de sus estructuras burocráticas.
La respuesta pasa por conocer las diferencias entre los capitalismos vasco y catalán, sus respectivas historias de luchas de clases y consiguientemente las maniobras y tácticas diferentes que aplica el Estado contra cada una de nuestras naciones. Recordemos por ejemplo, que el Estado aireó una parte pequeña de la corrupción de CiU, limitándose al clan Pujol, y que por ahora calla casi todo lo que sabe sobre la corrupción en la parte que domina de Euskal Herria, sobre el PP y UPN en Nafarroa, y sobre el PNV y el PSOE en la CAV. ¿A qué espera? Guarda esas y otras bazas para cuando las necesite.
Sin embargo, las diferencias desaparecen cuando llegamos al fondo del problema: los beneficios que extrae con la opresión nacional de los pueblos explican que, como hemos visto en 1934, 2005 y 2017, se aplicasen esencialmente las mismas medidas represivas que van más allá del Art. 155 como quieren hacernos creer los reformistas para lavar su imagen.
Una de ellas es la negación de Catalunya y Euskal Herria como sujetos políticos dotados del derecho inalienable de regirse por sí mismos, negar que somos naciones capaces de gobernarnos a nosotras mismas. Negarnos nuestra identidad es infantilizarnos, hacernos dependientes de un poder superior, extranjero, inaccesible, que controla nuestro presente y futuro, que dicta nuestra historia, que nos protege y nos castiga con «amor de padre». Los discursos de Felipe VI son un ejemplo de ello.
Hemos visto muy rápidamente una de las crisis irresolubles que pudren a España: la debilidad estructural de su Estado-nación como espacio material y simbólico de acumulación ampliada capaz de integrar a los pueblos oprimidos.
No nos extendemos en otras formas de esa quiebra interna, como el desprecio abierto o soterrado hacia las culturas y lenguas de los pueblos oprimidos, el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados con las burguesías «regionales», el reforzamiento del nacional-catolicismo y el poder de la Iglesia más tridentina, la esencia nacionalista de la industria político-mediática española…
Hay otra tres crisis más. Una y fundamental es el atraso tecnocientífico y en la productividad del trabajo. A medio y largo plazo la productividad del trabajo es la clave para el desarrollo socioeconómico y cultural. En Europa, solo Grecia, Moldavia y Serbia van más atrasadas que España en la productividad del trabajo y en la formación tecnocientífica de las empresas.
Lo peor es que la distancia se agranda con el tiempo y la única forma que conoce el bloque de clases dominante en el Estado es la de aumentar la explotación laboral, reducir los salarios, liquidar el gasto público y social, incumplir los acuerdos internacionales que obligan a inversiones no productivas, etc., para compensar así el agudo y permanente retroceso en I+D+i, en ciencia y en educación.
Otra y muy relacionada con la anterior es el peso plomizo de la corrupción, de la economía sumergida, del dinero ilegal, sucia arena gruesa que obtura el engranaje socioeconómico porque es consustancial a la abulia burocrática, a la inoperancia administrativa y al conchabeo clientelar.
Las empresas del Ibex-35 han triplicado el desvío de capital a paraísos fiscales durante la crisis, teniendo ahora 1.285 filiales. Tenemos la masa de dinero sucio, de economía corrupta, de fraude fiscal en todas sus formas, que se mueve fuera de cualquier control. Un informe reciente cifra esta masa en el 17,2% del PIB aunque otros lo amplían algunos puntos más según qué criterios se utilicen.
Otro estudio indica que muy pocas grandes familias españolísimas y patrioteras de «Santiago y cierra España» evaden el 12% del PIB. Tenemos la ineficacia estatal a la hora de superar la crisis financiera, que ha supuesto una pérdida de al menos 40.000 millones de euros, mientras que Alemania, Gran Bretaña y Francia han sido mucho más rápidas, eficaces y ahorradoras, entre otras razones porque la banca española es putrefacta pero todopoderosa, es intocable para el bloque de clases dominante.
Por último, tenemos la «costumbre» española de preferir la represión a la reforma, el palo a la zanahoria para la resolución de cualquier problema serio. La Asamblea de Zumárraga y el Plan Ibarretxe vuelven a confirmarlo: incluso cuando se trata de aplastar movilizaciones pacíficas, que sólo actúan en las áreas institucionales y que supeditan las movilizaciones de masas a ese institucionalismo pacifista. Ahora sucede lo mismo con la represión contra Catalunya que está bajo un estado de excepción, anulados sus derechos y esperando nuevos golpes represivos.
Debemos ser conscientes que, llegados a este nivel irreversible, a partir del 2 de Octubre empezaremos una etapa nueva en esta larga lucha. Si hasta ahora hemos luchado codo con codo, lo seguiremos haciendo desde el 2 de Octubre en adelante. Y concluyo con lo que dijimos en el Fossar: aquí no se arrodilla nadie.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
