Llei electoral espanyola retrograda i inutil

La retrògrada llei electoral que impedeix des de dilluns passat que es publiquin enquestes fa que aquest material estigui des d’aquell dia tan sols en mans dels partits polítics, algunes grans corporacions o els mitjans de comunicació per al seu ús particular. La Junta Electoral, tanmateix, es veu desbordada per un fet tan rudimentari com és publicar l’enquesta des d’Andorra i accedir-hi des d’internet. Fins i tot Pablo Iglesias, el candidat de Podemos a la presidència del govern espanyol, per animar els seus partidaris, els va convidar dimarts en un míting a anar al web d’El Periódico d’Andorra per veure com creixien les seves expectatives electorals.

El partit morat ha tornat a entrar amb força en la recta final de la campanya mentre que als taronja, els Ciutadans d’Albert Rivera, se’ls estan fent massa llargs els quinze dies que dura. La capacitat de mossegar electorat socialista és tal que fins i tot hi ha una seriosa preocupació al PP i al carrer Génova. De tots els escenaris demoscòpics amb què s’ha treballat aquests mesos només n’hi ha dos que són terribles per als populars: que no sumin amb Ciutadans i que Podemos sigui segona força política. Les enquestes, que només ells manegen sota la supervisió de Pedro Arriola, preveuen avui com una cosa gens desassenyada aquestes dues hipòtesis. I el que és més preocupant, la corba ascendent de la formació morada en les últimes dues setmanes. Tan ascendent que, en aquests moments, la victòria a Catalunya diumenge vinent amb la marca d’En Comú Podem, de la mà de l’alcaldessa Ada Colau, no la discuteix ningú. Com tampoc ningú no discuteix que el PP quedarà en una posició molt testimonial i que el PSC pot tenir, per primera vegada en la seva història, dificultats per obtenir escons a les quatre províncies.

Un expert en demoscòpia, en pronosticar el mapa polític que pot sorgir a Catalunya diumenge assenyalava que, segons la seva opinió, la foto estaria més a prop de les municipals que de les catalanes. Més a prop de maig que de setembre. Més a prop que sigui un pas enrere per a l’independentisme que un pas endavant.

leyes de orden público en la España del XIX que hoy en día todavia son vigentes

HISTORIA DE ESPAÑA
Las leyes de orden público en la España del XIX

En la España del siglo XIX fue uno de los principales puntos de fricción en el seno de liberalismo, entre moderados y progresistas.

La cuestión del orden público siempre ha sido una preocupación de todo poder establecido. En la España del siglo XIX fue uno de los principales puntos de fricción en el seno de liberalismo, entre moderados y progresistas. Tenemos que tener en cuenta que la legislación sobre el orden público atañe a la regulación de derechos como los de reunión, asociación  y manifestación, muchos de ellos no reconocidos en un primer momento y que hubo que ir incorporando a los ordenamientos constitucionales. El ejercicio de estos derechos puede ocasionar conflictos que deben ser evitados o sancionados por el Estado. En líneas generales, el liberalismo progresista siempre defendió pocas regulaciones para el ejercicio de estos derechos y, en todo caso, prefería la intervención municipal a través de las Milicias Nacionales locales para controlar posibles problemas o conflictos. Por su parte, los liberales moderados siempre tendieron a restringirlos y vigilarlos a través del ejercicio del poder central. Para ello, promovieron la creación de un cuerpo de policía nacional de carácter militar, la Guardia Civil.

En España se tardó en tener una ley específica de orden público en la época liberal, aunque el despotismo ilustrado había desarrollado, en su momento, mucho esta materia, como lo pone de manifiesto la Pragmática de 1774 en tiempos de Carlos III. Posteriormente, tanto en la crisis del Antiguo Régimen, como en el proceso de creación del Estado liberal se dieron muchas disposiciones, reales órdenes y decretos pero no una disposición general. Llegó en 1867, curiosamente, en vísperas del fin del régimen liberal isabelino. En ese año se aprobó en Cortes la Ley de Orden Público, y destinada a regir en el caso de suspensión de las garantías constitucionales. Se crearon tres estados: el normal, el de alarma y el de guerra, pero sin que el poder legislativo pudieran controlar la declaración de estados excepcionales. En el primer estado, es decir, en el normal, el gobierno ejercería solamente tareas preventivas. El estado de alarma se promulgaría ante cualquier sospecha de perturbación importante del orden. En el estado de guerra la autoridad militar asumía todos los poderes. Este estado se podía promulgar sin pasar previamente por el de alarma.


