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jueves, 21 de septiembre de 2017

If I were Catalan - Of the "irreparable damage" committed by the PP to 1-O



If I were Catalan

vientosur.info View original November 9th, 2017

I am not Catalan, I define myself as a leftist and internationalist, and for principles I can not assume nationalisms, therefore, I am not independent.
Having said that, I would like to specify:

1 st. That, feeling deeply democratic, I aspire for Spain to advance, sooner rather than later, towards a true participatory democracy, which overcomes the current representative pseudodemocracy emanating from the regime of 78, in which there is no place either for corruption or the kidnapping of sovereignty and public powers, by the economic powers.

2º. That, feeling a Republican of conviction, I did not vote for the Constitution of 1978, because we did not allow the Election of the State Model, imposing on us a monarchy heir to the Franco regime, for not guaranteeing an Aconfessional State and for not contemplating the Secularity of the Teaching, perpetuating the influence and power of the Catholic Church in Spanish public life.

3º. That, in his time, in favor of the "Democratic Rupture", and questioning the "Transition", to allow the "laundering" of the political and economic apparatus of the Franco regime, I understand that the Political Regime of 78 years ago entered a evident process of decomposition, marked by the corruption of Spanish public life, and whose last rales we are attending today, so I consider that overcoming it is an imperative need for the political regeneration of our country.

Starting from this declaration of principles, I express from here my admiration and my deep respect for the Catalan people, their culture and their identity,
because I firmly believe in the dynamism and capacity of Catalan society to address the economic, political and social changes that the future Catalonia needs,

 and that these capabilities make Catalonia the engine for building a modern, open, innovative and supportive Spanish society within a Plurinational Spanish State.

And this reflection would not make sense, if I did not exercise the exercise of putting myself in the shoes of many Catalan people, who in the street and in the institutions defend the "right to decide": some, independentistas by conviction; others, independentistas because, aspiring to a redefinition of the lace of Catalonia in the Spanish State, the lack of dialogue, political will and the "tancredismo" of the governments of the PP and the PSOE, has left them no other way out; and finally others, that without independent aspirations, share with them the sensitivity of Catalan citizenship to exercise their right to vote on their own future.

And Putting myself in the skin of these sectors of the Catalan people, supposes to ask me what my political position would be, before the "Procés", if I were Catalan.

Turning now to my initial statement of principles, stating the immovable and inflexible current Spanish political reality, absolutely "bunkerized", assuming that I declare myself a strong advocate of the "right to decide" Catalan citizenship, and understanding that the character civic-popular "Procés" would overflow the current political framework of Catalonia, and reconfigure the correlation of forces of the parties that now have presence in the Parliament, with these considerations, if I were Catalan, I have to admit that if independence allowed me to have theexpectation of the opening of a process that made possible the construction of a true participatory democracy, I would be an independentist;

CRÓNICA URGENTE desde CATALUÑA: Un DÍA que pasará a la HISTORIA de TODOS


"Un golpe de Estado", una declaración de "estado de sitio", un "asalto a las instituciones democráticas", dicen los politicos de los extramuros del sistema

CRÓNICA URGENTE desde CATALUÑA: 

