Es por todos conocido que una de las características más atractivas, más de futuro, y más nativas de Bitcoin, que le valieron desde sus inicios el apoyo incondicional de la influyente comunidad cyberpunk, es la privacidad.
La privacidad es ese eterno caballo de batalla que ha venido siendo disputado desde que internet es internet por gobiernos y activistas de la privacidad.
Por todos es también conocido cómo una de las fuerzas antagónicas justifica la abolición casi total de la privacidad de los ciudadanos en pos de una mayor seguridad nacional, mientras que la otra argumenta que invade el derecho a la intimidad de los individuos, y que además se nos pone en peligro que se llegue a ejercer un control masivo sobre la población.
Sin entrar de lleno en el eterno debate, el hecho es que en este terreno de batalla se ha visto recientemente una nueva ofensiva por parte de uno de los contrincantes, y en este caso ha sido la comunidad Bitcoin la que ha sufrido el ataque. Analizamos hoy si Bitcoin lleva o no las de perder con esta nueva vuelta de tuerca.
Los Bitcoiners salen a la luz, y además con efectos retroactivos
Como pueden leer en esta noticia de The Verge, el ataque a la privacidad de Bitcoin viene ni más ni menos de una derrota judicial. Es una derrota que ha sufrido la plataforma estadounidense Coinbase, especializada en la compra-venta de crypto-activos, ante el denominado Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service o IRS por sus siglas en inglés).
El IRS es la agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos, dependiente del Departamento del Tesoro, encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.
Esta agencia federal y Coinbase mantenían abierta una batalla judicial desde hacía un año, que estaba siendo resuelta en la corte federal de California.
Como habrán podido leer, ahora dicha corte ya ha emitido una resolución al conflicto, y Coinbase ha salido muy (pero que muy) mal parada, yendo inevitablemente acompañada en este revés judicial por toda la crypto-comunidad en su conjunto.
La sentencia en concreto obliga a Coinbase a entregar al IRS los datos identificativos de todos sus usuarios que hayan comprado, vendido, enviado o recibido por un importe superior a 20.000$ al cambio en un único año dentro del período que va de 2013 a 2015.
Coinbase estima que esta sentencia afecta a 14.355 usuarios de su plataforma, y por cada cuenta abierta en Coinbase que cumpla los requisitos anteriores, deberá entregar al IRS el nombre del usuario, la fecha de nacimiento, su dirección postal, su número de identificación fiscal, así como toda la actividad de la cuenta y sus extractos.
Como relata The Verge, el IRS se escuda en su reclamación en que tan sólo 1.000 estadounidenses han declarado tener crypto-activos, mientras que Coinbase alardea de tener 6 millones de clientes.
Por otro lado, por boca del Coin Center, el universo Bitcoin se muestra profundamente insatisfecho con la resolución, debido principalmente a la falta de justificación por parte del IRS.
Argumentan que, ante la falta de evidencias de por qué esas transacciones en concreto son sospechosas, se sienta un peligroso precedente, por el que se abre la puerta a que en el futuro cualquier institución o entidad financiera pueda solicitar de forma análoga este tipo de datos, vulnerando la privacidad financiera.
Las importantes implicaciones que trae esta polémica sentencia
Como es habitual en temas judiciales referentes a temas fiscales, la retroactividad es impuesta a golpe de sentencia.
En delitos fiscales, realmente la retroactividad es totalmente necesaria, puesto que no sería justo que, por el hecho de haberse saltado la ley, el infractor quede eximido de sus obligaciones tributarias durante el periodo en que no ha cumplido con la legislación. Ello sólo llevaría a que todo el mundo lo hiciese para ahorrase un dinero en impuestos durante un tiempo hasta que se dictase sentencia.
Pero el caso de Coinbase no encaja realmente con este escenario, por lo que la retroactividad en este caso resulta como poco cuestionable.
En lo que a Bitcoin se refiere, no es que los Bitcoiners se hayan saltado ninguna legislación: directamente no había legislación ni jurisprudencia alguna. Bitcoin no estaba regulado, y se venía moviendo en el terreno de la alegalidad.
Por ello, aplicar contundentemente una sentencia en este caso con efectos retroactivos está levantando ampollas entre la crypto-comunidad.
Como habrán leído antes, la información a entregar identifica totalmente a los Bitcoiners que hayan usado Coinbase de alguna manera en el periodo indicado, haciendo saltar por los aires la privacidad que trajo crypto-moneda, fruto del diseño y la arquitectura técnica con la que Satoshi Nakamoto creó Bitcoin.
Las autoridades estadounidenses han atacado por el único flanco por el que podían hacerlo
Realmente, era de esperar la intención del IRS (y también de otras autoridades fiscales de otros países) de entrar en la crypto-esfera "como un elefante en una cacharrería".
Y además de la intención, también era de esperar el movimiento que han hecho las autoridades. Analizando el tema con un poco de detenimiento, ¿Dónde podían atacar a la privacidad de Bitcoin?
Pues realmente no podían hacerlo desde dentro del crypto-universo, donde la criptografía hace la labor con la que Satoshi Nakamoto la introdujo en Bitcoin.
Por ello, el único flanco de ataque que quedaba a las autoridades era la interfaz entre la economía real, donde (casi) todos estamos identificados y fiscalizados, y la crypto-economía, donde no lo está (casi) nadie.
Precisamente, las autoridades sólo podían aspirar a controlar los flujos entre un crypto-universo (mayormente) opaco y los ciudadanos con nombre y apellidos.
Tras esas entradas y salidas de dinero fiduciario, Coinbase debía identificar a los usuarios que las realizaban, además de recoger datos bancarios o de tarjetas de crédito/débito de las que retirar o en los que reembolsar fondos.