En 1870, ya en el Sexenio Democrático, se aprobó otra Ley de Orden Público, que duró hasta bien entrado el siglo XX. Era una disposición de carácter excepcional y solamente podía entrar en vigor después de promulgarse la Ley de Suspensión de Garantías. Esta nueva Ley de Orden Público sólo contemplaba dos estados excepcionales: el denominado estado de prevención o de alarma, en el que la autoridad civil ejercería poderes con un amplio criterio de discrecionalidad; y el estado de guerra, donde el ejército y los tribunales militares ejercerían la autoridad. El problema se planteó cuando, posteriormente, se legisló de forma relativamente profusa en un sentido muy restrictivo, entrando en colisión con preceptos constitucionales, al permitir la declaración del estado de guerra sin conocimiento de las Cortes y sin la autorización previa de una ley. De ese modo, el estado de guerra podía ser empleado para resolver problemas de orden público y no como una necesidad ante hechos muy graves, quedando la autoridad civil sometida a la militar. El liberalismo español había terminado por derivar hacia un claro conservadurismo

La Seguridad Social pierde12.186

La Seguridad Social pierde12.186 afiliados extranjeros en noviembre
Imagen de archivo, tomada en Valladolid el 7 de febrero, de... 
Imagen de archivo, tomada en Valladolid el 7 de febrero, de empresarios e inmigrantes haciendo cola a la entrada de las oficinas de la




En noviembre se saldó con 1.621.458 cotizantes inmigrantes, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social hechos públicos hoy.
Con el descenso de noviembre, la Seguridad Social encadena dos meses consecutivos perdiendo afiliados extranjeros después de que en octubre se dieran de baja en el sistema otros 12.230 inmigrantes.
Del total de inmigrantes en alta al finalizar el mes pasado, 1.355.586 cotizaban al Régimen General; 261.462 al de Autónomos; 4.163 al del Mar, y 247 al del Carbón.
En términos interanuales (noviembre de 2015 sobre el mismo mes de 2014), la afiliación de extranjeros se incrementó en 72.059 cotizantes, un 4,6%, su mayor repunte en un mes de noviembre desde 2008.
Del total de trabajadores extranjeros cotizantes, los más numerosos proceden de Rumanía (287.423), Marruecos (199.746), China (94.187), Italia (72.759) y Ecuador (68.539).
Les siguen los que provienen de Reino Unido (57.052), Bolivia (55.131), Colombia (51.625) y Bulgaria (51.110).