UN DÍA QUE PASARÁ a la HISTORIA DE TODOS

Este miércoles, 20 de septiembre, escribe nuestro corresponsal Aday Quesada, no pasará desapercibido en la historia de Catalunya ni, tampoco, en la del Estado español.
Algunos políticos, tanto españoles como catalanes, están calificando lo sucedido en el día de hoy como "un golpe de Estado", una declaración de "estado de sitio", un "asalto a las instituciones democráticas" (… )
POR ADAY QUESADA / CORRESPONSAL DE CANARIAS SEMANAL
     Este miércoles, 20 de septiembre, no pasará desapercibido en la historia de Catalunya  ni, tampoco, en la del Estado español.
       Algunos políticos, tanto españoles como catalanes, están calificando lo sucedido en el día de hoy  como "un golpe de Estado", una declaración de "estado de sitio", un "asalto a las instituciones democráticas"
      Sea lo que fuere, el asalto en toda regla a las instituciones autonómicas catalanas por parte de la Guardia Civil no ha hecho sino confirmar que en este país la "democracia" ha sido tan sólo una farsa,  que ha tratado de encubrirse con una representación electoral pantomímica con la que el regimen monarquico trataba de revalidarse cada cuatro años. 
Y  con los acontecimientros de hoy se constata que la escenificación ha contado con  la anuencia, la complicidad y la participación de todos - repetimos, de todos -  los partidos integrados en el arco parlamentario. Esa realidad  se ha convertido hoy en una evidencia palmaria, indiscutible.
CRÓNICA URGENTE Y DESORDENADA DE LOS HECHOS
     Hasta el momento en el que consignabamos esta rápida y desordenada crónica, a las 7:00 de la tarde de este miércoles, se habían realizado en Catalunya nueve registros   acompañados de un extraordinario despliegue de aparato policial. 
Se ha procedido  , asimismo, a la detención de 13  altos cargos de la Generalitat. Entre ellos se encontraban  Josep Maria Jové Lladó, secretario general de Hacienda, Josue Sallent Rivas(CTTI), Xavier Puig Farré (Exteriores), Josep Maria Salvat Tenesa(Consejería Economía y Hacienda).
    Según  los medios de comunicación catalanistas los detenidos podrían ser retenidos tan sólo durante los registros, pero se ignora  cómo va realmente a proceder el gobierno de Madrid.
    Otros de los detenidos fueron Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de propaganda en una nave industrial. David Franco, jefe de desarrollo del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, David Palanca, responsable del oficina Técnica de Proyectos (CTTI), y Juan Manuel Gómez, de la Consejería de Economía y Hacienda. 
    El vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras,confirmó en "El Matí" de Catalunya Radio  los primeros registros. Desde la misma emisora, el consejero aseguró que  en estos momentos España está "fuera de cualquier garantía de derechos civiles".
     Oriol Junqueras se refirió al Estado español en la citada emisión como un  "Estado policial", lamentando que se están haciendo "cosas"que "no se han visto en democracias occidentales desde hace muchas décadas",  a sólo 12 días del referéndum.
       El  portavoz del Gobierno, Jordi Turull  pidió, no obstante,  "calma y serenidad   ante lo que denominó el estado policial y de sitio". A pesar de estos registros, el portavoz ha asegurado a través de Twitter que el"compromiso [del Gobierno] se mantiene intacto y con más razón cada hora que pasa".
     La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cuya conducta en las últimas semanas se ha caracterizado por tratar de navegar entre dos aguas, dijo  desde las redes sociales  que se trata de lo que ella definió como un"escándalo democrático", para "registrar instituciones  y  deteniendo  cargos públicos por motivos políticos".
     La diputada Mireia Boya, de la CUP, manifestó a Rac1 que "lo que está pasando es inadmisible" e, incluso, aseguró que "podemos hablar de golpe de Estado".
     Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de  para parapetarse  tras los jueces, asegurando  durante la sesión de control del Congreso, que la operación "se ha hecho por decisión del juez", y que se trata de una "operación judicial para garantizar el cumplimiento de la ley ". 
 
      Por su parte, la Guardia Civil precintó el despacho del secretario de Economía, Pedro Aragonés. Aunque las primeras informaciones apuntaron a que se encontraba detenido   por la Guardia Civil, posteriormente él mismo lo ha negado. Aragonés lamentó los registros. 
Ha hablado de "un problema grave" pero aseguró que se hará "ir la máquina y se garantizarán que los servicios públicos se siguen prestando".
    La policía está procediendo, igualmente, al registro de los departamentos de Gobernación, Bienestar Social y Exteriores. 
Por otra parte, también se ha irrumpido en CTTI, Hacienda, Atención Ciudadanay el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
     Según testigos oculares, ante el Departamento de Enseñanza también se han desplegado dos automóviles de la Guardia Civil, junto con cuatro agentes. 
Más de 10 agentes de la Guardia Civil se encuentran en la puerta del departamento de Gobernación.
FUERTE DESPLIEGUE POLICIAL ANTE LA EMPRESA INDRA.  
      Según fuentes próximas al departamento de Trabajo, la Guardia Civilestá procediendo a "pasearse" por  esu sede. Ello ha sido   confirmado por  la consejera Baja a través de Twitter. Allí, la Guardia Civil está en el despacho de su secretario general, pero no habría nadie retenido. Habría unas 15 personas en el lugar del registro. 
 
