El Instituto Nacional de Ciberseguridad recibe el encargo de desencriptar los archivos bautizados por el propio comisario con alusiones a sus clientes
La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada por cada dosier con indicios de delito a los que ha podido acceder hasta ahora
La encriptación y que los delitos estén prescritos limitan la apertura de nuevas líneas de investigación a partir de las carpetas
Crece el temor a que una segunda trama ajena a Villarejo y su entorno haya accedido a parte del material grabado por el comisario durante décadas
El Incibe intenta desencriptar 400 archivos del comisario Villarejo DAVID VELASCO
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Pedro Águeda13 oct 201820:31
El comisario José Manuel Villarejo guardaba sus audios en carpetas que luego bautizaba con nombres relacionados con los protagonistas de las conversaciones. De acuerdo con los dosieres a los que se ha podido acceder por ahora, la mayoría son encargos de clientes que pagaban por la información que les vendía el policía a precios estratosféricos. El número de carpetas que le fueron incautadas en la Operación Tándem a Villarejo ronda las 400, según han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación.
Encriptadas en su mayoría, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, recibió hace dos semanas el encargo del juez para descifrar los códigos que abren esas carpetas. King, Iron, Land, Pit, Carol, Pintor y Big son los nombres de piezas abiertas a raíz de otros tantos dosieres. Todas respetan los nombres con los que Villarejo bautizó esas carpetas, a excepción de Pintor. Los investigadores acordaron cambiar el nombre original, “AR”, para evitar el escarnio a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, amiga del policía, pero ajena a una investigación que va dirigida contra su marido y el hermano de éste por haber contratado supuestamente los servicios de Villarejo para cobrar una deuda.
Los límites para que esos 400 dosieres se conviertan en otras tantas investigaciones son tres. En primer lugar, que los especialistas del Instituto Nacional de Seguridad superen la encriptación. El segundo, que una vez analizado su contenido, éste contenga indicios de delito por Villarejo. El tercero, que esos delitos no estén prescritos.
Aun así, el volumen de la información almacenada por Villarejo, casi 40 terabytes, amenaza con desbordar la capacidad del Juzgado de Instrucción número 6 y de toda la Audiencia Nacional. Hasta ahora, se han abierto piezas separadas por cada dosier, con la excepción de la carpeta Big, convertidas en diligencias separadas por decisión del juez Diego de Egea.
Big es el nombre que Villarejo dio a la carpeta donde archivó sus negocios con el también comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo. Éste habría suministrado información reservada a Villarejo con la que el policía jubilado elaboró informes que vendió a sus clientes. García Castaño está imputado por organización criminal, revelación de secretos, cohecho y blanqueo. La defensa de El Gordo acaba de solicitar al juez que le facilite la autorización del Consejo de Ministros
para revelar secretos de Estado de los últimos 30 años que explicarían que las conversaciones grabadas con Villarejo no versan sobre una práctica delictiva sino sobre operaciones secretas de la Policía.
Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad de que una avalancha de nuevas investigaciones que surjan de las carpetas cifradas provoque que el magistrado intente que sean repartidas por los distintos juzgados de la Audiencia Nacional. Por otra parte,
El País publicó que el comisario guarda tres copias de su archivo en distintos puntos del extranjero.
Mientras tanto, un nuevo actor se ha visto implicado en los negocios de Villarejo. Según
elindependiente.com, el BBVA pagó cinco millones de euros por trabajos a las sociedades del comisario entre 2012 y 2017, mientras Villarejo se encontraba en activo en la Policía. El jefe de seguridad del BBVA durante esos pagos fue Julio Corrochano, alto mando de la Policía antes de pasar a la empresa privada. El banco ha reconocido los pagos y ha añadido que obligaba a su proveedor a "cumplir la Ley".
Entre la alta sociedad
Las revelaciones del archivo de Villarejo señalan que sus clientes son miembros de la alta sociedad. Los socios del bufete de abogados Herrero y Asociados contrataron los servicios de Villarejo para atacar a otro despacho de antiguos socios, de los que sospechaban que estaban practicando competencia desleal. Villarejo abrió el dosier Iron y pidió a los letrados 600.000 euros, de los que se llegaron a abonar la mitad, según creen los investigadores. Herrero y Asociados son un exclusivo bufete del madrileño barrio de Salamanca especializado en patentes y marcas.
Otro cliente de Villarejo resultó ser la dueña de La Finca, la urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, donde viven las grandes estrellas del fútbol y otras de las rentas más altas de la capital. Susana García Cereceda y un socio contrataron los servicios del policía en 2013 para conocer los movimientos e intimidades de su hermana Yolanda y de otros miembros de la familia con los que estaban enfrentados por la herencia familiar. Villarejo les facilitó el resultado de seguimientos y tráfico de llamadas. Anticorrupción cree que cobró por eso 362.082 euros.
La pieza Pit se mantiene secreta y alude al encargo del empresario Ángel Pérez Maura el pasado año para evitar su extradición a Guatemala por un presunto soborno millonario al expresidente del país Otto Pérez, a cambio de una gran obra. La existencia de la pieza y la posible participación en los hechos de la ministra Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional fueron desveladas por
elconfidencial.com. Anticorrupción asegura que no ha encontrado ningún indicio de delito en la actuación de Delgado, que habría sido circunstancial -en sustitución del fiscal del caso- en los trámites en los que la Fiscalía rechazó que Pérez Maura fuera entregado al país centroamericano.
La ministra aparece también en otra pieza separada de Tándem, la que abrió el juez para determinar el origen de las grabaciones publicadas por
moncloa.com sobre una comida en 2009 donde Dolores Delgado comparte mesa con Baltasar Garzón y varios mandos policiales. Los comentarios homófobos de la ministra y la confesión que le hace Villarejo sobre una falsa agencia de modelos que había creado, y que en realidad era un prostíbulo para recabar información, han puesto en el disparadero a Delgado, que ha sido reprobada tanto en el Congreso como en el Senado.
La grabación de la comida de la ministra podría haber sido filtrada por personas ajenas al entorno de Villarejo a cambio de dinero, sospechan fuentes del caso. La defensa del comisario niega que éste o sus allegados estén detrás de la difusión, que perjudicaría su estrategia de defensa. La sospecha de que hay otra trama, ajena en la actualidad al policía, en posesión de grabaciones realizadas en el pasado por Villarejo, ha encendido la alarma en las Fuerzas de Seguridad del Estado.
A principios de 2017, los hermanos Fernando y Juan Muñoz, éste último marido de Ana Rosa Quintana, habrían recurrido al comisario para cobrar una deuda que tenía con ellos Mateo Martín Navarro, al que se referían como El Pintor, de ahí el nombre de la pieza separada en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Permanece como un misterio por qué Villarejo llamó Carol al dosier que guardaba las conversaciones con Corinna Larsen, la antigua amante del rey, en Londres, en presencia del expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Por el contenido de esa grabación, la Fiscalía Anticorrupción estudió si solicitar la imputación del rey emérito, al que la aristócrata alemana acusaba de prácticas que podían incurrir en varios delitos.
La falta de indicios solidos y la inviolabilidad del rey hasta 2014 provocaron que la Fiscalía pidiera muy pronto el archivo de la causa, reservándonse la apertura de una pieza aparte por unas comisiones que, en principio, no salpicarían a Juan Carlos I.
El juez acordó finalmente archivar la pieza Carol.