Despilfarro del PP valenciano

La Generalitat valenciana desvela que las obras para acoger la F-1 costaron 100 millones
POR Expansión.com
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, y la directora de la Entidad de Infraestructuras (EIGE) de la Generalitat Valenciana, Blanca Marín, han desvelado este jueves que las obras de infraestructuras de conexión e instalaciones complementarias para la celebración de la Fórmula 1 (F1) en Valencia tuvieron un coste cercano a los 100 millones de euros "a pesar de que se dijo que no iban a costar ni un euro" a los ciudadanos de la Comunidad.
Salvador y Marín, que se han pronunciado de este modo en un desayuno informativo, han criticado que "todos los valencianos tengan que pagar un capricho del PP" y han considerado que ese dinero "se podría haber destinado a política pública de vivienda", el "objetivo" de la EIGE. La consellera ha precisado que desde esta entidad se ha valorado el coste de la adecuación del parque público de vivienda y ha resaltado que "ronda los 100 millones de euros".
De este modo, ha indicado que la asunción por parte de la administración autonómica del coste de las obras de la F1 "hipoteca el futuro de la política que se quiere desarrollar" desde su departamento. Igualmente, ha cifrado en 16,5 millones de euros los sobrecostes que se produjeron en estas obras y que su conselleria, a través del EIGE, deberá amortizar "a razón de 7,5 millones de euros al año", entre 2016 y 2023 el préstamo solicitado para pagar los 60 millones pendientes del coste total de las citadas obras.
Asimismo, María José Salvador y Blanca Marín han anunciado que Infraestructuras ha remitido a Fiscalía y al juzgado que investiga la compra por parte de la Generalitat de la empresa Valmor Sports, encargada de la organización de la Fórmula (F1) en Valencia, dos facturas de los años 2008 y 2012, por un importe total de 617.438 euros, impagadas por esta mercantil por el alquiler de los boxes situados en los tinglados 4 y 5 del puerto para la celebración del evento.
Salvador que ha apuntado también la posibilidad de que dichas instalaciones "se usarán de manera gratuita" los años 2009, 2010 y 2011 dado que no hay facturas de correspondientes a esos ejercicios

Ucrania suspende

Ucrania suspende el pago de sus 3.000 millones de deuda con Rusia
El presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin. EFE 
Ucrania suspendió hoy el pago a Rusia de la deuda de 3.000 millones de dólares por un crédito concedido en 2013. "El pago de esa deuda queda suspendido hasta el momento en que se acepte nuestra propuesta de reestructuración o se dicte un fallo judicial", dijo Arseni Yatseniuk, primer ministro ucraniano, a medios locales.
Yatseniuk subrayó que Ucrania "está dispuesta a enfrentarse a Rusia en los tribunales" y recordó que el país ya ha reestructurado su deuda con "los acreedores decentes".
"Como Rusia, pese a nuestros insistentes intentos de firmar un acuerdo de reestructuración, se negó a aceptar nuestras propuestas, el Gobierno introducirá una moratoria al pago de la llamada deuda rusa", dijo.
Créditos a empresas ucranianas
Además de esa deuda, más los 75 millones de dólares de intereses, Kiev también se niega a pagar los 507 millones de otro crédito concedido por Moscú a dos compañías ucranianas: Yuzhnoe y Ukravtodor.
El jefe del comité internacional del Senado ruso, Konstantín Kosachov, interpretó la decisión de Ucrania como una declaración de "suspensión de pagos".
"Ucrania se ha arrinconado a sí misma. No ha conseguido ni créditos ni levantar la economía, ni tampoco se han granjeado la confianza de sus socios occidentales de que eso es posible", dijo.
Rusia recuerda que el Fondo Monetario Internacional declaró "soberana" dicha deuda y que no se puede reestructurar como en el caso de las compañías privadas.
Reestructuración de deuda
En todo caso, en su momento el Gobierno ruso se mostró dispuesto a reestructurar dicha deuda, cuyo pago expira el 20 de diciembre, recibiendo mil millones de dólares anualmente entre 2016 y 2018 siempre que reciba garantías de la Unión Europea y EEUU.
Como eso no ocurrió, entonces Putin ordenó al Gobierno que demanda ante la Justicia internacional a Ucrania, a cuyos gobernantes el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, tachó de "estafadores".
El ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, explicó esta semana que Moscú estaba dispuesto a arreglar este asunto de manera amistosa, pero que ya "es imposible técnicamente" debido a la falta de tiempo.
Rusia concedió a Ucrania en diciembre de 2013 después de que Kiev renunciara a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, lo que provocó una ola de protestas que desembocaron en el derrocamiento del presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.
Ucrania y Rusia se encuentran enzarzados en una guerra comercial después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara esta semana la suspensión a partir de 1 de enero del acuerdo de libre comercio con el país vecino.
Ese decreto presidencial fue promulgado pocas horas después después de que Ucrania anunciara que impondrá un bloqueo comercial a Crimea, península anexionada por Rusia en marzo de 2014