       Unidades adscritas a la Guardia Civil procedieron al registro de la sede de la consejería de Economía de la Generalitat
Los agentes  de laGuardia Civil  irrumpieron en el edificio de la rambla de Catalunya. Unos iban uniformados y otros  de paisano.  
La operación es la continuación de la que tuvo lugar ayer, en la que la Guardia Civil localizó las notificaciones para constituir las mesas electorales.
LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN
       Procedentes de diferentes organizaciones sociales y políticas catalanas y españolas, se han producido las primeras convocatorias a la movilización. 
Varias concentraciones fueron convocadas en la Conselleria de Economía (Rambla de Catalunya, 19), Consellería de Exteriores (Calle Piedad, 4), Conselleria de Bienestar y Familia (Paseo del Taulat, 266-270), conselleria de Gobernación ( Via Laietana, 26) y la empresa Indra (Calle Roc Boronat, 133). en el curso de la tarde del miércoles, decenas de miles de personas acudieron a ellas
       Las organizaciones independentistas han hecho un llamamiento a  la movilización "ipso facto" ante aquellos organismos donde se esten produciendo los registros. Así lo ha pedido el presidente del ANC, Jordi Sánchez, a través de la red social Twitter. El mismo Sánchez ha pedido"cortar la Gran Vía", que ha sido acordonada, y los manifestantes también han procedido a cortar la Avenida Diagonal y el paseo deTaulat.
     Por otra parte, asociaciones como  "Llamada por la Democracia", vinculada a Òmnium, los partidos independentistas  e, incluso, hasta el sindicato CC.OO, pidieron a los ciudadanos que se manifestaran en las calles de las ciudades y pueblos. 

intelectuales y artistas catalanes de izquierdas firman un manifiesto contra la participación en el 1-O


CNA


Casi un millar de intelectuales y artistas que se califican "de izquierdas" han firmado un manifiesto contra la participación en el referéndum del 1 de octubre, al considerarlo una "estafa antidemocrática" y una convocatoria "tramposa" opuesta al "ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña".
El manifiesto, que hoy publica el diario El País, llama a la no participación de los ciudadanos catalanes en la consulta, al margen de cuál sea su posición ante la independencia.
"Rechazamos el 1 de octubre como una trampa antidemocrática. Y llamamos a no participar en esta convocatoria, que es lo opuesto a un ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña", sostienen los firmantes del manifiesto.
Entre ellos, el escritor Juan Marsé, la cineasta Isabel Coixet, la actriz Rosa María Sardá y el diseñador Javier Mariscal, todos ellos catalanes.
También secundan la declaración los escritores Javier Cercas, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rico e Ignacio Martínez de Pisón, los directores Fernando Colomo y José Luis Guerín, el cantante Miguel Ríos y la actriz Marisa Paredes, entre otros.

Personas de izquierdas

En el casi millar de firmantes, que se definen como "personas de izquierdas" que rechazan las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, figuran el ex secretario general del PCE Francisco Frutos y la abogada Cristina Almeida. "Cualquier demócrata, sea cual sea su posición ante la independencia, debe rechazar esta convocatoria, impropia de una democracia y tramposa. (...) ¡No participes! ¡No votes!", subrayan.
El texto, promovido por la asociación Recortes Cero y que aparece publicado en español y catalán, apunta que la convocatoria del 1-O no es transparente ni establece un mínimo de participación. Además, defiende que en su puesta en marcha se ha "marginado" a la oposición y que la aprobación de la ley de referéndum y de las leyes de desconexión ha sido "exprés".