Ahí estaba la valiosa información propia de una plataforma que debía cumplir con la legislación del mundo real en el cual tenía una de sus "patas", y la información que Coinbase se ha resistido con uñas y dientes a entregar, porque sabe que le va la supervivencia en ello como analizaremos más adelante.
El IRS tenía puestos sus ojos sobre esta suculenta Base de Datos de Coinbase, y al final se ha salido con la suya.
¿Se pueden poner puertas al campo?
El movimiento del IRS era el esperado, pero también era el más inteligente. El más inteligente en el corto y medio plazo, eso sí, porqueen el largo plazo no parece que vaya a servir de mucho si lo que persigue el IRS es fiscalizar Bitcoin y sus usuarios.
No entraremos en este análisis en el debate de si hay que hacerlo o no: ya abordamos este tema en el análisis enlazado antes.
Aquí vamos a reflexionar sobre lo que supone esta sentencia en los plazos más largos, que son los que a la postre van a dibujar el futuro del crypto-sector, al menos en Estados Unidos.
Si lo piensan ustedes bien, el movimiento es literalmente como ponerle puertas al campo.
El crypto-universo es un universo paralelo a la economía real, que interacciona con ella por contados cauces claramente definidos, al menos mientras no acabe de llegar la esperada adopción masiva como divisa y medio de pago.
Y decimos ponerle puertas al campo por la simple razón de que las plataformas de negociación de Bitcoin son globales, se opera por internet, y perfectamente se puede operar con un intermediario asiático o neozelandés.
Si en Estados Unidos la negociación se pone fea, ésta se va a acabar yendo a hacer sus clicks a un país que defienda la intimidad de sus ciudadanos y clientes como Islandia, Suiza o cualquier otro bastión de la privacidad.
Y es por este hecho por el que les decíamos antes que Coinbase estaba luchando por su simple supervivencia: sabe perfectamente que, si sus clientes tienen menos derechos por ser una compañía estadounidense, éstos huirán a otras plataformas en las que sí los tengan, especialmente cuando la huída supone tan sólo introducir otra dirección en el navegador.
¿Y por qué nuevas medidas pueden optar entonces las autoridades crypto-hostiles?
De lo que no se dan cuenta las autoridades estadounidenses es de que, de la manera en que han actuado, el campo va a seguir estando ahí afuera.
Lo único que van a conseguir es que en plena pradera haya una puerta made un USA, plantada en mitad de la nada, pretendiendo ser la entrada/salida del universo Bitcoin a Estados Unidos, pero que será fácilmente vadeable unos metros más allá donde acaba su puerta. Valla valla como tal, que confine los Bitcoins de los estadounidenses como una frontera física, mucho me temo que es prácticamente imposible de poner hoy por hoy con una moneda software.
Porque el riesgo cierto, tanto para la crypto-comunidad como para la propia economía de Estados Unidos, es que, una vez que las autoridades del país norteamericano se den cuenta de este hecho, pueden caer en la tentación de legislar a golpe de prohibición. No debe parecerles tan descabellado.
Lo cierto es que, en un mundo en que la crypto-economía sí o sí va a sobrevivir espoleada por los países que han apostado por ella, los países que deciden legislar en su contra realmente tienen todas las de perder.
Una vez que la existencia del crypto-universo queda garantizada por otros, la globalidad de internet y de la economía en su conjunto hace que su extensión sea inevitable en mayor o menor medida al conjunto de todos los países.
Y donde la legislación llegue a ser férrea y prohiba tajantemente a golpe de ley, lo más probable es que surja un mercado negro paralelo de Bitcoins.
Tal y como pasa en cualquier país que prohíbe un bien o activo, o fija un precio oficial que no tiene nada de real, si sus ciudadanos ven valor en ese bien o activo (como lo ven en Bitcoin en China), la teoría de formación de precios va a dar con un valor de mercado, que acabará traduciéndose en un mercado negro ajeno a los precios irreales o a las prohibiciones radicales.
Esto es concreto es historia de la economía en estado puro: sin ir más lejos, recuerden con qué avidez se compraban los dólares americanos o los marcos alemanes en la Europa de Este a un cambio infinitamente más favorable que el oficial.
Lo cierto es que, siendo ecuánimes y asumiendo la bondad de ambas partes (lo cual en algunos casos reconozco que es mucho asumir), razón no les falta a ninguno de los dos contrincantes: autoridades fiscales y activistas de la privacidad.
Los argumentos de ambos son de peso, pero realmente aquí el problema es otro. Porque los gobiernos pasan, y realmente el tema es qué tipo de presidente puede acabar en el ¿futuro? gobernando un país y heredar esas "herramientas" de control masivo que ahora entran a romper también la privacidad de Bitcoin.
Y aún dejando discretamente a un lado la posibilidad de que pueda llegar a haber una política general de control masivo de la población, la otra eterna cuestión es quién controla al controlador.
Este punto es algo especialmente relevante en la cuestión de la privacidad, incluída la de Bitcoin, que recuerden que además es una moneda software portable.
La especial relevancia viene por el control casi absoluto que en el mundo virtual un agente concreto del Estado acaba teniendo sobre la vida de un ciudadano, que siempre puede acabar siendo "monitorizado" por él arbitrariamente.
Los ciudadanos pueden acabar siendo víctima de una manzana podrida en la cesta (y alguna siempre va a haber): el problema hoy en día es que, con este nivel de control virtual absoluto, a lo que se expone la víctima es prácticamente a todo en el sentido más literal de la palabra.