Del “daño irreparable” al 1-O

CNA

“El PP recurre al Constitucional el Estatuto catalán para impedir ‘un daño irreparable”. Así titulaba El País del 1 de agosto de 2006 el recurso que ante el Tribunal Constitucional presentaban los dirigentes de ese partido contra la reforma del Estatut que había sido acordada por el Parlament catalán, luego parcialmente amputada por el parlamento español y finalmente aprobada en referéndum en Catalunya. 
La resolución del Tribunal Constitucional llegaría casi cuatro años después anulando 14 artículos e interpretando restrictivamente otros 27 de ese Estatut. Rajoy, Acebes y Sáenz de Santamaría, aunque no enteramente satisfechos, aplaudían esa decisión mientras Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, constataba que con ese desenlace se producía “el final de la descentralización política”.
No podía sorprender, por tanto, que pocos días después, el 10 de julio de 2010, una manifestación ciudadana recorriera las calles de Barcelona alrededor del lema unitario “Som una nació: Nosaltres decidim” para mostrar la indignación ciudadana ante esa sentencia. 
La conclusión de que se había cerrado la puerta a una vía federalizante de reforma del Estado autonómico para Catalunya condujo al desarrollo de un mucho más amplio y plural movimiento soberanista e independentista que el existente hasta entonces, llegando a arrastrar incluso a una formación como Convergència, partido que hasta entonces había sido pilar necesario para la gobernabilidad del régimen y también afectado, como hemos podido comprobar luego, por diversos escándalos de corrupción. Una formación que, pese a algunos análisis interesados de uno u otro lado, sólo es una parte, y no la mayoritaria ni hegemónica, de ese movimiento.
El anuncio de la convocatoria de un referéndum el próximo 1 de octubre por el Govern de la Generalitat, con el apoyo de la mayoría del Parlament, en torno a la pregunta “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”, es en realidad la respuesta al “daño irreparable” que el PP hizo al pueblo catalán con su recurso ante el Tribunal Constitucional. 
Es muy probable incluso que hoy muchos y muchas dirigentes del PP reconozcan en privado que fue ese recurso –y, sobre todo, la campaña desplegada en torno al mismo- un error por haber acabado siendo el principal responsable de haber contribuido decisivamente a un ascenso del independentismo en Catalunya a lo largo de todos estos años.
Sin embargo, a pesar de la inmediata reacción ciudadana frente a lo que Javier Pérez Royo ha denominado “ruptura del pacto constitucional” derivada de la citada sentencia, desde que el PP llegó al gobierno en noviembre de 2011 (después, por cierto, de la contrarreforma exprés del artículo 135 de la Constitución) no ha habido esfuerzo alguno por buscar un nuevo marco de negociación, como le recomendaba el propio Tribunal Constitucional en otra resolución de marzo de 2014. 
Todo lo contrario: la defensa fundamentalista de la letra de la primera parte del artículo 2 de la Constitución (“la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”…, dictada por la jerarquía militar en 1978) ha sido siempre el “argumento” recurrente, acompañado de una nueva tendencia a la recentralización política y financiera e incluso de ataques a la lengua catalana con el ministro de Interior, de triste recuerdo, Fernández Díaz a la cabeza.
Mientras tanto, hemos visto desarrollarse en Catalunya manifestaciones multitudinarias y pacíficas durante todos estos años e incluso una consulta popular el 9-N de 2014 que, pese a no ser reconocida por el Estado, contó con la participación de más de dos millones de personas. 
La falsa ilusión en que este movimiento cayera en la frustración y en la división ante la cerrazón del gobierno, pese a que éste ha contado siempre con el apoyo de la cada vez más extensa y beligerante caverna mediática y de los jefes de Estado europeos, ha acabado conduciendo a un rotundo fracaso.
Tampoco la tímida apertura del PSOE de Pedro Sánchez al reconocimiento de la “plurinacionalidad” ha logrado apoyos significativos en Catalunya, hasta el punto de que la propia postura de Sánchez ha vuelto a virar hacia el apoyo a la cerrazón de Rajoy tildando el referéndum de ilegal y dejando la puerta abierta a la retirada de las urnas por parte de la policía. 
El problema no es el de encontrar un ”encaje” de una nación cultural en una nación política española sino el del reconocimiento en condiciones de igualdad de la identidad nacional catalana, la española y del resto de nacionalidades empezando por las ya reconocidas en la actual Constitución: gallega, vasca y andaluza. 
Incluso en la sociedad española está aumentando el porcentaje de personas, sobre todo menores de 45 años, que se muestran favorables a permitir la celebración del referéndum catalán tan persistente y mayoritariamente reclamado. Éste es un avance muy significativo y que, en buena medida, se debe al concurso político de una fuerza como Podemos.
No cabe pues dejarse engañar por quienes descalifican con las peores acusaciones a esos millones de personas que de forma persistente a lo largo de todos estos años han reclamado el derecho a decidir su futuro, incluida la independencia. 
Agotadas la vía federalizante del Estatut y la búsqueda de un referéndum pactado con el Estado –como se hizo en los casos de Quebec y Escocia–, sólo queda desde el punto de vista democrático reconocer la legitimidad de la convocatoria del referéndum el próximo 1 de octubre y que sea la ciudadanía catalana la que decida si quiere o no separarse del Estado español para, como sería deseable, poder llegar luego a un nuevo tipo de relación, basada en la voluntad y no en la fuerza, entre todos los pueblos del Estado español.
Consideramos, además, que nuestro apoyo es coherente con lo que se decía en el Manifiesto fundacional de Podemos ante las elecciones europeas de mayo de 2014: 
“Una candidatura que, frente a unos gobiernos al servicio de la minoría del 1%, reivindique una ‘democracia real’ basada en la soberanía de los pueblos y en su derecho a decidir su futuro libre y solidariamente. 
La democracia no nos da miedo a las y los demócratas; estamos encantados de que escoceses y catalanes puedan hablar y decir qué futuro desean. Por tanto, que apoye la celebración de la consulta convocada en Catalunya para el 9 de noviembre”.
Frente a quienes contemplan aterrados, desde arriba, el referéndum del 1 de Octubre como una especie de cataclismo, los y las de abajo deberíamos contemplar la escena, como un momento impostergable para la recreación democrática, la redefinición de las lógicas de la participación en política entre iguales. 
Porque estamos convencidas de que la celebración libre y con todas las garantías posibles del referéndum el 1 de octubre, y no su prohibición, contribuirá –sea cual sea su resultado– a la profundización de la democracia y supondrá un estímulo para quienes fuera de Catalunya seguimos apostando por el derecho a decidir sobre todo lo que afecta a nuestras vidas y a nuestros derechos y libertades frente al régimen y a la troika. 
Ha llegado el momento de abrir los candados de la transición del 78 que se justificaron con el “ruido de sables”. 
El primero de esos candados es el modelo de Estado, pero quizá luego vengan otros como el fin del régimen del olvido y la impunidad de los crímenes del franquismo, la necesidad de que derechos sociales como la vivienda y el trabajo sean efectivos y obligatorios para los poderes públicos o la jefatura de estado hereditaria y congénita. 
Queremos abrir candados, sí. Pero si el gobierno del partido más corrupto de Europa ha decidido con la connivencia del no tan nuevo PSOE de Pedro Sánchez poner candados a colegios electorales y secuestrar urnas en una vergonzosa proyección de dictadura orweliana, por lo menos, que no lo haga en nuestro nombre ni en nombre de la democracia.
Teresa Rodríguez es una activista y diputada por Podemos en el Parlamento de Andalucía.
Miguel Urbán Crespo es cofundador de Podemos y ahora ejerce de eurodiputado por esta formación.
13/9/2017

Doble poder en Catalunya

CNA

No es el doble poder de 1917, hace cien años, en Rusia donde, como interpretaban algunos, los consejos obreros (o soviets) y el aparato oficial del Estado del gobierno provisional ruso, coexistieron el uno con el otro compitiendo por la legitimidad. 
En Catalunya es todo más pacífico, más de estar por casa, con heroicidades por ahora de tono menor y sin que amenace una revolución social. Pero sí puede haber una revolución política. 
La independencia de Catalunya es una perspectiva ante la cual algunos políticos de izquierda en España parecen implorarnos, “Catalanes no nos dejen solos con los españoles”, en vez de aprovechar el impulso catalán para poner el cuestión la monarquía o por lo menos el gobierno del PP, partido post-franquista.
En Catalunya, hay por un lado unos dos millones o dos millones y medio (con mayor incidencia en los jóvenes) de separatistas en edad de votar, que quieren votar SÍ en el referéndum del primero de octubre, ahora amparados por dos leyes aprobadas y promulgadas por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat (el gobierno regional) los días 6 y 7 de septiembre de 2017. 
En el referéndum se preguntará si Catalunya debe ser una república independiente de España. La respuesta es “sí” o “no”. No hay otra alternativa. 
Los separatistas, en términos de fuerza parlamentaria, disponen del grupo de Junts per Sí (de Esquerra Republicana y del Partido Democrático de Catalunya, la antigua Convergència) más la CUP (izquierda radical). 
Suman 72 votos en un Parlamento de 135 diputados. Representan el catalanismo burgués y también el catalanismo popular. En contra están tres partidos. 
No están por un voto de NO sino por negar la legitimidad del referéndum y acatar su prohibición por el gobierno de Madrid. Esos tres partidos son el PP, PSC (socialistas) y Ciudadanos, que suman en conjunto 52 votos en el Parlament de Catalunya. 
En un muy simplificado análisis social, ellos representan las clases más altas (el Círculo de Economía por ejemplo), gozan de bastante apoyo del diario burgués La Vanguardia y el diario popular El Periódico (los dos mayores de Cataluña), y también representan muchos habitantes del cinturón obrero de Barcelona y a clases medias españolistas o federalistas. 
En medio, CSQP, un grupo en cuyo origen hay miembros del antiguo PSUC (partido comunista) y del nuevo partido Podemos, con 11 diputados, que no consigue mantener su unidad.
Las últimas encuestas de opinión indicaban en julio 2017 una voluntad de participar en el referéndum de más del 50 por ciento y hasta del 65 por ciento, y en todos casos con mayorías al SÍ a la independencia. 
Una obvia razón de la prohibición del referéndum por el gobierno de Madrid y de las querellas penales que implicarían eventualmente cárcel para el presidente y vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras, y para la presidenta del Parlament, Forcadell, son esas encuestas. 
Hay que prohibir el referéndum porque es probable que ganara la opción del SÍ a la independencia. Otra razón es que, incluso aunque ganara el NO, se habría sentado un precedente de ejercicio del derecho de autodeterminación si se tolera la celebración del referéndum el primero de octubre.
La disensión interna de CSQP (“Catalunya sí que es pot”) se reflejó en el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre, con un portavoz, Joan Coscubiela, alineado con los 52 diputados de PP, PSC y Ciudadanos contra el referéndum del primero de octubre, y Albano Dante Fachín y otros diputados partidarios de que se celebre el referéndum, aunque algunos de ellos votarían No. 
Joan Coscubiela se pronunció fervientemente contra el referéndum de independencia, es decir, desea que el poder del gobierno de Madrid se alíe con PP, PSC y Ciudadanos para imponer la prohibición de referéndum contra la mayoría del Parlament. No es tan sorprendente. 
Joan Coscubiela procede del PSUC (de origen stalinista) que nunca se pronunció por la autodeterminación de Letonia, Lituania, Estonia, ni tampoco de Hungría en 1956. 
En todo caso, hubo otra izquierda marxista en Catalunya, anti-stalinista, la de Andreu Nin que fue destrozada en 1937. 
Años más tarde, el PSUC con el diputado Solé Tura votó en 1978 contra la inclusión del derecho de autodeterminación en la Constitución española. Joan Coscubiela lleva la marca del PSUC. Otros diputados del mismo origen (Nuet, Martinez Castells) han evolucionado mejor.
Llamó la atención la performance de la economista y diputada Angels Martínez Castells del grupo CSQP y que también procede del PSUC. 
Cuando ya se había aprobado el día 6 de septiembre la ley de referéndum de independencia (por 72 votos favorables y 11 abstenciones) y los otros diputados se ausentaron, los del PP dejaron en sus escaños banderas españolas y banderas catalanas. 
Ante este hecho, Àngels Martínez, que ya tiene 68 años, diputada de CSQP, subió las escaleras lenta y laboriosamente y retiró una por una las cinco o seis banderas españolas, en una decisión unilateral que quedó filmada para siempre y de las que pasan a la historia. 
Las dobló y las entregó a una joven diputada de las CUP. Se acababa de aprobar en el Parlament de Catalunya la ley del referéndum de independencia. Un hecho histórico que merecía una celebración simbólica.
Las semanas próximas serán pródigas en Catalunya en otros espectáculos. Pero el tema de fondo es que hay dos legitimidades y dos poderes. 
En otras épocas de la historia de España eso se resolvería con una intervención militar. 
La situación ahora parece ser distinta. 
9/09/2017 

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